ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 67, septiembre – noviembre 2026

DEMOCRACIA EN EL TRABAJO

La democracia en España presenta una laguna importante, y es la subordinación pasiva de los trabajadores en las empresas. Es decir, la ausencia de cauces de participación. Sin embargo, recientemente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en desarrollo de los imperativos del artículo 129.2 de la Constitución Española, ha presentado el Informe de una Comisión Internacional de Expertos sobre la Democracia en el Trabajo. Este documento propone medidas importantes y razonables para hacer posible la participación, e incluso el acceso a una pequeña proporción de la propiedad en el caso de grandes empresas. Esas medidas han recibido la negativa por pare de la CEOE. Por tanto, los sindicatos están situados ante un desafío importante para su actividad

Después de la II Guerra Mundial, algunos países europeos se conjuraron para defender la democracia (España se incorporó más tarde, a finales de la década de los setenta del siglo pasado). Sin embargo, la democracia, salvo algunas experiencias notables en Alemania y los países nórdicos, no entró en los centros de trabajo. Mientras la ciudadanía, mediante el voto, ha venido participando en el ejercicio de la democracia, en los centros de trabajo sigue predominando sin control un poder vertical y autoritario, cuando menos desde la revolución industrial.

En España, al margen del proyecto de Ley sobre el Control Obrero que presentó Francisco Largo Caballero en el Parlamento de la II República (que finalmente no fue aprobado), no fue posible, por razones obvias, abordar este problema en plena dictadura franquista. Superar esta anomalía democrática es el fundamento del Informe de la Comisión Internacional de Expertos sobre la Democracia en el Trabajo presentado en febrero de 2026 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que contempla una profunda transformación estructural para que los trabajadores dejen de ser meros empleados y pasen a ser considerados con plenos derechos de voz, voto y propiedad.

Este extenso documento, coordinado por la presidenta de la comisión, Isabelle Ferreras, tiene como objetivo fundamental desplegar el olvidado mandato del artículo 129.2 de la Constitución Española, el cual exige a los poderes públicos: “promover la participación en las empresas y facilitar el acceso a la propiedad de los medios de producción. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

En la presentación del informe, la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz manifestó, en representación del Gobierno, que “una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de sus ciudadanos. Si queremos una democracia fuerte, no podemos conformarnos con una democracia a medias. Es hora de que la democracia entre en nuestros centros de trabajo. Es hora de democratizar las empresas y la economía».

En coherencia con esa voluntad política, los expertos señalan que una empresa en la actualidad no puede funcionar al margen de los valores democráticos, cuando millones de trabajadores están sometidos a decisiones sobre las que no tienen voz ni voto. Lo más relevante del informe es su forma de analizar y entender el trabajo. Frente a la visión creciente, que reduce al trabajador a un coste o recurso productivo, la comisión propone reconocerlo como un “inversor de trabajo”. No debemos olvidar que mientras el accionista aporta capital financiero, el trabajador invierte tiempo, salud y conocimiento. Esa inversión vital sin retorno y, desde luego, mucho menos recuperable que el capital, debería traducirse, cuando menos, en derechos políticos de participación dentro de los centros de trabajo.

Sobre esta base, el informe realiza un diagnóstico muy crítico de la situación actual y traza el camino para corregir lo que califica como una anomalía en la actualidad en comparación con el entorno europeo. Califica de «muy tímido» el nivel actual de participación y acceso a la voz de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales. Identifica la ausencia casi total de mecanismos reguladores para que los asalariados accedan a la propiedad de los medios de producción. Defiende que las empresas no deben gestionarse únicamente bajo el criterio de los accionistas, sino bajo una arquitectura democrática que integre de igual forma a quienes aportan su fuerza de trabajo. Incluso, utiliza el ejemplo de la economía social y el modelo del Grupo Cooperativo Mondragón para demostrar que la gobernanza democrática protege el empleo, frena las deslocalizaciones, mitiga la pérdida de las pymes por falta de relevo generacional, mejora la competitividad y la innovación, y reduce la desigualdad social.

