
La negativa del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aceptar que España gaste el 5 % de su PIB en defensa, dentro de la OTAN (con la implicación de que dedique gran parte de esa aportación a la compra de armamento norteamericano) contrasta con una aceptación, al menos verbal, de casi todos lo demás socios. Hay razones poderosas en pro de la postura española. Nuestro país mantiene la voluntad de hacer un gasto militar eficaz, sin necesidad de comprometer la preservación y desarrollo de su modelo social, invirtiendo y comprando de manera preferente en su propia industria. Y asimismo favoreciendo la diplomacia preventiva y el multilateralismo para construir un marco paneuropeo de seguridad compartida, y manteniendo la alianza con Estados Unidos

A raíz de la negativa del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aceptar que el país gaste el 5 % de su PIB en defensa, no dejamos de leer casi a diario informaciones y juicios sobre los pros y los contras de aquella decisión y de esta cifra, en muchas ocasiones a raíz de declaraciones espontáneas o inducidas de Donald Trump calificando a España de socio cicatero e insolidario con el resto de los aliados de la OTAN.
Ello nos proporciona una buena oportunidad para reflexionar sobre qué seguridad y defensa necesitamos como europeos y españoles en un mundo envuelto en una carrera de armamentos acelerada, que se extiende incluso a unas armas nucleares que, aunque deberían haber desaparecido por completo hace décadas, siguen amenazando la supervivencia de la humanidad.
No cabe duda de que la invasión rusa de Ucrania ha representado un punto de inflexión en el discurso y en las decisiones sobre seguridad y defensa. A partir de ese momento, la existencia de un conflicto armado abierto en suelo europeo ha llevado a la Unión Europea y casi todos sus Estados miembro (que en su gran mayoría también lo son de la OTAN) a implicarse en un fuerte incremento de los gastos militares para, por un lado, suministrar armas a Kiev y sustituirlas en sus arsenales, y por otro, hacer frente a una posible agresión de Moscú.
De forma que la UE, nacida y desarrollada con la vocación de ser un poder civil relevante en el mundo, comprometido con la prevención de los conflictos, el mantenimiento de la paz y la gestión de las crisis ha empezado a mutar en una potencia clásica que asume la necesidad de dotarse de una capacidad de defensa militar.
Lo que le hace coincidir con el objetivo de los Estados Unidos de afirmar o recuperar su hegemonía estratégica global como superpotencia contando como aliada con una Europa que acepta de buen grado pagar buena parte de la factura de la nueva carrera de armamentos, empezando por comprarlos a Washington. Todo ello en el marco teórico de un enfrentamiento creciente con China y con Rusia.
Como dijo un participante en la segunda edición del World in Progress Forum celebrado recientemente en Barcelona, Joseph Nye falleció y se llevó con él su concepto de poder blando, que floreció inmediatamente después del fin de la Guerra Fría y hoy está bastante marchito.
En ese marco, la decisión de gastar en defensa el 5 % del PIB de los miembros de la OTAN se ha convertido en una exigencia, que la Cumbre de La Haya ha ratificado. Sin embargo, conviene hacerse algunas preguntas y formular algunas respuestas sobre tal cifra, especialmente por lo que implica para la UE y sus Estados miembro.
La primera: ¿más gasto militar es igual a más seguridad y defensa? Es innegable que la disuasión es una manera de evitar agresiones y que para ejercerla es necesario contar con los instrumentos suficientes frente a quienes han demostrado su agresividad y falta de respeto del derecho internacional, como es el caso de Rusia en Ucrania. Pero debe quedar claro el punto en el que tal suficiencia se alcanza, y nadie es capaz de demostrar objetivamente que sea el 5 % del PIB.
La segunda: ¿debe desplazar la disuasión armada a la diplomacia preventiva? Decía Federico Mayor Zaragoza que, frente al clásico “si vis pacem, para bellum”, debería oponerse un nuevo “si vis pacem, para verbum”. Lo que implicaría otorgar a la diplomacia un papel preventivo y práctico preponderante; afirmar la función central de las Naciones Unidas; comprometerse con el respeto del derecho internacional, sin dobles varas de medir; y promover un multilateralismo cooperativo.
La tercera: ¿debemos asumir que la seguridad solo tiene una declinación militar, lo que nos llevaría a si no hay otra alternativa al armamentismo? La seguridad de un país debe ser integral. Lo que significa contemplar sus vertientes interna y externa, adjetivándola de humana en el más amplio sentido del término: democracia, estado de derecho, estado del bienestar, justicia social, igualdad de género, no discriminación, calidad ambiental… y defensa, por supuesto, pero como una parte más de la seguridad.
