ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 63, septiembre-noviembre 2025

EL MUTUALISMO SANITARIO DE FUNCIONARIOS (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) Y LA SANIDAD PÚBLICA

Los funcionarios del Estado tienen un régimen especial de seguridad social (mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS); ellos y sus familias cuentan con una sanidad diferente al resto de la población. En ella pueden elegir entre sanidad privada o pública. El riguroso y demoledor informe de la AIReF ha demostrado recientemente lo que se sabía desde siempre: los casos graves terminan en la sanidad pública. Existiendo un SNS universal, la persistencia de estas mutualidades es un escándalo de desigualdad y privilegio indefendible en un país democrático. Son el único obstáculo político real para tener en España una ciudadanía sanitaria común e igual para todos. Además, las mutualidades causan un gran perjuicio a la sanidad pública por sostener una sanidad privada parasitaria, pero, sobre todo, por privar al SNS de atender a unos colectivos especialmente informados, influyentes y exigentes, restando con ello prioridad política a las reformas y dotación de recursos que tanto precisa la sanidad pública para mejorar

INTRODUCCIÓN

Los funcionarios del Estado tienen un régimen especial de seguridad social organizado en tres mutualidades: MUFACE (Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado), ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutua General Judicial). MUFACE e ISFAS fueron creadas en junio de 1975, unos meses antes de la muerte del dictador, y MUGEJU en 1978^[1]. La creación y mantenimiento de las mutualidades quiebra el principio de unidad de gestión de la Seguridad Social, mostrando la voluntad política de articular un régimen especial, insolidario y diferente al del resto de la población española. Desde el 1 de enero de 2011, las pensiones de los nuevos funcionarios son gestionadas por el INSS, por lo que en la actualidad las mutualidades gestionan únicamente una serie de prestaciones sociales y, sobre todo, el seguro sanitario público. Éste no es gestionado directamente por las mutualidades, está subcontratado con empresas de seguros médicos privados (Asisa, Adeslas, etc.), pero, alternativamente, los mutualistas pueden optar por la sanidad pública (INSS/SNS) de su Comunidad Autónoma. Pueden elegir entre todas las opciones dos veces al año (enero y mayo); la Tabla 1 muestra el número de mutualistas titulares y beneficiarios y los datos de su seguro público o privado en 2023.

Tabla 1

CRISIS EN LA NEGOCIACION DEL CONVENIO 2025-2027 DE MUFACE

El 31 de diciembre de 2024 terminaba el convenio 2021-2024 de MUFACE con las compañías de seguros médicos privados. Para el nuevo periodo 2025-2027, Adeslas, Asisa y DKV reclamaban al Gobierno una gran subida de la prima por persona (DKV un 40% y Adeslas un 34%). El Gobierno ofreció inicialmente un incremento del 17,12% en dos años, y las compañías echaron un duro pulso al Gobierno durante varias semanas, con un notable ruido político y mediático. Finalmente, tras dos licitaciones fallidas, las compañías Asisa y Adeslas consiguieron un incremento acumulado de la prima media ponderada del 41,2%, 4.808,5 millones, 1.276 millones más que el convenio anterior^[2].

La crisis dejó patente las diferencias entre los socios del Gobierno de Coalición respecto al mutualismo. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, responsable de MUFACE, de titularidad PSOE, apoyó en todo momento la continuidad del modelo mutualista, a pesar de la opinión contraria de sus cuadros sanitarios y del escandaloso chantaje de las aseguradoras, cuya arrogancia era toda una provocación a la ruptura. Por su parte, el Ministerio de Sanidad, de titularidad SUMAR, sin competencia alguna sobre el mutualismo, se mostró clara y decididamente a favor de integrar el mutualismo sanitario en la sanidad pública común de todos los españoles. En esta línea, publicó un informe^[3] que analizaba el impacto por CCAA de atender al millón de personas cubiertas por las aseguradoras privadas; mostraba factible su integración en el SNS y aportaba un plan de contingencia para ello, cuidando especialmente la situación de aquellas personas actualmente en tratamiento.

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS: LA SOCIEDAD SE ENTERA DE LA ‘ANOMALÍA SANITARIA MUTUALISTA’

La crisis provocada por las exigencias desmedidas de las aseguradoras para el convenio 2025-2027 dio lugar a un amplio debate público sobre el mutualismo sanitario^[4]. Por primera vez saltó a la opinión pública la existencia de la anomalía sanitaria de los funcionarios del Estado, injustificable en un país democrático con sanidad pública universal. La ‘coalición pro MUFACE’ de aseguradoras, sanidad privada, sindicatos de funcionarios y todo el ecosistema político del PP y Vox, lanzó una potente ofensiva alarmista, exageraciones y medias verdades, estigmatizando a la sanidad pública como una opción inferior. Por su parte, sectores progresistas y expertos, en sintonía con el Ministerio de Sanidad, proponían aprovechar la crisis provocada por las aseguradoras para integrar a los mutualistas de MUFACE en el SNS, avanzando por fin hacia una ciudadanía sanitaria universal e igual para todos.

EL ESPERADO, RIGUROSO Y DEMOLEDOR INFORME DE LA AIREF SOBRE EL MUTUALISMO

El 24 de marzo de 2025, la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) presentó su informe sobre el mutualismo administrativo^[5]. El informe de la AIREF es el primer estudio completo y riguroso existente del mutualismo. Basado en datos sobre su realidad, contó con información hasta ahora desconocida, con una encuesta a 16.000 mutualistas y con el análisis de más de 400 millones de microdatos anonimizados de actividad asistencial y hospitalaria, consumo farmacéutico, etc.

