ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 54, noviembre-diciembre 2023

ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL

Para desarrollar adecuadamente los servicios sociales, y darles eficacia y eficiencia, es necesario estudiar bien las necesidades al respecto; seguidamente, diseñar las políticas en contacto con los sectores afectados. Y posteriormente, controlar adecuadamente el efecto de las políticas y detectar las lagunas que se encuentren. Es preciso dar cobertura a las necesidades sociales que se requieran, expandiendo de manera eficaz el empleo público

Intentar profundizar, en cuatro páginas, sobre el conjunto de las políticas sociales y los retos que tenemos en nuestro país, todos y no sólo el nuevo Gobierno, en los próximos años, no es posible. Así que intentaré plantear aquellas acciones políticas comunes que parecen necesarias y donde existe un alto nivel de acuerdo entre académicos, estudiosos y profesionales que diariamente se enfrentan en la sociedad con el objetivo de intentar resolver malestares sociales.

Los Estados de Bienestar nacieron en los países desarrollados y especialmente en Europa, para intentar redistribuir la riqueza y así conseguir movilidad social en su clase trabajadora y su clase media, y para impulsar políticas que hiciesen frente a las causas que producían desigualdad y/o marginación en su ciudadanía. La Educación, Sanidad, Seguridad Social, Vivienda, los Servicios Sociales… ocuparon la prioridad de y en las agendas políticas en el siglo XX.

Hemos iniciado un siglo XXI con una gran crisis económica, mal enfocada globalmente y con una pandemia sanitaria que nos ha descolocado también globalmente. Las agendas políticas y sociales no pueden conformarse con hacer lo que ya se hacía, ni con recomponer los desperfectos que ambas crisis han producido en las políticas sociales. Sin olvidar una guerra en nuestras fronteras europeas y otra en Oriente Medio que también nos afectará más de lo que muchos piensan. Hay que dar respuesta a los viejos problemas que las viejas políticas no están resolviendo y hay que dar respuesta a los nuevos problemas y malestares del siglo XXI.

Es necesario manejar los datos con rigor, hacer los estudios necesarios y producir los cambios convenientes para que se den las respuestas satisfactorias. Pondré un par de ejemplos para que se me entienda lo que deseo decir. ¿Cómo es posible que exista una prestación para libros y comedor y se detecte que las personas y familias con menos recursos no la perciben y en un porcentaje escandaloso, y la reciben familias que no deberían percibirla por su renta alta? Esto está pasando en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que el “salario social” no esté llegando a las personas que lo necesitan por problemas de ausencia de profesionales para su gestión y por dificultades de acceso de algunas personas y familias a su burocracia? Esto está pasando en el ministerio responsable de la Integración. Las viejas herramientas hay que actualizarlas, la evaluación y control de la gestión ha de ser rápida y exigente y ante cada política hay que disponer del suficiente número de servidores públicos para atender, ayudar, acompañar y corresponsabilizarse con la resolución.

Así, planteo tres actuaciones con las que se ha de empezar para que el Estado de Bienestar llegue a la ciudadanía: 1. Someter a una evaluación de eficacia todo lo que hacemos para comprobar que está sirviendo a la ciudadanía en general y a las personas con más necesidades en particular. 2. Contar con las personas a las que van dirigidas las políticas para que el diseño de ellas responda a reales necesidades y les lleguen rápida y eficazmente. 3. Se necesitan más servidores públicos para atender a las personas, empezando por las ventanillas administrativas y acabando en los hospitales y en los centros escolares. El capítulo I ha de crecer en detrimento del capítulo II porque hay que externalizar menos lo que es responsabilidad del Estado Social de Derecho y, en detrimento también del Capítulo VI, las inversiones superfluas y de adorno de nuestras ciudades deberían ser penalizadas en beneficio de la rehabilitación de equipamientos existentes o de nuevos equipamientos multifuncionales y eficaces.

Dicho de otra manera, la agenda política del nuevo gobierno ha de exigirse: 1. Transparencia y mucho control del gasto. 2. Democracia y participación plena de la ciudadanía. 3. Ser el actor principal para aspirar a una sociedad de pleno empleo.

