ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 65, marzo – mayo 2026

REARME IDEOLÓGICO Y MODELO DE PARTIDO DE IZQUIERDAS

Pepe Manzanares, Jesús Pérez, Pepe Romero y Antón Saracibar (Sindicalistas)

La situación política proyecta un desafío de gran intensidad para la izquierda. Por ello los partidos políticos progresistas deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales que garanticen su rearme doctrinal e ideológico: el diseño de las políticas más adecuadas para garantizar la democracia, la convivencia y el bienestar social de la ciudadanía; y Ia consolidación de unas estructuras de partido democrático, participativo y eficaz. Se proponen medidas en ambos campos

“Los partidos políticos expresan el pluralismo político… Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”

(Art 6. CE)

Europa y el mundo están viviendo momentos de incertidumbre política, y de graves y reiteradas amenazas. Quizá la más alarmante, junto con la negación del cambio climático, sea el avance de los populismos/fascismos que combaten y niegan la democracia como forma de convivencia, y de resolver conflictos relacionados con las libertades, el Estado de derecho y el multilateralismo, sobre todo después de la agresión militar de Trump en Venezuela y las graves amenazas a Canadá, Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán, Méjico, etc.

En este contexto geopolítico, el PSOE trata de recuperarse del durísimo golpe electoral recibido en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en menor medida, de Aragón, agravado por la abstención y el auge de “las derechas”, que superaron claramente el 50% de los votos. No es extraño que 2026 haya comenzado con un fuerte grado de confusión en el mundo, y particularmente en España, ante las elecciones autonómicas previstas en nuestro país para el presente año. Los ciudadanos nos preguntamos perplejos cómo es posible el avance considerable de la ultraderecha y de gobiernos autoritarios, después de observar los duros y reiterados golpes que están infligiendo a las instituciones multilaterales y a la propia democracia, además de constatar el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en esos países.

En España, por otra parte, los datos macroeconómicos se están comportando de manera notable, y lo que es más importante, se cita a nuestro país como ejemplo de éxito. Además, la recaudación fiscal aumenta, y el crecimiento de la renta variable está a la cabeza del mundo, solamente por debajo de Corea. En la Unión Europea, España encabeza el crecimiento económico, y los datos de desempleo (en el nivel más bajo de los últimos 18 años) y de precariedad del mercado de trabajo se han reducido sustancialmente desde la entrada en vigor en 2022 de la Reforma Laboral. Más allá de la mejora muy moderada y desigual de los salarios (reflejo de la escasa voluntad negociadora de los empresarios), se ha producido un avance en el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, las pensiones, el SMI, las becas y el ingreso mínimo vital (IMV).

Sin embargo, estos notables datos económicos se han visto ensombrecidos por el grave y especulativo problema de la vivienda y las desigualdades sociales generadas. A lo que hay que añadir la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) y el caos suscitado en la gestión de Rodalies (Cataluña), agravada, si cabe, por la actitud irresponsable y montaraz del PP y la ultraderecha.

Sin olvidar, finalmente, las denuncias a exdirigentes socialistas, relacionadas con el acoso sexual e, incluso, con la corrupción. Todo ello junto a la notable fragmentación parlamentaria —que deja patente la extrema debilidad del Gobierno—, sin Presupuestos Generales del Estado desde 2023 y con unos socios de investidura que, en más de una ocasión, dejan en minoría al Gobierno en el Parlamento.

Sin duda, los problemas partidarios están lastrando considerablemente la positiva acción de gobierno. Lo más grave es que la estructura orgánica del PSOE y de la izquierda en general adolece de graves problemas de concentración de poder y de baja participación y debate en las organizaciones de base. Incluso, la elección de los dirigentes a través de Primarias se ha demostrado ineficaz y muy vulnerable, por el hecho de que algunos dirigentes, con responsabilidades de gobierno, hayan decidido compatibilizar una cartera ministerial con encabezar una candidatura en las elecciones en ayuntamientos o comunidades autónomas (CC.AA.). Los ejemplos de Andalucía, Aragón, País Valenciano y Madrid son altamente significativos y desalientan a buena parte de la militancia de base, que está viviendo directamente la realidad social en un ámbito geográfico determinado y comprueba que los candidatos propuestos desde Moncloa —en el caso del PSOE— no incrementan el voto ni movilizan a la ciudadanía.

Desde luego, los modelos de partido de nuestros mayores no tienen nada que ver con la realidad actual. En estos momentos, los partidos de izquierdas han devenido en partidos interclasistas y en verdaderas máquinas electorales, con lo que eso significa de confusión ideológica. Para superar esta realidad poco edificante se impone una revisión del funcionamiento interno de los partidos. Nos va en ello la democracia: el modelo de sociedad, la convivencia y los derechos sociales.

