ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 61, abril-mayo 2025

EL S.M.I. Y LA JUSTICIA FISCAL

El incremento del Salario Mínimo es un avance desde el punto de vista social. Sin embargo, con ocasión de la última subida se ha discutido dentro del propio Gobierno la conveniencia de excluir el SMI de la tributación. La elevación del mínimo exento para excluir las rentas más bajas incidiría poco en la recaudación total si se abordasen los numerosos defectos que lastran la suficiencia y la equidad de nuestro sistema tributario. Por tanto, parece conveniente repasar esas insuficiencias e injusticias, y posteriormente las soluciones que parecen más convenientes

El salario mínimo interprofesional (SMI) ha contribuido de manera muy relevante —con un incremento del 61% entre los años 2018 y 2025— a la reducción de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, y es, junto a las pensiones, el fundamento del llamado “escudo social” encaminado a proteger a los más vulnerables. Para el presente año, el Gobierno de coalición —de acuerdo con los sindicatos— ha aprobado un incremento del 4,4%, por lo tanto por encima de la inflación del pasado año (2,8%). El incremento sitúa el SMI en 16.576 euros brutos anuales (700 euros más que el pasado año), lo que equivale a 1.148 euros netos mensuales por 14 pagas y nos acerca al objetivo del 60% del salario medio de la UE, según se contempla en la Carta Social Europea

Se trata de un nuevo y sustancioso incremento que, sin embargo, ha suscitado fuertes críticas de la ministra de Trabajo, así como de Sumar, Podemos y de los propios sindicatos. Las críticas tienen relación directa con la decisión de la ministra de Hacienda de no elevar el mínimo exento para tributar, lo que obligaría a una parte de los perceptores (aproximadamente el 20%: más de medio millón de solteros sin hijos) a tributar por primera vez por el SMI. Al margen del problema de fondo, y de la falta de explicación y pedagogía de la ministra de Hacienda, todo indica que las formas no se han respetado en el interior del Gobierno, y que, como consecuencia, todos los ciudadanos hemos asistido en vivo y en directo a una confrontación dialéctica e incomprensible entre dos ministras, lo que ha ensombrecido una medida, sin lugar a dudas, positiva.

El Gobierno ha cometido un error inexplicable, y demostrado muy poca cintura política y escaso sentido de la oportunidad, sin prejuzgar lo que pueda ocurrir finalmente con este espinoso asunto. Por lo tanto, sería recomendable y muy popular que el Gobierno revise esta medida ante la evidencia de que ha fracasado (dialécticamente) explicando el relato, y de que esta decisión puede desestabilizar al Gobierno y tener un coste electoral demasiado elevado.

Lo manifestado hasta aquí no significa que se esté de acuerdo con bajar los impuestos y mucho menos con el desarme fiscal generalizado que propugnan “las derechas”. Precisamente, en España se necesita un sistema fiscal fuerte que garantice el llamado Estado de bienestar social, respete el principio de la progresividad fiscal (“que paguen más los que más tienen”) y se encamine hacia la armonización fiscal en el conjunto de la UE.

Debemos recordar que la política fiscal tiene una fuerte capacidad redistributiva; sin embargo, dicha política no ha participado suficientemente en la superación de las desigualdades. Las rentas del trabajo aportan al fisco más del doble que las rentas del capital y más de tres cuartas partes de la elusión y el fraude fiscal proceden del sector financiero, las empresas multinacionales y los grandes patrimonios (“los ricos no pagan impuestos”), según la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Efectivamente, la política llevada a cabo desde hace años se ha dirigido a aumentar la carga impositiva de la población dependiente de una nómina (clase media y asalariada), así como a reducir las prestaciones del Estado de bienestar (“Estado de mínimos”) respondiendo a una orientación claramente neoliberal que protege las rentas del capital financiero a costa de la socialización de sus pérdidas —si es necesario— y de empeorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas.

Dos grandes capítulos marcarán la bondad de nuestra política fiscal. El primero se refiere a la lucha contra el fraude fiscal, la corrupción, la evasión fiscal (paraísos fiscales) y la economía sumergida. El segundo debe emprender una reforma fiscal en profundidad encaminada a legislar con el propósito de incrementar nuestros ingresos y hacerlo de la manera más justa, eficiente y progresiva posible. Al margen de la decisión del Gobierno de aplicar nuevas figuras impositivas, sobre la base de las resoluciones que emanen de la UE, en un proceso, como señalábamos anteriormente, encaminado finalmente hacia la armonización fiscal en el seno de la UE.

En relación con el primer apartado debemos recordar que todavía nuestra presión fiscal se sitúa cuatro puntos por debajo de la media de la zona euro (52.000 millones de euros). En cuanto a la economía sumergida, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), estima que España soporta una elevada economía sumergida que, con cautela y según diversos estudios, se sitúa por encima del 15% del PIB, lo que resulta intolerable desde la eficacia económica y la justicia redistributiva.

Sin embargo, y a pesar de estas cifras, España invierte la mitad de los recursos que dedican los países de la UE y de la OCDE (contabilizados en términos medios) para perseguir delitos fiscales. En este sentido, en la AEAT un inspector tiene asignado controlar al doble de contribuyentes en comparación con los datos que ofrece la media de los países de la UE, con el agravante de que, hasta ahora, el trabajo de la Inspección Fiscal se ha venido dirigiendo más bien a perseguir a los pequeños contribuyentes (“el 75% de las actuaciones están centradas en deudas medias de 1.000 euros: “pescan sólo sardinas”), cuando más del 70% de la bolsa de fraude corresponde a las grandes empresas, así como a las grandes fortunas y rentas muy altas (“y se escapan los tiburones”).

