ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 67, septiembre – noviembre 2026
CEUTA, AL-ÁNDALUS Y LA CARGA DE LA MEMORIA IMPERIAL
Las reivindicaciones territoriales de unos países hacia otros, suelen estar influidas por ciertas concepciones sobre la identidad esencial de ambos. A su vez, esa identidad a menudo está considerada desde una perspectiva histórica, en especial cuando la potencia que reivindica ha dominado un en un pasado glorioso a la que es objeto de reivindicación. Tal parece suceder a Marruecos respecto Al-Andalus, a propósito de Ceuta, o a los musulmanes indios al recordar el dominio mogol en el pasado. Sin embargo, una memoria democrática madura debe reconocer la historia sin que los conflictos del pasado se conviertan en fronteras morales entre los ciudadanos del presente
Cuando decenas de miles de migrantes cruzaron desde Marruecos hasta Ceuta, desbordando a las autoridades españolas y reabriendo el debate europeo sobre inmigración y soberanía, una crisis aparentemente contemporánea adquirió casi de inmediato el lenguaje del pasado.
¿Es Ceuta un vestigio colonial? ¿Una ciudad española como cualquier otra? ¿O revela la larga sombra de al-Ándalus? Políticos y redes sociales recurrieron enseguida a la Reconquista, la convivencia y el Califato Omeya. Esa facilidad para invocar la Edad Media revela algo más importante que la propia crisis: las democracias modernas rara vez discuten solo sobre un territorio; discuten sobre la memoria. Ciudades, monumentos y fronteras se convierten en superficies donde las sociedades proyectan preguntas irresueltas sobre identidad y pertenencia. El conflicto no enfrenta únicamente a España y Marruecos, sino distintas maneras de recordar imperios desaparecidos hace siglos.
España no es una excepción. La India lleva más de una década debatiendo, con un patrón casi idéntico, sobre el Sultanato de Delhi y el Imperio mogol. Cambian los nombres —Babur en vez de Abd al-Rahman III, Aurangzeb en vez de Almanzor—, pero el mecanismo intelectual se repite: el pasado islámico queda reducido a dos mitologías igualmente insuficientes. Una recuerda solo la conquista y la dominación extranjera. La otra, movida por el legítimo deseo de combatir la islamofobia, disuelve el imperio en arquitectura, poesía y gastronomía: la Alhambra o el Taj Mahal pasan a funcionar como pruebas de tolerancia, como si el mármol pudiera sustituir a la fiscalidad, el reclutamiento militar o la conquista. El resultado no es una historia más equilibrada, sino un mito sustituyendo a otro. Ambas posturas confunden cultura con poder, e imperio con identidad. El verdadero desafío —para España y para la India— no es elegir entre nostalgia y resentimiento, sino alcanzar una madurez histórica: admirar un legado cultural sin absolver el poder que lo produjo, y reconocer la conquista sin convertir ese reconocimiento en prejuicio contra quienes viven siglos después.
EL IMPERIO ANTES DEL MITO
La memoria contemporánea suele empezar por la Alhambra; la realidad medieval empezó por el ejército. Al-Ándalus fue, antes que esplendor arquitectónico o convivencia, un Estado imperial que imponía su autoridad sobre un territorio recién conquistado y extraordinariamente diverso. Como cualquier gran imperio, descansó en su capacidad para monopolizar la violencia, recaudar impuestos y defender fronteras. La guerra no interrumpió la civilización andalusí: fue una de las instituciones que la hicieron posible.
Tras la conquista de 711 y la rapidísima expansión que siguió, el verdadero desafío fue gobernar. En 756, Abd al-Rahman I fundó en Córdoba un emirato independiente, y desde entonces los gobernantes andalusíes enfrentaron un doble problema militar: contener a los reinos cristianos del norte, pero sobre todo combatir dentro de sus propias fronteras. Contra la imagen romántica de una confrontación permanente entre islam y cristiandad, la principal preocupación de Córdoba durante los siglos VIII y IX fueron sus propias guerras civiles: fronteras rebeldes, tensiones entre árabes y bereberes, descontento de los muladíes. La gran fitna de finales del siglo IX, encabezada por Umar ibn Hafsún desde Bobastro, mostró que la cohesión del Estado dependía de la capacidad permanente de proyectar fuerza militar, no solo de una identidad religiosa compartida.
El reinado de Abd al-Rahman III fue, ante todo, una reconstrucción militar del Estado: casi veinte años de campañas para reincorporar regiones rebeldes, culminadas con la conquista de Bobastro en 928 y la proclamación del Califato de Córdoba en 929, que convirtió el éxito militar en la base misma de la legitimidad política. Bajo Almanzor, esa relación entre guerra y legitimidad alcanzó su máxima expresión: las célebres aceifas de verano contra Barcelona, León o Santiago respondían menos al fervor religioso que a una lógica fiscal, obteniendo botín y tributos que alimentaban la hacienda y el poder personal del caudillo. Pero la misma maquinaria que sostuvo el califato lo debilitó: al sustituir las aristocracias árabes por mercenarios bereberes leales a la paga y no a la dinastía, Almanzor alteró el equilibrio político que sostenía el Estado. Tras su muerte en 1002, el edificio se resquebrajó y el califato desapareció en 1031, fragmentado en los reinos de taifas.
LA MAQUINARIA DE LA GUERRA
La fragmentación no redujo la importancia de la guerra, la hizo más decisiva. Las taifas, débiles militarmente, recurrieron al pago de tributos —las parias— para sobrevivir. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, sirvió indistintamente a príncipes musulmanes y cristianos, prueba de que la frontera medieval estuvo lejos de un enfrentamiento religioso lineal. Almorávides y almohades restauraron temporalmente la unidad, pero la derrota de Las Navas de Tolosa en 1212 redujo la presencia andalusí al Reino nazarí de Granada. Durante más de siete siglos cambiaron las dinastías, pero una constante permaneció: la autoridad política dependía de la capacidad militar, sostenida por una administración de enorme complejidad.
