ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 67, septiembre – noviembre 2026
CEUTA EN LA ENCRUCIJADA: HUMANIDAD, INSEGURIDAD Y ABANDONO INSTITUCIONAL
La inmigración exige respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, pero también asegurar la tranquilidad de la población residente. Eso incluye un refuerzo inmediato de Policía Nacional y Guardia Civil, mecanismos de identificación, recursos humanitarios, lugares previstos para emergencias, procedimientos ágiles de traslado, y una buena interlocución diplomática con Marruecos. La reacción del Gobierno ha sido insatisfactoria
«La migración no es ni positiva ni negativa en sí misma, sino algo que siempre ha formado parte de lo que somos como humanos»
Hein de Haas
La inmigración adquiere en Ceuta una dimensión difícilmente comparable con la de otros territorios españoles. Sus diecinueve kilómetros cuadrados y su condición de frontera entre España y Marruecos y, por extensión, entre la Unión Europea y África, hacen que cualquier movimiento migratorio extraordinario tenga consecuencias inmediatas.
La crisis iniciada los días 30 y 31 de julio de 2026 volvió a demostrar esta vulnerabilidad. Miles de personas consiguieron entrar desde Marruecos, desbordando los recursos disponibles y provocando una situación que, un mes después, continúa sin estar plenamente resuelta. Analizarla exige evitar dos simplificaciones: considerar al inmigrante una amenaza por el mero hecho de serlo o negar las consecuencias que una entrada masiva puede producir sobre un territorio tan reducido.
MIEDO, INSEGURIDAD Y DIGNIDAD
Conviene distinguir entre miedo e inseguridad. El miedo es una percepción subjetiva ante una situación considerada amenazante; la inseguridad debería relacionarse con circunstancias objetivas y verificables. Expresar preocupación ante una llegada extraordinaria de personas no convierte automáticamente a los ciudadanos en xenófobos.
Resulta oportuna la reflexión del papa Francisco, cuya defensa de los inmigrantes fue conocida. Reconoció que «el temor es legítimo, también porque falta preparación para este encuentro», aunque advirtió del peligro de permitir que ese temor derive en intolerancia.
Comprender el miedo de una población no significa justificar el rechazo indiscriminado al inmigrante. Del mismo modo, defender la dignidad de quien llega tampoco obliga a ignorar los problemas derivados de una entrada masiva.
António Guterres, durante su etapa como Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, defendió que seguridad y protección no son principios incompatibles. Un Estado democrático tiene derecho a controlar sus fronteras y aplicar su legislación, pero debe hacerlo respetando los derechos fundamentales, protegiendo a los menores y garantizando el derecho de asilo. No se trata de elegir entre humanidad o seguridad, sino de garantizar ambas.
UNA CIUDAD FRONTERA MARCADA POR LA DESIGUALDAD
Para comprender la presión migratoria sobre Ceuta resulta imprescindible observar qué existe a ambos lados de su frontera. En apenas unos metros se pasa de Marruecos a España, pero también entre realidades económicas y sociales profundamente diferentes.
Según el INE, el PIB por habitante de Ceuta alcanzó los 23.228 euros en 2024. El Banco Mundial situó ese mismo año el PIB por habitante de Marruecos en 4.153 dólares. Las cifras no son directamente equivalentes y tampoco existe una estadística municipal homogénea para comparar exactamente Ceuta con la vecina Fnideq (Castillejos), pero muestran un importante desnivel económico.
La desigualdad tampoco se limita a los ingresos. A un lado existe un Estado del bienestar europeo, con servicios sanitarios y educativos públicos y mayores oportunidades laborales; al otro, una sociedad más joven, con salarios inferiores y dificultades de empleo.
La frontera se convierte así en una «frontera de expectativas». Para muchos jóvenes marroquíes y subsaharianos cruzarla significa acceder a posibilidades económicas y sociales radicalmente diferentes.
El periodista Ignacio Cembrero ha utilizado una expresión gráfica al afirmar que muchos jóvenes marroquíes están «votando con los pies». Su voluntad de emigrar constituye también una manifestación del descontento ante unas condiciones que consideran incapaces de proporcionarles las oportunidades que buscan.
Mientras persistan diferencias económicas y de expectativas tan grandes, existirá un poderoso incentivo para cruzar la frontera. Una valla puede dificultar las entradas irregulares, pero no elimina sus causas.
Existe además una dimensión geopolítica. España necesita la colaboración de Marruecos para controlar eficazmente esta frontera. Cembrero ha señalado que «España tiene dependencia de Marruecos […] en materia de inmigración», aunque considera que la dependencia marroquí respecto de España y de la Unión Europea es todavía mayor.
Ceuta constituye así un punto de contacto entre Europa y África y entre expectativas de futuro profundamente desiguales.
Esta singularidad fronteriza ha llevado a Rafael Ángel Jiménez Gámez a una formulación especialmente contundente: «La política migratoria europea se sitúa al margen de la legalidad por lo que Ceuta y Melilla se convierten en territorios “limbo”». La expresión refleja hasta qué punto ambas ciudades ocupan una posición excepcional dentro de la política migratoria europea.
LA DIFÍCIL ENCRUCIJADA DE LAS ONG
La crisis ha colocado a las organizaciones humanitarias ceutíes ante una situación difícil. Entidades como DIGMUN y otras asociaciones llevan años defendiendo la dignidad de los inmigrantes y prestando asistencia a colectivos vulnerables.
Pero una llegada extraordinaria plantea una cuestión inevitable: ¿qué ocurre cuando una emergencia inicialmente temporal se prolonga y miles de personas permanecen en una ciudad sin capacidad para acogerlas indefinidamente?
