
En base al acuerdo de coalición que ha venido sosteniendo la mayoría parlamentaria y el gobierno, se está impulsando la participación de los trabajadores en la empresa. Sin embargo, las confederaciones empresariales se niegan a participar en el diálogo. Hay muchas razones a favor de un incremento en la democracia industrial, y a ellas se añade la que deriva del desarrollo de la Inteligencia Artificial. Esta tecnología suele manejar grandes volúmenes de información; por ello, el control y posesión de datos determina en buena parte el funcionamiento del tejido productivo, la sociedad de consumo y los medios de información. Es necesario que las fuerzas de izquierda aumenten la presión para conseguir unas cotas razonables de democracia industrial

Hay una parte del acuerdo de coalición de gobierno de la presente legislatura que conviene no olvidar. En su apartado segundo, con el título Más y mejores empleos, con más derechos y mejores salarios, se recoge literalmente que “en línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas”. Con este mandato, el Ministerio de Trabajo y Economía Social encargó a un grupo de expertos con 13 especialistas del Derecho, sociólogos y economistas dirigido por Isabelle Ferreras, un informe para analizar y proponer medidas que mejoren la participación de las personas trabajadoras en las empresas desde un refuerzo de la democracia en el trabajo.
Este informe fue presentado el pasado 12 de marzo a la mesa del Diálogo Social, donde participan habitualmente los sindicatos más representativos, CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME. A esta reunión, sorprendentemente o no, las organizaciones empresariales decidieron no asistir, hecho inédito en los años que me alcanza la memoria, donde no recuerdo se hubiera producido la ausencia deliberada de ninguno de los agentes sociales a una mesa del diálogo social en nuestro país. Un gesto que indica el nivel de resistencia del mundo empresarial español para abrir las puertas a la democracia y participación articulada de las personas trabajadoras en las empresas. La democracia la siguen queriendo a las puertas de las empresas, como ya dijo en su momento Marcelino Camacho.
Más allá de estos hechos concretos, hay que profundizar en los conceptos de democracia en la empresa y la conveniencia de reforzar en un contexto como el que estamos viviendo, a diferentes niveles, desde lo global a lo más concreto. Que la IA ha venido a cambiar el paradigma de la relación con el trabajo es una obviedad, pero no solo del trabajo. Diríamos que la IA ha venido a cambiar la civilización tal y como la conocemos. Tras la publicación de la encíclica papal de León XIV Magnifica Humanitas hay un rico debate sobre los efectos de la actual gobernanza del uso de los datos con aplicación de la IA, a través de la fuerte crítica que el Papa describe en su encíclica a la concentración de poder de la plutocracia tecnológica y sus efectos en la gobernanza de estados y naciones de especial relevancia en la esfera global, provocando una cronificación de desigualdades crecientes y conflictos bélicos que deshumanizan las relaciones entre países, sociedades y economías a lo largo y ancho del planeta.
Las transiciones estratégicas a las que el mundo de hoy se enfrenta: transición ecológica-energética, transición digital y IA y transición demográfica, son un reto de época que seguramente abra un nuevo tiempo a la civilización, tal y como la conocemos hoy. Pero “el elefante hay que comérselo a cachitos” para que no se nos indigeste. El principal problema de la transformación disruptiva que provocan las transiciones mencionadas, es la velocidad a la que se está produciendo. Hoy los avances tecnológicos o la emergencia climática apremian a una sociedad todavía no plenamente consciente de los resultados que van a producir estos cambios. Por eso el gobierno de los tiempos es fundamental, y este solo es posible si el marco regulatorio ordena, prioriza y temporaliza la implementación de los cambios que se están produciendo, cambiando la inercia hasta ahora, que permite que aquellos que han acumulado el control de los datos determinen los criterios de eficiencia para optimizar los márgenes de su poder plenipotenciario de la economía, la democracia y la sociedad.
