ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 55, enero-febrero 2024

LA ESPAÑA DESIGUAL YA EXISTE: LA DESPOBLACIÓN COMO PARADIGMA

Mujer mayor con lentes Descripción generada automáticamente
Mercedes Molina Ibáñez (Catedrática de Geografía Humana Emérita de la Universidad Complutense de Madrid)

 

Es necesario que la clase política se centre en los problemas más importantes que afectan al país, y en lo posible cooperen entre sí. Durante mucho tiempo la política económica ha apostado por un modelo de producción intensivo y de concentración territorial, lo cual ha creado grandes desequilibrios y desigualdades. El nuevo modo de producción, vinculado a la transición ecológica, implica una nueva consideración de los recursos naturales, y un modelo territorial más policéntrico y equilibrado, con una mayor atención a las ciudades intermedias en conexión con el territorio rural

Vista de una ciudad en un castillo Descripción generada automáticamente

Desde la irrupción de líneas de pensamiento ultraconservadoras, acentuadas a raíz de los resultados de las últimas elecciones generales de julio de 2023, hemos asistido a un debate político protagonizado por el modelo territorial de organización política, derivado de nuestra Constitución, significando en unos casos la trascendencia de una España diversa sustentada en identidades territoriales muy afianzadas, y en otros, la necesidad de defender una homogeneidad estatal sustentada en un principio de igualdad de todos los Españoles. En uno y otro caso se apela a nuestra Constitución, pero no siempre con los argumentos sólidos que nuestra Carta Magna encierra, derivados de un sistema de gobernanza de mayorías que surge de la composición de nuestro Parlamento, proyectado también en nuestras Autonomías y en las Administraciones Locales. La configuración de un gobierno socialista capaz de integrar a otras fuerzas políticas progresistas o nacionalistas de diferente ideología, ha sido el detonante de una clima de crispación, de descalificaciones inadmisibles tanto personales como ideológicas, como nunca se habían vivido en España, utilizando expresiones tan alejadas de una realidad como las de “España se rompe”, “Igualdad para todos los españoles” y otras que prefiero no mencionar.

En este ambiente de enfrentamiento, crispación e incluso me atrevería a decir de odio político, con una proyección personal nunca vivida, me han sorprendido sobremanera las dos expresiones destacadas, sin que se asociaran a un análisis en profundidad que permitiera a la ciudadanía comprender la España actual, la real, la que los ciudadanos han determinado a través de su voto, y en definitiva la que ha configurado su gobierno legítimo por cuatro años. También me ha sorprendido sobremanera que en el debate político, en las confrontaciones parlamentarias no se hayan tratado los problemas y cambios que debe afrontar la sociedad, la economía y los territorios del Reino de España. Caso de nuestra sanidad, educación , investigación , de una industrialización que debe adaptarse a las nuevas exigencias productivas y tecnológicas de los países avanzados, de los necesarios cambios agrarios derivados de la nueva PAC y del plan estratégico nacional, la ordenación y organización de una actividad turística cada vez más compleja en la que la dimensión cultural esté muy presente, la digitalización, el paro juvenil y los empleos precarios, el acceso a la vivienda, la violencia de género, la tan necesaria transición ecológica, y por supuesto los problemas territoriales derivados de una desigualdad, configurada a lo largo de 60 años, siendo la despoblación de la España interior su paradigma. La elaboración y presentación de buenos diagnósticos sobre los que determinar propuestas, críticas y aportaciones constructivas, trabajar sobre consensos orientados al avance de un Estado plural, que debe alcanzar una mayor significación internacional y que forma parte de una Unión Europea cuyo protagonismo en el mundo actual es trascendental, deberían caracterizar nuestra legislatura.

Con frecuencia pensamos que la pandemia iba a suponer un punto de inflexión, a la hora de valorar la trascendencia de la toma de decisiones conjuntas y consensuadas; para concienciarnos del peso de los acuerdos de la UE y por supuesto de sus políticas presupuestarias, esencialmente de la significación del Next Generation EU y de su repercusión en nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, en los últimos años postpandemia, la crispación política ha ido en aumento, llegando a unos límites de casi no retorno. Ciertas ideologías ultraconservadoras cuestionan la existencia de la UE, y con frecuencia opiniones en contra de la política del gobierno de España y de su no cumplimiento con las exigencias europeas, eran vertidas en Bruselas, sin argumento alguno y orientadas esencialmente a la confusión ciudadana. Modificar estos comportamientos requiere un esfuerzo colectivo determinado por una voluntad conjunta de transformación.