Para revertir este escenario, el comité de expertos propone herramientas prácticas y cuotas de representación obligatorias. La principal propuesta del informe es la implantación de la codecisión a través de la presencia de los trabajadores en los consejos de administración. En empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores, se propone que un tercio de los miembros del consejo de administración esté reservado para ellos. En empresas de más de 1.000 trabajadores la representación de la plantilla deberá ascender hasta la mitad de los miembros del consejo.

Propone el establecimiento de un derecho de acceso a la propiedad corporativa de entre el 2% y el 10% en el caso de las grandes corporaciones. Otorga también a los comités de empresa el derecho a la codecisión en la implantación y despliegue de herramientas de inteligencia artificial para evitar sesgos o sustituciones desreguladas. Plantea crear un indicador oficial para evaluar y premiar, a través de beneficios fiscales o contractuales, a las empresas que alcancen estándares elevados de democracia en los centros de trabajo. Así mismo propone crear fondos ciudadanos de sucesión para que los trabajadores puedan asumir la propiedad de empresas viables que se encuentren en crisis únicamente por falta de relevo generacional. En definitiva, este informe aspira a servir de documento base de trabajo en la mesa del diálogo social entre sindicatos y patronales para negociar, entre otros asuntos, la primera y futura legislación con capacidad para garantizar la democracia en los centros de trabajo.

Este proyecto no será nada fácil llevarlo a la práctica dada la relación de fuerzas en el Parlamento actual y, sobre todo, la negativa de los empresarios a dialogar sobre este asunto. La CEOE ya ha manifestado que, para ellos, la democracia en los centros trabajo representa una línea roja que no están dispuestos a traspasar. Ante esta actitud, los sindicatos deben reflexionar a fondo sobre su capacidad de movilizar a los trabajadores (hacer músculo en las empresas) ante un asunto de esta naturaleza, dando por hecho que tienen otras preocupaciones más urgentes: el empleo, los salarios, la precariedad de nuestro mercado de trabajo, la vivienda y la mejora de los servicios públicos, entre otras reivindicaciones.

De la misma manera, los sindicatos deben responder a preguntas que son imprescindibles. ¿Participar de qué manera y dónde? ¿Para qué? ¿Qué responsabilidades deben asumir los consejeros obreros en relación con los resultados de la empresa? ¿Qué misión específica tendrán en los consejos de administración? ¿Cómo hacer compatible el trabajo en dichos consejos con la acción sindical que desarrollan las secciones sindicales y los comités de empresa? Si no se responden a estas y otras preguntas elementales aparecerán contradicciones y discrepancias de primer nivel entre los intereses de las empresas y de los trabajadores.

Otra observación que se debe tener en cuenta, dada su importancia para hacer efectiva la democratización, es que los sindicatos más representativos deben desarrollar un programa común, Para ello deberán desarrollar un marco conceptual y un proyecto político para no convertirse en meros cooperantes de la mejora de los resultados de la empresa. Por otra parte, la democracia en los centros de trabajo encuentra pleno sentido si hay un proyecto político global para el país. En coherencia con ello, no podemos olvidar una contradicción insalvable: la empresa busca mejorar su cuenta de resultados, mientras que los trabajadores representan, para muchos empresarios, solamente un coste para las empresas.

Finalmente, para alcanzar la democracia en los centros de trabajo, los sindicatos deberían también tener en cuenta las experiencias de participación de los trabajadores en las sociedades anónimas laborales, las cooperativas, así como la realidad existente en esta materia en los 18 países de la Unión Europea (UE) que practican algún tipo de codecisión en los centros de trabajo en la actualidad (sobre todo en los consejos de administración y en los consejos de vigilancia). En este sentido, es relevante poner de manifiesto que España se encuentra a la cola de los países de la UE en esta materia y que, por lo tanto, ésta debe ser una referencia obligada que justifica la imperiosa necesidad de armonizar la participación de los trabajadores en los centros de trabajo en el conjunto de la UE. Por eso, y una vez más, la UE puede ayudar considerablemente a establecer en España la democracia en el trabajo.