ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 54, noviembre-diciembre 2023

LA AGENDA SOCIAL DEL GOBIERNO PROGRESISTA

Los acuerdos de investidura para elegir a Pedro Sánchez como Presidente de Gobierno marcan unas prioridades para el nuevo Gobierno progresista (PSOE-SUMAR) que garantizan un avance social, especialmente profundizando y añadiendo nuevos derechos laborales: pleno empleo, Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, Estatuto del Becario… Todo ello, a pesar de la amenaza y bronca permanente de PP-VOX, y el riesgo de un frágil apoyo por parte de los nacionalistas

La mayoría del Congreso de Diputados, frente al riesgo de un Gobierno del PP con Vox, que pudiera ensanchar las medidas reaccionarias que están adoptando en las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y ayuntamientos donde gobiernan juntos, ha apoyado la formación de un gobierno de coalición progresista, que garantice las mejores condiciones para el avance de los intereses de la mayoría social, como se recoge en el programa de gobierno del acuerdo del PSOE y SUMAR y también en los acuerdos bilaterales alcanzados con los partidos de la mayoría de la investidura (PNV, Bildu, ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria). En el caso de los partidos independentistas de Cataluña, se pactó una futura ley de amnistía para los encausados por el “procés” que se va a debatir en el Congreso.

El nuevo Gobierno progresista tiene, entre otras prioridades, alcanzar el pleno empleo, el control de la inflación, aumentar el poder adquisitivo, reducir las listas de espera médicas, revalorizar las pensiones, mejorar el acceso a la vivienda y avanzar en igualdad y cohesión territorial. Este nuevo mandato del Gobierno progresista se inicia en una situación de incertidumbre internacional, condicionada por dos guerras simultáneas, en Ucrania y Palestina, y el anuncio de ajustes fiscales en la Unión Europea (UE) a partir de 2024. Son evidentes las dificultades que va a tener que afrontar el Gobierno progresista, pues la respuesta del PP y Vox no es otra que la de no aceptar los resultados del 23J, a lo que se suma el rechazo de sectores económicos y empresariales, y también se pueden producir conflictos en las reformas progresistas con Junts o el PNV.

Algunos de los compromisos alcanzados han abierto brechas con las organizaciones sindicales y otros colectivos. En el acuerdo con ERC por el traspaso del servicio de Rodalies (Cercanías) a la Generalitat de Catalunya, los sindicatos de Renfe y Adif exigen que se garanticen los derechos de los trabajadores afectados. CCOO y UGT, al respecto del acuerdo con el PNV en el que se citan traspasos con referencias directas a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y la fracción de cuota por contingencias comunes o indirectas en materia de Seguridad Social, ambos sindicatos instan a que estas cuestiones deben ser abordadas en el marco del Pacto de Toledo y la concertación social. También demandan que el compromiso adquirido con el PNV de dar la prevalencia a los convenios colectivos de ámbito autonómico sobre los convenios estatales, dichas modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores deben negociarse en la mesa de diálogo social.

En el acuerdo de PSOE y SUMAR, se reafirma el compromiso para desarrollar las medidas sociolaborales contenidas en el acuerdo programático en el marco del diálogo social. Se quiere impulsar «una segunda oleada de derechos laborales» en los próximos cuatro años, culminando en el preconizado Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Esta propuesta introduce una nueva y cambiante característica, pues no solo afectaría a las personas asalariadas, sino a todos aquellos que prestan actividades profesionales. Se pretende establecer el cuadro de derechos de los autónomos, de los cooperativistas; y un desarrollo del trabajo por cuenta ajena que incorpore expresamente la transición digital, incluido el gobierno de los algoritmos, y la transición verde, a través de fórmulas de negociación colectiva que garanticen la sostenibilidad.

También se quieren recuperar y ampliar los derechos laborales recortados con la reforma laboral de 2012 en materia de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en las descuelgues o inaplicaciones; se revisarán las causas para acogerse a estos procedimientos para que sólo se puedan utilizar en las situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa. A su vez, se mejorará la protección de los trabajadores frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y dotando a la cuantía de las indemnizaciones del necesario carácter disuasorio, y reforzando la causalidad en los supuestos de la extinción de la relación laboral.

La actual jornada laboral máxima de 40 horas semanales se reducirá a 38,5 horas en 2024 y las 37,5 horas en 2025, sin reducción salarial. Respecto al salario mínimo interprofesional (SMI), se continuará su proceso de dignificación, de forma que en el Estatuto de los Trabajadores recoja que se debe acompasar al 60% del salario medio. Se reconoce a la negociación colectiva como la herramienta fundamental para determinar los salarios; se apoya de forma explícita el V AENC, firmado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT; se pretende impulsar un pacto de rentas para la estabilidad de los precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países de nuestro entorno.

De inmediato se prevé poner en marcha un plan de choque frente al desempleo juvenil y otro para al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años. En este sentido, el texto contempla el despliegue de los servicios garantizados por la Ley de Empleo para que las personas en desempleo de larga duración cuenten con un perfil individualizado a lo largo del año 2024, que les permita acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación. También se establece el compromiso de simplificar y mejorar el nivel asistencial por desempleo, facilitando el acceso y la compatibilidad de las prestaciones con el trabajo.

El Estatuto del becario vuelve a situarse entre los compromisos para este nuevo periodo legislativo. También se anuncia una nueva regulación para la jubilación parcial y el contrato de relevo. En materia de salud laboral, se actualizará la normativa sobre prevención de riesgos laborales, para incorporar el impacto de género, junto la introducción de los riesgos específicos y las medidas de prevención de las tecnologías digitales, la robotización y los riesgos psicosociales. Asimismo, se prevé la actualización del catálogo de las enfermedades profesionales y del procedimiento de notificación del accidente de trabajo.

Se manifiesta el derecho a la participación de los trabajadores en los órganos de administración de las empresas, una reivindicación histórica del movimiento sindical. Así mismo, se impulsará una ley de participación institucional de los sindicatos y asociaciones empresariales en las Administraciones Públicas; se establece un compromiso de aprobar una Ley de impulso a la economía social; y establecer reglas sobre la representatividad de las asociaciones empresariales, en particular en las pequeñas empresas. El programa se reafirma en el cumplimiento por parte de nuestro país de los compromisos derivados de la Carta Social Europea y los procedimientos de reclamación colectiva, y la asunción de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).