ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 50, marzo-abril 2023

EL AGUA NO SE VENDE, EL AGUA SE DEFIENDE

Es la historia de un movimiento ciudadano que surgió en defensa del agua pública. Que aglutinó a distintas sensibilidades de la ciudad de Alcázar de San Juan con un objetivo común: que el agua no fuera un negocio sino un derecho humano. Se formó un grupo creativo, asambleario y con gran capacidad de escucha entre ellos y ellas. Que programaban semana a semana las distintas actuaciones a realizar para lograr que la empresa de Aguas volviera a ser pública 100% y que la multinacional Aqualia dejara de hacer negocio con el agua de todos-as

El germen de lo que será la Plataforma en Defensa del Agua Pública surge el 10 de julio de 2013, cuando se reunieron en el centro cívico de la ciudad trabajadores de la empresa municipal de Aguas, representantes de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, y ciudadanos-as contrarios a la venta de Aguas de Alcázar, cuando conocieron que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por el PP y CxA había convocado un Pleno, el día 19 de ese mes, con la propuesta de iniciar el estudio para el cambio en la gestión del agua, de empresa pública a empresa mixta con capital público-privado.

La plataforma se constituyó en Asociación inscrita en el registro nacional de asociaciones con el nombre de Plataforma para la Defensa del Agua Pública y del Medio Ambiente.

El agua en Alcázar es un recurso muy valorado, pues es una zona muy salobre y la calidad del agua fue mala hasta el siglo XIX. En 1907 se constituye la primera Sociedad de Aguas, que es la primera en traer el agua desde 25 km con una buena calidad. A lo largo de este tiempo y con el cambio de diferentes normativas, la Sociedad de Aguas se municipaliza. En 1992 se crea la empresa pública actual, que gestiona el ciclo del agua.

La razón que alegó el equipo de gobierno era que la empresa Aguas de Alcázar estaba en quiebra técnica y que la única solución era recapitalizarla con un socio privado. Pero esa quiebra técnica que argumentaban no era verdad, sino que la anterior corporación municipal, con mayoría absoluta del PSOE, encargó a la empresa de Aguas el cobro de las tasas de alcantarillado, pero la empresa de aguas no realizaba el correspondiente pago al Ayuntamiento, sino que lo compensaba con obras que realizaba por encargo de este, que no eran estrictamente temas relacionados con el agua, sino el arreglo de calles del municipio, preparación de eventos, invitaciones… Esto iba ocurriendo desde el año 2006 al 2010. Cuando llegó el nuevo equipo de gobierno (PP y CXA) después de ganar las elecciones, no reconoció las facturas de las obras de la anterior corporación y pasó la deuda de largo plazo a corto plazo. La empresa de Aguas no emitió la facturación de obras por un valor de 995.370 euros, y en su cuenta de resultados lo tuvo que considerar como pérdidas. La situación de quiebra real no era cierta, ya que no tenía deuda con la seguridad social, ni con proveedores, ni tenían pendiente de pago las nóminas a sus empleados. La deuda era una excusa para regalar aguas a una empresa privada.

Una gran mayoría de los vecinos y vecinas salieron a la calle para evitar el cambio de gestión. El partido popular respondió mandando a las unidades antidisturbios de la policía nacional, que realizó cargas contra los manifestantes que se concentraban en la plaza de España, enfrente del Ayuntamiento. Se realizaron varias caceroladas multitudinarias, y un grupo de vecinos y vecinas se encerró en el Ayuntamiento, siendo apoyados en el exterior por una gran multitud de personas. Este movimiento tuvo una gran repercusión nacional. Salió en la televisión, radio, prensa nacional.

El alcalde llevó a cabo la privatización de la empresa de Aguas sin escuchar la movilización general de su pueblo, pero la lucha siguió para lograr su remunicipalización, a pesar de las multas, los insultos a la ciudadanía.

La multinacional Aqualia fue la empresa que resultó ser la adjudicataria del contrato de la gestión de la empresa de Aguas.

La plataforma tenía dos objetivos muy unidos, como eran que el agua de Alcázar volviera a ser 100% pública y lograr que su gestión fuera transparente, porque esa falta de transparencia había sido la excusa para regalar la empresa y privatizarla.

La Plataforma estaba integrada por personas a título personal. Muchas de ellas pertenecían a partidos, sindicatos, asociaciones variadas, pero en la plataforma cada persona era individual. Su funcionamiento era asambleario. Se celebraban reuniones todos los lunes a las 19 horas en el Centro Cívico de la ciudad (más de 400), donde se acordaban las actuaciones que se iban a realizar. Todos los viernes se realizaba una concentración en la plaza de España, para seguir dando visibilidad a la lucha por el agua pública (290 hasta la llegada del COVID 19). En ella el portavoz, primero Juan Garrido y más adelante Fernando Ruiz de Osma, tomaban la palabra, pero cualquiera podía hacerlo y contar sus emociones, sus preocupaciones, sus historias en torno al agua. Además, se realizaba un noticiario del agua donde se compartían los problemas de privatizar el agua en cualquier lugar del país o los triunfos.