En este sentido, es preciso mencionar que la ejemplaridad fiscal de los empresarios, que algunos suelen enfatizar, se encuentra por los suelos. En periodos de crisis el impuesto de sociedades es uno de los grandes culpables de la caída de los ingresos tributarios; pues su recaudación se reduce a un ritmo mayor que el de la actividad económica y que el del resto de las figuras impositivas. La ingeniería fiscal, siempre muy activa al servicio de la elusión de las grandes empresas y patrimonios, y en menor medida, pero también de las medianas, aprovecha y abusa de todas las posibilidades y subterfugios de todo tipo para reducir o eludir el pago de los impuestos. Por eso, el impuesto de sociedades tan sólo representa en torno al 8% del total de la recaudación fiscal. No obstante, para algunos resulta insuficiente y van aún más lejos, hasta incurrir directamente en fraude fiscal; de hecho, se estima que en España el 72% de este delito fiscal lo cometen las grandes empresas y fortunas. Incluso, otros buscan otra salida más para escapar de sus responsabilidades fiscales y se llevan ilegalmente el dinero y la actividad al exterior. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea evaluó el daño de la evasión fiscal para nuestra economía en 2022 en 140.000 millones de euros, el 10,6% del PIB de ese año.

Debemos recordar que, en España, el tipo impositivo del impuesto de sociedades se establece en el 30% para las grandes empresas que facturan más de 10 millones de euros y en el 25% para el resto. Sin embargo, el tipo efectivo se ha reducido en el entorno del 12%. En concreto y desglosado, el tipo efectivo declarado sobre el beneficio de los grandes grupos consolidados se situó en torno al 5% (últimos datos disponibles) —un porcentaje ridículo si lo comparamos con el 30% teórico—, lo que supone dividir por seis la carga fiscal de estas grandes empresas. En cambio, las empresas individuales tuvieron un tipo efectivo del 15%; esto es, pagan tres veces más que los grandes grupos empresariales.

No debe extrañar que, según el CIS, más del 83% de los ciudadanos piensen que los impuestos no se pagan con justicia y que, por lo tanto, los contribuyentes y empresas con mayores ingresos, patrimonio y beneficios no pagan lo que les corresponde. Además, el 90% de los ciudadanos piensan que los niveles de fraude son bastante o muy elevados, y casi el 60% consideran que los gobiernos hacen muy poco por evitarlo.

Como conclusión, la lucha contra el fraude y la economía sumergida es una imperiosa necesidad. Además, resulta sumamente rentable en términos económicos y sociales. Por ejemplo, en el año 2018, Hacienda ingresó 15.089 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal e incurrió en unos gastos de funcionamiento de 1.419 millones. Por lo tanto, recaudó 10,6 euros por cada euro invertido en combatir esta terrible lacra.

¿Qué hacer para combatir este gravísimo problema? De entrada, hay que mejorar especialmente la conciencia y la educación fiscal de los contribuyentes —particularmente de los más jóvenes a través de la enseñanza reglada— y situar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de nuestras prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, es necesario acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de prácticas o delitos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

En relación con el segundo apartado dedicado a emprender una reforma fiscal en profundidad deberíamos tener en cuenta la necesidad de potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52% y esta tendencia continúa. De la misma manera, los sindicatos proponen equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas; establecer un mínimo en el impuesto de sociedades; evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; estudiar en profundidad la composición del IVA; analizar críticamente la tributación de las SICAV, SOCIMI y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental, e impulsar un nuevo impuesto para las viviendas vacías en poder del sector financiero; además de mejorar definitivamente las políticas impositivas relacionadas con las transacciones bancarias, así como con las empresas energéticas y de comunicaciones, entre otras medidas relacionadas con los llamados “beneficios caídos del cielo”.

Esta pretendida reforma fiscal —que terminaría con una “política de parcheo”—, beneficiaría a la gran mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, será difícil de llevar a la práctica en estos momentos, dada la actual correlación de fuerzas y el fuerte rechazo que suscita en la derecha política y en las grandes empresas y patrimonios. A pesar de todo ello, la izquierda debe ser coherente con su historia y con la eficacia de las movilizaciones sociales que la han acompañado en defensa de los más débiles; por lo tanto, no debe renunciar a sus principios fundamentales e, incluso, a la utopía en los momentos convulsos que nos está tocando vivir (“otro mundo mejor es posible y necesario”). En definitiva, los principios de la izquierda deben ser claramente diferentes de los postulados de “las derechas”. Los ciudadanos deben notar que la actual mejora de la economía española afecta positivamente a sus intereses y, lo que es también muy relevante, nos ayuda a luchar eficazmente contra el populismo ultra que todo lo invade y destruye.

En todo caso, que no tributen a la AEAT una parte de los perceptores del SMI —los más débiles— es perfectamente compatible con una apuesta clara, rotunda y decidida por el incremento de los ingresos fiscales y el mantenimiento del Estado de bienestar social, en coherencia con el camino emprendido por las fuerzas progresistas hacia la superación de las profundas desigualdades sociales y la lucha conta la extrema concentración de la riqueza.