El gobierno recientemente constituido conforme a los principios constitucionales y sustentado sobre una diversidad parlamentaria, reflejo del resultado de las urnas y por ello del posicionamiento ideológico de nuestra sociedad, se enfrenta a retos trascendentales, algunos derivados de la experiencia pasada. El primero asociado a una transparencia absoluta sobre los acuerdos logrados y de sus implicaciones socioterritoriales derivados de la pluralidad referida, sin olvidar la necesidad de contrarrestar informaciones externas, en ocasiones falsas y tendenciosas. La información es esencial para la formación de una sociedad con criterio, a la hora de tomar decisiones; ambas, información y formación, nunca deben ignorar el conocimiento. Los grupos políticos que han contribuido con su apoyo al gobierno del Estado, también han asumido una responsabilidad que obliga al apoyo de políticas que estén orientadas al cambio y a la mejora social, a respetar nuestra Constitución y a facilitar una convivencia integradora de respeto mutuo. Las identidades socioterritoriales deben enriquecer, nunca obstaculizar, la creación de un Estado cada vez más próspero, más equitativo, más justo, más cohesionado y con mayor dimensión internacional.

Un grupo de hombres con traje y corbata

Descripción generada automáticamente La oposición política también tiene sus retos de cambio. El obsesivo cuestionamiento de nuestro sistema democrático, en algunos momentos comparado inexplicablemente con uno dictatorial, es inaceptable desde cualquier punto de vista. Es muy legítimo que quien no tiene el poder trate de conseguirlo, pero no a costa de las descalificaciones sin fundamento, de frases ocurrentes impropias de quienes deben tener un sentido y un respeto institucional, de insultos, o de confusiones ciudadanas intencionadas. Es el momento de sustentar la confrontación política sobre argumentos, y por ello con propuestas alternativas, con sentido de Estado y pensando en el bienestar ciudadano; de significar claramente las posiciones ideológicas y de impulsar consensos y apoyos cuando el fin lo justifique.

Son necesarios nuevos comportamientos que se sustenten en la aceptación de un gobierno constitucional, que se ha constituido, como en numerosas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, conforme al principio de capacidad para ejercer sus funciones. Solo así los debates se centrarían en los temas que son esenciales para nuestro futuro, proyectados sobre los principios de igualdad de derechos sociales y de libertad de elección a la hora de determinar su destino. La España desigual ya existe; implica una gran ruptura y tiene un arraigo socioterritorial muy marcado que cada vez más reclama sus legítimos derechos. A ella me quiero referir.

1.- LA DESIGUALDAD SOCIOTERRITORIAL EN ESPAÑA

A lo largo de más de 30 años, he dedicado mi investigación a comprender el complejo problema de la despoblación de buena parte de la España interior peninsular y de algunas islas, proyectando sus logros en publicaciones, reuniones científicas, informes y eventos diversos y por ello creo tener argumentos sólidos que me permiten , por su trascendencia, no olvidar su existencia y argumentar que estamos ante un momento esencial de cambios derivados de la necesaria transición ecológica y que deben traducirse en un nuevo modo de producción y en un nuevo modelo territorial.

Cuando me han preguntado que definiera el proceso de despoblación de España, configurado a lo largo de casi 60 años, siempre he utilizado la misma expresión: es desigualdad y constituye el paradigma de la diferencia. Frente a la España próspera, configurada por un crecimiento económico trascendental, a partir de nuestra entrada en la Unión Europea, sustentado sobre la transformación progresiva de una economía obsoleta heredada de la dictadura franquista, se fue desarrollando una España cada vez menos dinámica, con escasa capacidad de creación de empleo y riqueza, y obligada a emigrar. Adecuando a nuestro territorio una expresión de Paul Krugman, la España ganadora se fue configurando a costa de otra perdedora, y que progresivamente fue mermando su capital humano, con las consecuencias que ello ha ido generando. He tratado de explicar esta dualidad, y las dos causas sobre las que se sustentó este complejo proceso socioterritorial, radicaron en el modo de producción de crecimiento intensivo, asociado a un modelo territorial de concentración de la inversión, de la producción, del empleo y por consiguiente de la población. Teníamos que crecer sobre variables e indicadores tradicionales, caso del producto interior bruto, de la renta per cápita y del empleo, sin evaluar sus costes, tanto sociales, como económicos, ambientales o territoriales, que fueron muy altos. De hecho, las consecuencias derivadas de una emigración de signo rural-urbano no son solo demográficas, sino mucho más profundas, agrupadas según mi entender, en una verdadera crisis de territorio.

