ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 55, enero-febrero 2024

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA: ¿PROGRESO O VUELTA ATRÁS?

Un hombre en traje posando para fotografia Descripción generada automáticamente
Emmanuel Poirot (Doctor en físico-química molecular. Responsable de estrategia regulatoria global en la agroindustria)

 

Frente a los incrementos de la población mundial, de la urbanización y de los efectos del cambio climático, el sector agroalimentario debe adaptarse para seguir produciendo más comida, sana, segura y asequible, pero con menos recursos. Mientras los partidos políticos nacionales oscilan entre negacionismo e ingenuidad, productores, universidades, industria e instituciones públicas trabajan de la mano para desarrollar soluciones pragmáticas a la necesaria transición agroecológica hacia métodos respetuosos de la salud humana y del medio ambiente

El informe del consumo alimentario en España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 2019, en el último año anterior a la crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, el conflicto entre Ucrania y Rusia, y el notable aumento de la inflación del 2022, da acceso a una información detallada del consumo y del gasto, es decir de la demanda en alimentación de los más de 47 millones de residentes en España. Nos enseña que el consumo promedio, dentro y fuera del hogar, durante el año 2019 de cada residente se sitúa en torno a 760 kilos, o litros, de alimentos y bebidas. O sea, la demanda en el año 2019 ha sido de 36 mil millones de kilos o litros de comida y bebida en España, 5.3 mil millones en la Comunidad de Madrid, muy superior a la capacidad de producción de la tercera Comunidad Autónoma de España en densidad, con más de 860 habitantes por km2, con una población que se acerca a 7 millones de personas en 2023, casi la mitad de ellas empadronadas en la capital donde el suelo cultivable es anecdótico. El último informe del Ministerio, publicado en noviembre, refleja para el año 2022 una coyuntura diferente, marcada por la progresiva recuperación tras la crisis sanitaria, los recientes eventos geopolíticos y la inflación. Destaca una reducción del consumo, especialmente notable dentro del hogar, que lo sitúa en torno a 31 mil millones de kilos o litros de comida y bebida.

Sin embargo, supone para el año 2022 un aumento del gasto medio hasta los 2.582 € por persona, es decir aproximadamente un 17% del salario bruto medio anual de 2.128 €, cuando era del 10% en 2019. Desde los años 1960 y los inicios de la industrialización de la producción alimentaria hasta la pandemia, los hogares europeos han dedicado una proporción cada vez menor de su gasto total de consumo a los alimentos, aunque el consumo per cápita haya aumentado regularmente en volumen. Cabe destacar que, en el mismo periodo de tiempo, la esperanza de vida de los españoles aumentó 13 años, en relación directa con la abundancia, la asequibilidad y la calidad de los alimentos. Sin embargo, mientras iba aumentando el poder adquisitivo de los hogares, evolucionaba el precio de los productos básicos y se reducía el tiempo dedicado a cocinar, la composición de la cesta alimentaria también ha cambiado. La carne, las frutas y verduras, el pan y los cereales han perdido últimamente terreno frente a las comidas preparadas y a los productos procesados, menos sanos y de peor calidad.

Aunque demos por sentada la infalibilidad de la cadena de suministro, la tormenta Filomena o el confinamiento han evidenciado que el abastecimiento de los (super)mercados se puede parar en unos días. Frente a los incrementos de la población y de la urbanización, por un lado, y a los innegables efectos del cambio climático por otro, el sector agroalimentario está sometido a una presión creciente para poder seguir produciendo en cantidades suficientes una comida sana, segura y asequible. Los sistemas de producción agroalimentarios están evolucionando a un ritmo cada vez mayor para producir más y mejor, pero con menos. Mejores condiciones laborales, mejores productos, más nutritivos, mejor preservación del medioambiente… Menos suelo arable, menos agua, menos abono y menos tratamientos fitosanitarios… Son sistemas interconectados, dentro de mercados y espacios globales y complejos, donde actores y procesos son interdependientes. Cualquier modificación relevante puede implicar efectos socio-económicos difíciles de predecir y requiere por lo menos serios estudios de impacto.

La sostenibilidad de la producción alimentaria se enfrenta a múltiples desafíos: climáticos, medioambientales, reglamentarios, sociales, técnicos y políticos. Uno de los efectos más notables, aunque no el único, del cambio climático sobre el sistema de producción alimentario español, es la sequía, cada vez más frecuente y severa. La merma de la producción agrícola debida a la sequia, junto a la subida de los costes de producción, de la energía y de los entrantes, son los principales factores de la fuerte inflación que sufrimos en el año y medio pasado sobre los precios de los productos alimenticios. Para contrarrestar los efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente, son necesarias medidas políticas fuertes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los efectos de estas políticas, como las que deriven del pacto verde europeo y de la estrategia “de la granja a la mesa”, cuyo objetivo es que el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos, implican una presión adicional sobre los productores, reduciendo su caja de herramientas y su rendimiento, que se puede traducir a corto plazo en subidas de precios, y posteriormente cierres de fruterías, bares y demás tiendas de barrios.

