ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 66, junio – agosto 2026

LOS ARCHIVOS COMO INSTITUCIONES GARANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Henar Alonso Rodríguez

Técnica Superior del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado

“Los archivos constituyen la memoria de las naciones y las sociedades y dan forma a su identidad. Son la piedra angular de la sociedad de la información. Al proporcionar evidencia de acciones y transacciones, los archivos apoyan la administración y respaldan los derechos de los individuos, las organizaciones y los Estados. Al garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información oficial y al conocimiento de su historia, los archivos son fundamentales para la identidad, la democracia, la rendición de cuentas y el buen gobierno” [Preámbulo Estatutos Consejo Internacional de Archivos (ICA)].

Han pasado ya setenta y siete desde la proclamación, por parte de la entonces recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, aquel consenso internacional que se construyó tras los gravísimos crímenes de lesa humanidad que se cometieron por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, para tratar de evitar que se reprodujeran. Su redacción coincidió en el tiempo con la celebración de los conocidos como “Juicios de Núremberg”, donde se puso en evidencia el valor de la documentación, tanto la generada por el aparato represor nazi como la recopilada o recuperada por las tropas aliadas o los propios supervivientes del holocausto, como prueba de cargo para condenar a los responsables de violaciones de esos Derechos Humanos.

Al amparo la ONU y en colaboración con dos de sus instituciones, UNESCO y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, surge también en París en 1948 el Consejo Internacional de Archivos (ICA), una organización no gubernamental que incluye entre sus socios a personas e instituciones públicas y privadas con el propósito de promover la gestión y el uso eficiente y eficaz de documentos, archivos y datos en todos sus formatos, así como su conservación como patrimonio cultural y probatorio de la humanidad.

Ese valor probatorio de los documentos de archivo cobra vital importancia para la defensa de los Derechos Humanos, sobre todo a partir de los procesos de democratización que se dieron a partir de los años 80 del siglo pasado, con la caída del muro de Berlín y de las principales dictaduras latinoamericanas. La documentación que durante los periodos dictatoriales habían generado las instituciones de seguridad nacional en sus funciones de control social y represión, fue objeto de la atención de quienes habían sufrido sus consecuencias, en algunos casos, como el de los ciudadanos de la antigua RDA, entrando por la fuerza en la sede de la antigua y temida STASI para impedir que sus antiguos responsables destruyeran las pruebas de las vigilancias y las delaciones que habían servido como excusa para la comisión de violaciones de derechos humanos.

En ese contexto, el Consejo Internacional de Archivos, en la Conferencia de su Mesa Redonda celebrada en México en 1993, decidió crear en su seno un Grupo de Expertos en Archivos de la Represión de los regímenes recientemente desaparecidos, para tratar de ofrecer una reflexión compartida sobre su problemática, junto a una serie de recomendaciones para su tratamiento. El informe final se publicó en 1995, hace treinta años, bajo el título de “Los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos” que incluía recomendaciones sobre la identificación de los fondos, valoración, principio de procedencia, integridad de fondos y descripción documental. Un año después, en 1996, se publica un importante informe, esta vez de la Organización de Naciones Unidas acerca de La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los Derechos Humanos, en el que se incluía un apartado específico, precisamente, sobre la preservación de los archivos relacionados con las violaciones de los derechos humanos.

La concordancia entre ambos textos era evidente en lo relativo a la imprescindible gestión documental adecuada de los fondos documentales de los archivos para luchar contra la impunidad y poder someter a juicio a los responsables de violaciones de derechos humanos, y el contacto y el trabajo en común entre los principales responsables de ambos textos, el archivista Antonio González Quinta por el Consejo Internacional de Archivos y el jurista Louis Joinet por parte de la Organización de Naciones Unidas, dio lugar en 2009 a un Informe conjunto denominado “Políticas Archivísticas para la defensa de los Derechos Humanos”.

Esas políticas archivísticas se basan fundamentalmente en la localización, identificación, organización, descripción y puesta a disposición de los ciudadanos de la documentación relacionada tanto con los denominados “Archivos del Terror”, los de las instituciones represivas y los servicios de información y control social, como de los “Archivos del Dolor”, correspondientes a los de asociaciones de víctimas o apoyo a las víctimas, que junto a los Archivos de las Comisiones de Verdad y de los Tribunales de Justicia Transicional, allí donde existen, conforman el ecosistema de fondos documentales necesarios para que el trabajo de los archivistas sirva a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Los ejemplos de éxito al respecto se han ido multiplicando y dando frutos a lo largo del tiempo, sobre todo en los países de Latinoamérica que sufrieron pasados traumáticos, pero también en Europa, Sudáfrica y algunos países de la antigua Unión Soviética. La recuperación y el tratamiento archivístico de la antigua Policía Nacional de Guatemala, el Centro Nacional de la Memoria de Colombia o el Archivo General de la Memoria de Argentina han sido paradigmáticos en ese sentido.

Lamentablemente, en la actualidad estamos viviendo un momento de retroceso democrático que, unido al imparable avance de las tecnologías de la información, ponen en peligro la consecución de los objetivos previstos, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en las políticas archivísticas que los sostienen. Noticias recientes como el despido masivo en Argentina de buena parte del personal del Centro Nacional de la Memoria, la destrucción por parte de Israel de los Archivos Centrales de Gaza, la destitución de la Directora de los Archivos del NARA en EEUU, por su firmeza ante el secuestro por Donald Trump de documentación de la seguridad del Estado, o los ataques a las políticas memorialistas por parte de la ultraderecha en España, no nos permiten ser optimistas.

Tampoco ayuda la aparente desaparición del concepto físico de “documento” en un mundo dominado por los datos y la inteligencia artificial, o la inmediatez de las redes sociales, con información volátil difícil de gestionar. Y no porque técnicamente no se pueda, sino por la falta de concienciación sobre el peligro que esas tecnologías pueden llegar a tener a la hora de generar conflictos entre sociedades, como también estamos comprobando con el uso de big data para la identificación y eliminación a distancia de objetivos militares.

A esto hay que añadir una preocupación más, y es que la globalización económica está provocando que ya no solo sean los Estados los que puedan generar conflictos y violaciones de derechos humanos, sino también las grandes empresas de carácter extractivo o comercial, con unas condiciones laborales que a veces crean masacres humanitarias, como el colapso del Rana Plaza el 24 de abril de 2013 en Bangladesh, que dejó 1134 muertos y más de 2500 heridos, la mayoría de ellos trabajadores de la industria textil, a causa de las precarias condiciones en las que trabajaban.

Es preciso, por lo tanto, seguir promoviendo la implantación de las medidas necesarias para garantizar que los documentos que pueden evidenciar violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, sea cuales sean sus productores, sus soportes o sus responsables, sean identificados, descritos y puestos a disposición de las víctimas, de los tribunales de justicia transicional y de la sociedad en general, en cumplimiento de los Derechos Humanos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la no repetición, hoy igual que en 1948. Aquí los Principios básicos sobre el papel de Archiveros y Gestores de documentos en la defensa de los Derechos Humanos – ICA.