ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 49, dic. 2022- enero 2023

LA ASISTENCIA SANITARIA A LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVEN EN LAS RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

Queda mucho por investigar y esclarecer sobre lo que ocurrió durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. La primera tentativa fue una Comisión de Investigación parlamentaria en la Legislatura XI, que finalizó abruptamente por la convocatoria de Elecciones. En la actual Legislatura, a pesar de ser una necesidad reclamada por la ciudadanía y propuesta por los grupos de la izquierda, los grupos de la derecha han impedido su constitución en la Asamblea de Madrid. El actual modelo de residencias de mayores ha mostrado muchas debilidades y hay una necesidad objetiva de cambio, tanto en el modelo de gestión, que debe ser mayoritariamente pública directa, como en su diseño y organización, para mejorar su calidad y calidez en la vida de las personas mayores. Este es un asunto que afecta y en el que se debe implicar a toda la ciudadanía de la Región

Si antes de la pandemia de COVID-19, buena parte de la ciudadanía se debatía en un mar de contradicciones a la hora de optar por una residencia como el hogar de destino para algún familiar mayor y se enfrentaba a la búsqueda del centro más adecuado por sus condiciones, su proximidad y su coste; tras las olas más intensas de la pandemia y el éxito de la vacunación, muchas familias añaden a esta decisión la incertidumbre que ha provocado la gestión de la pandemia en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid.

El fallecimiento de 7.291 mayores en centros residenciales, durante los meses de marzo y abril de 2020 en la primera ola de la pandemia, coincidió con el establecimiento de un protocolo, el 18 de marzo y sus sucesivas versiones, que excluía a los mayores con dependencia o discapacidad, del criterio de traslado a un centro hospitalario para recibir la asistencia sanitaria que requerían.

Familiares de los mayores, fallecidos y supervivientes, que afrontaron la pandemia sin la información adecuada, ni las respuestas, ni la atención que esperaban de la Administración madrileña, recurren a los tribunales de Justicia en busca de la verdad y de consuelo.

Recientemente, la noticia de que un juzgado ha citado a declarar, tres años después de los acontecimientos, como testigos a dos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, pone el foco nuevamente en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido.

Así las cosas, tras el último rechazo de la Mesa de la Asamblea a la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, el PSOE de Madrid se ha puesto, nuevamente, a disposición de los familiares afectados y el asunto ha trascendido las fronteras. El Grupo Socialista Europeo se ha reunido telemáticamente, sin perjuicio de la reunión presencial prevista en los próximos días, con las plataformas de afectados para apoyarles en su justa demanda, para que lo ocurrido en la primera ola en las residencias madrileñas sea escuchado en la Comisión de Peticiones de la Unión Europea.

En la Legislatura anterior, el 6 de julio de 2020, se constituyó la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020 (en adelante la Comisión de Investigación), que se reunió en 10 ocasiones a lo largo de los ocho meses de su existencia, y cuyos trabajos consistieron, fundamentalmente, en la realización de comparecencias. Sin llegar a concluir su mandato, ni emitir dictamen alguno, la última reunión de la Comisión de Investigación se produjo el 5 de marzo de 2021.

La razón no fue otra que la decisión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid de disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones, mediante el Decreto 15/2021, de 10 de marzo. Con ello se finiquitaba la Comisión de Investigación cuyo objeto establecía “analizar la situación creada en las residencias de personas mayores de la Comunidad de Madrid por el COVID-19 durante los meses de febrero a junio de 2020. Además, se determinarán, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones inadecuadas o irregulares en un momento de grave crisis sanitaria” (BOAM Núm. 62 / 23 de junio de 2020).

La segunda sesión de la Comisión de Investigación, el 9 de octubre, comenzó con la Comparecencia del Sr. D. Miguel Vázquez, Presidente de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), a petición del Grupo Parlamentario Socialista, por la importancia de su testimonio. En palabras de Puri Causapié, “los familiares de personas residentes han sido clave para conocer mucho de lo que estaba sucediendo en las residencias de mayores, y han sido clave también, no solo durante esta crisis, sino con anterioridad“, destacando La importancia de los antecedentes, de la situación producida y del modelo de residencias en la Comunidad de Madrid.

