


Si hay una certeza mensurable y contrastada es la importancia y el papel determinante que tienen las mujeres para el crecimiento económico de cualquier sociedad, que es evidentemente más sólida y avanzada cuando toda la ciudadanía puede contribuir en igualdad de condiciones a producir, generar actividad económica y riqueza. Impulsándose la fuerza laboral y el talento y las capacidades de las mujeres, se promueve de forma decidida un mayor desarrollo económico y social
Una de las primeras decisiones que tomaron los talibanes en Afganistán cuando recuperaron el poder en agosto de 2021, fue limitar los derechos educativos de las niñas y las mujeres afganas, que en estos momentos tienen prohibido el acceso a la universidad. Una clara regresión que, al negar las oportunidades a las mujeres, está reduciendo las posibilidades de crecimiento del país al renunciar al desarrollo de las capacidades y el talento de la mitad de su población.
No es un fenómeno nuevo, pero si preocupante, comprobar cómo se prescinde de la fuerza laboral e intelectual femenina en muchos países del mundo y cómo esa decisión afecta a su propia evolución como sociedad y como economía. Es aún más grave cuando se estaban dando pasos decididos a revertir la situación, como ocurría en Afganistán, y se vuelve a retroceder en un túnel del tiempo sin perspectiva de retorno. Una evidencia clara de la enorme brecha de desigualdad de género en el mundo se manifiesta con claridad ante cualquier crisis donde siempre cada avance, cada derecho conquistado, es cuestionado por quienes siguen sin entender la riqueza de la diversidad y la igualdad y su contribución y el beneficio que aporta contar con la capacidad y el talento de las mujeres para el desarrollo de una sociedad, y el impacto que ello genera con consecuencias macroeconómicas.
Desde una perspectiva económica, dicha desigualdad de género es un problema no solo para las mujeres, sino para el progreso social y económico de la sociedad en cualquier país, como refleja en sus previsiones la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al afirmar que en todos los países del mundo las economías crecen cuando el número de mujeres ocupadas aumenta.
El empoderamiento femenino sigue siendo en 2023 una tarea pendiente. Seguir avanzando en la consecución de la igualdad real de oportunidades para reducir todas las brechas de género existentes que son un menoscabo fundamental desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres o como concepto ético, es también la ocasión de impulsar un mayor progreso y bienestar social y económico en cualquier país y de fortalecer las estructuras que garanticen dicho desarrollo. Una oportunidad perdida para avanzar en un desarrollo económico más diverso de la mano de una mayor participación femenina en la fuerza laboral que garantiza un progreso económico más justo y a su vez sostenible y sostenido en el tiempo, pero también para la búsqueda de la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo de los países.
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirma que “si el empleo de las mujeres se equiparara al de los hombres, las economías serían más resilientes y el crecimiento económico sería mayor”. Las estimaciones del FMI confirman que, para los países en la mitad inferior de la muestra en términos de desigualdad de género, cerrar la brecha de género en el empleo podría incrementar el PIB un 35% en promedio, del cual entre 7 y 8 puntos porcentuales corresponden a aumentos de productividad gracias a la diversidad de género.
Cualquier sociedad es evidentemente más sólida y avanzada cuando toda la ciudadanía puede contribuir en igualdad de condiciones a producir, generar actividad económica y riqueza. Por tanto, impulsándose la fuerza laboral y el talento y las capacidades de las mujeres, que representan más de la mitad de la población mundial, se promueve de forma decidida un mayor desarrollo económico y social. La economía necesita a las mujeres y es una responsabilidad colectiva canalizar a través de la política los cambios legislativos que favorezcan e impulsen que las mujeres puedan decidir en igualdad su papel y contribución en el mercado laboral para avanzar en una mayor justicia social pero también en una mayor justicia económica al poder contar con el talento de más de la mitad de la población.
Ese camino a seguir lo expone con claridad la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, cuando afirma que “la participación femenina en la fuerza laboral difiere notablemente entre los países que ofrecen un cuidado infantil a coste accesible y aquellos donde las mujeres se ven obligadas a optar entre la familia y la profesión”. “Cuando los costes del cuidado infantil son altos, las madres de menores ingresos no pueden permitirse trabajar. Por cierto, un cambio cultural podría permitir que se abandone el modelo tradicional de familia donde el varón es el sostén económico. Pero la brecha salarial de género seguirá empujando a los hombres hacia el trabajo y manteniendo a las mujeres en el hogar, y en tanto nuestras sociedades estén construidas de manera tal que las mujeres deban ausentarse mucho tiempo del trabajo para cuidar de la familia, la diferencia salarial seguirá existiendo”.