Organizaciones como Luna Blanca llegaron a preparar miles de raciones de comida y reclamaron ayuda logística ante unos recursos desbordados. Sin embargo, entre organizaciones ceutíes dedicadas a la ayuda humanitaria también ha aparecido la convicción de que «permanecer en Ceuta no es solución».
Ahí reside su encrucijada. Defender los derechos humanos y proporcionar asistencia no significa necesariamente sostener que toda persona que haya entrado irregularmente deba permanecer en España. Tampoco reclamar una solución para quienes permanecen en las calles supone abandonar los principios humanitarios.
Las ONG pueden ayudar y proteger la dignidad de las personas, pero no sustituir al Estado. No les corresponde controlar una frontera internacional, resolver solicitudes de asilo, organizar retornos ni decidir quién puede permanecer legalmente en España.
DEL ABANDONO A LOS «PALOS DE CIEGO»
La sensación de abandono existente en una parte importante de la sociedad ceutí no procede únicamente de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio. Se ha intensificado por la respuesta posterior del Gobierno.
Desde las primeras jornadas se han sucedido decisiones provisionales, anuncios y rectificaciones respecto de los lugares destinados al alojamiento. Encontrar instalaciones para miles de personas en diecinueve kilómetros cuadrados constituye una dificultad objetiva, pero la sucesión de emplazamientos planteados y descartados ha transmitido la impresión de actuar mediante «palos de ciego», afrontando cada problema cuando aparecía en lugar de ejecutar un plan establecido.
También generaron expectativas las declaraciones sobre los retornos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró el 11 de agosto que «hasta la última persona» que hubiera entrado irregularmente regresaría a Marruecos. Sin embargo, la legislación española y europea exige garantías individuales: existen menores, posibles solicitantes de protección internacional y situaciones que impiden una devolución colectiva automática. Además, cualquier retorno depende de la colaboración de Marruecos.
Resulta legítimo preguntarse si era prudente prometer una solución cuya ejecución presentaba desde el principio dificultades jurídicas y diplomáticas evidentes.
LAS CONTRADICCIONES DENTRO DEL GOBIERNO
Especialmente preocupante ha resultado la controversia acerca de las advertencias previas del Centro Nacional de Inteligencia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene que el CNI alertó el 29 de julio de movimientos que podían desembocar en una entrada masiva. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido que no recibió una advertencia que permitiera anticipar un acontecimiento de aquella magnitud.
La cuestión no es menor. Si el CNI advirtió, debe explicarse por qué no se adoptaron medidas preventivas suficientes; si esa advertencia no existió en esos términos, debe aclararse por qué existen versiones contradictorias dentro del Gobierno.
A ello se añaden los mensajes sobre la recuperación de la normalidad. Pero la normalidad no puede establecerse mediante una declaración institucional: debe medirse por lo que sucede en las calles.
Un mes después continúan problemas de alojamiento y retorno, mientras una parte de la ciudadanía sigue movilizándose. Estas protestas no deberían interpretarse automáticamente como rechazo a los inmigrantes. También existen ciudadanos que reclaman algo elemental: recuperar la tranquilidad y obtener del Estado una respuesta eficaz.
UNA RESPONSABILIDAD FUNDAMENTALMENTE ESTATAL
¿Cómo es posible que una frontera cuya vulnerabilidad se conoce desde hace décadas no dispusiera de mecanismos suficientes para responder inmediatamente?
Después de las crisis de 2005 y 2021 y de otros episodios posteriores, una nueva presión migratoria podía ser imprevisible en su fecha y dimensiones, pero difícilmente inimaginable.
Ceuta necesita protocolos permanentes: refuerzo inmediato de Policía Nacional y Guardia Civil, mecanismos de identificación, recursos humanitarios, lugares previstos para emergencias, procedimientos ágiles de traslado y retorno cuando legalmente procedan y una interlocución diplomática inmediata con Marruecos.
No sería riguroso responsabilizar colectivamente a los inmigrantes de la inseguridad. Cualquier relación entre inmigración y delincuencia debe demostrarse con datos. Pero tampoco puede negarse que mantener durante semanas a miles de personas sin alojamiento estable, recursos suficientes o perspectivas claras puede deteriorar la convivencia. Evitarlo es responsabilidad de los poderes públicos.
CONCLUSIÓN
Ceuta constituye uno de los lugares donde mejor se observa la complejidad del fenómeno migratorio. En pocos kilómetros confluyen desigualdad económica, aspiraciones personales, derechos humanos, seguridad fronteriza, intereses diplomáticos y los derechos de una población que también merece ser escuchada.
Defender la dignidad del inmigrante y el derecho de los ceutíes a vivir con seguridad no son objetivos incompatibles. La xenofobia debe rechazarse, pero también la idea de que cualquier preocupación ciudadana ante una entrada masiva sea necesariamente xenófoba.
Transcurrido un mes, la cuestión ya no consiste solamente en preguntarse qué ocurrió el 30 de julio, sino qué ha hecho el Estado desde entonces. Las dificultades con los alojamientos, las expectativas frustradas sobre los retornos, las contradicciones respecto de las advertencias del CNI y la continuidad de las protestas justifican una crítica severa a la gestión gubernamental.
El miedo inicial corre así el riesgo de transformarse en algo más grave: inseguridad institucional, entendida como la pérdida de confianza de los ciudadanos en la capacidad de las administraciones para responder ante una emergencia.
Ceuta puede y debe ser solidaria, pero no puede asumir sola las consecuencias de un fenómeno internacional que supera sus posibilidades. La inmigración exige humanidad, legalidad y seguridad, pero también previsión, coordinación y responsabilidad política.
Porque, en último término, la normalidad no se proclama desde Madrid: la normalidad llegará cuando vuelva a sentirse en las calles de Ceuta.
