ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 55, enero-febrero 2024

COMIENZA UN NUEVO Y CONVULSO AÑO POLÍTICO

Hormigas Rojas

 

El nuevo año traerá consigo grandes desafíos, unos esperados y otros desconocidos, o considerados en este momento como poco probables. Para la Izquierda será especialmente relevante el resultado de las elecciones en las comunidades autónomas con partidos nacionalistas (que en el caso de Cataluña serán el próximo año, si no se adelantan). También es importante, y muy necesario, el avance en la progresividad y suficiencia fiscal. Pero hay otros muchos temas de gran relevancia, como la digitalización y la lucha contra el cambio climático

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En memoria de Gregorio Benito Batres. Un luchador honesto y muy comprometido con la causa obrera y el socialismo

La minirremodelación del Gobierno, obligada por la salida de la ministra de Economía Nadia Calviño ―nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)―, culminó el año 2023 y dio comienzo al nuevo año 2024. Quedan atrás momentos de particular dureza relacionados con la respuesta de las “derechas” a los resultados de las últimas elecciones generales, la formación del nuevo Gobierno de coalición y el intolerable y brutal acoso a las casas del pueblo del PSOE, además de la polarización política inducida ―con grave riesgo para la convivencia ciudadana― por la actitud beligerante y hostil del Partido Popular (PP).

En la presente legislatura nos esperan muchas dificultades y múltiples desafíos encaminados a modernizar nuestro país y hacerlo más justo. Por eso resulta imprescindible garantizar la estabilidad dentro del propio Gobierno para afrontar con éxito estos problemas y los grandes retos que tiene la Unión Europea (UE) ―y, por lo tanto, España en el concierto internacional― en la decidida búsqueda de la paz como única respuesta a la invasión de Ucrania (derecho a la integridad territorial) y a la masacre de Israel en Gaza (derecho internacional humanitario). Sin olvidar las políticas sobre el Sáhara, Palestina, Sudáfrica (denuncia a Israel por genocidio) y Taiwán (disputa con China), así como la relación con los países emergentes y del Pacífico, a partir del respeto a las leyes internacionales y a los derechos humanos.

En los próximos días, y después de la ajustada aprobación de la convalidación de los decretos anticrisis y de la fallida ratificación del subsidio de desempleo, comenzará el importante debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que pondrá de nuevo a prueba los apoyos reales con que cuenta el actual Gobierno. El empleo (sobre todo poner freno a la fuga de jóvenes cualificados al exterior: más de 300.000 cada año desde 2019), la protección social, los servicios públicos (sanidad y educación), la vivienda pública y social en alquiler, el transporte público, la financiación autonómica, el déficit y la deuda pública, deben ser abordados con una visión progresista en defensa de los más vulnerables, además de aspirar a mantener un crecimiento sostenible de la economía en un marco de contención y estabilidad de precios propiciado desde la UE.

Paralelamente, al margen de las elecciones europeas (junio de 2024), los partidos de izquierda deben preparar las elecciones en Galicia (ya convocadas para el 18 de febrero), en el País Vasco (previsiblemente antes del verano) y en Cataluña (pendientes de ser convocadas, muy posiblemente, antes de que culmine este año). Unas elecciones muy marcadas por el debate sobre la amnistía y el referéndum exigidos por los independentistas de Cataluña ―dando con ello munición a las derechas para seguir denunciando de manera torticera la desigualdad entre territorios y personas―, que puede tener impacto en los resultados electorales. En Galicia, el PP pondrá a prueba su mayoría absoluta y, en particular, Núñez Feijóo su política de confrontación radical con el Gobierno de Pedro Sánchez (“derogar el sanchismo”). Por su parte, Sumar multiplicará sus esfuerzos por mantener su marca y resolver su actual contencioso con Podemos (contrario a seguir en Sumar) en su aspiración por alcanzar un gobierno de coalición con el PSOE y, en este caso, además, con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). En relación con el PSOE, Pedro Sánchez intentará salvar los muebles en un feudo muy poco propicio y defenderá un proyecto modernizador y eminentemente social pensando en los más necesitados.