En esa primera comparecencia (XI DS-251, de 9 de octubre de 2020) se puso de manifiesto el incumplimiento por la Comunidad de Madrid de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establecía medidas relativas al personal, sanitario y no sanitario y medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19 en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, con la obligatoriedad de clasificar a los residentes con carácter urgente en cuatro grupos en relación con los síntomas, contactos y confirmación de la enfermedad.

Asimismo, se destacó el incumplimiento de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que se establecían medidas de intervención de los centros residenciales por la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad.

Por último, también detectaron que a los residentes no se les estaba derivando a los hospitales por la aplicación de protocolos y tampoco recibieron asistencia médica.

Muchos fueron los comparecientes que dejaron su testimonio en la Comisión de Investigación, como recogen los Diarios de Sesiones de la Asamblea de Madrid, y su lectura hoy nos permite una mirada retrospectiva y reflexiva muy recomendable, a pesar de no disponer de Dictamen.

En la Comunidad de Madrid el sistema de residencias está en manos de los fondos de inversión. El 95% de los centros son privados y de grupos empresariales. De las 500 residencias en la región, solo 25 son públicas, y la escasez de los recursos de la Inspección, con 22 inspectores, hace imposible la vigilancia y el control que merecen estos servicios.

 

Esta situación debe revertirse, y los fondos europeos son una oportunidad magnífica para aplicar un plan de choque con el que se construyan rápidamente residencias públicas, con las 8.000 plazas que se necesitan en la Región, y que las residencias de gestión indirecta pasen a estar gestionadas por la AMAS, como lleva proponiendo el Grupo Socialista en Resoluciones aprobadas en Pleno de la Asamblea de Madrid, desde 2016, e incumplidas por el Gobierno Regional.

En la actual Legislatura, los Grupos parlamentarios PP y VOX se han opuesto y han impedido la creación de una nueva Comisión, e incluso han votado en contra de una MOCIÓN subsiguiente a la Interpelación I 11/22, sobre política general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de residencias para personas mayores, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, de 5 de mayo de 2022 (DS Nº227), en la que se instaba al Consejo de Gobierno a poner en marcha las siguientes actuaciones en las residencias para personas mayores:

1. Respecto a sus profesionales:

– Mejora de las ratios de personal en las residencias hasta alcanzar la atención digna que requieren los y las residentes. La ratio diferenciará entre personal de atención directa y personal de atención indirecta. También tendrá en cuenta el grado de dependencia del usuario/a. Y se contará por puestos de trabajo, considerando las bajas laborales, vacaciones y descansos del sector.

– Inclusión de las condiciones más favorables al personal en pliegos y contratos según el convenio más beneficioso. Así se paliará la dificultad para encontrar personal, especialmente en algunas categorías, y se favorecerá su estabilidad.

– Las funciones de cada categoría profesional en las residencias estarán bien definidas por escrito desde la Consejería, que las hará llegar a todas las residencias y verificará su cumplimiento. También se evitarán, siempre que sea posible, las rotaciones en el personal de atención directa.

– La Comunidad de Madrid procurará los medios materiales necesarios para que los profesionales puedan cumplir los protocolos de la Agencia Madrileña de Atención Social en las residencias públicas. En el resto de los centros vigilará que dispongan de dichos medios materiales.

– No se permitirá la contratación por parte de las residencias y centros de día de personal sin la titulación académica precisa para desempeñar las distintas profesiones sanitarias y sociales.

2. Respecto a las residencias:

– Estudio de evaluación de las necesidades del sistema de residencias en el plazo de tres meses. Sus resultados se utilizarán para impulsar un plan de choque de residencias públicas que lleve aparejada la construcción de residencias públicas hasta alcanzar el número de plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

– Se asignarán a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) todas las residencias de gestión indirecta que están bajo la competencia de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia.

