ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 61, abril-mayo 2025

UNA JUSTICIA CON INSUFICIENCIAS

En la gran mayoría de los procedimientos judiciales, los jueces y magistrados españoles demuestran una gran imparcialidad y espíritu de justicia. Sin embargo, cuando lo que se juzga implica a fuerzas políticas, a los grandes poderes económicos, a las creencias religiosas o cuando se tratan casos de corrupción en esferas militares y policiales, a veces surgen las sospechas de lawfare y falta de independencia, y los procedimientos irregulares

Argumentos Progresistas vuelve a poner sobre el tapete la situación de la Justicia en España. La primera vez fue en el nº 42, en el cual colaboraron notables juristas. Los cinco años transcurridos desde entonces han sido poco fructíferos para mejorar sustancialmente la Administración de la Justicia en nuestro país, aun a pesar del acelerón legislativo dado en lo que llevamos de año. A saber:

• La publicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sin duda que provocará un acortamiento temporal en los procedimientos judiciales, pero sus efectos exigen un largo tiempo de espera. Lo mismo ocurre con el anteproyecto de ley orgánica destinado a modernizar y ampliar las carreras judicial y fiscal, que para hacerse realidad ha de convencer a más de la mitad del Congreso de diputados, donde ya han anunciado su oposición y reticencias varios grupos parlamentarios imprescindibles para su aprobación. Todo parece indicar que la modificación del «cuarto turno» para facilitar el acceso de juristas con más de diez años de experiencia, con el fin de incrementar el número de profesionales en la judicatura y fiscalía, aún debe esperar un largo trecho temporal, además de sortear las múltiples zancadillas y juego no limpio del muy mayoritario sector conservador de la judicatura, que tampoco está por cambiar el método decimonónico de entrada en la carrera judicial: la repetición memorística de 329 temas sin titubear, recitándolos con seguridad y sin tropiezos. A este respecto conviene refrescar el sonrojante estudio del periodista Marcos Pinheiro en diario.es, que investigó y documentó las prácticas irregulares, por no decir ilegales, en la preparación de opositores a la carrera judicial y fiscal en España. Este estudio revela que numerosos jueces y fiscales en activo ofrecen servicios de preparación a aspirantes, cobrando entre 200 y 300 euros mensuales por alumno, frecuentemente en efectivo y sin factura.
• Pacto de Estado contra la Violencia de Género, logrado en febrero pasado con respaldo de todos los partidos políticos excepto Vox. Este acuerdo contempla 462 medidas dirigidas a reforzar la lucha contra diversas formas de violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia digital, económica y vicaria. El Gobierno acaba de anunciar un aumento del 50% en la plantilla de jueces especializados en los tribunales de violencia de género a la vez que extiende su competencia para abordar todos los delitos sexuales contra las mujeres, incluso aquellos fuera del ámbito de la pareja. Son cerca de 500.000 hombres condenados por violencia de género desde la implementación de la ley en 2005 hasta 2021 y el PP se atreve a salir a las calles reivindicando el apoyo a la mujer mientras no solo comparte y se apoya para gobernar en la ultraderecha negacionista y machista, sino que reivindica “el feminismo de verdad “, ese que excluye a todo pensamiento que no sea el suyo propio, o lanza memes como “8M en mi nombre no”. En conclusión, y más claramente ¿seguirá el PP negando la violencia de Genero?; porque no hay peor mentira que la media verdad y sobre todo cuando esta media no es más que propaganda.

¿Seguirá entonces el PP apoyándose en VOX, que niega la Violencia de Genero?

• Propuesta de ley para tipificar las terapias de conversión como delito, presentada por varias formaciones de la izquierda política; terapias consideradas inhumanas y discriminatorias por organismos internacionales, que sin duda los sectores conservadores del Congreso, de la judicatura o del mundo religioso consideran un atropello a la libertad y a la defensa de la “Ley Natural”.
• Reforma para limitar las acciones judiciales abusivas. El PSOE acaba de registrar una reforma legal para poner coto a las acciones judiciales abusivas basadas en bulos, recortes de periódicos, interpretaciones jurídicas interesadas por asociaciones que solo buscan la guerra bastarda de los tribunales contra los legítimos poderes del Estado, la instrumentalización de la justicia para pervertir la voluntad popular (lawfare). A este intento de reforma le esperan con los cuchillos bien afilados todos los sectores conservadores del ámbito político, judicial y asociativo.

Pero el mayor evento durante este último lustro ha sido el desbloqueo, diríamos que raquítico y muy relativo, del Consejo General del Poder Judicial en junio pasado, después de otros 5 vergonzosos años de bloqueo por parte del PP. Hoy sigue bloqueado por la falta de un mínimo de consenso en los nombramientos de jueces. Por el contrario, hemos asistido abochornados a la convocatoria de manifestaciones callejeras convocadas por jueces y magistrados con sus togas y puñetas a las puertas de los juzgados de muchas ciudades por estar en contra de un hipotético y non nato proyecto de ley de amnistía.