En España, el discurso político sobre la transición agroecológica está ahora tan polarizado como cualquier otro. Por un lado, oscila entre un negacionismo absurdo, en contra de todas las evidencias científicas, y medidas cortoplacistas con promesas de seguir con los mismos recursos naturales y las mismas prácticas de producción, sin apenas cambios, ni siquiera tecnológicos. Por el otro, los movimientos progresistas que aparecieron hace poco más de una década y pretendían abrir nuevos caminos para un futuro ilusionante, definiendo procesos de decisiones políticas diferentes, no acaban de tomarles la medida a los problemas derivados del cambio climático. Se pierden en debates internos, o semánticos, entre los que predicen, o incluso parecen desear, un colapso ecológico, y los que idealizan la inevitable transición, reduciéndola a una sencilla cuestión de voluntad política, obviando sus drásticos impactos y costes económicos, y por supuesto también sociales. Proponen medidas o acciones simbólicas, ingenuas, anticuadas, o sencillamente irrealistas, cuando no una vuelta a la época pre-industrial, ignorando además a menudo las competencias de la Unión Europea. En su afán de echar a los “profesionales de la política”, han dado la espalda, en nombre de una participación democrática malentendida, tanto a políticos como a profesionales. Quedan plataformas locales desorganizadas, con líneas fluidas, apoyándose en autoproclamados expertos, con formaciones y experiencias profesionales ajenas, sin visión ni global ni siquiera nacional, que han logrado crear otros pequeños grupos de dirigentes, o que aspiran a serlo, que no se abren más hacia la sociedad que los que venían a sustituir. Surgió una generación de responsables políticos que fantasean una España de los años ¡2010! que quieren pintar anquilosada y conformista, olvidando que los movimientos populares ecologistas, igual que los movimientos feministas, antirracistas o de defensas de minorías, nacieron en los años 60-70-80 y lograron sus mayores avances hace décadas.

Aunque nadie tenga soluciones milagrosas para afrentar a la vez los retos de impulsar la economía, mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y cuidar del medioambiente, el mundo académico, la industria y la Unión Europea trabajan de la mano sin esperar decisiones nacionales, cuando no regionales. El sistema agroalimentario europeo, apoyado por la Política Agrícola Común y agencias públicas independientes, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), es una referencia mundial en términos de seguridad, nutrición y calidad de los alimentos. A pesar de las críticas de algunas ONGs y organizaciones políticas, que por otro lado alaban los procesos, la organización y los resultados de organismos supranacionales similares, como puede ser la Agencia Europea de Medicamentos, responsable de autorizar las vacunas contra el COVID, sus orientaciones y decisiones están rigorosamente observadas y tomadas como ejemplos a seguir en el resto del mundo.

Muchos ejes de investigación y desarrollo ya tienen aplicaciones prácticas en el campo. Las técnicas CRISPR de edición genética de última generación, permiten aumentar la resistencia a factores estresantes abióticos, térmicos, salinos, o hídricos, de cultivos como el maíz, una de las principales fuentes de nutrientes para los humanos y para el ganado. Las herramientas emergentes de la agricultura digital y de precisión, desde el uso de la inteligencia artificial a la detección de plagas o estrés por drones o satélites y aplicación localizada del tratamiento apropiado, ayudan a optimizar los recursos naturales que son el agua y el suelo, de manera a aumentar el rendimiento utilizando las mismas superficies de terreno y minimizar las cantidades necesarias de productos fitosanitarios y de riego. El uso cada vez más frecuente de productos de biocontrol o de bioestimulantes, y la gestión integrada de plagas, que pasa por la eliminación de organismos nocivos mediante prácticas como la rotación de cultivos, el empleo de variedades vegetales resistentes, o de cultivos más adaptados deberían ayudar al sistema de producción alimentario europeo a modernizarse, y liderar la adaptación al cambio climático y a sus efectos. Sin embargo, todo cambio de modelo, de paradigma, necesita tiempo, planificación y exige la máxima prudencia para minimizar sus inevitables impactos socio-económicos sobre una población mundial que rozará los 10 mil millones de personas en 2050 según los cálculos de la ONU.

Para que España y la Unión Europea cumplan con sus objetivos de garantizar la rentabilidad, la sostenibilidad y la seguridad del sistema alimentario frente a las inseguridades geopolíticas, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, sus dirigentes y responsables políticos deben ser capaces de dialogar con todos, de escuchar a profesionales, y de apoyarse en la ciencia en su conjunto, como lo hace el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y no solo en unas pocas publicaciones marginales que corroboran sus prejuicios y posiciones ideológicas. El progresismo debe buscar el desarrollo de la sociedad, asegurar la asequibilidad y la calidad de los bienes de primera necesidad que son los productos alimenticios, mejorar las infraestructuras, la formación y el acceso de todos los territorios a todas las tecnologías y recursos, siendo consciente de las limitaciones físicas, restricciones naturales, y reglas político-socio-económicas que le rodean. Lo contrario sería retroceder; sería anti-progresismo.

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