ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 66, junio – agosto 2026
CONCENTRACIÓN DE PODER Y RACIALIZACIÓN: APUNTES PARA UNA LECTURA CRÍTICA DEL PRESENTE
La creciente concentración de poder en las sociedades contemporáneas no puede entenderse como un proceso neutro; de hecho, se encuentra profundamente entrelazada con jerarquías sociales históricas, entre las cuales la racialización ocupa un lugar central. Este artículo propone una reflexión crítica sobre cómo la acumulación de poder y la clasificación racial de las personas se coproducen mutuamente. A través de ejemplos como el mercado laboral en la campaña de la fresa o las políticas migratorias de frontera en España, se analiza cómo estas dinámicas se refuerzan y legitiman. Comprender esta interdependencia resulta clave para abordar de manera justa e interseccional la lucha contra la desigualdad y el racismo
En los debates contemporáneos sobre desigualdades sociales, una de las dimensiones analizadas más significativas es la de la creciente concentración de poder en determinadas minorías privilegiadas; por ejemplo, los denominados «superricos». Este proceso adopta múltiples formas que, en muchas ocasiones, se articulan conjuntamente: concentración de riqueza en grandes corporaciones, acumulación de influencia en élites políticas, control de flujos de información por parte de plataformas digitales, monopolización de la legitimidad cultural por grupos de interés, etcétera. Sin embargo, con frecuencia, estos análisis se presentan a la opinión pública como si se tratara de dinámicas neutras desde el punto de vista socio-cultural.
Nada más lejos de la realidad. Una lectura crítica de estos procesos muestra que la concentración de poder no es ajena a las jerarquías sociales existentes, sino que se encuentra profundamente imbricada con ellas. Entre estas jerarquías, ocupa un lugar central la racialización, esto es, el conjunto de procesos sociales mediante los cuales se asignan significados y jerarquías a las personas en función de categorías como blanco (ubicándose en la cúspide) y no-blanco (Bela-Lobedde, 2023).
En términos generales, hablar de concentración de poder implica referirse a la acumulación desigual de recursos materiales y simbólicos. No obstante, conviene subrayar que no toda desigualdad genera jerarquías estables. Para que esto ocurra, es necesario que las diferencias se naturalicen; es decir, se perciban como normales, inevitables, de sentido común. En términos de procesos de racialización, la blanquitud opera efectivamente como estándar normativo, como lo adecuado, lo legítimo, lo que no necesita explicación; complementariamente, los cuerpos racializados son construidos como desviación, como alteridad, como aquello que debe ser explicado, gestionado o, en última instancia, controlado (Bela-Lobedde, 2023).
Una tentación habitual en el análisis social consiste en preguntarse qué fenómeno es causa de cuál: ¿la concentración de poder genera racismo o es el racismo el que permite concentrar poder? Sin embargo, esta forma de plantear el problema resulta limitada. Entre las interpretaciones más destacadas, está la que apunta a la co-constitución o co-producción. Desde esta perspectiva, los procesos económicos, políticos y sociales no actúan de manera aislada, sino que se configuran mutuamente. Así, la racialización no sería simplemente una herramienta utilizada por las élites para mantener su posición, ni tampoco un fenómeno completamente autónomo. Más bien, se trataría de un proceso que se desarrolla en interacción con las dinámicas de acumulación de poder. Dicho de otro modo, la forma concreta que adopta la concentración de poder en una sociedad determinada está atravesada por categorías raciales, al tiempo que estas categorías se redefinen en función de las necesidades y transformaciones de dicha concentración (Robinson, 2021).
Uno de los ámbitos donde esta co-producción resulta más visible es el mercado laboral. En el caso español, sectores como la agricultura intensiva, el cuidado a personas adultas mayores, el trabajo doméstico en hogares ajenos, o determinados nichos de la hostelería, concentran una alta proporción de personas racializadas, mayoritariamente mujeres y en situaciones de privación socioeconómica. Esta distribución no es casual. Responde en gran medida a la producción institucional de categorías jurídicas —como la irregularidad administrativa establecida unilateralmente por el país de destino— que limitan las posibilidades de estas personas en el mercado de trabajo. Un ejemplo paradigmático es el de las trabajadoras de origen marroquí contratadas para la campaña de la fresa en Huelva. A través de acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, miles de mujeres son seleccionadas cada año bajo criterios específicos (frecuentemente, ser madres con hijos a cargo), con el objetivo de garantizar su retorno una vez finalizada la campaña (Gualda, 2011). Paralelamente, estas condiciones son reinterpretadas socialmente en clave étnico-racial-cultural, atribuyendo a estas trabajadoras características como “docilidad” o “adaptabilidad”, que en realidad son efectos de su posición estructural subordinada. Nos encontramos, por tanto, ante un circuito en el que las condiciones económicas producen racialización, y la racialización legitima dichas condiciones. De este modo, este modelo no solo organiza la fuerza de trabajo, sino que contribuye a sostener formas específicas de acumulación económica basadas en la segmentación racializada del empleo.