Para disputar el control democrático de estos datos, debemos actuar desde diferentes frentes. No solo el político lo conseguirá. Tampoco el comunicativo, hoy día fagocitado por plataformas digitales que son dirigidas por el capital de las grandes tecnológicas, tanto medios digitales como tradicionales. Los señores de la guerra gobiernan países y la comunicación.
Es momento de presentar batalla, reforzando el papel de la sociedad civil, del bien común, de la solidaridad y el voluntariado, de la militancia y la comunidad. Es imprescindible reactivar el tejido social. Algunas experiencias de éxito se están produciendo y debemos ganar hegemonía social y cultural para hacer frente al reto de cambiar de manos el control de los datos.
Los datos hoy determinan el funcionamiento de la sociedad de consumo, del tejido productivo, del modelo financiero y económico, del mundo del trabajo y los medios de información.
Por eso es imprescindible regular, reforzar el tejido social y ganar el espacio de la democracia económica, un concepto muy amplio que va más allá de la democracia en la empresa, pero como decía, paso a paso y espacio a espacio.
En el marco de la democracia económica, evidentemente juega un papel determinante la democracia en la empresa. Y aquí hay que romper algunas barreras culturales avaladas por un modelo capitalista que se rige por el principio de la propiedad para verticalizar el gobierno de las empresas bajo el viejo principio de quien arriesga su patrimonio, su propiedad, tiene derecho a decidir cómo organiza su riesgo, su empresa.
Digo un viejo principio porque atiende a un modelo de capitalismo lineal, fordista del siglo XX. Hoy el modelo capitalista ha mutado, se ha plataformizado, digitalizado y migrado de la economía lineal a una economía cada vez más circular, donde la sostenibilidad va ganando terreno a los modelos productivos.
Hoy no está tan claro que el empresario arriesgue su patrimonio. Si convenimos que el dato es una de las fuentes principales para el desarrollo de la economía del siglo XXI, éste, no es de su propiedad. El dato es de la ciudadanía, personal y colectivamente. El dato ha sido un bien del que se han apropiado unos pocos por falta de gobernanza de los tiempos de implementación de los cambios, por tanto, por falta de regulación. Hecho que no supone una situación que no sea reversible o revisable en todo caso.
Si regulamos para mejorar la gobernanza democrática del uso del dato, debemos abrir la puerta a la participación de las personas trabajadoras en el conocimiento, la organización del trabajo, las decisiones estratégicas de las empresas y el capital de la empresa, como propietarios de los datos en nuestra condición de ciudadano o ciudadana y persona trabajadora.
Desde esta premisa, debemos afrontar el cambio de regulación de la norma laboral y yo diría, mercantil, en relación a la democracia en el trabajo. Por eso es imprescindible que el legislador incentive el diálogo social, que las organizaciones empresariales salgan de su marco caducado y vuelvan a la mesa y que las propuestas garanticen una mejor y mayor participación de la fuerza laboral en la vida de las empresas.
En nuestra opinión, para garantizarlo se hace necesario impulsar el carácter activo de la información y consulta para que ésta no sólo se produzca a petición de la representación de las personas trabajadoras. Debe garantizarse la participación en el diseño de la organización de las funciones y procesos de trabajo y garantizar la participación en los órganos de toma de decisiones en la empresa.
Reforzar el papel organizado de las personas trabajadoras ampliando el universo de representación a los millones de personas que hoy no tienen derecho a representación por trabajar en empresas de menos de 6 personas, y reforzar la capacidad legal de los sindicatos en la representación en las empresas. Las personas trabajadoras deben participar de manera articulada para cumplir con una función democrática, la de la solidaridad de clase y la lucha contra el dumping empresarial para hacer efectiva su participación.
Hablar hoy de democracia en el trabajo es hablar de democracia en mayúsculas, y dar respuesta a las grandes transformaciones de época. Es corregir un déficit histórico y es dar un paso más hacia la justicia social.