En este sentido, los llamados partidos políticos progresistas deberán tener en cuenta en el ejercicio de sus funciones constitucionales dos aspectos fundamentales que garanticen su rearme doctrinal e ideológico: I. El diseño de las políticas más adecuadas para garantizar la democracia, la convivencia y el bienestar social de la ciudadanía, y II. La consolidación de unas estructuras de partido democrático, participativo y eficaz.

En cuanto a los objetivos que respondan a la realidad actual, los partidos de izquierdas defenderán el Estado de bienestar social y, en concreto, políticas encaminadas a superar las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social, a través de las herramientas que tenemos desde hace años para poder llevarlas a cabo. En este sentido, el Título Preliminar de la Constitución Española (CE), en su Artículo 1, fundamenta la naturaleza de España como un Estado social y democrático de Derecho.

En coherencia con ello, los programas de los partidos de izquierdas deben garantizar el cumplimiento del texto constitucional y un desarrollo adecuado mediante leyes progresistas.

Por todo ello, se debería impulsar y llevar a cabo:

Una política económica que tenga como prioridad el pleno empleo. Un empleo de calidad y con derechos (“lucha contra el precariado”) que, además, garantice la participación de los trabajadores —y la gobernanza compartida— en los centros de trabajo (“democracia industrial”), particularmente en la aplicación de las nuevas tecnologías, la descarbonización y la Inteligencia Artificial (IA).
Un sector público empresarial estratégico (incluido el sector bancario: banca pública) como un instrumento fundamental de la política económica del gobierno.
Una política de inversión pública adecuada para ser utilizada, sobre todo en un contexto económico en recesión, además de impulsar en todo momento políticas de interés económico y social para la mayoría de los ciudadanos.
Una política fiscal marcadamente progresista, basada en la imposición directa, no en la indirecta y, desde luego, contraria a la reducción de impuestos; además de recuperar el impuesto de patrimonio, herencia y donaciones. En definitiva, una política fiscal que contribuya a que paguen más los más ricos en ingresos y patrimonio: penalizar los gastos suntuarios, el consumo superfluo y la contaminación medio ambiental.
Una protección social avanzada, que blinde un sistema público de pensiones contributivo y asistencial adaptado al cambio demográfico, y que además mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas. Así como una digna prestación por desempleo, una aportación económica suficiente para las personas dependientes y el establecimiento de una renta mínima garantizada, sin abandonar el debate en profundidad sobre el establecimiento final de una renta básica universal.
Una sanidad y una enseñanza pública, universales y gratuitas de calidad contrastada para todos y blindadas en la CE. La educación y la sanidad no pueden convertirse nunca en un negocio (ánimo de lucro) en detrimento de los más vulnerables, y se debe apostar por la superación de todo tipo de desigualdades: brechas salariales, sociales, digitales…
Una política de vivienda pública de interés social —contraria a la especulación—, que cree y mantenga un parque permanente de vivienda pública (propiedad del Estado) e intervenga en las políticas de suelo, en la fiscalidad y en el precio del alquiler, además de regular los pisos turísticos y penalizar dentro de lo posible las viviendas vacías.
Una política migratoria que tenga en cuenta las políticas de asilo, la regulación de los flujos migratorios, la integración social y la formación de los inmigrantes y el apoyo a los países de origen de las migraciones (cooperación internacional y ayuda al desarrollo), en coherencia con el respeto y la defensa de los más vulnerables.
Una política comprometida con la emergencia climática y con una transición energética justa, mediante un desarrollo sostenible: comercio de proximidad, lucha contra la sequía y la contaminación ambiental a todos los niveles.
El segundo apartado relacionado con el funcionamiento interno de los partidos (“democracia interna”) debería contemplar, entre otros, los siguientes puntos, encaminados a garantizar un instrumento partidario eficaz y democrático, que ponga en práctica las políticas aprobadas en los congresos:
El congreso es el máximo órgano de los partidos, compuesto por las delegaciones territoriales elegidas democráticamente (democracia delegada). Elige a los órganos de dirección del partido, principalmente la comisión ejecutiva federal (incluyendo al secretario general) y los contrapoderes: comité federal (máximo órgano entre congresos), comisión de garantías o de conflictos y comisión revisora de cuentas. Estos órganos de dirección deberán tener capacidad para tomar decisiones de manera autónoma a través del voto mayoritario de sus miembros. En todo caso, las comisiones revisoras de cuentas tendrán capacidad de supervisar, de controlar y bloquear, en situaciones comprometidas, las cuentas de los partidos a todos los niveles.
