ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 55, enero-febrero 2024

LOS RECORTES DE DERECHOS COMO IDEOLOGÍA

Ignacio González, portavoz de JpD: “Nosotros venimos reclamando un pacto de estado por la justicia en el cual estén presentes todos los actores.” | Lawyerpress NEWS
Ignacio González de la Vega (Magistrado)

Los gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular y Vox, surgidos de las elecciones del pasado 28-M, han desplegado unas políticas de recortes de derechos y libertades, suprimiendo medidas contra el cambio climático, eliminando el apoyo institucional al colectivo LGTBI+, desprotegiendo a las mujeres amenazadas de violencia machista, criminalizando a la inmigración o reduciendo servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Recortes que anticipan lo que podría suceder si ambas formaciones se hacen con el gobierno de España.

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Medio año después de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, en aquellos ayuntamientos y comunidades donde gobierna el Partido Popular con el apoyo de Vox se han caracterizado por aplicar recortes en derechos y libertades, servicios públicos esenciales y políticas públicas que anticipan lo que podría suceder si ambas formaciones se hacen con el gobierno de España.

En Educación, la política de estos gobiernos, basada en “la neutralidad ideológica de la enseñanza” (Extremadura) o en una “educación libre de adoctrinamiento ideológico” (Castilla y León), hace recortes en la escuela pública y pone trabas al despliegue efectivo de la actual ley educativa aprobada por el gobierno de la nación en diciembre de 2020.

Dichos recortes se traducen en menos facilidades para las escuelas públicas y mayor respaldo a la enseñanza concertada. Medidas como suprimir la gratuidad universal de los comedores, cuestionar el exceso de profesores, reducir plazas en la etapa de 0-3 años o extender los conciertos y ampliar las subvenciones al transporte de los alumnos de la concertada.

Según los datos publicados, estas medidas se producen en un contexto caracterizado por un curso escolar iniciado con 11.000 profesores menos de los que se incorporaron a la enseñanza pública para hacer frente a la pandemia. La red pública, en cinco años, ha suprimido 3.490 aulas de infantil y primaria en tanto que la concertada solamente ha suprimido 72, a pesar de que ambas han perdido un porcentaje similar de alumnos en infantil y primaria. El descenso acumulado de la natalidad está teniendo un impacto relevante en los centros educativos, especialmente en el medio rural. En los últimos diez años, las dos etapas que son tradicionales en los centros públicos (segundo ciclo de infantil y primaria, de 3 a 11 años) han perdido casi 359.000 alumnos, un proceso que se acelera, pero que afecta de manera desigual a ambas redes: la escuela pública ha perdido en esta década más del doble de alumnos que la privada; en dicho periodo, 112 centros públicos de primaria han cerrado mientras que han abierto 80 privados.

La mejora de la enseñanza pública como uno de los pilares del Estado del bienestar ha de figurar en lugar relevante en las políticas públicas de cualquier formación política democrática. La igualdad de oportunidades, la cohesión social y el apoyo a los más desfavorecidos pasa por el refuerzo de los servicios públicos, entre ellos la escuela pública, más aún cuando en nuestro país sigue creciendo la población escolar en situación de vulnerabilidad y la carestía se ceba en las familias de rentas más bajas.

La percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la sanidad pública empeora de forma preocupante, según estudios demoscópicos. Las listas de espera se erigen en el principal problema de la sanidad pública y el atasco empieza en la atención primaria. No hay que olvidar que la sanidad es el instrumento que más contribuye a la equidad social. Frente a la multitudinaria manifestación en Madrid de noviembre de 2022 en defensa de la sanidad pública, PP y Vox pretenden potenciar la sanidad privada, promoviendo “la colaboración público-privada”. Una de las propuestas más extravagante fue la recomendación obligatoria para los médicos (después revisada) de ofrecer escuchar el latido del feto a las mujeres que proyectasen abortar.

Se han oído discursos xenófobos de algunos cargos electos de ambos partidos políticos a raíz de llegadas masivas de inmigrantes a nuestras costas, rechazando su traslado a centros repartidos por todo el territorio nacional. Discursos estos que deshumanizan a los migrantes y únicamente fomentan actitudes de odio y rechazo. Vox muestra un rechazo frontal a los inmigrantes irregulares y pretende excluirlos del acceso a las ayudas públicas al margen de su situación económica y familiar.

Algunos gobiernos formados por ambos partidos han recortado las subvenciones a los sindicatos de trabajadores que según el artículo 7 de la Constitución Española “contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”.

A nivel autonómico, el gobierno de coalición extremeño de ambos partidos ha suprimido su consejería de Igualdad. A nivel municipal, cambiar de nombre la concejalía de Igualdad, incluirla dentro de otras o, directamente, suprimirla (sustituyéndola por la de Familia) son algunas de las medidas de los gobiernos liderados por la derecha.

