ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 54, noviembre-diciembre 2023
CRISIS CLIMÁTICA Y DEMOCRACIA
- Inmaculada Ranera
- Graduada en Derecho
- Vocal de Transición Ecológica y Ética Política de +Democracia
¿Supone la crisis climática una amenaza para la democracia? En el actual contexto de crisis climática, este artículo es un breve análisis en relación con la capacidad de los sistemas democráticos para gobernar el que posiblemente sea el mayor reto de la humanidad. También, si el mismo representa una amenaza para el sistema de gobernanza democrática versus la gestión que del mismo se lleva a cabo desde los regímenes autoritarios
Cuando hablamos de crisis climática nos referimos a los efectos derivados del cambio climático, que se empiezan ya a traducir en una crisis global que podría poner en peligro el futuro de la especie humana. Tal y como lo define Naciones Unidas, “los cambios a largo plazo de las temperaturas y patrones meteorológicos” configuran el cambio climático, cuyo principal motor han sido determinadas actividades desarrolladas durante décadas, como la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques, la industria, la energía, la agricultura o el uso del suelo, que generan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4), que han llevado a que la temperatura media terrestre sea ahora 1.1˚ C más cálida que a finales del S. XIX, y a que la última década (2011-2020) haya sido la más cálida registrada. Las consecuencias principales de dicha crisis están siendo el daño sistémico y la degradación de la biodiversidad planetaria, la inseguridad en relación con el abastecimiento de alimentos y agua, los desplazamientos poblacionales masivos y los fenómenos de clima extremo.
Un rápido repaso a los mayores emisores de C02 a nivel mundial -según datos extraídos de la Base de datos de emisiones para la investigación atmosférica mundial (EDGAR) correspondientes al año 2022- sitúa a China, Estados Unidos, la Europa de los 27 (EU27), India, Rusia, Japón, Irán, Corea del Sur, Indonesia, Arabia Saudí, Canadá, Brasil, Turquía, Sudáfrica, México, Australia, Reino Unido y Vietnam como los países que mayores emisiones generan (en orden descendente), con los tráficos globales marítimo y aéreo intercalados en la octava y decimoséptima posición respectivamente. Si cruzamos dichos datos con el índice de elecciones democráticas de cada zona, publicado por V-Dem en 2022, veremos que, si los observamos en su conjunto, no existe una relación directa entre el índice de emisiones de cada región y la calificación que de cada uno muestra dicho índice. A título de ejemplo, China (con emisiones que superan los 12.466,32 MtCO2/año) tiene un índice de elecciones democráticas de 0, al igual que Arabia Saudí (con 586,40 MtCO2/año), mientras que el segundo país en emisiones, Estados Unidos (con 4.752,08) ostenta un índice del 0,83, y la Europa de los 27 (con 2.774,93 MtCO2/año) ostenta un índice del 0,95. En la cola de los países emisores encontramos a Reino Unido (con 335,36 MtCO2/año) y un índice democrático de 0,93, y a Vietnam (con 321,41 MtCO2/año), cuyo índice es del 0,54.
Pero podemos cruzar otro dato interesante junto a los dos anteriores, y es su pertenencia o bien a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o a los países que inicialmente formaron el acrónimo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Y lo que nos indica este dato es que los miembros de la OCDE en ese listado de mayores emisores de CO2 representan una población agregada de 1.377 millones de personas, mientras que los países miembros de los BRICS suponen una población total de 3.240 millones de persones; esto es, más del doble. Si nos fijamos en los cinco grandes emisores de CO2 a nivel mundial (China, Estados Unidos, EU27, India y Rusia), tres de ellos son miembros de BRICS y dos de la OCDE. De nuevo, los países miembros de BRICS (China, India y Rusia), representan 2.972,5 millones de habitantes, mientras que los miembros de la OCDE (Estados Unidos y EU27) suman en total 781 millones de habitantes; esto es, una proporción de casi el 75/25. En el caso de los BRICS, sólo uno de estos países (India) alcanza un índice de elecciones democráticas superior al 0,50 (en concreto, el 0,53), mientras que China obtiene un índice 0 como ya se ha indicado, y Rusia ostenta un índice del 0,25. En el caso de los miembros de la OCDE, Estamos Unidos se sitúa en el 0,83 y la EU27 en el 0,95.
Podemos añadir otro elemento de análisis, relacionado con el Democracy Index publicado por Economist Intelligence Unit (IEU), la división de investigación y análisis del grupo The Economist, que califica a los países como regímenes autoritarios, democracias (imperfectas o plenas) y regímenes híbridos. Fijándonos en dicha calificación, dos de los primeros cinco países emisores de CO2 son considerados regímenes autoritarios (China y Rusia), mientras que el resto (Estados Unidos, UE27 e India) oscilan entre las democracias consideradas plenas (la mayoría de los países miembros de la UE, con alguna excepción con democracias imperfectas) o imperfectas (Estados Unidos e India).
