ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 67, septiembre – noviembre 2026
ECONOMÍA DIGITAL Y DEMOCRACIA ECONÓMICA
La Economía Digital está generando un aumento importante de la desigualdad, a favor de los dueños de las grandes empresas. Esos magnates no solo acumulan grandes rentas y patrimonio, sino un gran poder, que desborda sus propias empresas para afectar al conjunto de la sociedad. La Democracia Económica es deseable como conquista de una mayor justicia social, pero es que además la participación de los trabajadores en la empresa se ha revelado como positiva para la innovación y la productividad. Es necesario impulsarla para reducir la incertidumbre que procede de la voluntad de unos pocos. Se trata de reconstruir un nuevo contrato social para el siglo XXI en el que los trabajadores puedan recuperar el poder de negociación perdido durante el “invierno neoliberal”, y en el que la incorporación de las nuevas tecnologías, la digitalización y la IA, sean definidas por el conjunto de la sociedad
El surgimiento de la nueva Economía Digital está generando un aumento exponencial de las desigualdades globales, una nueva distribución del valor generado en el conjunto de la actividad económica. Los dueños de las principales empresas de la Economía Digital están apropiándose de la mayor parte de la riqueza generada en un proceso que está gobernado por ellos, en detrimento de los trabajadores, de los ciudadanos en general, e incluso de los accionistas de otras empresas. La capitalización de las grandes compañías tecnológicas (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla) conocidas como los Siete Magníficos, es de 22 billones $, superando ampliamente al PIB conjunto de Alemania, Japón, Reino Unido, India y Francia.
Desde algunos ámbitos se ha intentado justificar históricamente esta situación con el argumento de que todos los procesos de innovación productiva disruptiva suponen un inicial incremento de la desigualdad, lo que se conoce como la “pausa de Engels”, que luego se iría corrigiendo.
La “pausa de Engels” fue el retraso que se produjo, durante la Primera Revolución Industrial, desde que se empezó a originar una fuerte acumulación del capital por la maquinización de muchos procesos productivos, hasta que los beneficios de esos cambios productivos llegaron a los trabajadores. Un periodo que, según el historiador Robert C. Allen, duró unas cinco décadas, entre 1790 y 1840.
No obstante, esta justificación ignora, muy conscientemente, que los procesos sociales se producen de forma paralela, y muchas veces inducidos, por las transformaciones productivo-tecnológicas: fue la capacidad de organización y lucha del movimiento obrero durante el siglo XIX, en un contexto absolutamente desfavorable, lo que permitió un reparto más justo de los fuertes incrementos de productividad que se empezaron a generar a finales del siglo XVIII.
Es muy desconocido el hecho de que la Revolución Industrial en el Reino Unido se produjera de forma paralela a un proceso de creciente indefensión de los trabajadores. En 1799 y 1800 se aprobaron las Combination Acts que, en defensa de la libertad de empresa, declararon ilegales a las organizaciones gremiales de trabajadores. El Reino Unido siguió los pasos de la francesa Ley Le Chapelier de 1791, aprobada en pleno fervor revolucionario, que bajo el principio de la libertad de empresa prohibió las asociaciones de trabajadores. En su artículo 2 la ley francesa establecía que: “Los ciudadanos del mismo oficio o profesión, empresarios, comerciantes, artesanos, obreros de cualquier rama no pueden, cuando están juntos, nombrar presidente, secretario o síndico, llevar registros, promulgar estatutos u ordenanzas ni tomar decisiones, ni imponer normas en su interés común”. Afortunadamente la pujanza del movimiento obrero inglés forzó que las Combination Acts fueran derogadas en 1824, mientras que la Ley Le Chapelier permaneció vigente en Francia hasta 1864.
Por tanto, la “pausa de Engels” no fue el resultado determinista de los cambios tecnológicos y productivos de la Revolución Industrial, sino de cómo estos se aplicaron en un contexto político de creciente desprotección de los trabajadores y de ilegalización de las organizaciones que defendían sus derechos.
Del mismo modo, en la actualidad la principal causa del creciente incremento de la desigualdad en los países desarrollados no proviene de la innovación disruptiva vinculada a la Economía Digital, sino de cómo esta se está implementado en las empresas y en la sociedad, en un marco institucional neoliberal desregulador, que ha fomentado la conformación de muchos mercados de productos digitales como monopolios y oligopolios, concentrando el capital de esa 
nueva Economía Digital en muy pocas grandes empresas. Así como de las políticas laborales, iniciadas en los años ochenta por los gobiernos conservadores de EE.UU. y el Reino Unido, cuya finalidad era debilitar los sindicatos. Las causas del deterioro de las condiciones de vida de millones de trabajadores, por tanto, no son principalmente tecnológicas, sino políticas.