Esta dinámica se hace especialmente evidente en el contexto de las políticas migratorias. España, como frontera sur de la Unión Europea, desempeña un papel central en la regulación de los flujos de personas procedentes de algunos países del continente africano. Las infraestructuras de control —vallas, sistemas de vigilancia, acuerdos con terceros estados— no solo buscan limitar la entrada, sino también regular las condiciones en las que esta se produce. Eventos como los saltos en la valla de Melilla o el aumento de llegadas a las Islas Canarias han sido presentados mediáticamente como “crisis migratorias”. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, estos episodios pueden interpretarse como momentos de visibilización de un régimen estructural de control de la movilidad.
Las dificultades para acceder a vías legales, la peligrosidad de las rutas o la amenaza constante de la deportación generan un contexto de alta vulnerabilidad, la cual sitúa a las personas migrantes en posiciones subordinadas y de privación dentro del mercado laboral europeo. Desde luego, la irregularidad no es una condición natural, sino una producción política que resulta funcional a determinados regímenes económicos. En este sentido, la frontera no solo excluye, sino que también produce trabajadores precarizados. Al mismo tiempo, evidenciando de nuevo que la relación es bidireccional, estos procesos contribuyen a reforzar una determinada imagen de la alteridad, la de cuerpos no blancos asociados a la ilegalidad, la amenaza o la precariedad (El-Tayeb, 2021).
La concentración de poder no se limita al ámbito económico. También se manifiesta en las instituciones políticas, culturales y educativas. Así, en España —como en otros contextos socioterritoriales— las posiciones de mayor responsabilidad siguen estando ocupadas mayoritariamente por personas blancas. Este hecho no puede explicarse únicamente en términos de mérito individual. Más bien, responde a un entramado institucional racista que favorece sistemáticamente a determinados grupos. En este contexto, el denominado “privilegio blanco” no es simplemente una ventaja individual, sino una forma de acumulación estructural de poder. Se trata de un conjunto de recursos —materiales y simbólicos— que facilitan el acceso a posiciones de influencia y que, al mismo tiempo, permanecen en gran medida invisibles para quienes los poseen (McIntosh, 1989).
No menos importante es la dimensión cultural de estos procesos. Los medios de comunicación, la producción artística o el sistema educativo desempeñan un papel clave en la construcción de imaginarios sociales. De esta forma, las personas racializadas son frecuentemente representadas como “inmigrantes”, independientemente de su lugar de nacimiento o de su trayectoria vital. Esta asociación refuerza su condición de alteridad permanentemente transitoria: las personas que han migrado (y sus hijos, y los hijos de sus hijos) son y serán siempre inmigrantes. En realidad, son los últimos en llegar en el contexto de movimientos migratorios que caracterizan la historia de los seres humanos. Por el contrario, la blanquitud se presenta como neutra, universal, desprovista de particularidad. Esta asimetría en la representación contribuye a legitimar la concentración de poder, al naturalizar la presencia de determinados grupos en posiciones centrales y la ausencia de otros.
A la luz de lo expuesto, resulta necesario abandonar las interpretaciones simplistas que reducen el racismo a una cuestión de actitudes individuales y/o morales (de buenas o malas personas), o que conciben la desigualdad económica como un fenómeno independiente de otras formas de jerarquía social. Las evidencias sugieren que la concentración de poder y la racialización de las personas forman parte de un mismo entramado de relaciones sociales. No se trata de procesos idénticos, pero sí profundamente interdependientes.
En un contexto marcado por el aumento de las desigualdades socioeconómicas y la intensificación de los discursos excluyentes, comprender la relación entre concentración de poder y racialización no es solo un ejercicio académico. Es, ante todo, una cuestión de justicia social. Si las jerarquías raciales profundamente desiguales contribuyen a legitimar y reproducir la acumulación de poder en determinados grupos (las personas blancas y/o blanqueadas), cualquier proyecto orientado a construir una sociedad más igualitaria debe necesariamente cuestionarlas. Del mismo modo, si la concentración de poder refuerza y estabiliza dichas jerarquías sociales, las políticas antirracistas no pueden limitarse al ámbito cultural o simbólico, sino que deben abordar también las estructuras económicas e institucionales. En definitiva, avanzar hacia una sociedad más justa implica reconocer que la lucha contra la desigualdad y contra el racismo no son agendas separadas, sino dimensiones co-producidas de un mismo proceso que deben ser abordadas de manera conjunta.
Referencias bibliográficas
Bela-Lobedde, D. (2023). Ponte a punto para el antirracismo. Ediciones B.
El-Tayeb, F. (2021). Racismo y resistencia en la Europa daltónica. La Vorágine.
Gualda, E. (2011). Migración circular en tiempos de crisis: mujeres de Europa del este y africanas en la agricultura de Huelva. Papers. Revista de Sociología, 97(3), 613-640.
McIntosh, P. (1989). White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack. Peace and Freedom Magazine, July/August, 10-12.
Robinson C. J. (2021). Marxismo negro. Traficantes de Sueños
