ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 51, mayo-junio 2023

EL MODELO DE VIVIENDA QUE NECESITA MADRID

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En Madrid, el gobierno de Ayuso ha incumplido todas sus promesas en materia de vivienda. Es más: no solo ha prescindido de aportar algo en esa materia, sino que ha vendido ilegalmente vivienda social indemnizando a un fondo buitre. El precio de la vivienda ha seguido escalando, de modo que indicadores como la tasa de emancipación de los jóvenes ha caído. Más Madrid propone medidas concretas eficaces para generar oferta de vivienda pública y frenar la especulación sobre la vivienda

La señora Ayuso afirma que hay que juzgarla por la acción de su gobierno. Pues bien, su gobierno es incapaz de presentar un solo dato positivo en materia de vivienda. Da igual que hablemos de vivienda pública, de precios del alquiler, de familias vulnerables o de emancipación juvenil, que el resultado es siempre el mismo: lamentable. Su gobierno ha presentado más anuncios y carteles que viviendas, pero lo cierto es que en 2019 prometieron 25.000 viviendas del plan VIVE; en 2021 aseguraban que ya era una realidad y terminan la legislatura sin haber entregado ninguna vivienda.

El gobierno del Ayuso ha conseguido hundir todavía más el parque de vivienda pública y le ha puesto el broche de oro a la venta ilegal de vivienda social indemnizando al fondo buitre de Goldman Sachs con 109 millones de euros. Si el parque público de vivienda ya se ubicaba en la cola de Europa con 0,3 viviendas por cada 100 habitantes, la acción de gobierno de Ayuso lo ha reducido todavía más.

Desde que gobierna la señora Ayuso, la tasa de emancipación ha caído, especialmente en la franja de edad de la población más emancipada, la que tiene entre 30 y 34 años, en más de 7 puntos, lo que supone un descenso que está por encima de lo que ha caído en la media nacional. A fecha de hoy, solo 15 de cada 100 jóvenes pueden emanciparse de casa de sus padres.

Respecto a la exclusión residencial y la precariedad en el acceso a la vivienda, en la Comunidad más rica de España, alrededor de unas 400.000 familias se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda. Del mismo modo, el PP mantiene una lista cronificada de miles de familias calificadas de especial necesidad a la esperar de acceder a una vivienda social.

Cada vez más sectores de la población madrileña tienen dificultades tanto para comprar como para alquilar una vivienda. Eso ocurre porque la vivienda se ha convertido en el principal sumidero de los ingresos derivados del trabajo de los madrileños. La falta de acceso de acceso a la vivienda es un déficit democrático, pero también es un lastre económico y productivo: ya que su modelo desincentiva la inversión productiva, reduce la renta disponible, perjudica el consumo de la población con mayor propensión marginal al consumo y limita el potencial de la gente perjudicada por no acceder a la vivienda.

¿Qué necesitamos?

Cuando lo público se retira de la vivienda, cuando las instituciones abandonan a su suerte a la gente, lo que aparece es un modelo depredador donde la especulación tiene toda la libertad para intervenir en la vida de la gente. No hay un solo país en el que externalizar la política de vivienda al mercado haya obtenido como resultado generar vivienda asequible y facilitar el acceso a la vivienda.

Por eso, para empezar a dar pasos en la dirección contraria; esto es, para empezar a equilibrar la balanza en favor de la vivienda como un derecho y un servicio garantizado, en detrimento de la vivienda como un activo financiero con el que especular, necesitamos que los poderes públicos remuevan los obstáculos que impidan o dificulten la libertad de los madrileños e intervengan promoviendo las normas necesarias para impedir la especulación.

Texto, Pizarra

Descripción generada automáticamente En Más Madrid proponemos una modificación sustancial en el diseño de cómo debe funcionar el modelo de vivienda. Actualmente el mercado de la vivienda en alquiler está constituido fundamentalmente por la oferta privada y de forma muy reducida la protegida y la pública. Planteamos diversificar el modelo impulsando con fuerza al actor social como proveedor de vivienda y ampliar notoriamente el papel del actor público, así como en reivindicar una regulación de precios en el sector privado. El espejo en el que nos miramos, con todas las diferencias que sobra mencionar, es el que funciona en Viena, donde la mayor parte de la oferta de alquiler recae sobre la vivienda pública y social y se aplica una regulación de precios en las dos terceras partes de la vivienda privada (todas las construidas hasta 1953).

¿Cómo se logra esto?

