ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 54, noviembre-diciembre 2023
SERVICIOS PÚBLICOS PARA VIVIR MEJOR
- Alodia Pérez
- Diputada de Más Madrid
- Portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales
Los servicios sociales públicos desempeñan un papel fundamental en el logro de un entorno equitativo y justo para toda la ciudadanía. Los fundamentales son: el acceso universal a la Educación, a la Sanidad, Asistencia Social y Red de Seguridad, Vivienda asequible, Igualdad de Género y Cuidados
En una sociedad justa y del siglo XXI, los servicios sociales públicos desempeñan un papel fundamental en la construcción de un entorno equitativo y justo para toda su ciudadanía.
Estos servicios, que abarcan desde la educación y la atención médica hasta la asistencia social y la vivienda, son piedras angulares que permiten el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades y la inclusión social.
En concreto, los servicios destinados a personas en periodos de su vida en vulnerabilidad tienen, si cabe, aún más importancia para asegurar una sociedad justa en la que quepa todo el mundo; en concreto, la infancia, las personas mayores, las personas con alguna discapacidad, o de colectivos que sufren discriminación, por su raza, género u orientación sexual.
En este artículo exploraremos la esencia y la importancia de los servicios sociales públicos, destacando cómo contribuyen al bienestar general y fomentan una sociedad más justa. Por otro lado, a partir de esta base, socialmente reconocida, al menos en el sector progresista de este país, ponemos sobre la mesa la necesidad de avanzar desde determinadas ayudas, subvenciones o servicios destinados a un sector de la población limitada por la renta, a su extensión universal, asumiendo como derechos estos servicios.
La educación, la sanidad, ya están socialmente asumidos como derechos universales, y sin embargo no pasa lo mismo con la vivienda, con las ayudas para la crianza o con los comedores escolares; existen países no muy lejanos al nuestro que ya lo han puesto en práctica con resultados nada desdeñables. Es necesario estudiar, analizar y probar la puesta en marcha en España de la ampliación de la universalidad de determinados servicios sociales.
Para desarrollar esto, he desglosado en 6 puntos los principales servicios públicos que marcan la diferencia entre sociedades individualistas y basadas en el “sálvese quien tenga” y sociedades justas y de futuro:
1. Acceso Universal a la Educación:
Para que una sociedad sea igualitaria es necesario reconocer que la educación es un derecho fundamental y no un privilegio. Las administraciones públicas deben garantizar un acceso equitativo a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior.
En este sentido, en nuestro país tenemos un reto con la educación 0-3, que marca los primeros años de la infancia, con la Formación Profesional y con la educación universitaria. También existe la necesidad de ampliar los servicios proporcionados en los centros educativos, la propuesta de comedor escolar universal y gratuito, así como incluir el tiempo de comida en los contenidos educativos. Es un elemento cada vez más reclamado por la sociedad, por las familias, y que la relación coste-beneficio social y educativo hace poco dudosa su implementación con premura.
La educación como derecho universal no solo promueve la igualdad de oportunidades, sino que también alimenta la movilidad social al permitir que todos los individuos desarrollen su máximo potencial, independientemente de su origen socioeconómico.
2. Salud para Todos y Todas:
Los servicios de salud pública son esenciales para una ciudadanía sana y con futuro. Garantizar el acceso a la atención médica sin importar la capacidad de pago no solo mejora la salud general de la población, sino que también previene la profundización de las brechas económicas y de salud.
La prevención, la atención primaria y los servicios especializados se integran para construir una sociedad más resistente y saludable. En nuestro país tenemos pendiente la inclusión de especialidades como odontología, oftalmología y fisioterapia en las carteras de servicios públicos de salud.
En las últimas décadas, muchas comunidades autónomas han reducido flagrantemente su inversión en sanidad pública, favoreciendo además el crecimiento de los servicios privados. El problema de esta situación es el empeoramiento de los servicios públicos, el incremento de las listas de espera y de los tiempos para ser atendidos y por tanto el descenso de la calidad asistencial.
