ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 55, enero-febrero 2024

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA SEGÚN EL PARTIDO CONSERVADOR

Victorino Mayoral Cortés archivos - Liga Española de la Educación
Victorino Mayoral Cortés (Presidente de la Fundación CIVES)

 

El Partido Conservador (PP), nunca ha realizado autocrítica del pasado franquista, autoritario, de nuestro país. Al contrario, si bien franquistas reconocidos como Manuel Fraga, estuvieron presentes en la elaboración de la Constitución Española, cuidaron de que ésta fuera considerada como una “isla histórica”, aislada de nuestros antecedentes democráticos desde 1812. De ahí su negativa a aceptar las Leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática

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Un sistema democrático consolidado, como consideramos es el español de la restauración democrática institucionalizada en la Constitución de 1978, debería estar acompañado de una coherente y sólida memoria democrática consensuada, compartida e impulsada por todas las fuerzas políticas que contribuyeron a la existencia de tal Constitución, sus fundamentos y valores, así como de las conquistas democráticas que en ella se recogen de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y medioambientales que debemos a tantas generaciones de demócratas que desde 1812 hasta 1931 , y posteriormente bajo la represión y el exilio, sacrificaron sus vidas, libertades y haciendas. Porque la democracia en España, aunque recuperada no fue inventada o descubierta por la generación que aprobó la Constitución de 1978. Históricamente tuvo sus hitos, sus momentos fundacionales, retrocesos y aboliciones tan graves como la anulación de la obra de las Cortes de Cádiz y la Década Ominosa de Fernando VII y los cuarenta años de Dictadura e imposición del partido único, FET y de las JONS.

Pero la triste realidad es que tal consenso no existe, fundamentalmente debido a la actitud que se ha mantenido durante toda esta nueva etapa democrática por el partido conservador PP, antes AP, cuyo creador e impulsor principal fue Manuel Fraga Iribarne, poliédrica personalidad política que fue capaz de representar sucesivamente sendos papeles en dos regímenes diametralmente opuestos entre sí: militante del Movimiento de 1953 a 1976 y ministro de Información y Turismo de 1962 a 1969 en los gobiernos de la Dictadura, y posteriormente uno de los “padres” de la Constitución y presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ambas circunstancias pondrían en evidencia que este personaje, fraguado y encumbrado durante la Dictadura, sirvió a gobiernos y a ideas de un régimen autoritario en su etapa tardofranquista, pero que en las postrimerías del mismo llegó, como tantos otros, a la convicción de que el franquismo no sobreviviría al Dictador y que el mínimo realismo político, visto el fracaso de los Coroneles griegos que se cargaron la monarquía y la revolución militar de los Claveles portuguesa, imponía pasar a un sistema parecido a los predominantes en la democrática Europa Occidental, vinculada a la Alianza Atlántica liderada por los EEUU.

Se trataba, pues, de pasar a otro régimen e impulsar la existencia de un partido conservador que se nutriera de aquella parte de los dirigentes del sistema que desaparecía y de los sectores sociales, burocráticos, religiosos y económicos que habían apoyado a la Dictadura, o habían dejado de apoyarla en algún momento, a los que se prometió que el cambio se haría ”pasando de la Ley a la Ley”, como así ocurrió cuando las mismas Cortes franquistas aprobaron las leyes que liquidaron las instituciones y organizaciones de la Dictadura. Y, también cuando las nuevas Cortes ya democráticas aprobaron la Ley de Amnistía y se inició el periodo constituyente en el que una fracción conservadora de AP, liderada por Fraga Iribarne, decidió participar activamente en la elaboración de la Constitución.

Si bien es preciso reconocer que la Constitución salió con un contenido y sentido plenamente democrático, sin verse lastrada por los intentos realizados por el partido conservador de Fraga y afines para limitar el contenido y alcance de las conquistas de derechos y libertades que se incorporaron, totalmente homologables a las constituciones europeas más avanzadas.

La Dictadura franquista, dotada de una ideología de raíces fascistas y autoritarias, militantemente antidemocrática y confesionalmente nacionalcatólica, tuvo mucho tiempo y colaboraciones para generar su propia memoria e imponerla utilizando todos los recursos, instituciones y servicios a su obediente disposición, como la educación, los medios de información y propaganda, la Iglesia, el Ejército, etc. Y, tal como evolucionó la trayectoria del régimen a lo largo de su dilatada existencia, así también evolucionó en cierta medida el argumentario utilizado por el franquismo para sostener su legitimidad, desde la justificación del triunfo de las ideas que se imponen por las armas y las apelaciones a la patria y su destino eterno, hasta las ideas, utilizadas en la segunda fase ya más tecnocrática del régimen que tratan de sustentar la memoria de la Dictadura por la paz y el progreso que Franco trajo a la nación.