Me hago eco de las posiciones de la OIT. Hemos de seguir defendiendo una política económica y fiscal que apoye el objetivo de pleno empleo en nuestros países y sociedades, porque sigue siendo la política más correctora de desigualdades y generadora de mayor justicia social. Encarar bien el siglo XXI es apostar por tener el empleo público necesario y por reforzar la economía social y el cooperativismo como vía de desarrollo de un tejido empresarial cercano y más comprometido. Han de venir tiempos en los que el trabajo decente o digno sea la imagen del país. Ello implica, al menos, la protección integral de los derechos de los trabajadores, la educación, formación y aprendizaje para todos y a lo largo de toda la vida laboral y la igualdad real entre hombres y mujeres para erradicar las discriminaciones y las brechas existentes en salarios, condiciones, posibilidades de promociones y pensiones de las mujeres.

Está claro que hablamos también de un doble reto: 1. el de desarrollar las políticas de conciliación en equilibrio para la crianza de hijos y en el cuidado de los miembros de las familias a lo largo de la vida, y 2. el del apoyo a los sectores que son básicos y necesarios en la vida cotidiana y aún más en momentos de emergencias. Sectores que con la pandemia vivida hemos comprobado su necesidad y sus respuestas. Hablo de los sistemas alimentarios, del comercio al por menor, de los servicios de seguridad, de limpieza, de saneamiento, de transporte, a más del sistema sanitario, sociosanitario, social y de los cuidados, y educativo. No lo olvidemos y dignifiquemos a todos ellos.

Convertir el objetivo del pleno empleo y de unos empleos decentes dignos y valorados en la agenda política es la manera más eficaz de apostar por unas políticas de bienestar preventivas, y así con una gestión más eficaz del gasto. Sin duda implicará cambios estructurales, pero todos ellos serán modernizadores y creadores de riqueza, como la OCDE y la OIT lo adelantaron cuando, en la década de los noventa del siglo pasado, otearon sobre los cambios positivos que la incorporación de las mujeres iba a suponer a los países, si se hacía bien. La puesta en marcha de una sociedad activa.

Nuevo gobierno, nueva agenda,… nuevo Pacto Social, nuevo Contrato Social. Es necesario que los niveles de diálogo, de acuerdos, de pactos se cultiven para evitar pasos atrás y para ir configurando un modelo de país defendido por mayorías políticas y sociales. Este siglo ha empezado también con serias dificultades para la gobernanza, con extremismos, populismos y fragmentaciones de organizaciones que dificultan el enraizamiento de la democracia, pero hay que dedicar tiempo a reconocerse, a buscar los puntos de acuerdo, a elaborar la agenda donde los Derechos Humanos, los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, estén claros y defendidos por esas mayorías políticas y sociales. En este momento en nuestro país hay mucho caos, que sólo se resolverá si se tejen leales alianzas.

Es necesario hacer frente a la financiación autonómica para que los derechos de los españoles sean iguales en todo el territorio. Es necesario hacer frente a la financiación de las administraciones locales y a la revisión de la Ley de Bases para repartir responsabilidades entre administraciones, sean unas exclusivas y otras compartidas. Para las políticas sociales es básico y fundamental. Jean Jacques Rousseau decía que “entre el débil y el fuerte, es la libertad la que oprime y es la Ley la que libera”. Cita traída a cuento de que hay que buscar consensos para “ajustar” las leyes generales sociales (Educación, Sanidad, Prestaciones de Seguridad Social o de Presupuestos, Dependencia y sus prestaciones en cuidados de larga duración, Vivienda etc.) cara a su mejora, insisto, empezando por los Capítulos I de todas ellas y cara a dotarse de observatorios que construyan conocimiento y de mecanismos de control e inspección para que las leyes se cumplan y todos trabajemos en la misma dirección. ¿Cómo es posible que la Administración del Estado tenga serias dificultades para disponer, en varias políticas, de la información necesaria para comprobar que la igualdad de derechos se aplica en igualdad? Si, se necesitan más profesionales y también más control de su trabajo, más productividad y compromiso, en muchas ocasiones, del trabajo público.