3. Asistencia Social y Red de Seguridad:
En un enfoque de justicia, se valora la solidaridad y se reconoce la responsabilidad colectiva. Los programas de asistencia social, como el subsidio de desempleo y la ayuda a familias de bajos ingresos, forman una red de seguridad que protege a la ciudadanía más vulnerables. Esto no solo alivia la pobreza, sino que también contribuye a mantener la cohesión social y a prevenir la exclusión.
Sin embargo, es necesario avanzar en ayudas universales que cada vez están más demostradas como herramientas efectivas de reducción de la pobreza y las desigualdades, eliminación de la estigmatización de las personas con menores recursos que tienen que acudir a solicitar ayudas, y reducción de costes y trámites burocráticos. Entre las ayudas universales podrían ponerse en marcha la renta por hijo/a a cargo hasta los 16 años, o una renta universal, entre otros que se puedan estudiar.
4. Vivienda Asequible:
La vivienda es un derecho básico y no debería ser inaccesible para algunos sectores de la población. Las administraciones públicas en una sociedad digna y democrática se deben comprometer a proporcionar viviendas asequibles y programas de apoyo a la vivienda para garantizar que todas las personas tengan un lugar digno para vivir. Esto no solo tiene beneficios individuales, sino que también contribuye a comunidades más fuertes y cohesionadas.
La vivienda, además de un derecho, se ha convertido en un negocio al que se ha asociado mucho lucro. En este sentido, la propuesta del sector más conservador de este país de incrementar la oferta para reducir el precio no ha tenido resultados exitosos en ninguna parte del mundo, y aun así se generan fuertes resistencias a incrementar el parque de vivienda pública, que es el único modelo que asegura el derecho a una vivienda digna a todas las personas.
5. Igualdad de Género:
La perspectiva feminista en la puesta en marcha de políticas públicas de los servicios sociales es imprescindible para alcanzar la igualdad de género.
Programas que promueven la igualdad salarial, los permisos por nacimiento y crianza y la protección contra la violencia de género son elementos esenciales. La creación de entornos laborales y sociales inclusivos promueve una sociedad donde todos, independientemente de su género, puedan participar y prosperar.
Y por supuesto, a la hora de desarrollar las políticas públicas, es necesario poner el foco en las personas que más se ven afectadas por ellas y de qué manera se podría reducir esta situación. Las políticas dirigidas a menores y a mayores y los cuidados de ambos, a la precariedad laboral, y a la pobreza tienen como principales receptoras a las mujeres, y es necesario tenerlo en cuenta a la hora de su diseño.
6. Los cuidados:
Las políticas públicas puestas en marcha para dar respuesta a los servicios sociales tienen que partir de la premisa de los cuidados de la ciudadanía. En este sentido es necesario desarrollar políticas de apoyo, respeto y respaldo de los y las cuidadoras, económicamente, con medidas laborales y también con infraestructuras apropiadas, como pueden ser residencias de mayores y centros de día, o escuelas infantiles y ludotecas.
Además, las administraciones públicas ejercerán los cuidados que les han sido transferidos, bien por ausencia de familiares cuidadores, bien por decisión judicial de manera apropiada y digna, priorizando el bienestar de las personas cuidadas por encima de cualquier otro elemento.
Los cuidados no han sido cuantificados económicamente nunca, y sin embargo han sostenido el mercado históricamente. En la actualidad, con la incorporación de la mujer al mundo laboral, han emergido los costes reales de los trabajos domésticos, incrementándose en gran medida las facturas de las familias en la externalización de los cuidados, la comida o la limpieza.
Conclusión:
En resumen, los servicios públicos en la sociedad que queremos son la piedra angular de un sistema que busca la equidad, la justicia y la inclusión. Desde la educación y la salud hasta la asistencia social y la vivienda, estos servicios crean un entorno donde toda la ciudadanía tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar general.
La inversión en servicios sociales públicos no solo es una decisión política, sino también un compromiso moral con la construcción de una sociedad que valora la dignidad y la igualdad de todos sus miembros. En última instancia, los servicios públicos son la clave para el florecimiento de una sociedad que aspira a un futuro más justo y sostenible.
Es el momento de invertir más, pero también de repensar como reducir la desigualdad, modificar modelos que se han demostrado ineficaces, explorar nuevos procesos, y afrontar los retos que han surgido en las últimas décadas.