La conclusión es que el régimen de gobierno no determina el volumen de responsabilidad de cada país en lo que respecta a sus emisiones de C02, pero su pertenencia al club de la OCDE o de los BRICS determina el impacto de sus políticas para un amplio espectro de la población mundial, lo cual es de vital importancia en un momento en el que parece que asistimos al despertar de los bloques dada la confrontación actual que estamos observando entre los miembros de cada uno de ellos. Los efectos actuales y futuros de la crisis climática están generando zozobra entre la ciudanía, y el desconocimiento de su evolución obliga a los países a gobernar de la mano de la incertidumbre.
La gestión de los efectos del cambio climático, tanto en relación con los procesos relacionados con su mitigación como a los relacionados con la adaptación al mismo, no se puede encarar de la misma forma desde un régimen democrático que desde un régimen autoritario. En el primer caso, los ciudadanos disponen de herramientas para incidir en la toma de decisiones, por medio de procesos electorales que validan o no las políticas aplicadas, mientras que en el segundo caso la ciudadanía no dispone de ese poder de decisión sobre las acciones de su gobierno. El pluralismo político y el debate están cercenados en los regímenes dictatoriales o autoritarios, mientras que las democracias están sometidas a un escrutinio continuo de sus actuaciones, antes, después y durante cada período electoral.
El reto de la gestión de la crisis climática es global y afecta a todos los países del planeta, sin distinguir entre sus fronteras, pero viéndose afectado por las decisiones políticas particulares en cada rincón del mundo. Como tal reto global, requiere de decisiones que tengan la mirada puesta en el largo plazo, puesto que algunos de sus efectos no pueden medirse a corto. El mejor, y único, ejemplo hasta el momento de una actuación global conjunta es el Protocolo de Montreal, firmado en 1987 por todos los Estados miembros de Naciones Unidas y la Unión Europea, que se comprometieron a proteger la capa de ozono reduciendo el volumen de gases liberados en la atmósfera. En 2022, treinta y cinco años después de su firma, científicos de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados unidos, informaron de que el agujero de la capa de ozono sigue reduciéndose.
El debate en torno a actividades humanas ya mencionadas al inicio del artículo y que conforman el origen del cambio climático (desde la quema de combustibles fósiles, al uso del suelo), está polarizándose cada vez más entre países, independientemente de su régimen de gobierno, como lo demuestran gobiernos como el de D. J. Trump en Estados Unidos (a favor de seguir con la extracción de carbón) o el de Bolsonaro (con la falta de protección de la Amazonía) en Brasil. A ello se añade la incertidumbre y el miedo que generan las opiniones de los líderes entre la población, en la que se desarrollan teorías diversas (colapsismo, decrecentismo, tecnoptimismo o retardismo, por citar las principales), que azuzan la polarización y dificultan la toma de decisiones más allá del cortoplacismo electoral democrático, y que se contraponen a decisiones políticas con la mirada puesta en el largo plazo que se toman desde regímenes autoritarios no sometidos al escrutinio o aprobación de sus ciudadanos.
Las democracias tienen ante sí el reto de empoderarse para la gestión de la crisis climática, si no quieren verse superadas por las políticas a largo plazo que pueden permitirse los países gobernados de forma autoritaria. Para ello, los objetivos deben estar claros y los procesos de gobernanza deben coordinarse entre los distintos ámbitos políticos (local, nacional e internacional), lo que requiere de una adecuada capacidad institucional que logre ser inclusiva para permitir la participación ciudadana y permita un compromiso conjunto para revertir y mitigar los efectos de la crisis. Además, la adaptación a los efectos debe ofrecer un mayor apoyo a las regiones y personas más vulnerables a sus riesgos. En definitiva, una gobernanza democrática más efectiva y comprometida, más innovadora en su partenariado con la sociedad y que ponga en el centro de su actuación la justicia social. Una gobernanza democrática que debe mantener las políticas de bienestar social, implementando medidas que reviertan los efectos de la crisis climática por medio de soluciones participativas y de implementación flexible que sirvan para mantener la paz social.
La solución para este reto global que representa la crisis climática, tiene que ser también global y no puede quedar supeditada al tipo de régimen de gobierno. En estas circunstancias, Naciones Unidas se erige como el único organismo capaz de aunar consensos a nivel global, por lo que sería deseable establecer un acuerdo mundial que delegase en dicho organismo la coordinación de la acción necesaria para revertir la crisis climática bajo los parámetros de equidad y justicia. Sin lugar a duda, esa sería una situación mucho más deseable que el levantamiento de los bloques y el enfrentamiento entre países miembros de la OCDE y los BRICS por el control de los recursos.
