Los resultados del 23-J fueron más positivos para la Izquierda de lo que se esperaba. Abrieron la posibilidad de conseguir mayoría parlamentaria para la Izquierda sumando los partidos nacionalistas. Sin embargo, los partidos catalanes independentistas, que se verán enfrentados el próximo año a una competencia electoral a escala regional, han pedido un alto precio por su apoyo
El 23J las urnas han ofrecido unos resultados positivos para los intereses de la mayoría social progresista de nuestro país, siendo los resultados muy diferentes a los que vaticinaban las encuestas, las predicciones y las tertulias. Una gran movilización ciudadana ha frenado el “tsunami azul”, alentado por los poderes dominantes que confiaban que el Partido Popular (PP) y Vox acabarían con el Gobierno Progresista. En cambio, el resultado obtenido por las fuerzas progresistas y los partidos nacionalistas hace inviable un gobierno integrado por la derecha y la extrema derecha, que ya gobiernan en varias comunidades autónomas y municipios, donde sus medidas reaccionarias generan un amplio rechazo. Esta capacidad movilización de la mayoría social progresista ha demostrado que las fuerzas de izquierda mantienen una gran influencia en la política española que muchos daban por enterrada.
Amplios sectores de votantes progresistas, que no votaron en las municipales y autonómicas del 28M, sí se movilizaron el 23J, pues se produjo una participación del 70,4% (4,2% más que en las anteriores de 2019) y dos millones de votos adicionales si tomamos como referencia el 28-M. Casi todas las encuestas anunciaban unos resultados que entregaban a la suma de PP y Vox una cómoda mayoría, y se discutía si Alberto Núñez Feijóo alcanzaría una cifra suficiente –160 diputados– para gobernar en solitario. El saldo de las urnas no ha podido ser más diferente: al hundimiento de Vox se le une unos resultados del PP muy por debajo de las expectativas. Ambos han fracasado en su reiterado objetivo de derogar el sanchismo.
El PP ha pinchado en territorios donde todos daban por descontado una amplísima ventaja, como Andalucía, Madrid o Valencia. La suma de PP y Vox da 2,4 millones de votos más que en 2019, pero si sumamos los resultados que tuvo entonces Ciudadanos, el saldo del bloque de la derecha da negativo, perdiendo 44.000 votos. El PP está muy lejos de su techo –los 11 millones de votos de Aznar–, y su retorno a la Moncloa no parece posible. La movilización de la izquierda ha funcionado para evitar un gobierno de la derecha y la extrema derecha. El PSOE no solo no se derrumbó, sino que ha ganado casi un millón de votos, con un total de 121 diputados, al tiempo que Sumar, encabezado por Yolanda Díaz, ha sido capaz de mantenerse por encima de los 30 escaños.
Los resultados de las fuerzas progresistas les permiten intentar reeditar el gobierno de coalición, aunque las dificultades se prevén mayores que en 2019, puesto que exigen involucrar a todos los partidos independentistas. Bildu, desde el principio ha mostrado su predisposición. Pero quien adquiere la condición de imprescindible para evitar la repetición electoral es Junts, que se presentó a los comicios con la apuesta de bloquear al Estado. Esta formación exige como puntos de partida para negociar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la amnistía para todos los encausados en el intento secesionista del 1 de octubre de 2017.
El primer paso ha sido el acuerdo para la Presidencia del Congreso de los Diputados. ERC y Junts, por separado, han concertado con el PSOE y SUMAR que el Congreso lo presida la socialista Francina Armengol. Junts ha negociado con el PSOE la investigación de los atentados del 17 y 18 de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils, y el espionaje con Pegasus, además del uso del catalán en el Congreso. Pero lo determinante para el pacto ha sido que el Gobierno registrase en la Unión Europea una petición para que la lengua catalana, junto a la gallega y la vasca, fueran consideradas oficiales en las instituciones de la Unión Europea. Mientras que ERC también ha cerrado con los socialistas la necesidad de continuar con el proceso de desjudialización del conflicto político en Cataluña.
Los resultados han sido muy claros, Francina Armengol fue elegida presidenta del Congreso por mayoría absoluta en la primera vuelta tras haber obtenido 178 votos a favor, gracias a los votos de Junts y del resto de socios parlamentarios del PSOE y Sumar La candidata del PP, Cuca Gamarra, obtuvo 139 votos a favor; los 137 de su partido, a los que se sumaron el de UPN y el de Coalición Canaria. El candidato de Vox Ignacio Gil Lázaro, ha contado con los 33 votos de los diputados de su partido. A lo que se suma la mayoría progresista en la Mesa del Congreso. El PP y Vox rompieron su unidad de acción, por la negativa del primero de apoyar al candidato Vox a una vicepresidencia de la Mesa.
El siguiente paso es la investidura. El Rey ha propuesto al candidato del PP, según el comunicado de la Casa Real por la costumbre de proponer al candidato más votado. La Investidura de Feijóo está condenada al fracaso, por la incapacidad de la derecha de asumir la pluralidad territorial de nuestro país. Ante la falta de votos incluso han llamado a Junts, al que llaman partido golpista liderado por el prófugo Puigdemont, y han vulnerado los principios democráticos apelando al trasfuguismo de diputados socialistas. Es evidente que Pedro Sánchez tendrá que afrontar grandes obstáculos para su investidura y la posterior gobernabilidad, pero en el periodo que media hasta la envestidura de Feijóo, el PSOE y Sumar ya están dialogando con todos los posibles apoyos.
Tras los resultados del 23J se están recuperando los asuntos territoriales como prioritarios. Pero el futuro Gobierno Progresista no debería perder la referencia a la ingente legislación basada en el diálogo social desarrollado en la última legislatura. Que ha incrementado el SMI, ha mantenido el empleo con los ERTEs, la protección a las personas vulnerables con el IMV, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la ley de vivienda atacada por el PP, las políticas de igualdad o los avances feministas reconocidos internacionalmente. La pasada legislatura se ha caracterizado por el escudo social para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia de la COVID-19 y por la respuesta a los efectos de la guerra en Ucrania.