Las fuentes de financiación eran las aportaciones de los propios componentes y simpatizantes de la Plataforma. Además de los donativos procedentes de los objetos elaborados: calendarios, cajas de regalo del agua, con una botellita del agua de las Perdigueras 100% pública (como en la película de Icíar Bollain Y también la lluvia), camisetas, chapas, bonos de ayuda, participación en las murgas carnavalescas de diciembre, participación en el desfile de máscaras del Carnavalcázar y en las jornadas gastronómicas de la feria en septiembre…

La actividad de la Plataforma tuvo un gran efecto en los municipios y ciudades que también luchaban por remunicipalizar su agua, y también tuvo mucha repercusión en otras asociaciones que defienden el agua pública y el derecho humano al acceso al agua pública, donde se invitaba a la plataforma a participar en jornadas, en seminarios, conferencias…

Hay pocos movimientos que hayan tenido una duración tan sostenida a lo largos de tantos años. Ha habido multitud de acciones a lo largo de estos años: recogida de firmas (11000), preguntas y presencia en todos los plenos del Ayuntamiento, buzoneo por toda la ciudad, presentación de alegaciones a la memoria justificativa para el cambio de gestión, campañas informativas para los vecinos y vecinas, organización de conferencias y jornadas con expertos en el tema del agua, foro social en defensa del Agua Pública, edición del Boletín El agua de todos, creación de jotas, romances, cantos del mayo del agua, ruedas de prensa, conciertos, entrevistas en las radios locales, cartas a empresas y establecimientos comerciales, consulta ciudadana; entrega de los resultados en el Congreso de los diputados, defensora del pueblo, cortes regionales; celebración del día de los derechos humanos, referido al agua; celebración del día del agua; proyección de películas: Y también la lluvia; visita al patrimonio del agua: pozo de las Perdigueras y estación depuradora; colocación de guantes azules en la empresa de aguas; manifestaciones por la ciudad; concentraciones en la plaza …

La exconcejala de la corporación municipal Ana Belén Tejado, del PSOE, cuando se privatizó la empresa de aguas interpuso un recurso contra el pleno de adjudicación del contrato de la gestión de la Empresa Municipal de Aguas de Alcázar a Aqualia. El motivo era que PP y CXA llevaron al pleno la adjudicación a favor de Aqualia como urgencia y la aprobaron sin tener mayoría absoluta, sólo con la mayoría simple. El juzgado de lo contencioso-administrativo de Ciudad Real, en 2015 dio por válido el pleno. Ana Belén continuó con su recurso, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en 2017 declaró nulo el pleno. La empresa Aqualia realizó un recurso de casación, y por lo tanto había que llegar al Tribunal Supremo para que ratificara la sentencia. Ella lo llevó a cabo, de forma individual, por ser fiel a su compromiso como siempre defendía, ya que no consiguió el apoyo de su partido ni de su dirección. En esa lucha judicial estuvo apoyada por la plataforma y muchos ciudadanos y ciudadanas que sostuvieron los recursos económicamente. La plataforma le concedió un premio por la defensa del agua pública.

El 10 de junio de 2020 se hace pública la sentencia del tribunal Supremo, que da la razón a la exconcejala de la corporación municipal Ana Belén Tejado, haciendo firme la sentencia del TSJ que declaraba nulo el pleno en el que se adjudicó a Aqualia el contrato de la gestión de la Empresa Municipal de aguas de Alcázar.

Por esta persona que ha sostenido en los tribunales la querella contra la multinacional y gracias a esa sentencia ha sido posible conseguir la remunicipalización. La constancia de la plataforma ha sido fundamental para mantener esta lucha durante cerca de 8 años.

El 30 de septiembre de 2020, el Pleno Municipal de Alcázar de San Juan, con el voto en contra de los concejales del PP y Vox, aprobó la propuesta para suscribir la operación de crédito a largo plazo con lo que se va a financiar la remunicipalización de Aguas de Alcázar, devolviendo a Aqualia los 5.551.490 euros.

El 3 de septiembre de 2021, Aqualia, socio privado y mayoritario salía de la empresa Aguas de Alcázar tras siete años y medio de gestión mixta y el municipio recuperaba la gestión de un servicio que según los cálculos que explica el nuevo gerente arroja unos beneficios anuales cercanos al medio millón de euros.

El 18 de abril de 2022 se celebró la asamblea ordinaria de la asociación Plataforma por la Defensa del agua Pública y del Medio ambiente de Alcázar de San Juan, donde se acordó el fin de sus actividades y su disolución, porque el objetivo de su creación se ha conseguido.

Este movimiento nos hace tomar conciencia de que el agua se ha convertido en un recurso natural fundamental, necesario y cada vez menor, debido al crecimiento acelerado de la población en el mundo, la contaminación y el cambio climático. El agua debe sustraerse a la lógica del mercado. Debe ser su gestión pública, directa y transparente, porque existe una gran diferencia entre la gestión pública y la privada. Todas las empresas tratan de obtener los máximos beneficios, pero para las empresas privadas lo primero son los accionistas y más tarde están los usuarios. Su objetivo es aumentar la cuenta de resultados para repartir los beneficios entre los accionistas, mientras que en las empresas públicas los beneficios no se reparten, sino que siempre repercuten en la mejora del servicio.