ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 54, noviembre-diciembre 2023
BASES PARA CONSTRUIR UNA ESPAÑA DE OTRA MANERA
El nuevo gobierno ha de adoptar objetivos importantes, algunos de ellos para responder a desafíos apremiantes. Entre estos resaltan tres: el cambio climático (incluyendo la descarbonización y la dotación de alternativas en las cuencas mineras); el incremento de las desigualdades personales (sobre todo para superar las insuficiencias de algunos sectores ocupacionales) y territoriales; y los efectos de las turbulencias geopolíticas en nuestras actitudes nacionales, pues hemos de luchar por una política exterior europea que frene la guerra y las tensiones internacionales, sobre todo entre los grandes bloques
Como estaba previsto, Pedro Sánchez ha logrado ser investido como presidente y encabezará un gobierno de coalición apoyado por diversos partidos, entre cuyos objetivos no se encuentran la cohesión y la equidad entre todas las comunidades autónomas, lo que supone un problema añadido a los ya existentes para culminar la legislatura y garantizar la gobernabilidad en un país con importantes desequilibrios territoriales y en un entorno internacional cada vez más inestable.
Esto se produce en un mundo convulso e inquietante: estancamiento global al que se han unido, en los últimos tiempos, las actuales dificultades económicas por las que atraviesa China. Un estancamiento que nos puede conducir a una estrategia de desglobalización suicida, a una mayor desregulación financiera y a un enfrentamiento entre bloques que agite el panorama bélico de manera alarmante. Algunos economistas, de izquierdas y de derechas, afirman desde hace años que el sistema capitalista padece una paralización del crecimiento, que no se puede resolver más que con la emergencia de una nueva forma de vida, en la que debe tener un papel preponderante el sector público como garante, orientador y gestor de una reindustrialización basada en el respeto del medio ambiente y en la adecuación del comportamiento humano a los bienes y servicios de la actividad humana en un proyecto de sostenibilidad. Nuevos comportamientos y más bienes y servicios públicos.
Por otra parte, el resquebrajado medio ambiente, y el calentamiento global que genera la naturaleza de ese crecimiento insostenible, tiene su origen en la imposibilidad de transformar la lógica que sustenta al sistema capitalista, cuyas formas de organización productiva suponen una urbanización descontrolada y tóxica, una explotación sin freno de los recursos energéticos y minerales, la fragmentación del trabajo en islas individuales cada vez más frágiles para defender los derechos sociales y la proliferación de escenarios bélicos cada vez más alarmantes. Una agricultura, ganadería y pesca industriales depredadoras y destructoras de las relaciones sociales, que avivan la emigración desesperada hacia las ciudades y a los países más desarrollados.
El nuevo Gobierno va a tener que hacer frente a dilemas complejos y por eso nos vamos a centrar en la identidad y naturaleza de los desafíos actuales. No son desafíos a los que se puedan ofrecer soluciones a corto plazo; lo que intentamos es diseñar orientaciones estratégicas que marquen el sentido de las actuaciones inmediatas. Son medidas cuyo coste a largo plazo es mucho menor que la ausencia de toda medida a corto plazo y que, por lo demás, pueden ser el fundamento de un nuevo escenario más igualitario y firme.
El Gobierno tiene cuatro años vitales para intentar crear las bases de una España de otra manera. No se trata, sólo, de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, como se ha hecho en el pasado, sino hacer un esfuerzo de persuasión que genere una nueva conciencia del presente y del futuro. Presente que, por lo tanto, generará actitudes que nos ayuden a recorrer un camino sostenible hacia el futuro. Tarea oceánica, sin duda, pero imprescindible, aunque el intento tenga el riesgo de no ser comprendido y se termine perdiendo el poder político. Hay que percibir la misión de este Gobierno como histórica, más allá de las escaramuzas que se puedan producir en el día a día.
Tres son los desafíos a los que se enfrentará el gobierno de coalición, y no solo él; todos los países y gobiernos están afectados por dichos desafíos. El cambio climático, el incremento de las desigualdades personales y territoriales y los efectos de las turbulencias geopolíticas en nuestras actitudes nacionales son rasgos comunes a todos los países capitalistas.
En cuanto al primer desafío, en estos cuatro años se deben dar pasos, si es posible irreversibles, en el terreno de la descarbonización y en la búsqueda de alternativas en las cuencas mineras (sobre todo en Asturias y León). Las medidas pueden tener inicialmente efectos negativos en el crecimiento; sin embargo, para evitar estos efectos, se debe actuar con inteligencia compatibilizando las medidas de control de emisiones con la creación de nuevas industrias, y estimular la economía circular para evitar la acumulación de residuos. También es importante elaborar normas adecuadas para la gestión del suelo, a las que, sin duda, no favorecerá nada la descentralización política. La gestión del agua, del aire y de la urbanización de las ciudades colapsadas no puede ser responsabilidad de las regiones de manera exclusiva. Es prioritario poner mayor énfasis en la rehabilitación, reciclaje y optimización de espacios que en la construcción de nuevas viviendas. En este sentido, los recientes fondos de la Unión Europea deben seguir siendo fundamentales en esta tarea, al margen de seguir garantizando el control del déficit y la deuda pública, compatibles con una economía sostenible, que tenga como aspiración el pleno empleo.
El segundo desafío es hacer frente al incremento de la desigualdad. Según los datos globales del Observatorio de Desigualdades de Piketty, y los datos que suministra la ONU, las cifras han mejorado, pero la desigualdad sigue siendo importante dentro de muchos países. Nos vamos a detener exclusivamente en dos tipos de desigualdad que se observan en nuestro país: la desigualdad territorial y la que se produce en el mercado de trabajo.
