ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 63, septiembre-noviembre 2025

MUSICANDO… LA SANIDAD PÚBLICA

José Ramón Rebollada

PASTILLAS PARA NO SOÑAR / Joaquín Sabina

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud. No me sorprendería que este precepto legal haya aparecido ya en alguno o varios de los artículos que preceden al mío en este número de «Argumentos Progresistas».

Lo primero que me llama la atención es el cuidado en el mensaje que pusieron los redactores de la Constitución. No hablan del «derecho a la salud» sino del «derecho a la protección de la salud». Es importante ser preciso y claro en el lenguaje utilizado. Lo es en general, pero es imprescindible en las disposiciones legales, esas que rigen nuestra convivencia. Si la Constitución protegiese el «derecho a la salud» estaría metiéndose en un jardín difícil de explicar y, sobre todo, de cumplir. La salud afecta a la biología, no a la legislación. Si los ciudadanos tuviéramos el derecho a la salud significaría que, por ley, todos debemos estar sanos, algo que es imposible conceptualmente hablando. Por tanto, no; la Constitución no decreta el derecho a la salud, sino el «derecho a la protección de la salud».

El punto 2 del artículo 43 dice: «Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios». El texto es también meridianamente claro: son los poderes públicos los competentes en la prestación de los servicios necesarios». Así de fácil.

Otro asunto, no menor, es quién debe pagar (quién debe cobrar) por prestar esos servicios sanitarios públicos. La Constitución no especifica como se debe financiar la sanidad, eso se establece en la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986. Básicamente la ley española especifica que el acceso al sistema sanitario es gratuito para la práctica totalidad de los habitantes del país, lo que no quiere decir que la sanidad no tenga un coste económico; en 2025 ascendió a 134.000 millones de euros, lo que supone el 10% del PIB aproximadamente. El dinero sale fundamentalmente de los impuestos; trabajadores y empresas pagamos regularmente para poder tener la atención sanitaria que merecemos. A mí me gusta decir que es un sistema basado en la solidaridad y la cooperación. Pagamos aunque no estemos enfermos porque otras personas sí lo están, lo que supone un ejercicio cooperativo de fraternidad humana de muchísimo valor.

El 10% del PIB de nuestro país es una tajada demasiado apetitosa como para que los carroñeros del capitalismo no intenten quedarse con una parte o con todo el pastel si se terciase. La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) es una entidad privada que realiza periódicamente estudios sobre la sanidad privada en España. El último de sus informes (2025) dice, entre otras cosas, que los conciertos con entidades privadas supusieron en 2023 un montante económico de 10.023 millones de euros; ya suponen el 0,67% del PIB. IDIS dice que la colaboración privada-pública es la asistencia privada cubierta por fondos públicos. El presidente de la fundación, el doctor D. Juan Abarca Cidón, dice que ese sistema de «colaboración» es «un modelo histórico que descarga actividad al sistema público y que funciona a plena satisfacción de los funcionarios que eligen su asistencia a través de la sanidad privada». Asistencia privada pero pagada con fondos públicos, de los impuestos de todos.

Esto de la «concertación» es la misma patraña que lleva años funcionando en la educación: colegios privados que se pagan con fondos públicos. Los maestros que despiden los dos meses de verano porque son periodo vacacional para los alumnos, que se jodan, y aprendan cómo funciona ese supuestamente maravilloso sistema económico capitalista de libre mercado, ese que engañosamente dice que se dedica a repartir la riqueza (sic). Por no hablar de servicios públicos esenciales como la gestión de los montes y las labores de extinción de incendios, que nos está martirizando este verano. Gestión privada con la que lo único que se consigue es engordar las cuentas de resultados de las empresas privadas con fondos públicos, empresas que pagan una miseria a los trabajadores que se juegan la vida, curritos a los que contratan en el mejor de los casos durante cuatro meses; el resto del año que se busquen la vida con otros trabajos precarios y mal pagados.

En el caso de la sanidad, me gustaría saber cuánto dinero de los 10.023 millones de euros públicos se destina a la atención sanitaria y cuánto a engordar los bolsillos de los empresarios privados que se dedican a este negocio, un dato que no he sido capaz de encontrar. Este es el peligro y la insensatez de convertir en negocio servicios esenciales para la ciudadanía como la sanidad y la educación.

Si todos los fondos públicos del Sistema Nacional de Salud se destinaran a la sanidad de los ciudadanos soberanos de este país, otro gallo nos cantaría. Esto es, obviamente, una opción política e ideológica. La derecha extrema y la ultraderecha siguen fieles a sus principios: beneficiar a los ricos y poderosos por encima de todo. Su único objetivo es que los ricos y poderosos sigan siéndolo, sigan en el machito. Todos los demás pobres a su servicio, siervos al dictado del patrón. Lo que denunció Émile Zola en Germinal no ha cambiado tanto en realidad, por desgracia.

En estos tiempos terribles que nos está tocando vivir, se ha materializado una reflexión que sabiamente relató Coppola en el segundo de sus Padrinos. En esa cinta los jefes de la mafia estadounidense soñaban en un hotel de La Habana con poner el dinero necesario para que saliera elegido el presidente que ellos quisieran, un presidente a su servicio, no al de los ciudadanos.

No sé cómo ha sucedido, pero hoy el presidente de los Estados Unidos es un empresario, no un político que cree y defiende el servicio público. Trump dijo que la palabra más bonita del diccionario es arancel. No amor, fraternidad, paz, solidaridad o justicia… ni siquiera orgasmo. Arancel. El sueño del capitalismo mafioso hecho realidad: tener un empresario presidiendo el país más poderoso del planeta, eso es mucho mejor que los grupos económicos de presión influyendo en las políticas de Estado. El señor Montoro en España es un magnífico ejemplo de esto: el capitalismo salvaje gobernando. Seguro que para el señor Montoro el mejor ministro de sanidad sería el presidente del grupo Quirón que tan buenas migas hace ya con la señora Ayuso.

La sanidad pública es un derecho de los ciudadanos soberanos, no un negocio a repartir entre cuatro sinvergüenzas desalmados. Esa es mi convicción y ni anhelo. Quizá deba acudir pronto al médico para que me recete unas pastillas para no soñar, como canta mi admirado Sabina.