– Limitación del número de plazas en las nuevas construcciones de residencias a 50, priorizándose las habitaciones individuales, y en los centros de día a 100. En las residencias ya construidas se adaptarán sus instalaciones a través de un plan de adecuación para alcanzar este objetivo.

– Los centros estarán ubicados en suelo urbano, próximos a los espacios de actividad social, sanitaria y comunitaria y los ya construidos que no cumplan este requisito deberán garantizar la comunicación mediante transporte público u otros medios.

– Las residencias contarán con “módulos o unidades de convivencia estables”, donde viva un número reducido de personas, que funcionarán, en la medida de lo posible, de manera similar a un hogar.

– Realización de las reformas arquitectónicas y de mobiliario oportunas para disminuir el uso de sujeciones.

– El método de adjudicación de plazas concertadas se modificará para mantener a los residentes (que así lo deseen) en sus plazas actuales sin traslados forzosos que pongan en riesgo su salud.

3. Respecto a la participación y el control:

– Establecimiento de los consejos de participación en todas las residencias, en los que se permitirá la participación de los familiares en un porcentaje del 40% de su composición.

– Aumento de los inspectores hasta alcanzar uno por cada quince residencias. Estas inspecciones deberán incidir en el estado de los y las residentes y del centro. Acceso público a los informes de las inspecciones.

– Creación de la figura del Defensor del Mayor, que velará por el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas mayores y atenderá todas aquellas cuestiones relativas a este colectivo, en conexión con el resto de las administraciones y actores implicados.

– Regulación mediante Decreto el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los servicios sociales residenciales, y de todas las residencias de mayores, públicas y privadas de la Comunidad de Madrid, tomando como referencia el Decreto 221/2011 de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo en el mismo un sistema efectivo de registro, información, inspección y sanciones por incumplimiento.

– Mejora de los registros de la Comunidad de Madrid, en especial en lo relativo a las residencias concertadas, para que incluyan todos los aspectos necesarios a controlar, como los concernientes al uso de sujeciones o los contagios por Covid19. También se modernizará el acceso a los registros proporcionando los medios informáticos necesarios en las residencias públicas y permitiendo la participación en el sistema HIRE a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

– Establecimiento de un protocolo para que la Consejería de Sanidad vigile la alimentación en todas las residencias, verificando su calidad nutricional, cantidad, aspecto y sabor.

– Creación de un departamento en la Consejería de Familia, Juventud y Política Social que centralice y dé respuesta en un plazo inferior a diez días a las reclamaciones y quejas de los usuarios/as y familiares.

4. Impulso de la coordinación socio sanitaria garantizando la atención en todos los recursos disponibles de la sanidad pública a los usuarios/as de residencias a través de un protocolo zonificado con acceso de los profesionales a la historia clínica y al programa individual de atención.

CONCLUSIÓN:

En la actualidad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene mucho margen de mejora en la gestión de las residencias de mayores de la Región; desprecia la importancia de la participación, el diálogo y la negociación para gobernar los servicios públicos fundamentales que deben atender con la dignidad que merecen a las personas mayores; y tiene pendiente aprobar una nueva comisión de investigación, que depure de una vez responsabilidades.

El actual modelo de residencias de mayores ha mostrado sus muchas debilidades, y hay una necesidad objetiva de cambio. Primero, en el modelo de gestión, que debe ser mayoritariamente pública directa, pero también su diseño y organización, para mejorar su calidad y calidez, y para que prevalezca la dignidad de los mayores en verdaderos hogares con la participación de la comunidad.

Si en la Comisión de Investigación fueron fundamentales los testimonios de profesionales, de representantes de empresas y de la Administración Pública, pero sobre todo los de los familiares de mayores residentes, hoy día lo siguen siendo, porque continúan luchando por conocer la verdad de lo que ocurrió en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en la Región, y proponen cambios y soluciones. Escucharles, apoyarles y respaldar sus iniciativas en las instituciones, es una obligación, y un compromiso que debe implicar a toda la sociedad en la Comunidad de Madrid.