En el País Vasco, la gran incógnita se establece en torno a quién ganará las próximas elecciones. No es fácil que el PSOE gane unas elecciones autonómicas en el País Vasco (al margen de que espere obtener un buen resultado) y, por lo tanto, lo que se discute es quién ganará las elecciones: PNV o Bildu, que se presentan con nuevos candidatos. Gobernar esta comunidad será otro asunto: todos los analistas coinciden en que el PNV gobernará en coalición con el PSOE, repitiendo la actual experiencia, sobre todo después del reciente apoyo del PSOE a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona. En Cataluña está todo por decidir; sin embargo, lo más probable es que la confrontación electoral en los próximos meses se establezca entre las fuerzas independentistas, a la espera del resultado que pueda conseguir el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

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Descripción generada automáticamente con confianza media Otros asuntos particularmente relevantes en esta legislatura tienen relación con la necesaria reforma fiscal, la intervención del Estado en la economía, la digitalización de empresas e instituciones, la transición energética y la profundización de las libertades (batalla ideológica contra la ultraderecha). No será fácil abordar la reforma fiscal con la actual relación de fuerzas en el parlamento. No obstante, desde la izquierda es fundamental frenar el actual desarme fiscal luchando en primer lugar contra el fraude fiscal, la economía sumergida, la evasión de capitales y los paraísos fiscales. También revisar la presencia del Estado en la economía de nuestro país (banca pública, energéticas, eléctricas y telecomunicaciones), en base a la experiencia de los países más avanzados de la UE y al rebufo del interés actual del Gobierno de participar en el accionariado de la empresa Telefónica para evitar el control de una empresa estratégica por una potencia extranjera. En coherencia con ello, el Gobierno debería mantener, cuando menos, su presencia en CaixaBank (16%), además de reforzar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y aumentar el control del gasto público no productivo y superfluo.

Efectivamente, los ingresos del Estado condicionarán la lucha contra las desigualdades (gasto social) y las políticas de inversión del Gobierno. La primera medida debe estar dirigida a combatir el fraude fiscal y la economía sumergida: la economía sumergida supera en España el 20% del PIB y el fraude fiscal evita que se recauden más de 70.000 millones de euros al año. Por eso resulta urgente aumentar el número de inspectores de Hacienda: no se puede aceptar que España (a la cabeza del fraude en la UE) tenga la mitad de los inspectores fiscales por habitante que Alemania con menor fraude fiscal.

Por otra parte, en España la recaudación de Hacienda depende básicamente de la nómina de los trabajadores y de los empleados públicos. La ejemplaridad fiscal de los empresarios, que algunos enfatizan, no se corresponde con la realidad. Desde hace unos cuantos años, el impuesto de sociedades es uno de los grandes culpables de que no aumenten suficientemente los ingresos tributarios, al beneficiarse de un sinfín de privilegios fiscales y de la llamada ingeniería fiscal impulsada por los grandes bufetes de asesoramiento: más del 70% del fraude lo cometen las empresas y las grandes fortunas. Como consecuencia, el impuesto de sociedades se ha convertido en un asunto poco relevante ―desde el punto de vista impositivo― al situarse en torno al 10% del total de la recaudación en los últimos años. No es extraño que en la UE se haya aprobado una imposición mínima del 15% a las grandes empresas, para comenzar a resolver este severo problema, que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero.

La digitalización de empresas e instituciones y la lucha contra el cambio climático (transición energética e impulso al denominado “empleo verde”), financiados con fondos de la UE, son otros grandes retos. La actual revolución digital (economía del conocimiento) y la comunicación en tiempo real en un mundo globalizado (los grandes datos en diversos formatos se han convertido en un nuevo factor de producción: el llamado por algunos “petróleo azul” del que las empresas obtienen fuertes beneficios porque, entre otras cosas, no tributan por el momento), se encaminan a instaurar la fábrica inteligente (robotizada y asistida por inteligencia artificial) y la movilidad y el transporte automatizado. La finalidad última pretende digitalizar toda la economía, reactivar a fondo la reindustrialización (sobre todo en zonas concretas como Asturias y León) y alcanzar un mayor crecimiento sostenible en un mundo globalizado a través de la creación de un mapa ―por sectores económicos en las Comunidades Autónomas―, que ayude a analizar el impacto digital y energético en el futuro estratégico de sectores y empresas.

En todo caso, la digitalización es ya un hecho tangible que afecta a la industria, a los sistemas productivos y a millones de trabajadores. También afecta a los servicios y a la movilidad: funcionamiento y dimensión de las ciudades, atención al público a distancia, sector financiero, pequeño comercio, edificios energéticamente sostenibles, coches y camiones eléctricos autónomos… Según las estimaciones de diversos analistas, un 43% de los puestos de trabajo en España serán susceptibles de ser automatizados a medio plazo. Por su parte, la OCDE ya estimaba en 2017 que los puestos de trabajo con un alto riesgo de automatización, es decir, aquellos que tienen una probabilidad de ser automatizados (al menos en un 70%) alcanzarán el 9% del total y, en el caso de España, el 11,7%.

