ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 51, mayo-junio 2023

AYUNTAR A LA IZQUIERDA

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El cambio climático es una realidad incuestionable hoy en día, y es preciso tomar medidas de forma urgente. Los Ayuntamientos tienen un importante papel que jugar en las políticas ambientales, siendo las administraciones que más directamente pueden incidir en las medidas a tomar para la reversión de la situación climática. Así pues, los Ayuntamientos deben ejercer sus competencias, que son muchas, en cuanto a la calidad de las aguas, del aire o del paisaje y deben hacerlo de forma inmediata

“Ya llega mayo,
ya llega mare.
Ya llega, ya llega
ese mayo florío.
Ya crece la amapola
porque anuncia el rocío.
Ya llega mare, ya llega, ya llega
la cigüeña a la torre
el pato a la marisma
y florecen las flores”

(Paco Moreno)

Ya llega mayo, ya llega mare. Y con él, las elecciones. Pues sí, ya han transcurrido cuatro años desde que fuimos llamados a las urnas para votar a los representantes de nuestros Ayuntamientos y en algunos casos de nuestras CCAA. De nuevo la responsabilidad está en manos de los votantes, y toca analizar si nuestras expectativas se han cumplido.

Hay que reconocer que la legislatura ha sido accidentada. En el 2019 teníamos la vista puesta más que en la política local, en la nacional, plagada de acusaciones de ilegitimidad a nuestro gobierno central, y del vocerío incesante de la ultraderecha y la derecha que no dejaban espacio al desarrollo de la política. El año 2020 todo quedó empañado por la emergencia sanitaria que supuso la COVID-19, que arrastro al 2021 y acabamos en el 2022 con la invasión rusa de Ucrania y el encarecimiento de materias primas y alimentos.

En conclusión, un coctel perfecto para una vez más intentar tapar lo urgente. En el año 2019 ya hablábamos en esta revista (entonces Argumentos Socialistas, n.º 31) sobre la importancia de asumir lo importante y no solo lo urgente, concluyendo que en muchos casos solucionar lo importante evitaría tener que tomar decisiones de urgencia.

Las llamadas sociedades desarrolladas (sobre todo occidentales) han basado su bienestar en el consumismo. Mayor capacidad de consumo, mayor necesidad de producción; mayor producción, mayor explotación de materias primas; mayor uso de materias primas, mayor número de emisiones a la atmosfera. Inmensa espiral que no dejó de crecer, sobre todo desde la primera Revolución Industrial, y con ella el agotamiento del planeta, que ha venido dando señales de que algo no iba bien desde hace años.

Las primeras voces de alarma de la sociedad científica no parecieron tener mucho eco en la clase política, hasta que quizás lo “verde” o lo “bio” fue visto como una nueva forma de negocio. Tuvimos unos años en lo que todo que era “verde o ecológico”. Se vendía mejor. La Agenda 21 de la ONU fue suscrita por 172 países miembro de Naciones Unidas. Estos países se comprometen a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. Todavía recuerdo reuniones, documentación, congresos… donde los del ámbito local no teníamos muy claro qué significaba toda esa palabrería o cuadernos, que rara vez recogían alguna de las aportaciones vecinales a la misma.

Andando el tiempo, esto del Cambio Climático –para alguno como el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León “eco estrés”– parece imponerse como una realidad palpable y más cercana. Pero tal vez más percibida en su vertiente de Cambio Climático. “Los inviernos ya no son lo que eran”; “ya no nieva como antes”, o “este verano ha sido insoportable”. También: “Pero ¿qué podemos hacer?”, o “Yo en mi casa ya reciclo”.

Sin embargo, aunque sea a regañadientes, poco a poco las políticas medioambientales van calando; van tomando forma en los programas de las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones.

La llamada transición ecológica, “lo verde”, formó parte de los programas electorales en las últimas elecciones municipales y autonómicas y va a formar parte en los próximos comicios. Ninguna política puede entenderse si no está vinculada al medio en el que se desarrolla. Infraestructuras, salud, materias primas, agricultura, ganadería, industria, educación, paisaje, turismo, consumo… Sin embargo, el grueso de las políticas desarrolladas en cualquier ámbito, se han desplegado prescindiendo del medio ambiente, pisando el medio ambiente, usando el medio ambiente.

