
La democracia ha de proteger los derechos de los ciudadanos, y además de manera igualitaria. Por ello, depende en gran medida de la igualdad de oportunidades, y abarca no solo el ámbito político, sino también las instituciones sociales

Sin democracia no hay libertad ni Estado de Derecho
(Angela Merkel)
El 1% de la población habitamos en el primer mundo; sí, solo el 1%. Por el contrario, alrededor de 204 millones de personas viven en áreas controladas por grupos armados, cuya única aspiración es dominar su territorio. Así lo denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2025; mientras que la principal demanda del primer mundo se concentra en un buen acceso a internet, como lo pidieron el 58% de los internautas españoles (Encuesta AIMC. Navegantes en la Red 2025).
Si es una lotería elegir la familia en la que nacemos, no puede dejarse al azar asegurar la regeneración democrática. Una idea que consiste en proteger un sistema de convivencia igualitario, con suficiente fuerza para bloquear sus amenazas: la corrupción, o los abusos de poder, elementos que alimentan la progresiva desafección ciudadana. Arias Maldonado, en su libro La democracia sentimental, ya nos advirtió en 2016 cómo las emociones habían irrumpido en la esfera política, siendo la indignación la divisa política por excelencia, mientras que los datos y los argumentos seguían perdiendo fuerza. El trumpismo, y antes el Brexit, son ejemplos del dominio visceral en la esfera pública, organizada en torno al torneo medieval: “nosotros” frente a “ellos”. Ahora hemos de evitar el deterioro de la vida pública.
Primero, para defender la democracia no basta con mantener procedimientos electorales, sino democratizar espacios sociales que escapan al control ciudadano: las multinacionales, el mundo financiero, los grupos de poder en la inteligencia artificial. De hecho, la democracia es un concepto demasiado abstracto, hay que traducirla y recordar su relación directa con la igualdad de oportunidades. Para la mayoría de la población la vida cotidiana es lo único real —por concreta y material— y cuando se experimenta la falta de recursos, la precariedad laboral, o cualquier otro obstáculo que trunque los proyectos vitales, entonces ya no sirven los análisis intelectuales. Lo mismo sucede con los derechos —otro término abstracto— éstos solo se perciben si se relacionan con la cobertura de lo público: en vivienda, sanidad o educación.
Segundo, los cargos públicos, que definen las políticas públicas, deben ser competentes para que éstas resulten útiles para la ciudadanía, de lo contrario se duda del papel de la política. Los datos son testarudos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en abril de 2025, una mayoría de los españoles, un 68%, desconfía de la competencia de las instituciones, plantea que funciona “mal” o “regular”. Y el problema no termina aquí. Por encima de la mitad de las entrevistas realizadas, más de 4.000, un 52%, manifiesta que la situación política es “mala”. Y, lo más preocupante, un 89,8% se muestra harta de tanta bronca entre los partidos políticos, más pendientes de los mutuos reproches que de afrontar aquellos temas que preocupan a la ciudadanía. Para el tema que nos ocupa, la regeneración democrática pasa por aumentar la confianza en las instituciones, porque su déficit nos obliga a “calcular” cuál es el impacto sobre la población; en otras palabras, qué coste representa que se perciba, tanto en los parlamentos autonómicos o en las Cortes Generales, una dinámica política más centrada en la cultura del “rival”, que en priorizar lo urgente con el fin de evitar retrocesos indeseables. Hay un libro que les recomiendo sobre este proceso: Larga vida a la socialdemocracia: cómo evitar que el crecimiento de la desigualdad acabe con la democracia, de Borja Barragué, quien nos recuerda que el Estado de Bienestar representa la llave maestra para mantener la democracia, porque sus beneficios son muy evidentes.
Tercero, quiero recordar que la vida democrática trasciende la vida parlamentaria, dado que multitud de cargos municipales demuestran una gran vocación de servicio. Me refiero a los ayuntamientos de pequeño tamaño, que atienden las necesidades de sus vecinos, sin que nadie valore el número de horas que esto requiere. Tenemos 6.800, de un total de 8,132 municipios, con menos de 5.000 habitantes, según el Censo anual de población (datos del INE, 2025); y quiero insistir que quienes son responsables de la alcaldía o de sus concejalías no reciben ningún salario, a pesar de estar en primera fila, incluso en las situaciones más difíciles y devastadoras, desde la Dana en la Comunidad Valenciana, o los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz. Pero los municipios son los grandes olvidados de la política nacional y autonómica, además de tener una escasa relevancia en los medios de comunicación.
En suma, regenerar la democracia equivale a cuestionar los patrones de hacer política, para crear muros de contención cargados de derechos, evitando que haya partidos políticos que aprovechen los estados democráticos solo por escalar votos y una vez en el poder, desacreditar los derechos que la sostienen: la igualdad de trato entre todos los individuos, sin ninguna excepción.