ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 66, junio – agosto 2026

LOS PELIGROS DEL PODER DE LAS GRANDES TECNOLÓGICAS

Las grandes empresas tecnológicas han ido acumulando un poder económico, político, y en general social, de un alcance extraordinario, pues en muchos casos excede al de los estados. Su poder está en alza, como demuestran fenómenos de integración vertical y horizontal que conducen al dominio de mercados, y en algunos casos incluso de sectores de actividad casi completos. Además, muchas de esas empresas poseen un conocimiento masivo de datos de ciudadanos y entidades. Asimismo generan productos que en muchos casos afectan a derechos ciudadanos, regulaciones y competencias de índole política. Frente a esa situación, la pregunta central es cómo controlar la tecnología sin frenar la innovación, o aplicaciones de la misma muy positivas para los ciudadanos y los estados. Están en juego la seguridad y bienestar de los ciudadanos y la capacidad de las sociedades democráticas para gobernarse a sí mismas

La expansión de las grandes tecnológicas constituye uno de los fenómenos más relevantes de la economía política contemporánea. Desde la máquina de vapor hasta Internet, las revoluciones tecnológicas han transformado los procesos productivos, incrementando la productividad y alterado de forma profunda la organización del trabajo. La revolución de la Inteligencia Artificial introduce, sin embargo, una dimensión adicional: sus efectos no se limitan al ámbito económico o laboral, sino que alcanzan de lleno a la estructura política de las sociedades. El poder de mercado acumulado por empresas como Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon y Meta, reforzado por la IA, les permite intervenir no solo en la configuración de los mercados, sino también en las condiciones de la gobernanza. En consecuencia, su influencia ya no se restringe a la modelización de conductas, sino que se proyecta sobre el marco regulatorio y sobre la propia definición de lo público.

Estas empresas concentran hoy una parte decisiva de las infraestructuras digitales globales. Nvidia ocupa una posición central como fabricante de chips y principal beneficiaria del auge de la IA. Alphabet (Google) y Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp) disponen de los datos de todas las personas, empresas y gobiernos y dominan sectores clave como las búsquedas y la publicidad. Apple y Microsoft poseen los modelos operativos que utilizan gobiernos, empresas y particulares en todo el mundo. Amazon lidera el comercio electrónico y la nube. A este núcleo se suman OpenAI (Chat Gpt), cuyo papel resulta decisivo en la expansión de la IA generativa, aunque no forme parte de las Big Tech tradicionales, y otras corporaciones y actores financieros, como Palantir, Andreessen & Horowitz, Starlink XAI y Space X (Elon Musk) o Blue Origin (Jeff Bezos). La magnitud de sus valoraciones bursátiles (más de un tercio de las 500 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York) no refleja únicamente el éxito empresarial, sino también la centralidad estratégica que estas compañías han adquirido en la economía global, la seguridad y la geopolítica.

Su poder descansa, de manera fundamental, en tres mecanismos: concentración de mercado, expansión transversal y control masivo de datos. En primer lugar, la concentración de mercado se consolida mediante la adquisición de competidores, en ocasiones a través de las denominadas “adquisiciones asesinas”. Google, por ejemplo, compró DoubleClick en 2007 y AdMeld en 2011, reforzando su dominio en la publicidad digital y en la tecnología publicitaria. Amazon, por su parte, adquirió Whole Foods en 2017 y PillPack en 2018, extendiendo su posición desde el comercio electrónico hacia la distribución física de alimentos y productos farmacéuticos. En sectores donde la escala constituye una ventaja decisiva, estas operaciones permiten integrar canales, desplazar competidores de menor tamaño y consolidar barreras de entrada difíciles de superar.

En segundo lugar, estas corporaciones se expanden transversalmente hacia sectores diversos, entre ellos la salud, el transporte, la vivienda, la energía, los medios de comunicación y, de forma creciente, la defensa y la seguridad. Esta expansión incrementa no solo su influencia económica, sino también su capacidad de incidencia política. El problema no radica únicamente en cada adquisición aislada, sino en el patrón acumulativo de apropiación de activos estratégicos y puntos de control, con el objetivo de cerrar mercados, incrementar la dependencia de terceros y consolidar ecosistemas empresariales de difícil contestación.