Esa arquitectura institucional suele desaparecer de las imágenes idealizadas. El jund —descendientes de los contingentes sirios— recibía tierras a cambio de servicio armado; otros contingentes se reclutaban temporalmente mediante la istinfar, y quienes evitaban la leva pagaban un impuesto específico. Junto a ellos, tropas profesionales de orígenes sorprendentemente diversos —esclavos manumitidos, bereberes, incluso caballería cristiana— servían a gobernantes musulmanes. Tanto almorávides como almohades recurrieron habitualmente a mercenarios cristianos, valorando su disciplina por encima de cualquier consideración confesional: los Estados medievales fueron mucho más pragmáticos que las narraciones identitarias construidas siglos después.
La mayoría de las operaciones militares no fueron grandes batallas campales, sino incursiones rápidas, asedios prolongados y devastación económica: quemar cosechas, capturar rebaños, destruir infraestructuras. La guerra funcionaba como instrumento de competencia fiscal. Sostener esa maquinaria exigía un esfuerzo administrativo inmenso, y hasta la brillantez cultural de Córdoba, sus bibliotecas y su filosofía, solo puede comprenderse dentro de ese marco político que la hizo posible.
EL IMPERIO NO ES UNA IDENTIDAD
El mismo error condiciona hoy los debates indios sobre su pasado turco-persa: el poder político se transforma en arquitectura, la conquista se diluye en gastronomía. El nacionalismo hindú condensa casi ocho siglos de dominio en una única historia de ocupación y humillación, convirtiendo la expansión de Estados medievales en una acusación implícita contra los musulmanes indios actuales. Pero buena parte de la intelectualidad liberal reproduce la confusión en sentido inverso, relegando la conquista y la fiscalidad imperial a un segundo plano y disolviendo el imperio en la categoría amable de «civilización» para protegerlo de la controversia. El resultado refuerza justo lo que pretende combatir: si el Imperio mogol se presenta como constitutivo de la dignidad de los musulmanes indios, cuestionarlo se interpreta como agresión a la comunidad.
Esa identificación carece de fundamento histórico y resulta políticamente perjudicial. Los musulmanes indios no deben su ciudadanía a Babur o Aurangzeb, igual que los cristianos indios no la deben al Raj británico: la deben a la Constitución. Separar cultura y poder no disminuye ese legado; lo libera de una carga que nunca debió soportar. España enfrenta la misma tentación: los musulmanes españoles de hoy, en su mayoría producto de migraciones recientes, no son responsables de la conquista omeya ni de las campañas de Almanzor. Confundir esas trayectorias convierte la historia política en identidad hereditaria, y ninguna democracia puede sostener esa confusión sin transformar el desacuerdo histórico en desconfianza cívica. Los imperios son instituciones políticas, no identidades colectivas: recaudan impuestos, reclutan ejércitos, patrocinan cultura y ejercen coerción, todo a la vez. Sostener ambas verdades es donde comienza la madurez histórica.
MADUREZ HISTÓRICA
La historia apenas ofrece ejemplos donde admirar un legado artístico exija suspender el juicio sobre el poder que lo produjo. Roma legó derecho y acueductos sin que ello absuelva sus guerras de conquista; el Imperio británico dejó instituciones y ferrocarriles sin compensar la explotación colonial. Ese criterio debe aplicarse igual a la Mezquita de Córdoba, la Alhambra o la arquitectura mogola: reconocer que surgieron de estructuras sostenidas por la fiscalidad y la desigualdad de poder no reduce su belleza, la devuelve a su contexto real.
Esta memoria selectiva no es exclusiva de España o la India: Francia con Argelia, el Reino Unido con su Imperio, Estados Unidos con la esclavitud, Turquía con el legado otomano, atraviesan dilemas semejantes. Lo que distingue a las democracias maduras no es la ausencia de conflicto historiográfico, sino impedir que la interpretación del pasado se convierta en prueba moral para los ciudadanos presentes. Los descendientes de quienes vivieron bajo un imperio no heredan automáticamente sus culpas ni sus méritos; esa ruptura entre historia y ciudadanía es una conquista fundamental del Estado democrático.
La verdadera madurez exige distinguir entre poder y cultura, entre religión e imperio, entre la memoria de Estados desaparecidos y los derechos de quienes viven hoy como ciudadanos iguales. Una sociedad capaz de admirar la Alhambra sin convertir el Califato omeya en nostalgia política, o de celebrar la poesía en urdu sin justificar el Imperio mogol, no renuncia a su historia: empieza a comprenderla mejor. La alternativa es una oscilación estéril entre resentimiento e idealización, donde los monumentos dejan de ser patrimonio para volverse armas simbólicas.
Ni España ni la India discuten solo sobre su pasado medieval, sino sobre cómo asumirlo sin quedar prisioneras de él. La respuesta no está en el olvido ni en la veneración, sino en una memoria honesta que reconozca que los imperios produjeron, a la vez, algunas de las expresiones culturales más extraordinarias de la historia humana y algunas de las formas de dominación más duraderas. Aceptar ambas realidades no es equidistancia moral: es la condición para que la ciudadanía democrática deje de descansar sobre herencias imperiales y se funde, por fin, en una comprensión compartida del pasado. Las democracias no se fortalecen amando su historia ni odiándola. Se fortalecen cuando aprenden, sencillamente, a conocerla.