La longevidad de los países desarrollados convoca al desarrollo de unas sociedades cuidadoras y, así, de unos Estados de Bienestar en los que todas sus políticas han de basarse en: priorizar las políticas preventivas, priorizar un trabajo intersectorial, trasversal e intergeneracional para obtener sinergias, priorizar la acción política en la cercanía y proximidad y así, asumir que los poderes públicos, los gobiernos, están para cuidar a las personas a lo largo de la vida. Cuidar educando, cuidar sanando, cuidar protegiendo, cuidar facilitando vivienda, cuidar acompañando, cuidar. Cuidar desde la concepción de que las personas y sus necesidades están en el centro de todo lo que hemos de hacer.

Sabemos que la comunidad educativa plantea, y tienen razón, que se necesita más profesorado en todas las etapas educativas, desde el 0-3 años a la antesala de las universidades y del nivel más cualificado de las formaciones profesionales, para, además de formar y educar, prestar la atención necesaria al estado físico, económico y social del alumnado; se necesita más formación al profesorado en metodologías activas y en procedimientos de evaluación y seguimiento del alumnado, más allá del rendimiento académico, para lo que hay que reducir los ratios de alumnado por aula. La escuela ha de estar, también, atenta a la brecha social para contribuir a la inclusión desde la infancia; se necesita mayor coordinación y apoyo entre el sistema educativo en sus centros y el sistema sanitario con su atención primaria y los servicios sociales municipales con sus servicios básicos.

Sabemos que la comunidad sanitaria plantea y tienen razón, que vivimos tiempos en los que hay que fortalecer la atención primaria con más profesionales médicos, con más enfermería comunitaria, con más psicólogos/as clínicos y de la intervención social; que hay que priorizar a la salud mental y en qué se gasta el corto presupuesto que a ella se dedica; que hay que fortalecer el Sistema Nacional de Salud, por cierto, el mayor corrector de desigualdades según la mayoría de estudios nacionales e internacionales. El documento presentado y aprobado mayoritariamente en el Congreso de los Diputados bajo el título de “Conclusiones para la Reconstrucción Social y Económica” profundiza, en 38 páginas, sobre lo que en Sanidad y Salud pública se reivindican como tareas o retos importantes para fortalecer el sistema sanitario.

Tenemos una nueva Ley de Vivienda que ha de desarrollarse, priorizando el acceso a ellas de los jóvenes que empiezan a trabajar y buscan su emancipación. Vivienda pública en alquiler o compra y apoyo al cooperativismo riguroso y real, ha de volver a las agendas gubernamentales.

Es el tiempo de llegar a acuerdos y cumplirlos para que los servicios sociales básicos y municipales y los servicios sociales especializados con competencias compartidas, comprometan sus presupuestos y los dediquen a ello, para atender los cuidados en general y los cuidados de larga duración en particular. El empleo que en España y en Europa se crearía sería importante. Europa reconoce que les/nos faltan algo más de un millón doscientos mil puestos de trabajo por cubrir en el área de los cuidados, por los malos salarios que se ofertan y por la mala formación que se recibe, para atender los cuidados de larga duración. No hemos de olvidar, además, que los cuidadores no formales suponen en España entre un 9 y un 15% del PIB, entre 140.000 millones y 311.000 millones. Transformar parte de los cuidados no formales en empleo, preferentemente, en la economía social y en el cooperativismo, nos situaría en una economía y sociedad más activa e igualitaria. Recordemos que en España sólo dedicamos el 0,8 de nuestro PIB a los CLD (cuidados de larga duración).

Es el tiempo de hacer que los desempleos y los salarios sociales lleguen a toda persona y familia que lo necesiten y lleguen por el menor tiempo posible, porque los sistemas de empleo y sociales han de dedicar sus esfuerzos, políticas y personas para convertir su integración y autonomía en prioridad. Los Estados Sociales y Democráticos de Derecho, como el nuestro, no están para dar peces, están para enseñar a pescar, tarea más difícil pero más eficaz y digna.

Se acaba la página y, como ven, estamos ante una tarea descomunal y colosal que recuerdo será posible si se hace con: 1. Rigor, eficacia en gasto y transparencia; 2. Haciendo partícipes a la ciudadanía, profundizando en la democracia; y 3. Teniendo un liderazgo público potente en todos los sistemas.