En Más Madrid tenemos un plan integral de vivienda para Madrid que se sostiene fundamentalmente sobre dos patas: aumentar por todos los medios la oferta de vivienda pública y asequible y frenar por todos los medios la especulación con la vivienda. Para esto hace faltan políticas públicas, leyes, presupuesto e instrumentos financieros. Son múltiples las herramientas y las políticas de vivienda que son necesarias, tales como contar con una Ley de vivienda, una unidad anti-desahucios, proveer alternativa residencial provisional para situaciones de emergencia; un tranquiler público a propietarios; reserva de un porcentaje de suelo para vivienda asequible; o la rehabilitación de vivienda, que supone un cambio cualitativo en la industria de la construcción, así un largo etcétera de medidas. Aquí me limitaré a exponer de manera muy resumida solo algunas de ellas. Para poder diseñar mejor las políticas, lo primero que necesitamos en Madrid es un observatorio de la vivienda. El PP de Ayuso, por motivos políticos, no quiere tener información sobre la realidad de la vivienda en nuestra comunidad. Así es imposible hacer un mapeo de la situación de la vivienda y, por lo tanto, contar con la información necesaria para que las administraciones puedan intervenir para equilibrar la balanza.

Necesitamos políticas que, en lugar de vender vivienda pública, compren vivienda privada. Por eso mismo proponemos desprivatizar el parque de vivienda ya existente con la compra de 10.000 viviendas en los próximos cuatro años. Políticas que combinen necesidades de cuidados y de vivienda, como la compra de la nuda propiedad de viviendas donde residen personas mayores que buscan contar con liquidez para financiar los cuidados que reciban en su propio domicilio. Se permite así que todas las personas propietarias de su vivienda puedan, hasta el momento que lo decidan, seguir viviendo en ella contando con los recursos económicos que necesite. Las rentas obtenidas por el inquilino de esa vivienda, una vez pase a formar parte del parque público de vivienda, se utilizarán para seguir invirtiendo en ampliar el parque de vivienda público.

Políticas que, basándonos en el modelo que ofrece Viena, impulsen las asociaciones de beneficio limitado como un actor fundamental para proveer vivienda a precio regulado. Las asociaciones de beneficio limitado están obligadas a reinvertir los beneficios en seguir aumentando la oferta de vivienda asequible. Se trata de un beneficio acotado administrativamente por el gobierno a diferentes regímenes de empresas (cooperativas, fundaciones, y también futuras asociaciones de vivienda) para que sean consideradas Promotores de Vivienda Social que, a cambio de proveer vivienda social/asequible, la administración ayude con una combinación de ayudas económicas, crédito blando o apoyo técnico. Se ofrece suelo y préstamos accesibles para garantizar una retribución suficiente de cara a garantizar costes de inversiones y gastos operativos.

Necesitamos legislar para desincentivar las operaciones que tienen por objetivo inflar los precios de la vivienda; por eso proponemos un impuesto a la especulación. Consta de tres partes 1) Un impuesto que grave a los propietarios cuyas viviendas lleven más de dos años vacías 2) La creación de un nuevo impuesto para las entidades jurídicas que compren vivienda y vendan o alquilen por encima del precio de referencia del INE durante los primeros cuatro años. 3) Un recargo en el IRPF para las personas físicas que compren vivienda y vendan o alquilen por encima del precio de referencia del INE durante los primeros cuatro años. Quedarían excluidas de la medida los cambios de domicilio en la vivienda habitual, el alquiler o venta a familiares cercanos o se reciba como herencia.

¿Cómo se va a financiar todo esto?

Principalmente por dos vías, el presupuesto y la creación de una entidad financiera. Actualmente solo se destina a políticas de vivienda menos del 1% del presupuesto regional, y por eso proponemos subirlo gradualmente hasta, por lo menos, el 4% del total. Tal y como ya existe en varios lander alemanes y en otras regiones de nuestro entorno, crearemos el Banco Madrileño de Inversión, una entidad financiera pública que obtenga financiación en los mercados para destinarla, entre otras cosas, al aumento del parque de vivienda público y asequible. El BMI tendría en su balance todas las viviendas públicas que financiará con los fondos que recibirá de los inversores institucionales públicos y privados, mediante emisiones de títulos: bonos, obligaciones, préstamos entre otras fórmulas.

Facilitar el acceso a la vivienda no solo garantiza la libertad, la seguridad y la tranquilidad; no solo permite desarrollar la autonomía personal. También aumenta el dinero en el bolsillo de los madrileños y mejora nuestra la economía. Estamos convencidos de que vivir mejor también sale más rentable. Vivir mejor es más justo, más saludable y también es la mejor premisa económica: las malas condiciones de vida, la precariedad y la desigualdad salen muy caras. Introducir, por ejemplo, el dentista, nutricionista, el acceso asequible a la vivienda o reverdecer la ciudad son inversiones que también ahorran dinero. Para desplazar políticamente al neoliberalismo hay que cambiar la pregunta y pasar de “¿y eso cómo se paga?” a “¿y eso cuanto nos cuesta?”. La falta de acceso a la vivienda, la precariedad, la contaminación, la mala alimentación… tiene un enorme coste económico, social y productivo.

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