Por eso, en la actual situación, los interlocutores sociales adquieren un inusitado protagonismo y, al margen de las decisiones que tome el Gobierno, los sindicatos están comprometidos a exigir que la financiación pública en este campo respete una serie de requisitos elementales: regulación, transparencia y participación de los sindicatos (“democracia económica”), en claro retroceso desde hace años y con un escaso protagonismo en las actuales reivindicaciones sindicales (en la actualidad ya no resulta prioritario el “control obrero” ni la “participación sindical”). Los sindicatos y empresarios, además de regular el trabajo a distancia y el teletrabajo, deben abordar a fondo la digitalización de las empresas y de la economía, así como el futuro del trabajo que nos espera a través de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Efectivamente, los sindicatos deben poner en marcha iniciativas relacionadas con la participación sindical a través del diálogo social y la negociación colectiva, que garanticen una transición justa en estos procesos y, en todo caso, el mantenimiento del empleo con todos los derechos.

La lucha contra el cambio climático y la transición del carbón a las nuevas energías renovables es el otro objetivo prioritario de la UE y, por lo tanto, de nuestro país. Por este motivo, España debe encabezar el impulso a las energías renovables (sobre todo la eólica y solar), al amparo de sus favorables condiciones climatológicas. En este marco, la colaboración entre la iniciativa pública y la privada será más necesaria que nunca, respetando siempre los principios de transparencia, eficacia, inversión compartida y cumplimiento de los objetivos marcados encaminados al florecimiento de la investigación y desarrollo de las energías renovables.

La pasada crisis económica producida por la COVID-19 puso mucho más en evidencia la necesidad de perseguir estos objetivos. En este sentido, el Gobierno cuenta con el apoyo de las organizaciones ecologistas para desarrollar las tareas encomendadas. El ascenso de la temperatura media, la subida del nivel del mar, el deshielo ártico, la extensión de la sequía (Andalucía, Cataluña, Murcia…) y la contaminación de las ciudades son hechos muy graves que se deben combatir con decisión, inteligencia y financiación adecuada, sobre todo en infraestructuras del agua y políticas agrarias en diálogo permanente con los agricultores.

Mano sosteniendo una caja de cartón

Descripción generada automáticamente con confianza media Esta política facilitará la reducción de manera sustancial y sostenida de la emisión de gases de efecto invernadero: instalación de energías limpias, movilidad eléctrica, edificios inteligentes, fomento del transporte público, aviones menos contaminantes… En esta tarea deben participar también los interlocutores sociales y, en particular, los sindicatos exigiendo su participación en la toma de las decisiones que correspondan. Esta política debe converger con la digitalización y con la reorientación de nuestro modelo productivo (muy dependiente del turismo, la hostelería y los servicios), así como con la modernización de nuestra economía y la recuperación del peso de la industria como demanda la UE y los propios sindicatos (hasta alcanzar el 20% del PIB, con especial incidencia en la “España vacía”, en la industrialización y digitalización de la agricultura, en el sector de la restauración de edificios y en la construcción de viviendas). También a aumentar las plantillas de las pequeñas y medianas empresas y, en definitiva, a mejorar la productividad de sectores y empresas en general. Sin olvidar abordar el florecimiento novedoso de la minería de “tierras raras”, en el interior de nuestro país, lo que puede convertir a España en una potencia mundial en la producción de estos materiales imprescindibles en la electrificación de coches (construcción de baterías), lo que desde luego pondrá de nuevo a prueba la colaboración pública-privada.

En cualquier caso, los retos enunciados demuestran la envergadura de los problemas pendientes de ser abordados en la presente legislatura. Sobre todo, cuando la ofensiva del PP y VOX sigue poniendo en entredicho la legitimidad del actual Gobierno y, lo que es más importante, el impulso progresista hacia el futuro, muy condicionado también por la actitud de las fuerzas independentistas. Efectivamente, nuestro país se encuentra ante un desafío mayúsculo, que además pondrá a prueba la gestión de la izquierda política y la eficacia de las administraciones públicas y de los interlocutores sociales. Y, sobre todo, pondrá a prueba también la capacidad de movilización de la ciudadanía (rearme social y moral) en defensa de la Constitución y, por lo tanto, de la libertad, la democracia y las políticas sociales encaminadas a superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

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