En tercer lugar, el control de los datos constituye una fuente central de poder económico y político. Las grandes tecnológicas recopilan volúmenes masivos de información que utilizan para perfilar y predecir comportamientos, operando además mediante sistemas poco transparentes para los usuarios y para los poderes públicos. Ello reduce la capacidad real de las personas para controlar la información que ceden y el uso posterior de sus datos. La lógica del negocio publicitario y de la personalización incentiva, a su vez, la recolección continua de información, ya que la acumulación de datos incrementa la capacidad de segmentación y, en última instancia, la rentabilidad. Al mismo tiempo, la centralización de datos multiplica los riesgos asociados a posibles brechas de seguridad o usos indebidos. En este contexto, la privacidad deja de funcionar como un control efectivo del usuario y pasa a depender de decisiones empresariales, configuraciones opacas y marcos regulatorios que evolucionan con mayor lentitud que la innovación tecnológica.

Este proceso tiene consecuencias directas sobre la esfera pública. Los algoritmos de recomendación pueden reforzar burbujas informativas, amplificar discursos extremos, favorecer la desinformación y profundizar la polarización social. Como resultado, se debilitan la confianza institucional y la deliberación democrática. Las plataformas digitales no solo organizan el acceso a la información, sino que también moldean opiniones, condicionan la visibilidad de determinados contenidos e influyen de manera creciente en los procesos electorales. Se produce así una convergencia entre intereses económicos y políticos: por un lado, las grandes tecnológicas buscan acumular datos para maximizar beneficios; por otro, los actores políticos persiguen acceder a esos mismos datos para influir sobre la opinión pública. La cuestión decisiva pasa entonces a ser quién define las reglas, los usos y los límites de la tecnología.

Desde una perspectiva geopolítica, estas empresas operan cada vez más como actores estratégicos y no solo como compañías privadas. Starlink ofrece un ejemplo paradigmático: tras la invasión rusa de Ucrania, su red de satélites desempeñó un papel relevante en la conectividad estratégica del ejército ucraniano. La posterior decisión de Elon Musk de restringir ese apoyo demostró que una empresa privada puede incidir de manera directa en una cuestión de seguridad nacional. Del mismo modo, los contratos de Microsoft y Amazon con el Pentágono han situado a ambas corporaciones en el núcleo de las capacidades militares estadounidenses. Palantir, por su parte, se ha consolidado como proveedor estratégico de guerra, seguridad y vigilancia para distintos ejércitos occidentales y para organismos como el ICE en Estados Unidos. En Europa, la situación resulta particularmente paradójica. La Unión Europa persigue una autonomía estratégica que, en la práctica, se ve limitada por la dependencia creciente de infraestructuras y servicios proporcionados por empresas estadounidenses. Palantir, además, ha ampliado su presencia en ámbitos militares, policiales y sanitarios en varios países europeos líderes, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, o España.

En todos estos casos, la cuestión de fondo no es solo técnica, sino política. Los gobiernos se vuelven dependientes de empresas que no solo gestionan datos, sino que también pueden condicionar el acceso a servicios esenciales, la seguridad y la continuidad operativa. Esa dependencia debilita la capacidad del Estado para regular, supervisar y, llegado el caso, sustituir a esos proveedores.

Frente a esta situación, la pregunta central es cómo gobernar la tecnología sin frenar la innovación. Sin reglas democráticas claras, la IA y las plataformas tienden a convertir la eficiencia en concentración, y la concentración en capacidad de decisión política.

La Unión Europea tiene aquí un reto especialmente difícil. Es líder en regulación, pero sigue dependiendo de actores externos para las bases materiales de la Inteligencia Artificial. Crear alternativas europeas llevará tiempo, pero es una tarea imprescindible si no se quiere consolidar una dependencia estructural. En el corto plazo, la respuesta debe combinar varias líneas de acción: reforzar la competencia y limitar las adquisiciones que consoliden monopolios, exigir transparencia sobre modelos, datos y algoritmos, proteger mejor la privacidad y mantener las infraestructuras estratégicas bajo supervisión pública. También es necesario crear mecanismos de auditoría, rendición de cuentas y control democrático. Solo así será posible poner la innovación al servicio de la democracia y de la decisión pública.

El verdadero desafío, en definitiva, no es sólo tecnológico. Es institucional. La cuestión decisiva es quién controla las infraestructuras, quién define las reglas y quién se beneficia de la inteligencia artificial. Si estas decisiones quedan en manos de unas pocas empresas, la innovación puede acabar debilitando justamente aquello que debería fortalecer: la capacidad de las sociedades democráticas para gobernarse a sí mismas.