El retroceso en materia de igualdad también se ha manifestado en los pactos de coalición entre el PP y Vox en los gobiernos de Aragón y de la Comunitat Valenciana al utilizar el término “violencia intrafamiliar”, evitando los de “violencia machista” o “violencia de género”.

Una persona con la boca abierta

Descripción generada automáticamente con confianza baja Proliferan los discursos antifeministas, de los que hace bandera Vox, y que niegan el machismo violento o minimiza su importancia como algo inevitable propio de la condición humana. El negacionismo de la violencia de género –desde gobiernos municipales y autonómicos- además de empoderar a los maltratadores, justificando su comportamiento e incrementando la vulnerabilidad y desprotección de las víctimas, supone un retroceso en lo conquistado hasta ahora en la lucha contra ese fenómeno estructural.

Además del feminismo, otro de los colectivos damnificados por estos gobiernos de coalición en ciertos consistorios y autonomías es el área de diversidad. En algunos ayuntamientos han eliminado las concejalías LGTBI+. Significativo es el cambio operado en Madrid en detrimento de esta área: quitar la “s” del departamento de Familia. A nivel autonómico, crece la preocupación por el anuncio de los gobiernos de Baleares y Aragón de reformar la ley trans y otros derechos que se creían consolidados, modificada recientemente en la Comunidad de Madrid que supone un claro recorte de derechos en relación con la aprobada por las Cortes Generales, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para el desarrollo y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Como indica la exposición de motivos de esta Ley, se aprueba para dar respuesta a la situación de sufrimiento, discriminación y violencia que sufren las personas LGTBI y que se desprende de los datos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA). Niveles de violencia y discriminación que, en palabras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ofenden la conciencia humana.

España es uno de los países con la legislación en protección del colectivo LGTBI+ más avanzada. Sin embargo, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, han crecido las condenas por atentar contra la orientación y la identidad sexual y de género. Uno de cada cuatro delitos de odio registrados por el Ministerio de Interior afectó a dicha comunidad, sin olvidar que ocho de cada diez actos de odio contra este colectivo no se denuncian. En nada contribuye a luchar contra la violencia y exclusión homófobas discursos negacionistas como el que Vox ha introducido en sus pactos con el PP en ayuntamientos y autonomías, y que ponen en juego la convivencia.

Estos gobiernos de la derecha también apuestan por otros recortes como eliminar aquellas áreas relacionadas con la Agenda 2030 y la sostenibilidad (suprimiendo carriles bici o frenando los planes para mejorar la calidad del aire en las ciudades), o la memoria democrática.

PP y Vox también han mostrado sus reticencias en políticas medioambientales que apuestan por un proceso de transición hacia un modelo más sostenible, como la protección y recuperación de espacios naturales. Una transición justa, como señalan numerosos acuerdos internacionales y diferentes estrategias europeas, que impulsa en paralelo medidas que sirvan para paliar los perjuicios que este modelo de transición ecológica pueda causar en sectores concretos.

La derogación de las leyes de memoria democrática es uno de los objetivos prioritarios de Vox. Su socio en los gobiernos de Extremadura y Aragón se ha comprometido a derogarlas y ello en clara vulneración de los mandatos contenidos en acuerdos internacionales suscritos por España.

Debemos tener presente que Vox tiene como propuesta, al igual que sus formaciones hermanas de Polonia y Hungría, la prevalencia del derecho nacional sobre la legislación de la Unión Europea.

La cultura también se ha visto afectada en algunos ayuntamientos gobernados en coalición con Vox. En un municipio cántabro se decidió retirar la película infantil “Lightyear” de Pixar-Disney, en la que aparece un beso entre dos mujeres, de la oferta estival de cine. Polémica similar en un consistorio manchego con la obra de teatro “La Infamia”, de la periodista mexicana Lydia Cacho, que se iba a representar con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. En un municipio madrileño y en otro castellano-leonés se cancelaron las obras de “Orlando”, de Virginia Wolf, que aborda la sexualidad femenina, y “El Mar”, del profesor republicano Antoni Benaiges, respectivamente. La primera por motivos económicos y la segunda técnicos, según señalaron dichas corporaciones.

A pesar de estas políticas restrictivas de derechos, sin embargo hay que reconocer que en la sociedad española existen amplios consensos, al margen de la lucha partidista, en la Constitución y en las leyes que nadie discute, excepto Vox. La negación del cambio climático, la criminalización de la inmigración, revertir los avances en materia de diversidad o restringir las ayudas y protección a las víctimas de violencia de género, son medidas que chocan con el sentir mayoritario de los españoles y que movilizó a una parte importante del electorado el 23-J.

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