España ha sido en los últimos años un ejemplo y un espejo de vanguardia en el que otros países se miran cuando hablamos de los avances de las mujeres. El Partido Socialista ha tenido un papel preponderante en la consecución de esa mayor presencia de las mujeres en todas las esferas de responsabilidad con gobiernos paritarios con José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, con numerosas leyes que nos han hecho avanzar en igualdad.
En este sentido, la política está demostrándose ser el instrumento más eficaz para lograrlo, estableciendo estándares de exigencia que cambien inercias y reduzcan fenómenos que persisten como la desigualdad salarial o laboral. En este sentido, políticas como la reforma laboral han reducido la temporalidad, un mal endémico en el mercado laboral femenino impulsando la creación de empleo estable y de mayor calidad para las mujeres. De esta forma, en un año de vigencia de dicha reforma, los contratos indefinidos en el ámbito del empleo femenino han pasado a representar del 9% al 41% del total. Igualmente, las medidas adoptadas para asegurar la igualdad retributiva han permitido rebajar la brecha salarial por debajo del 19% y otras políticas como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad o la apuesta del Gobierno por una inversión sin precedentes para la puesta en marcha de centros educativos gratuitos de 0 a 3 años están favoreciendo que se cambie la dinámica de las familias jóvenes y llevando a una igualdad real a la hora de la contratación. Si logramos que las mujeres desempeñen el mismo rol en el mercado laboral que los hombres, el PIB se incrementará de forma considerable.
En la actualidad, el proyecto de ley de Representación Paritaria con el que el actual Gobierno pretende garantizar que la igualdad se cumpla en las listas electorales, el sector público estatal, sociedades cotizadas, grandes empresas y colegios profesionales, es decir, en todos los órganos de decisión, es un avance en la buena dirección. Esta voluntad legislativa persigue acabar con la escasa presencia de las mujeres en ámbitos económicos que sigue siendo una merma para el desarrollo, la evolución y el progreso de nuestro país porque es tanto como afirmar que se está prescindiendo de buena parte del talento y la mitad de las capacidades de la sociedad al no contar con las mujeres, la mitad de la población, para dirigir por ejemplo las grandes empresas e influir en los sectores estratégicos de nuestra economía.
Un dato revelador del contexto actual es la presencia de mujeres en los Consejos de Administración de empresas cotizadas que no llega al 30% y está por debajo del 20% en los puestos de alta dirección. Es decir, sólo 2 de cada 10 altos directivos son mujeres. Promover políticas que favorezcan la presencia de las mujeres al frente de entidades empresariales debe ser un objetivo estratégico en una sociedad evolucionada y avanzada, en la que el papel a desempeñar por las mujeres es decisivo.
Por tanto, no podemos permitirnos en términos de racionalidad económica prescindir y renunciar al talento de las mujeres. Sin embargo, en nuestro país el objetivo ya no es solo que las mujeres estén trabajando porque la incorporación de la mujer al mercado laboral es ya un hecho y representan el 47% de la población activa sino lograr mantener a las mujeres en el mercado de trabajo durante más tiempo con mecanismos y políticas de conciliación que no les obligue a renunciar a sus empleos para formar una familia.
Por ejemplo, tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia, un informe realizado por PwC consideraba que la mujer podía ser una palanca de recuperación económica y social tras la crisis sanitaria si se cambiaban los métodos de trabajo introduciendo nuevas fórmulas que permitirían a las mujeres pasar de tener trabajos a tiempo parcial a trabajos a tiempo completo y que ello podría llevar a aumentar el PIB español en un 16,8%.
En definitiva, la igualdad de género plantea enormes retos a futuro para el crecimiento económico y la estabilidad de los países, pero también para la aplicación de políticas que corrijan las distorsiones del mercado laboral. Implementar políticas que garanticen la igualdad de condiciones desde la infancia para poder contar con la fuerza laboral de las mujeres para un desarrollo más diverso e inclusivo, no solo permitirá tener una economía más resiliente, sino que es la base fundamental sobre la que tener un crecimiento potencial mayor, más sostenido y sostenible sobre el que deben construirse las sociedades del mañana. El mundo no puede seguir prescindiendo de la capacidad y el talento de las mujeres.
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