Nadie duda del buen hacer, de la imparcialidad, independencia y neutralidad de jueces y magistrados en la inmensa mayoría de los procedimientos judiciales. El problema está cuando lo que se juzga implica a fuerzas políticas, a los grandes poderes económicos, a las creencias religiosas o cuando se tratan casos de corrupción en esferas militares y policiales. Es entonces cuando las sospechas de lawfare y la falta de independencia política y económica, pueden aparecer con una frecuencia indeseada, pero siempre detestable.

Casos palmarios que podríamos citar serían, por ejemplo:

1. El caso Salvador Alba, un juez condenado, hoy en la cárcel, por prevaricación, cohecho y falsedad documental al intentar encausar a la jueza Victoria Rosel con la intención de destruirla políticamente por ser candidata a las elecciones generales por Podemos.
2. Juan José Escalonilla, juez de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid y que fue el juez instructor del caso Neurona iniciado en el 2020 y archivado en el 2024 por falta de indicios delictivos contra Podemos, acusado de recibir sobresueldos y reformas irregulares de la sede del partido. Tras más de tres largos años de pesquisas, todas las acusaciones fueron archivadas al no encontrarse indicios de delito. En octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo definitivo del caso, desestimando todos los recursos presentados por otras partes. ¿Hubo algún otro objetivo extrajudicial en este largo expediente donde Podemos quedó desprestigiado?
3. Manuel García-Castellón, protagonista de continuas controversias con gran alcance mediático, como por ejemplo con su intento, sin éxito, de imputar a Pablo Iglesias, fundador de Podemos y entonces vicepresidente del Gobierno, proceso archivado por el Tribunal Supremo por no encontrar indicios suficientes para proceder en su contra. También impulsó una investigación por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, la cual fue archivada posteriormente debido a un error procesal, poniendo en riesgo, no solo la estabilidad política, sino también la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso el pasado 30 de mayo.
4. Javier Gómez de Liaño (exmagistrado de la Audiencia Nacional), abogado de Federico Jiménez Losantos, periodista que impulsó la teoría de la conspiración desde la COPE. En enero pasado, expresó su preocupación por la proposición de ley que busca limitar la acción popular en procesos penales, calificándola de «trapicheo jurídico» destinada a debilitar el sistema judicial.
5. Resulta difícil no sorprenderse y sospechar falta de equilibrio psicológico cuando el juez Manuel Piñar Diaz, que fue titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, en las redes sociales publica literalmente sobre la actual Ministra de Sanidad “Lo más sorprendente de la urraca que almacena bonos sociales, mema, es que tenga un marido rico que la soporte con lo fea y desagradable que es” Y también te hace dudar de su imparcialidad cuando este mismo juez condenó a Juana Rivas a 5 años de risión y 6 años de inhabilitación para la patria potestad por sustracción de menores, sus hijos.
6. Es lógico que muchos ciudadanos dudemos de la ecuanimidad y equilibrio mental del juez Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid cuando en Twitter afirma “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en la Moncloa”.
7. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) absolvió a Baltasar Garzón el 13 de febrero de 2024, al considerar que su condena por prevaricación en el caso Gürtel vulneró su derecho a un juicio justo; y el Tribunal Supremo de España lo absolvió en la causa por investigar los crímenes del franquismo, al considerar que no había prevaricación y también fue exonerado en el caso sobre la financiación de sus cursos en EE. UU. La sentencia del TEDH llegó tarde, al haber cumplido ya la pena, y la ciudadanía española perdió un ejemplo de juez valiente y profesional.
8. Y por último, ya que podríamos llenar cientos y cientos de folios, y aunque nos avergüence su lectura, citaremos al juez Carlos Antonio Vegas, titular del Juzgado de lo Social número 1 en Barcelona, cuando se dirige al exvicepresidente Oriol Junqueras con esta chabacana y soez lindeza: “El catalán no se toca, pero a los niños catalanes los sobáis mientras se os pone morcillona”

Hoy también, Argumentos, con este nº 61 vuelve a insistir en la urgente necesidad de una sustancial reforma de la Justicia, y lo hacemos con la mirada del mundo académico, donde se vuelve a pincelar sobre la necesaria e imprescindible neutralidad e imparcialidad de los jueces, sobre el objetivo del Derecho Penal y su deseada reforma, sobre la elección del CGPJ, sobre el acceso a la carrera judicial. También nos preguntamos si los cuidados deben condicionar la herencia…etc.

En definitiva, Argumentos Progresistas vuelve a insistir en el análisis crítico y alternativo sobre la administración de la justicia en nuestro país, y de paso a recomendar una relectura del nº 42 de Argumentos, que salió a la luz hace ya casi 5 años.

Hoy también vemos con angustia y rabia como juristas de prestigio nacional e internacional, revistas especializadas y prensa diaria ponen de manifiesto la aparente falta de imparcialidad en las causas abiertas contra Begoña Gómez, David Sánchez Pérez-Castejón, y sobre todo el dislate de judicializar la filtración de un secreto que no era secreto, responsabilizando al Fiscal General, y con ello alterando el sistema judicial. Todo hace pensar en la intencionalidad política y mucho más teniendo en cuenta el repetido eslogan o mandato “El que pueda hacer que haga”

Hoy también Argumentos Progresistas quiere seguir creyendo en la justicia a pesar de las múltiples sospechas de falta de apariencia de imparcialidad o de indicios, según muchos juristas, expertos y medios de comunicación, de lawfare.