Este modo de producción tuvo un gran aliado, el modelo territorial de concentración, significado por la gran ciudad, que alcanza su máxima expresión en los sistemas metropolitanos. Constituían el lugar esencial para rentabilizar la inversión y obtener los mejores resultados propios de una economía de escala y de aglomeración, eran los centros por excelencia de la eficacia y de la eficiencia, impulsados no sólo por una economía de mercado, sino también por políticas públicas tanto estatales, como autonómicas , tanto por el uso que se hizo de presupuestos propios como de los obtenidos por la política territorial europea asociada a los fondos estructurales o a los de cohesión, entre otros. (Molina, M. 2022).

Sobre ese crecimiento económico y su modelo territorial de concentración, se ha logrado un objetivo esencial de convergencia de nuestros niveles de renta, tanto a escala estatal como autonómica, con respecto a los valores medios de la Unión y a los de sus regiones más desarrolladas. Solo hay que considerar que en el momento de nuestra entrada en la actual UE, todas nuestras Comunidades Autónomas, a excepción de Cantabria, formaron parte del objetivo 1, en unos casos, por su menor nivel de renta; en otros, como de objetivo 2, por su carácter industrial en declive. Sin embargo, en la última ejecución presupuestaria, solo Extremadura quedó asociada al objetivo 1, y el Estado español ya había salido de los fondos de cohesión. Un aspecto positivo pero incompleto, ya que en paralelo se han acrecentado los desequilibrios socioeconómicos territoriales responsables de grandes desigualdades en derechos y oportunidades. Estamos ante el reto de abordar la construcción de una sociedad más equilibrada, justa en estrecha relación con una nueva gestión de nuestro territorio y sustentada sobre el esfuerzo público. El neoliberalismo no va solventar los problemas existentes. (Molina, M.; Pérez, R.; Hernando, F. 2022)

2.- ¿POR QUÉ HABLAMOS DE POSIBILIDADES DE CAMBIO? LA SITUACIÓN ACTUAL ES INSOSTENIBLE

La dimensión del problema es lo suficientemente significativa, y dado que su configuración es responsabilidad de muchos, por no decir de todos, también debe ser su reconocimiento y su voluntad de transformación. Desde los años 60 del pasado siglo, fruto de la transformación de una economía agraria a otra industrial, sobre actividades tradicionales muy intensivas en mano de obra, unida a una fuerte desagrarización, se fue configurando una emigración “forzada” de signo rural-urbano-metropolitano, progresiva e intensa hasta la década de los años 80. Pero este proceso no ha finalizado, si bien por la escasa población y su envejecimiento, sus valores son sensiblemente menores. Incluso las posibles transformaciones de residencia por efectos de la pandemia, no han cristalizado. De hecho, el 48,3 % del territorio español tiene una densidad inferior a los 12,5 habitantes por Km2, cifra considerada por la Unión como poco poblada, y si eliminamos la Europa del Norte por encima del paralelo 60, por ser territorios tradicionalmente de escasa población y no despoblados, por las características de su medio natural ocupamos el tercer puesto dentro de la Unión Europea, por detrás de Estonia y Letonia.

Hombre caminando al lado de una casa

Descripción generada automáticamente Tras numerosos años de aceptación y de letargo, el cambio de siglo supuso a este respecto un despertar social acompañado posteriormente de un reciente compromiso político más efectivo, al integrar en la agenda política el reto demográfico. La configuración de dos plataformas ciudadanas, primero “Teruel Existe” y posteriormente” Soria Ya “, fueron el detonante de una reivindicación social trascendental, tal y como se demostró en la primera manifestación de 2003 en Madrid, si bien su ejemplo culminó con la gran manifestación de 2019, convocada por más de 100 asociaciones, embrión de la constitución de la “Coordinadora de la España vaciada”, denominación no acorde con la realidad, dado que residen personas que sufren sus carencias y a pesar de ello en algunos lugares están demostrando, con innovaciones trascendentales, que otra ruralidad es posible. El salto a la política estatal de “Teruel Existe” y a la autonómica de “Soria Ya” tuvo gran impacto pero efímero, ya que en las últimas elecciones no alcanzaron el éxito esperado, probablemente por su indefinición ideológica o porque su presencia no fue decisiva para determinar grandes actuaciones: la fuerza de la plataforma no se ha transmitido en su partido político, al menos en los casos reseñados. (Molina, M.; Hernando, F.; Pérez, R., 2022). Molina, M.; Hernando, F.; Pérez, R. En prensa).

