ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 62, junio-agosto 2025

UNA DEMOCRACIA ACOSADA POR LA DESINFORMACIÓN

Hay un autoritarismo, a menudo asociado a un ultraliberalismo, que emplea deliberadamente diversos medios, y sobre todo digitales, para manipular la información mediante la mentira, bulos y campañas organizadas en plataformas y redes sociales. La Unión Europea ha reaccionado estableciendo un Reglamento y un Código de Buenas Prácticas, pero esa normativa presenta insuficiencias importantes; por ello debería complementarse con alguna otra norma. También sería necesario crear alguna red social que asegure la veracidad en la información y evite actividades maliciosas. En ausencia de una norma comunitaria, debía desarrollarse la legislación nacional, lo cual en España parece difícil, dada la confrontación política con la Derecha

El ansia de poder de los regímenes autoritarios y del fenómeno ultraliberal trumpista, apoyado en la aristocracia digital, no tiene límites. Su estrategia se basa en la manipulación de la información gracias a su disponibilidad de las redes y las plataformas digitales.

La democracia, con sus principios, libertades y divisiones de poderes, no es eterna ni está garantizado que resista una estrategia de campañas de desinformación con el uso de la mentira como herramienta constante en la vida política. Sin olvidar que, también, los errores y vicios que arrastra el propio sistema, una responsabilidad imputable a los partidos “tradicionales”, nos han llevado a una situación de crisis de la democracia en medio de la desafección y desconfianza ciudadana.

Si no actuamos con un plan de regeneración del sistema representativo, a la vez que hacemos frente con políticas de inclusión a la marea ultra, pueden repetirse los peores episodios de la historia. No olvidemos que la defensa del sistema democrático costó millones de vidas y sacrificios el pasado siglo –“anteayer”– cuando las fuerzas totalitarias, desde el nazismo alemán al comunismo soviético, eliminaron la democracia en casi toda Europa. Para ello, controlando los medios de comunicación, utilizaron el terror, la mentira, la propaganda política y los bulos racistas.

La desinformación para desestabilizar las instituciones y los Estados democráticos con noticias falsas, bulos, discursos de odio y otros contenidos informativos ilícitos, discurren sin control por plataformas digitales y redes sociales. Estas son la fuente de información, sin garantía de rigor ni veracidad, de un número creciente de personas, especialmente de la gran mayoría de jóvenes.

Las redes sociales se han convertido en una amenaza para la democracia. Una situación que empeora tras las decisiones de X y Meta de restringir la moderación de contenidos y la no autorregulación de lo que difunden. Con ello, los gigantes tecnológicos demuestran que no van a cumplir la reciente regulación europea y que, por tanto, son necesarias sanciones ejemplares.

Ahora, el canal fundamental de la información es digital, como consecuencia de la revolución tecnológica y la pérdida de influencia y capacidad de intermediación de los medios clásicos de prensa, radio y tv. En una sociedad digital resulta más fácil crear confusión en la opinión pública mediante la mentira, los bulos y las campañas organizadas en las plataformas gracias a la aplicación del sesgo algorítmico y el uso de la inteligencia artificial.

Lo hemos visto con ocasión de la pandemia y las vacunas; en las elecciones de EEUU, Rumanía, Brasil, Alemania y otros países; durante la DANA en España con bulos promovidos por Rusia y la extrema derecha española sobre su origen y el número de fallecidos; la utilización de TikTok por China; el ensalzamiento de la dictadura franquista de 40 años; o con la campaña de Elon Musk en favor de la extrema derecha alemana.

Las corporaciones tecnológicas no promueven el acceso a una información veraz. Por ello, la Comisión Europea decidió regular su actividad para prevenir contenidos ilegales o peligrosos, así como para garantizar los derechos fundamentales de las personas. El Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como DSA) aprobado en 2022 por el Europarlamento, así como el Código de Buenas Prácticas contra la desinformación, los bulos y las fake news –una norma de autorregulación a seguir por las corporaciones– constituyen la normativa de regulación en el ámbito de la UE.

Con ese Reglamento se busca un control democrático sobre la actividad de plataformas digitales como Google, Instagram, X (antes Twitter), TikTok, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Zalando, Booking, YouTube, Dropbox, Telegram y Amazon. Ahora es posible que las autoridades nacionales y comunitarias procedan al envío de requerimientos cuando se observan contenidos ilícitos o falsedades de gravedad, con la imposición de multas por incumplimiento de obligaciones tras un procedimiento muy reglado.

Sin embargo, con ser un avance, la normativa europea resulta insuficiente, porque la DSA no establece la responsabilidad de las plataformas por los contenidos ilegales o peligrosos cuya difusión permiten y amplifican, ni contempla la obligación de aplicar filtros de ética digital para realizar una moderación de contenidos con un carácter preventivo.