No hace mucho tiempo el peso de los trabajadores industriales en la economía era predominante. El hecho de que se concentrasen en grandes zonas industriales, y estuviesen fuertemente agrupados, facilitaba la defensa de sus derechos, entre los cuales estaba el salario y el descanso. Las familias podían contemplar el futuro con tranquilidad y perspectiva para ellos y sus hijos. La transformación que ha tenido la producción, ayudada por una nueva generación tecnológica y digital, ahorradora de trabajo, ha ido laminando el empleo industrial, racionalizándolo y deslocalizándolo, creando inestabilidad y miedo en la población obrera y, sobre todo, en la clase media. La transformación de la actividad ha basculado hacia el sector de los servicios, sobre todo en la hostelería, cuidados personales y en la salud, profesiones mal pagadas y peor consideradas, poco sindicalizadas y precarizadas.
La desigualdad nace, entre otras cosas, de la escasa valoración económica y social de estos trabajos. La solución a esta desigualdad es, dado el bajo valor añadido de estas profesiones, construir un entramado exógeno al mercado de trabajo que dé seguridad y estabilidad a este enorme capital humano, cualificándolo, dignificándolo y respetándolo. Un barrendero, un camarero o un cuidador de ancianos son trabajadores imprescindibles y valiosísimos. Pretender fundamentar la creación mayoritaria de empleo en “puestos de alto valor añadido” no será nada fácil, y sólo cubriría una parte cuantitativa pequeña del empleo total, y porque se terminaría por trabajar sólo para una minoría acaudalada capaz de asumir un alto coste de sus compras. Por ello, esto obliga inexorablemente a abordar y a mejorar en profundidad el mercado de trabajo y la protección social: precariedad, desempleo, pensiones y dependencia.
Asimismo, la desigualdad territorial no ha podido ser resuelta por la Política de Cohesión ni por la Política Agraria Común de la Unión Europea; los pueblos y las regiones se están empobreciendo y las ciudades atraen a los habitantes más jóvenes y formados. Debería existir un gran plan de desarrollo y equilibrio regional que invirtiera la distribución de la producción de manera más equilibrada en todos los territorios del país y tuviese como objetivo un nuevo desarrollo sostenible y participado para todas las comunidades autónomas y orientado por el Estado. La concentración supone una elevación de los costes y de precios cada vez mayor, y la imposibilidad de hacer frente a las causas del cambio climático. Urgen normas de comportamiento que impidan la catástrofe climática. En relación con este relevante asunto, la financiación autonómica debe adquirir cotas adecuadas a propósito de los acuerdos entre el PSOE y los independentistas catalanes. Un acuerdo que debe repercutir en el resto de las CCAA, salvo en el País Vasco y Navarra donde cuentan con concierto económico propio.
Por último, es necesario tener una posición propia en política exterior para presentarla en la Unión Europea. Hay que luchar con convicción y argumentos trabajados ante el Consejo Europeo. En consecuencia, no podemos prescindir de nuestra propia política exterior y debemos tener muy presente los problemas de nuestros vecinos del norte de África y nuestras relaciones históricas con los países de Hispanoamérica, al margen de seguir de cerca el fuerte auge de los países asiáticos emergentes. Dicho de otra manera, no podemos supeditar la política exterior a ningún bloque. Tenemos que luchar por una política exterior europea que impida esta carrera bélica entre frentes cada vez más antagónicos que pueden arrastrar a una catástrofe infernal a la humanidad. Europa es la única que tiene caudal y autoridad democrática para neutralizar esta locura competitiva.
Estos tres ejes: medio ambiente, proceso de igualdad y una política exterior de apaciguamiento, deben ser el trípode de una política progresista para los próximos cuatro años. Sin caer en la trampa de enzarzarse en polémicas banales auspiciadas por un PP colérico y desprovisto de inteligencia y que, además, incitan al odio, apelan a la violencia y polarizan la sociedad olvidando la misión principal de los partidos políticos: crear las bases para construir una España de otra manera respetando la democracia y las libertades. El impulso a estas políticas, obviamente, requiere reformar con urgencia la política fiscal para que garantice el aumento sostenido de los ingresos fiscales, compatible con la justicia y con una mayor recaudación de los que más tienen: grandes empresas, ingresos elevados y altas fortunas. Pero, con todo, no se debe olvidar que entramos en una época en que muchos de los problemas humanos se deben abordar con bienes comunes, entre los que sobresale la vivienda. Un gran plan de viviendas públicas es urgente, así como de mejora medioambiental de las viviendas existentes, antes que la construcción de edificios nuevos. Esta debe ser la fórmula que se tendría que seguir en los próximos años. Una banca pública debe ser un arma decisiva para este proyecto y para la reindustrialización de una nueva época.
Tenemos que ver el futuro de otra manera, porque sería horrible que ese futuro fuera una realidad que no sea distinta a lo que vivimos hoy: una España con temperaturas asfixiantes durante gran parte del año, unas costas con aguas tan calientes que alteren la vida marina, incendios e inundaciones en toda nuestra geografía, congestión insoportable en las ciudades, trabajadores precarios que recorren las ciudades en bicicletas en tareas de reparto, personal que limpia los hoteles y hace las camas por salarios misérrimos, y un sinfín de labores sin defensa sindical que necesitan que la sociedad, y el Estado que la dirige, les proteja y les dibuje un futuro. Y, a pesar de la derecha enloquecida y turbada por la cólera por no poseer el poder, hay que no ser débiles y hacer frente a los años que vienen para construir una España de otra manera y convencer a la mayoría de que eso es necesario y bueno para ellos y para sus hijos y nietos. No hay otro camino.