Pese a ello, la conciencia socioterritorial de la desigualdad sigue teniendo fuerza y ha sido el detonante de su mayor significación y compromiso político, pasando de su consideración como Comisariado a integrarse en un Ministerio y en una Vicepresidencia, bajo el paraguas general de Reto Demográfico. Una expresión que si consideramos la posición de la Unión Europea y el contenido de su Documento aprobado por su Parlamento en noviembre de 2017, incluye dos vertientes sociodemográficas diferentes: de un lado, la necesidad de impulsar una política pronatalista a efectos de paliar el envejecimiento general, derivado del comportamiento social propio de la transición demográfica, y de otro, el envejecimiento territorial derivado de una emigración forzada por razones socioeconómicas, asociado a la despoblación. El gobierno de España ha significado en su legislatura anterior mayormente esta segunda dimensión.

Su arranque fue importante, si bien su reciente y corta temporalidad no ha determinado acciones conjuntas con compromisos territoriales y presupuestarios, integrados en una verdadera estrategia de cohesión socioterritorial, aunque sí la necesidad de individualizar políticas específicas sobre territorios tradicionalmente marginados. En definitiva, insertar políticas sectoriales sobre territorios concretos acordes con sus estrangulamientos y potencialidades. Difícilmente se realizará un cambio de tendencia sin reconocer, y por ello corregir, sus deficientes infraestructuras, tanto de transportes como de comunicaciones, siendo la digitalización clave, pero no única; sin considerar sus potencialidades y por ello impulsar una riqueza perdida y no incorporada al proceso económico general español. Son territorios-problema, pero también territorios-recurso, y el desarrollo rural en la línea de KORK es esencial. A ello se suma la necesaria y justa integración de derechos sociales, hoy muy deficientes. En definitiva, para pasar de un proceso económico de convergencia a otro de cohesión, en el que la equidad socioterritorial vaya creciendo.

No hay que olvidar que se han llevado a cabo actuaciones específicas singulares, caso de aquellas integradas en el “Plan de Medidas del Gobierno ante el Reto Demográfico”; los trabajos realizados para configurar una Conferencia Sectorial con acuerdos significativos, dada la diversidad de competencias territoriales que requieren una gobernanza determinada; el acercamiento y la visibilidad rural a la sociedad española en formación universitaria, caso del Campus Rural, así como la configuración de numerosos encuentros, debates y reuniones interdisciplinares que deben ser reconocidas. Sin embargo, antes de determinar una verdadera “estrategia demográfica” con un gran “plan de acción” consensuado y presupuestado, estaría bien conocer el balance económico de inversiones realizadas por el plan citado sobre estos territorios despoblados, ya que las cifras globales no determinan ni el dónde ni sus logros para el cambio.

Estamos ante un momento único en nuestra trayectoria socioeconómica y territorial. Junto a la existencia de una conciencia ciudadana amplia y una reivindicación rural justa, con frecuencia olvidada, junto con un compromiso gubernamental que esperamos sea mayor y efectivo, sustentado sobre la experiencia anterior, se unen las necesarias transformaciones derivadas del calentamiento global del planeta. El nuevo modo de producción, vinculado a la transición ecológica, implica la consideración de nuevos recursos y una relevancia de la Naturaleza asociada a la Agenda 2030, pero a su vez requiere un modelo territorial nuevo más policéntrico, equilibrado y jerarquizado, en el que las ciudades intermedias y el mundo rural son trascendentales. Pasar de un crecimiento económico a un verdadero desarrollo sostenible y de una concentración metropolitana a la integración de ciudades intermedias en conexión rural es un reto futuro de gran relevancia, reforzado por los compromisos internacionales, tanto por Naciones Unidas como por la propia Unión Europea. Nueva situación, nuevas posibilidades, pero también nuevos riesgos.