Las comisiones ejecutivas federales (compuesta de un número reducido de miembros) son la máxima autoridad de los partidos encargadas de aplicar las políticas aprobadas en los congresos. Sus miembros deberían tener dedicación exclusiva y no formar parte de ningún gobierno (el ejemplo más cercano y significativo es el del PNV en el País Vasco). Para la elección de sus miembros a nivel federal será necesario militar en los partidos cuando menos seis años y estarán sujetos a los requisitos que se aprueben sobre las “puertas giratorias”.
En cualquier caso, hay que recuperar la rendición de cuentas (abandonada en algunos partidos) y, en coherencia con ello, las comisiones ejecutivas a todos los niveles darán cuenta de su gestión todos los años ante los máximos órganos entre congresos y en los propios congresos por todo el mandato.
Cuando lo aconsejen las circunstancias, las comisiones ejecutivas a cualquier nivel podrán consultar a los afiliados (en referéndum) sobre asuntos transcendentales. En todo caso, para la elección del secretario general y del candidato a presidir cualquier gobierno, se celebrarán “Primarias” siempre y cuando se presenten más de un candidato, dando por hecho que los elegidos deberán ser ratificados por los congresos.
Las agrupaciones territoriales (municipales) serán la base de los partidos y el cauce de participación y debate de sus afiliados, y sus decisiones deberán siempre ser respetadas de acuerdo con las resoluciones emanadas de los congresos y los estatutos de los partidos. Elegirán a los candidatos en los ayuntamientos y CC.AA. y mantendrán con ellos un contacto permanente para resolver los problemas de los electores y ciudadanos en general.
En los partidos se respetará el voto mayoritario. No obstante, se deberá reconocer a las minorías y a las corrientes de opinión, que estarán presentes y reconocidas a todos los niveles, siempre y cuando alcancen el 15% de los participantes en las asambleas y congresos.
Todos los afiliados a un partido político y, sobre todo, los que ocupan cargos públicos, tendrán derecho a una formación básica en términos políticos, económicos y sociales a todos los niveles.
Todos los partidos progresistas impulsarán la afiliación y la participación de sus afiliados y simpatizantes en los sindicatos de trabajadores, que son sujetos de relevancia constitucional y contribuyen a la defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. La relación de los partidos con los sindicatos debe ser constante y eficaz, respetando siempre la autonomía de cada organización.
Los partidos políticos propiciarán también la participación y el compromiso de sus militantes en el tejido social (asociaciones de vecinos, organizaciones sociales, ONG…), así como en las movilizaciones sociales que procedan, sin olvidar seguir impulsando el “concepto de clase” frente al concepto de “la diversidad” por lo que ello pueda significar de división.
Como criterio general, los partidos de izquierdas participarán en la constitución de organizaciones específicas y autónomas para potenciar la organización de los más jóvenes, respetando sus decisiones y buscando cauces de colaboración entre el partido y su organización juvenil.
El municipalismo es el fundamento y base de la política. Los partidos políticos se organizarán, esencialmente, en el ámbito municipal. Por eso, en este nivel deben existir, y funcionar adecuadamente, las comisiones ejecutivas locales y los órganos de control y supervisión de cuentas. Además, las agrupaciones locales deben disponer de sedes adecuadas (por ejemplo, las Casas del Pueblo del PSOE), y mantenerlas activas y abiertas a la ciudadanía para que sirvan como punto de encuentro y de reunión e intercambio de ideas entre afiliados, simpatizantes y organizaciones sociales.
Finalmente, los partidos deberán garantizar su presencia en las redes sociales, en los medios de comunicación de masas y en la difusión de ideas y alternativas a través de la acción política de sus militantes en la intermediación social. Para facilitar esta tarea, los partidos políticos contarán con un órgano oficial de comunicación, cuando menos en formato digital.

En definitiva, estos puntos tienen la pretensión final de animar un debate a fondo para regenerar la estructura anquilosada de los partidos de izquierda. Ello pretende garantizar una mayor e ilusionante presencia de los militantes en la intermediación social y en el establecimiento de una sociedad más participativa, más justa y democrática a todos los niveles. Aspiran también a convertirse en la mejor alternativa para superar la incertidumbre y la desmovilización social, además de representar el mejor antídoto contra el fuerte auge de las fuerzas excluyentes de la ultraderecha en el mundo.

En este sentido, hoy más que nunca, los partidos de izquierda/progresistas deben comprometerse en una convergencia y coordinación de programas y, sobre todo, de plataformas electorales que mejoren la correlación de fuerzas ante la amenaza creciente de las diferentes derechas europeas y nacionales.

La batalla cultural no ha hecho más que empezar y la izquierda no puede olvidar que la participación y la conexión emocional con sus militantes y electores resulta imprescindible llevarla a cabo a través de los partidos políticos, como cauce de participación, según recoge nuestra Constitución.