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL
Sin embargo, lo que nos dice la historia económica del último siglo es que donde se ha logrado un mayor crecimiento económico ha sido en aquellos lugares y épocas donde el poder de negociación de los trabajadores fue mayor, ya que, como consecuencia de ello, la riqueza se distribuyó de forma más equitativa, los salarios tuvieron un mayor peso en la economía, hubo un mayor incremento de la reinversión productiva de los beneficios y, por tanto, se creó más empleo y de más calidad.
Por eso, en las complejas, desarrolladas y democráticas sociedades del siglo XXI, resulta inaceptable que el proceso de transformación tecnológico sea dirigido unilateralmente por estos nuevos señores tecno-feudales. En el “manifiesto de Palantir”, que ha sido catalogado como tecnofascista, algunos de los principales líderes empresariales de la Economía Digital han mostrado explícitamente que ese es su objetivo, para el que no dudaran en utilizar métodos autoritarios de dirección de las empresas propios del siglo XIX, con los enormes costes y conflictos sociales que ello generó hace dos siglos.
Esto solo podría conducirnos a un fuerte deterioro de expectativas y certidumbres para la mayoría de la sociedad, incluida gran parte de la clase media y, consecuentemente, a una fuerte erosión de la propia noción de progreso económico y social como un elemento estructural de la psicología colectiva de nuestra sociedad. La Gran Incertidumbre que pende actualmente sobre el futuro laboral de millones de jóvenes trabajadores en los países desarrollados se ha convertido en el nuevo Infierno moderno, sobre el que se están desatando los miedos de una sociedad fragmentada. Para millones de jóvenes trabajadores, un sistema que cada vez les ofrece peores trabajos y salarios, así como una menor protección social, supone que la Distopía está desplazando a la Utopía, y está haciendo aflora un malestar profundo que puede suponer una profunda deslegitimación global del sistema, y de la democracia misma. Un escenario de “No Future” que podría reconfigurar la sociedad hacía un modelo despiadado, privatizador e individualista.
ECONOMÍAS DIRIGIDAS POR LA INNOVACIÓN Y DEMOCRACIA ECONÓMICA
Además, resulta evidente que en unas “economías dirigidas por la innovación”, también desde la perspectiva de la propia eficiencia económica y no solo por razones de equidad social, está plenamente justificado otorgar un mayor poder de decisión a los trabajadores. En estos países las transformaciones productivas y la extensión del sector servicios han hecho que el talento haya adquirido un mayor protagonismo en el mercado de trabajo, y los trabajadores son los primeros interesados en maximizar su capital humano.
Esto es lo que ha sucedido en los países nórdicos, particularmente en Suecia y Dinamarca, y en Alemania, donde se observa una profunda correlación entre la elevada productividad alcanzada a escala nacional, la existencia de amplios derechos laborales reconocidos a los trabajadores y un amplio desarrollo legislativo de mecanismos participación de los trabajadores en la empresa. Según el World Economic Forum (WEF), la estrecha cooperación entre trabajadores y empresarios que ha sido desarrollada durante décadas en estos países ha permitido una sustancial mejora del capital organizacional de las empresas, una elevada correlación entre salarios y productividad, así como numerosos éxitos tecnológicos que les han colocado entre los más competitivos del mundo.
Según los datos de la OCDE para 2023 la productividad (PIB por hora trabajada en $) de estos países es de las más elevadas – Dinamarca (99 $), Alemania (94 $) y Suecia (89 $)- muy por encima de la media de los países de la OCDE. Mientras que España se caracteriza por una productividad notablemente inferior (73,5 $), un sistema de relaciones laborales mucho más jerarquizado, y un nulo desarrollo legislativo de la participación de los trabajadores en las empresas privadas.
El desarrollo de la Democracia Económica es imprescindible para evitar el mencionado escenario de Gran Incertidumbre, impulsando la reconstrucción de un nuevo contrato social para el siglo XXI en el que los trabajadores puedan recuperar el poder de negociación perdido durante el “invierno neoliberal”, y en el que la incorporación de las nuevas tecnologías, la digitalización y la IA, sean definidas por el conjunto de la sociedad.
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