Esto tiene que cambiar, y sobre todo compete a los municipios ser el germen del cambio. Como hemos visto, la Agenda 21 preveía aplicar políticas ambientales, económicas y sociales diseñadas desde abajo, desde los ciudadanos o empresas y asociaciones del ámbito local, e incluso con un “consenso social sobre las políticas a desarrollar”. Pero creo que no funcionó, en la inmensa mayoría de los casos.

En otras ocasiones he hablado del “Común”, de aquello que era de todos, que todos cuidaban y que las normas de uso estaban claras. El consenso era lo normal, la lógica del uso compartido de lo que era de todos y para todos, y esto sobre todo era el suelo, el pasto, la leña, el agua, el aire, la piedra, los frutos, la cultura, la plaza… En definitiva, el pueblo. Entonces sí; en aquellos momentos todos eran capaces de llegar a un consenso, y este nunca sobrepasaba el bien común.

Del pueblo, casi sin darnos cuenta, pasamos al municipio y con él al Ayuntamiento, y aquí lo del común se diluye, y entra en conflicto con los intereses ajenos al mismo. Los vecinos dejamos de participar y delegamos “nuestro deber” en los ediles. Difícil en esta situación el consensuar medidas ambientales directamente aplicables cuando suponen un cambio radical de nuestra forma de vida. Y aunque sea de mano de nuestros representantes más directos, son impuestas y no elegidas.

Pero sea como sea el Ayuntamiento, tiene mucho que decir en la necesaria transición ecológica. Veamos; la misma abarca sectores como:

1. El aprovechamiento de los recursos naturales y la mejora de la gestión forestal en la planificación de ciudades
2. La búsqueda de soluciones ‘verdes’ que permitan amortiguar el impacto de la contaminación del aire, las sequías, las inundaciones, etcétera.
3. lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.
4. lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos
5. mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
6. asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados
7. proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial.
8. aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
9. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo

Todos ellos competencias únicamente municipales, a tenor de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Es, pues, más que claro que las políticas municipales no solo pueden, sino que deben, y por imperativo legal, pivotar en torno y sobre la protección del medio ambiente. Todos los programas municipales no deberían tener otro sentido que diseñar políticas que incidan en la protección del medio ambiente por encima de cualquier otra consideración. La gestión del agua evitando la externalización de los servicios (si es rentable para una empresa privada lo es para la gestión pública), el fomento del transporte público, los planes urbanísticos o las zonas verdes; todo esto depende de los regidores locales y debe ser el eje vertebrador de las políticas del municipio. Es decir, no usar el medio ambiente, sino trabajar a favor de él. Pero al igual que con la llegada del municipio se elimina la voz del común, los regidores municipales han ido dejando en manos de las Autonomías sobre todo (en menor medida al gobierno Central), la gestión de sus competencias, de sus intereses. La falta de educación municipal, de formación competencial, la fuerza de la única descentralización realizada en este país a favor de las CCAA, dejando de lado la segunda y necesaria descentralización municipal, hace que una vez más se diluya en un ente más alejado de los ciudadanos las políticas ambientales.

Ciertamente, somos los ciudadanos los que debemos tomar conciencia del grave problema medioambiental al que nos enfrentamos. Ahí no erraba la idea de la ONU con la Agenda 21, y por tanto son nuestros Ayuntamientos, en tanto gobierno más cercano, los que deben tener claras las políticas a desarrollar durante los años de mandato. Los ciudadanos estamos preparados para no derrochar agua, para reciclar los residuos que generamos, para utilizar un transporte público menos contaminante, para aislar nuestras viviendas, para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad, para no aceptar la ubicación de macro granjas o talas de nuestros montes, etc. … En definitiva, estamos preparados para políticas valientes que pongan al ciudadano y a la protección del medio ambiente en el centro de sus políticas públicas. Solo necesitamos que nuestros políticos; aquellos que sí creen en el necesario cambio a una transición ecológica sin medias tintas, sin prorrogas sine die, de una vez por todas se decidan a ayuntar; es decir, a juntar nuevamente la voz del común, y que sea la del Ayuntamiento.