3.- LUCES Y SOMBRAS DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DE LA NUEVA GESTIÓN TERRITORIAL

Desde la conferencia de París sobre cambio climático de 2015, se han hecho grandes avances, pero también se han detectado grandes incertidumbres. Es cierto que el calentamiento del planeta y sus efectos diversos, derivado de una emisión de gases contaminantes cada vez creciente, en parte por el uso y abuso de combustibles fósiles, es un hecho comprobado y muy significado en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y esencialmente en la última COP 28. El reconocimiento de un planeta con límites y limitaciones es una realidad, pero no universalmente aceptada, ya que se empiezan a detectar comportamientos no siempre positivos, y con frecuencia asociados a posiciones de liderazgo en determinados países. La crisis planetaria y sus efectos se intentan minimizar, vinculándola a intereses de ciertas ideologías y no a un problema de todos, e incluso en ocasiones se utiliza como oposición política y en momentos cruciales electorales. También se percibe una dimensión muy sectorial de sus objetivos y no acciones integradoras, lo cual determina conflictos de uso que en afectan a la convivencia de producciones agrarias y forestales con las energéticas. Con frecuencia también se minimizan las externalidades negativas de las metrópolis y su necesidad de cambios y remodelaciones internas, frente a crecimientos incontrolados. Sin olvidar que crisis sobrevenidas, como fue el caso de la pandemia, puedan incidir en su avance.

Ante ello, y para que la Transición ecológica sea efectiva, resulta trascendental sustentarla sobre los logros de una investigación interdisciplinar rigurosa, y asociarla a un verdadero progreso social, económico y ambiental de futuro, siendo la información clara y documentada esencial para impulsar cambios socioculturales importantes que frenen posiciones tergiversadas e intencionadas. La transición ecológica es mucho más que una transición energética. Su dimensión es poliédrica; afecta a todo el proceso productivo, y no debe focalizarse en la descarbonización, junto con el crecimiento de las energías renovables, proceso esencial pero no único. Los territorios rurales no deben ser solo protagonistas del crecimiento de estas fuentes, ignorando un verdadero desarrollo rural diversificado, en la línea de Cork 1996-2016; en la preocupación de la Comisión de la UE por configurar un “mundo rural vivo, fuerte, conectado, resiliente y próspero antes de 2040”. Su papel en la alimentación es clave, y sus producciones diversas y esencialmente agrarias y forestales se asocian cada vez más a la conservación y crecimiento de la biodiversidad y de los recursos naturales, sin olvidar su gran patrimonio, tanto por su Naturaleza, su Historia, su Arte o su modo de vida en el que el “saber hacer local” constituye identidades singulares. Si lo dominante, y en ocasiones exclusivo, va a ser la producción de renovables, de nuevo serán territorios perdedores. La simple producción de energía ha demostrado que no genera desarrollo local, restándose grandes posibilidades de crecimiento y transformación productiva en su conjunto. Resulta llamativo que la mayor inversión y creación de empleo en equipos industriales y en investigación energética, se localiza en los grandes centros urbanos, no donde radican sus recursos. La transición ecológica no debe disociarse de los cambios en el modelo territorial de concentración dominante; los “otros territorios” también cuentan.

Los cambios productivos y ambientales tienen necesariamente que considerar el papel de las ciudades intermedias, entendidas como aquellas capaces de organizar un territorio funcional de proximidad integrando lo rural y sin perder su proyección global, independiente de su tamaño. A nivel internacional han adquirido una gran atención y consideración tanto en la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) o en las Conferencias de ONU HABITAT, apostando por una Agenda Global Territorial y no sólo urbana con sesgo metropolitano. Numerosos aspectos sustentan su protagonismo futuro, derivado en principio de su trascendencia económica; su exclusión ha restado posibilidades de crecimiento. De su capacidad de interacción con los agentes locales, y por ello de sus posibilidades de incorporar la Agenda 2030; de la creación de identidades territoriales que anclan el talento y la capacidad de emprendimiento; de su asociación al concepto de “slow cities” y de su calidad de vida. Además, tienen mayor capacidad para generar flujos internos con los territorios rurales, tanto por la jerarquización y optimización de servicios, cuanto por determinar sistemas productivos con sinergias intraterritoriales, siendo la bioeconomía una realidad constatada.