El informe confirma la sospecha de ‘selección de riesgos’ (desvío al SNS de los enfermos más graves): el 70% de los mutualistas con enfermedades graves y más del 66 % de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema, son atendidas en centros públicos. Igualmente, destaca como caso singular entre los países de nuestro entorno la incongruencia de que, junto al SNS universal, exista en paralelo un subsistema sanitario especial en el que los funcionarios pueden moverse entre la sanidad pública y la privada según crean conveniente. En base a todo ello, el informe propone dos reformas estructurales; (1) transformar la actual adscripción obligatoria en régimen voluntario y (2) la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al SNS. Es decir: propone la extinción del mutualismo sanitario.

Este estudio, largamente esperado, estaba finalizado en diciembre de 2024 y debería haber informado el debate público sobre el mutualismo y la negociación del Gobierno con las compañías aseguradoras privadas. Inexplicadamente, fue publicado una vez ya firmado el concierto. Obviamente, la publicación de un informe tan sólido y crítico con el mutualismo en plenas negociaciones del convenio 2025-2027 hubiera hecho difícilmente justificable la pervivencia de MUFACE. Por ello vio la luz, una vez firmado el nuevo convenio. Saque el lector sus conclusiones.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La persistencia del mutualismo sanitario es una anomalía democrática. Al ‘privilegiar’ al colectivo de funcionarios y sus familias con la posibilidad de optar dos veces al año entre aseguramiento sanitario privado o público, según su conveniencia, institucionaliza desigualdad y discriminación entre ciudadanos en un tema tan nuclear como la atención sanitaria, minando la cohesión y solidaridad social. En una España que tiene un SNS de cobertura universal financiado por impuestos, el mutualismo sanitario constituye una irracionalidad y un sinsentido. Además, es disfuncional en el Estado de las autonomías, porque las CCAA son las responsables del SNS de sus territorios.

Muchos funcionarios valoran el mutualismo como una prerrogativa a defender; es atractivo por una mayor posibilidad de elección en la medicina privada, incluida la consulta directa a especialistas, y para evitar las demoras existentes en el SNS. Sin embargo, estas ‘ventajas’ no compensan ni la ausencia de atención primaria (médico de cabecera personal) ni, sobre todo, la fragmentación de la atención entre médicos y clínicas en casos de patologías complejas como cáncer y otras. Ello explica la huida hacia la sanidad pública de mutualistas con enfermedades graves, como dice el informe de la AIREF y demostró el estudio con datos del mundo real realizado en la Comunidad Valenciana y publicado en la revista científica The European Journal of Health Economics^[6].

Es crítico insistir en que el mutualismo sanitario perjudica gravemente al SNS. En primer lugar, porque es el único obstáculo político real para tener en España una ciudadanía sanitaria universal, común e igual para todos. En segundo lugar, porque con su gran peso en la sanidad privada contribuye a erosionar la dedicación plena de muchos médicos al SNS, ocasionando además conflictos potenciales de interés^[7]. En tercer lugar, aunque mucho más importante y perjudicial, porque priva a la sanidad pública de atender a un colectivo importante por número (más de 2.1 millones de personas) pero, sobre todo, por su influencia político-social y nivel de exigencia en la calidad de los servicios. La sanidad pública necesita y debe atender a todos los sectores sociales, incluidos especialmente los más informados, influyentes y exigentes; de no hacerlo, se arriesga a ser una sanidad para pobres, es decir, una pobre sanidad.

La alta prioridad en la agenda política que necesita la sanidad pública para mejorar con reformas y recursos, no puede prescindir de la influencia social y política de los funcionarios civiles, judiciales y uniformados del Estado. Su exclusión, sumada al incremento de los que optan por un seguro sanitario privado, mina críticamente la sostenibilidad social del SNS. Por ello, extinguir las mutualidades es mejorar la sanidad pública; y a su vez, mejorar la sanidad pública facilita extinguir las mutualidades. Dos objetivos que se refuerzan y debieran ir enlazados. Tras el demoledor informe de la AIREF, no hay excusa alguna para no ir preparando una integración del mutualismo sanitario en el SNS, dando un gran impulso a las reformas y recursos adicionales que tanto precisa la sanidad pública, mejorando con ello sus servicios para toda la ciudadanía. Esta decisión transmitiría un potente mensaje político (muy necesario) de refuerzo del Estado de Bienestar, de la cohesión y solidaridad social, y con ello de la calidad institucional y democrática de nuestro país.

1. MUFACE: Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-13887 ↑

2. https://www.MUFACE.es/MUFACE_Home/MUFACE_comunicacion/hemeroteca-noticias/2025/Abril-2025/Firma-Concierto-CASN-2025-2027.html

   https://www.MUFACE.es/MUFACE_Home/Prestaciones/asistencia-sanitaria-nacional/Nuevo-Concierto-de-Asistencia-sanitaria-2025-2027.html ↑

3. Ministerio de Sanidad. MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud. 2024, 19 págs.

   https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/Informe_transicion_MUFACE_al_SNS.pdf ↑

4. Repullo Labrador JR. Mutualismo administrativo: el debate que ya no puede seguir ignorándose. Gaceta Sanitaria 39 (2025) 102492. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2025.102492 ↑

5. AIREF. Estudio sobre el mutualismo administrativo. 24 marzo 2025. https://www.airef.es/es/estudios/estudio-sobre-el-mutualismo-administrativo ↑

6. Pinilla J, López-Valcárcel BG, Bernal-Delgado E. Unravelling risk selection in Spanish general government employee mutual funds: evidence from cancer hospitalizations in the public health network. Eur J Health Econ 25, 1371–1381 (2024). https://doi.org/10.1007/s10198-024-01671-5 ↑

7. García-Prado A, González P. La práctica dual público-privada en la sanidad española. ¿Solución o problema? Informe SESPAS 2024. Gaceta Sanitaria. 2024;38:102379 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911124000268 ↑