La cuarta: ¿es la seguridad un concepto de suma cero? Evidentemente, no, porque de serlo estaríamos creando una situación en la que quien se sintiera perdedor desearía siempre invertir su papel, lo que generaría inseguridad y una tensión que desembocaría en el conflicto y la necesidad de prepararse para el mismo con más armamentos. De ahí que sea imprescindible recuperar el concepto y el objetivo de la seguridad compartida, más aún en el 50 aniversario del Acta Final de Helsinki, sobre todo en Europa: es imprescindible construir un marco de seguridad paneuropea desde el Atlántico a los Urales, como se decía en otros tiempos, que impida nuevas guerras como la de Ucrania.
La quinta: ¿por qué el gasto en defensa debe ser acumulativo, y la seguridad directamente proporcional a su aumento? Las propuestas de la Comisión Europea siempre se basan en ambas hipótesis, pero equivocadamente. Gastar cientos de miles de millones en términos nacionales —más allá de algunas iniciativas conjuntas entre países— es tan ineficaz como innecesario. Si se hiciera de manera integrada, fijando objetivos, prioridades y proyectos comunes, no solo se conseguiría una mayor capacidad disuasiva, sino que se podría gastar menos de las enormes cifras actuales. Empezar la casa por el tejado (gastar) sin hacerlo planificadamente es absurdo, porque se privilegia sumar cuando podría conseguirse más con menos gracias al efecto multiplicador de lo comunitario.
La sexta: ¿hasta qué punto las decisiones de la Comisión Europea y del Consejo se olvidan del Tratado de la UE? Lo hacen porque contemplan casi únicamente decisiones y gastos nacionales que se suman aritméticamente, pero no el cumplimiento de artículo 42 del Tratado: “La política común de seguridad y defensa incluirá la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión. Ésta conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europeo lo haya decidido por unanimidad. En este caso, el Consejo Europeo recomendará a los Estados miembros que adopten una decisión en este sentido de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”.
La séptima: ¿por qué comprar armas a los Estados Unidos cuando tendría que aplicarse la preferencia europea? Porque somos tributarios de una dinámica de fuerte dependencia de décadas y no contamos con una industria de defensa europea integrada en base a proyectos compartidos y planificados. Es hora de ponerse manos a la obra para tenerla, pero sobre la base de nuestras verdaderas necesidades en el campo de la seguridad y la defensa. No olvidemos nunca que el complejo industrial-militar norteamericano tiene su propia hoja de ruta.
La octava: ¿hasta qué punto se puede poner en peligro la seguridad integral de un país europeo dedicando el 5 % de su PIB al gasto militar sin debilitar un estado del bienestar que, junto con la democracia, forma el binomio en el que se basa el contrato social que nos ha convertido en el espacio más desarrollado del Planeta? Puede negarse tres o mil veces, pero dedicar esa cifra terminará mermando la calidad de vida de la ciudadanía, vía aumento de impuestos o recortes sociales, lo que nos hará más inseguros.
La novena: ¿por qué los Estados Unidos no gastan el 5 % que exigen a los demás? No pueden ni lo necesitan con el nivel militar que han alcanzado. Pero sí buscan que lo hagan los demás, tanto por razones estratégicas como industriales. Si lo pensamos bien, de llevarse a cabo ese gasto lo que aumentaría no sería la seguridad de los países europeos, sino su dependencia: comprarían armas y sistemas a la industria norteamericana, encargada de su mantenimiento y actualización durante décadas. Así que quien saldría perjudicada sería la industria europea, que vería comprometido su desarrollo futuro.
La décima: ¿de verdad puede afirmarse que ha llegado la hora de que los europeos se hagan cargo de su propia seguridad frente a Rusia y otras amenazas, pagando la factura correspondiente, que hasta la fecha era asumida por los Estados Unidos? Hacerlo sería tanto como olvidar algunas cuestiones relevantes, entre ellas, que durante la Guerra Fría el teatro de operaciones era Europa, en cuyo territorio se alojan bases militares norteamericanas de enorme relevancia o que buena parte del armamento de los ejércitos europeos se han adquirido siempre a la industria norteamericana.
La UE, como fuerza de paz y poder civil global relevante, necesita una defensa europea que cuente con todos los medios para presentar una sólida capacidad disuasoria frente amenazas como la Rusia de Putin u otras de todo tipo y origen, gastando para ello lo suficiente, sin comprometer la preservación y desarrollo de su modelo social, invirtiendo y comprando de manera preferente en su propia industria, favoreciendo la diplomacia preventiva y el multilateralismo para construir un marco paneuropeo de seguridad compartida, fortaleciendo el pilar europeo de la OTAN y manteniendo una alianza en pie de igualdad con los Estados Unidos.
Se trata, pues, de construir una seguridad y una defensa europeas y europeístas, en las que el famoso 5 % es innecesario.