Las potencialidades de las denominadas ciudades intermedias, o a veces intermediadoras entre el dinamismo y el letargo o retroceso territorial, también se sustentan comparativamente en las externalidades negativas de las metrópolis. Ya no son sólo territorios de eficiencia, también son territorios problema. Su relación con la contaminación planetaria es esencial, tanto en unos casos por la concentración productiva, cuanto por la movilidad diaria intrametropolitana; los efectos negativos de la concentración económica ante crisis globales, pueden ser trascendentales, las crisis sociales derivadas de una desigualdad interna están afectando cada vez más a la infancia, jóvenes y a las mujeres; los problemas de acceso a vivienda y empleo empiezan a visibilizarse como un gran estrangulamiento; y el desequilibrio entre población y servicios, sobre todo públicos, es notable. Su posición ha cambiado y su reestructuración interna debe prevalecer frente al crecimiento tradicional, lo cual no significa que su protagonismo cese. Son importantes, pero su futuro debe ir asociado a la creación de un territorio más jerarquizado y cohesionado. Lógicamente, incorporar nuevos territorios a los cambios económicos, ambientales y sociales, requiere no sólo impulsar sus potencialidades sino también corregir estrangulamientos, derivados de desinversiones que han ido profundizando la brecha rural-urbana- metropolitana, y en este sentido el papel de las políticas públicas es esencial. Resulta llamativo cómo de un lado crece el descontento social ante desigualdades territoriales, reclamando inversiones trascendentales, y de otro se defienden posiciones neoliberales que tratan de reducir impuestos, desdibujar la trascendencia de las políticas públicas y por ello del Estado o de nuestras CCAA. Sólo cabe una respuesta, la aspiración de algunos a crecimientos cortoplacistas sobre variables e indicadores tradicionales, sin pensar en sus costes, ni en el futuro de sociedades venideras.

 

REFLEXIÓN FINAL

Visibilizar los problemas a los que nos enfrentamos en el siglo XXI es la mayor responsabilidad política, y debe configuran la prioridad de los debates, las propuestas, las críticas constructivas y los compromisos de unos y otros. La equidad social no domina en nuestro Estado; la cohesión territorial constituye un reto de futuro y nuestro verdadero desarrollo, responsable de nuestra posición internacional y por supuesto en la Unión Europea, debe configurarse conforme a los principios de sostenibilidad integral, significados en la Agenda 2030. Todo ello exige unas políticas públicas comprometidas esencialmente con lo más vulnerable, tanto desde el punto de vista socioeconómico, como territorial. La España despoblada y desfavorecida expresa las mayores desigualdades que rompen España. Tiene voz y quiere ser oída. Esperemos que también sea escuchada.

El presente artículo se ha fundamentado en trabajos y publicaciones anteriores, de las cuales se significan:

• Molina, M. Dimensión territorial de la despoblación: aproximación a las políticas públicas en un entorno europeo”. En: España: Geografías para un Estado postmoderno. Farinós, J.; Ojeda, J.; Trillo, J. eds. Pp157-174. 2019

• Molina, M. Despoblación, Cambio Climático y Agricultura Familiar. Argumentos Socialistas. Revista en red. Enero-Febrero, 2020.

• Molina, M. Despoblación rural y concentración urbana: un modelo territorial dual, desequilibrado e insostenible. Pp. 13-24. Argumentos Socialistas. Abril –Mayo .2021.

Molina, M. Reto demográfico y envejecimiento activo en la era post covid. Especial incidencia en los territorios despoblados y desfavorecidos. Grupo de Trabajo de la CALRE. 2021

• Molina, M. Hacia una nueva frontera rural-urbana. Agricultura y Ganadería Familiar en España. Anuario 2021. Fundación de Estudios Rurales. UPA. Pp. 34-40.

• Molina, M. Hernando F. “¿Por qué nos deben interesar los territorios despoblados y desfavorecidos”? M Martínez Cárdenas et alia eds. Leyendo el territorio. Homenaje a Miguel Ángel Troitiño. Universidad de Guadalajara. Méjico. 2022.

• Molina, M.; Hernando, F. y Pérez, R. “Luces y sombras de la política territorial de la Unión Europea: su significación en el Estado español”. Revista Internacional de Estudios del País Vasco. 2022.

• Molina, M.; Hernando, F. y Pérez, R. “Convergencia versus cohesión socioterritorial en España: la despoblación como reto”. Revista de Economía. Información Comercial Española. Nº 28. Octubre, 2022.

• Molina, M.; Camarero, L.; Sumpsi, J.M; Bardaji, I. “El proceso de despoblación: Desequilibrios e inequidades sociales. El tiempo de las políticas públicas” En: Despoblación, cohesión territorial y derechos sociales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2023. Pp 15-81.

• Molina, M.; Hernando, F. y Pérez, R. La España despoblada ante los nuevos desafíos: La respuesta ciudadana en las urnas. Aranzadi. En prensa.

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