Es en este periodo de la Dictadura cuando aparece el ministro de Información y Turismo, señor Fraga Iribarne, fraguando y poniendo en juego un nuevo relato de la memoria histórica franquista por medio de una extraordinaria campaña de propaganda sobre los ”25 años de paz que el franquismo había proporcionado al pueblo español tras la cruenta guerra entre hermanos, de cuya culpabilidad explícita o implícitamente se venía responsabilizando a una II República a la que nunca se había dejado de demonizar.

Al mismo tiempo que se ponía en juego este nuevo andamiaje para la memoria franquista, de cuya eficacia da testimonio lo prolongado de sus efectos en el tiempo, las autoridades responsables de la parte del Ministerio de Fraga dedicada a la ”Información” de las masas (la parte dedicada a Turismo iba viento en popa gracias al éxito propagandístico del ”Spain is different” y las limpias aguas existentes tras la caída de artefactos nucleares norteamericanos en Palomares, como demostraba Fraga bañándose allí) consideraron que era preciso atender al peligroso frente que se estaba creando para la memoria del franquismo como consecuencia de los demoledores argumentos y pruebas que gracias al libro “El mito de la cruzada de Franco”, del norteamericano Herbert Southworth, ponían en evidencia las falsedades y carencias sobre los que hasta entonces se sustentaba la memoria franquista y, por tanto, las bases de la autoproclamada legitimidad del régimen.

Como dice Paul Preston, en 1963 la dictadura de Franco creó un departamento especial para contrarrestar los efectos subversivos de la obra del autor citado que hacía insostenible la narración sesgada de la historia que se utilizada para reivindicar un régimen tan brutal. Southworth, iniciador de la demolición de la memoria franquista decía en el Prólogo de la edición de su obra de 1986: ”La derecha española ahora obligada a compartir la palabra oral y escrita con los que hace solo unos pocos años arrojaron a la cárcel por desafiar a los escritores oficiales de gente como Ricardo de la Cierva, todavía defiende la interpretación reaccionaria de la Historia contemporánea”. Además, señala la aparición de una nueva generación de historiadores españoles ”que puso fin al monopolio del que habían disfrutado durante décadas historiadores y periodistas franquistas, colectivo cuyos supervivientes son, al parecer, el profesor Ricardo de la Cierva y el general Ramón Salas Larrazábal”.

Ante tal panorama, Fraga se propuso poner todos los obstáculos posibles a la obra de Southworth, a la de Hugh Thomas y otras similares. Para lo cual designó como responsable de la sección o departamento que creó en el Ministerio a un funcionario joven de mismo llamado Ricardo de la Cierva, de cuya contribución a la neomemoria justificadora del franquismo han quedado obras significativas en el cumplimiento de su misión de poner al día la historiografía oficial del régimen y contrarrestar los argumentos que desvelaban sus limitaciones y miserias.

Tales son los hechos y antecedentes que explican, pero no justifican, la posición que tiene asumida aún hoy día el Partido Popular para negar la existencia de la memoria de nuestra democracia y exigir la derogación de la Ley que la ampara y regula en nuestro país, del mismo modo que también se opuso a la anterior Ley de Memoria Histórica. Porque siguen asumiendo que su aceptación de la democracia y de la Constitución de 1978, pese al carácter antagónico que esta tiene con la dictadura franquista, no significa renunciar a la crítica que el franquismo sostuvo frente al “desorden” que siempre acarrean los cambios democráticos, especialmente el de la II República. Y porque consideran que estuvo muy bien que durante la Transición y hasta muchos años después, no se hablase ni se reivindicase, lo que fue una dejación errónea de los demócratas, la memoria democrática, hasta la Ley de Memoria Histórica promovida por el Gobierno socialista de Rodriguez Zapatero, por la que, afirman, se rompió el consenso de amnesia en el que está basada la actual Constitución.

Es decir, según el PP, nuestra actual democracia no tiene antecedentes, raíces y valores que la emparentan con la historia y memoria de los procesos de conquistas democráticas que tienen lugar en nuestro país desde 1812 hasta el momento presente, ni tiene particular relevancia como acontecimiento que no se debe repetir, la destrucción de la democracia y la represión que el franquismo practicó por el terror para erradicar las conquistas de libertades y derechos que son propios de un sistema democrático.

A los peculiares conservadores españoles tampoco se les pasa por la cabeza aceptar una política de memoria democrática que tenga algún parecido con la practicada en Alemania, por socialdemócratas y conservadores para revisar el pasado dictatorial y fascista de un régimen visceralmente antidemocrático, como el franquista, cuyas actividades para consolidar el compromiso de verdad y no repetición se realizan institucionalmente de modo prioritario, en las escuelas.

Como tampoco son sensibles, ellos sobrevenidos europeístas, a resoluciones como la del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea, el deber de recordar y reparar a las víctimas de las dictaduras totalitarias de Europa, entre las que se encuentra la franquista en lugar muy destacado. Tampoco prestan interés a la creación de una necesaria cultura común europea de memoria histórica democrática, que igualmente debe ser aprendida en la escuela; necesaria para afrontar el ascenso de grupos autoritarios filofascistas, como está ocurriendo en muchos países europeos, entre ellos España, con la connivencia del partido conservador.

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