En realidad, las grandes corporaciones del llamado capitalismo digital son remisas a la hora de atender las órdenes preventivas de autoridades de los Estados o de la Comisión Europea. Por tanto, aunque tengan un conocimiento efectivo previo que les debería llevar a eliminar contenidos ilícitos o suspender cuentas tóxicas que cometan infracciones en sus redes, no actúan o no lo hacen con la diligencia debida.

Para combatir la manipulación informativa y el uso de sesgos en los algoritmos, se deberán aplicar con rigor los Reglamentos y los criterios de la Comisión Europea, además de concretar aspectos claves como el de establecer cuándo nos encontramos ante supuestos de una desinformación ilegal, una tarea muy compleja.

La Comisión Europea y los expertos entienden que la desinformación es “una información verificable como falsa o engañosa que se crea para confundir deliberadamente a la población y puede causar un grave perjuicio público …”. Sin embargo, la definición más precisa de los supuestos en los que podría hablarse de desinformación ilegal no viene recogida ni en el Reglamento de “Servicios Digitales” ni en otro posterior sobre la “Libertad de los Medios de Comunicación”.

Por tanto, necesitamos una ley nacional que aclare, identifique y tipifique como ilegales aquellos casos de desinformación que reúnan una serie de requisitos. Esta tarea, en desarrollo de los Reglamentos de la UE, se deja en manos de los Estados miembros y requiere un consenso parlamentario amplio y plural en una materia muy resbaladiza, porque no toda desinformación puede considerarse ilegal. No lo sería en los casos de una información errónea, incompleta, burlesca o confusa. El resultado de regular la desinformación ilegal no puede impedir al ejercicio de la libertad de expresión –que tiene sus limitaciones– ni servir como excusa para practicar la censura política.

Un buen número de profesionales, expertos de la comunicación y juristas, opinan que no se debe legislar en materia de desinformación. Piensan que decidir qué es verdad y qué es desinformación supondría un juicio o censura inaceptable, atentatoria de la libertad de información y de expresión, dado que los gobiernos serían jueces y parte. Apuestan por la autorregulación de las propias plataformas aplicando un código de conducta, la profesionalidad y el pluralismo mediático, fortalecer los consejos deontológicos que fiscalicen el periodismo, libertad de información y opinión en las redes, y la alfabetización mediática o, dicho de otro modo, la formación educativa de la sociedad sobre el riesgo de las noticias falsas y la necesidad de contrastar las fuentes.

Considero que esas medidas resultan insuficientes y algunas ingenuas, habida cuenta del feroz comportamiento de las corporaciones tecnológicas, por lo que no suscitan confianza en su efectividad. Afrontar un problema político de magnitud, exige legislar. Y hacerlo con criterios claros en favor de la seguridad jurídica y sin afectar al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de los medios digitales, en los términos del artículo 20 de nuestra Constitución.

Estamos ante una tarea legislativa pendiente que corresponde al Gobierno y al Parlamento y que exigirá la búsqueda de un imprescindible consenso, que incluya a los partidos mayoritarios. ¿Será posible con este PP? Solo así se podrán identificar y tipificar los supuestos de contenidos a considerar como desinformación ilegal.

En concreto, se incluirían los supuestos de noticias verificadas como falsas, realizadas con una intencionalidad deliberada de engañar a la opinión pública y que recojan un contenido que afecte gravemente a la convivencia ciudadana en libertad, al resultado de procesos electorales, al funcionamiento de los servicios públicos esenciales en situaciones de emergencia, a los derechos fundamentales de las personas, a la salud y seguridad de la población o a la soberanía nacional. La nueva ley tendría que hacer especial referencia a las campañas de desinformación que provengan de cuentas tóxicas organizadas y automatizadas con empleo de bots que busquen desestabilizar las instituciones de la democracia y provocar graves alteraciones de la convivencia.

Una última consideración relacionada con lo anterior. La sociedad europea precisa un nuevo modelo de redes sociales, alternativo a las redes privadas mayoritarias, que aporte confianza a la sociedad, funcione con transparencia en sus procesos y sistemas de algoritmos y que no esté al servicio de las élites tecnológicas ni de fuerzas políticas o gobiernos.

La UE debiera garantizar el acceso ciudadano a una red social que actúe con criterios de responsabilidad ética y compromiso de cumplir las normas regulatorias, que tenga una vocación de servicio público y sea gratuita. Que ofrezca un diseño de software de código abierto accesible al público y descentralizado, sin manipulación de la información y con protocolos de transparencia. Es imprescindible que la red alternativa que pudiera promoverse desde la UE o bien trabajando en partenariado con alguna red existente (tipo Bluesky o Mastodon) asuma la responsabilidad de impedir contenidos ilegales o de gravedad y cumplir las regulaciones.