ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 56, abril-mayo 2024

LAS NUEVAS REGLAS FISCALES EUROPEAS Y LA SITUACIÓN ESPAÑOLA

¿QUÉ RESPUESTAS PARA ESE NUEVO CONTEXTO?

Antonio González González (Economista. Vicepresidente de EFC-Economistas Frente a la Crisis. @AntonioGnlzG)

 

La economía española está mostrando en muchos aspectos un comportamiento nuevo y muy positivo, en gran parte por las reformas adoptadas. Y eso tiene y tendrá, si se completa y consolida, mejoras sociales tangibles. Las nuevas reglas fiscales europeas establecen, sin embargo, un marco restrictivo y una enorme exigencia de reducción de déficit y deuda pública. No obstante, hay vías positivas para desenvolverse en ese contexto a lo largo de los próximos años, basadas en el crecimiento económico y en el aumento de los ingresos públicos. A condición de apostar decididamente por ellas y no por los recortes

CAMBIOS POSITIVOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía española va entre bien y muy bien. No es que no tenga problemas: claro que los tiene… y como veremos, de importancia. Pero, puestas las cosas en perspectiva, estamos ante uno de los mejores momentos de nuestra economía de las últimas décadas. Hay cosas que así lo indican.

El mantenimiento de unos niveles de crecimiento y dinamismo muy superiores al del resto de las grandes economías, europeas y no europeas, en tiempos complejos. Un sector exterior que muestra una gran fortaleza, mucho más allá del tradicional contrapeso del turismo, basada en actividades nuevas (la exportación de servicios no turísticos, con gran presencia de los de alto valor añadido), y en la pujanza mayor que la de nuestros socios europeos de las exportaciones de bienes. Unos niveles de inflación inusualmente reducidos para nuestra economía, incluso en momentos de recuperación (por fin) de los crecimientos salariales. Y una creación de empleo, también de las más altas de Europa, y caracterizada por niveles de estabilidad que (pese a los “peros” que se quieran buscar) son desconocidos en el último cuarto de siglo. Entre otros.

Todo ello es nuevo. Y da la impresión de que la conjunción de cambios estructurales en todos esos órdenes y de medidas y reformas impulsadas desde la política económica (con una orientación que nunca se había contemplado), está generando algo que pueda denominarse –no sé si de forma algo prematura– un nuevo paradigma en nuestro funcionamiento económico, pero al menos sí en este momento unos niveles de resiliencia desconocidos y elevados, en comparación con nuestros vecinos.

Y todavía nos queda que los cuantiosos fondos europeos Next Generation (tanto subvenciones como créditos) lleguen en su totalidad durante 2024 y 2025 a convertirse en incremento medible de la inversión de las empresas, la mayor parte de los mismos; y del gasto en consumo final, el resto. Eso y ver los efectos sobre la eficiencia económica en muchos sectores y el desarrollo de las transiciones verde y digital, la descarbonización de la industria, y un largo etcétera.

Hay algo, en mi opinión, de círculo virtuoso, en la medida que la evolución positiva en unos de los terrenos mencionados se refuerza mutuamente con la registrada en otros; sin querer por ello decir que no subsistan, es obvio, múltiples y relevantes aspectos en los que se necesita completar las reformas para consolidar definitivamente los cambios. Y ahí tenemos los desafíos. No obstante, se puede reconocer que estamos ante un panorama nuevo y muy diferente de los momentos del pasado, sean estos de crisis o de recuperación. Y, en definitiva, la economía, como decimos en Economistas Frente a la Crisis (EFC) de la mano de Jorge Fabra, es “política concentrada”.

En la vertiente de la dimensión –y de la cohesión– social, todo ello está proporcionando mejoras tangibles en los –tanto tiempo estancados o deteriorados– niveles de vida de la población en todos los grupos de edad (tanto mayores como jóvenes) y en todos los estratos de renta, junto con una, todavía insuficiente, reducción de las desigualdades. Por más que el clima político se haya convertido en un impedimento para que esas mejoras sean percibidas en toda su extensión e intensidad: a la gente le va mayoritariamente mejor, aunque en un país que parece que fuera peor que nunca. Ahí tenemos nuevamente los problemas.

LAS NUEVAS REGLAS FISCALES EUROPEAS: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA POR LA UE

Sobre las nuevas reglas, cuya aprobación parece segura, Olivier Blanchard, uno de los grandes economistas de nuestra época, dice (tras haber reconocido su error con las políticas de austeridad) que “la reforma de las normas fiscales de la UE supone una oportunidad prácticamente desaprovechada. Que las nuevas reglas son mejores que las antiguas. Pero podrían haber sido mucho mejores”.

De otro economista, el alemán Jeromin-Zettelmeyer[1] , resumimos los principales aspectos negativos de las nuevas reglas:

  1. La llamada “salvaguardia de la resiliencia del déficit” exige que los países continúen con el ajuste fiscal hasta alcanzar “un margen de resiliencia común” del 1,5% del PIB por debajo del [anterior] punto de referencia del déficit del 3%. Eso implica un duro proceso de ajuste (un mínimo de entre 0,25 y 0,4% del PIB por año) y el margen establecido del 1,5% resultará demasiado difícil para algunos países (para Italia, por ejemplo, se traduce en un requisito de superávit primario[2] estructural de más del 4% del PIB).
  2. Los pasos de ajuste mínimo anual del 0,5% del PIB pueden excluir inicialmente los pagos de intereses. Carece de sentido incluirlos. Pero volverán a incluirse después de 2027. Esto hará la vida más fácil para los gobiernos que han negociado estas nuevas reglas, pero más difícil para los siguientes, sin ningún beneficio.
  3. La financiación de la inversión pública respaldada por el Consejo de la UE, en particular la relacionada con el clima, no ha sido excluida de la aplicación de las salvaguardias. De esta forma se ha dado prioridad a las soluciones a corto plazo sobre las reformas políticamente más difíciles pero duraderas.

Los cálculos, en definitiva, muestran que, en el supuesto de que los períodos de ajuste sean de 7 años (el máximo), siete países tendrán que mantener reducciones anuales del 0,4% en sus déficits primarios durante esos 7 años, y que 10 países tendrán que mantener superávits primarios de largo plazo de más de 2%.

El propio Zettelmeyer, nada sospechoso de ser contrario a la reducción de los desequilibrios de déficit y deuda, afirma “No soy un jugador, pero estoy dispuesto a apostar que [lo dicho en el párrafo anterior] no sucederá. ES CASI SEGURO QUE, DESPUÉS DE UNOS AÑOS, LAS REGLAS RESULTARÁN INVIABLES. Se pueden ajustar y probablemente se ajustarán, pero hubiera sido mejor hacerlo bien desde el principio”.

Pero entretanto, España se tendrá que desenvolver, como los demás Estados miembros, en el marco de las nuevas reglas.

¿QUÉ PUEDE HACER ESPAÑA EN MATERIA FISCAL EN ESE CONTEXTO?

Nuestro país ha aprovechado muy bien las circunstancias (un fuerte crecimiento del PIB real, y monetario: por la vía de los precios) para reducir con intensidad la considerable deuda pública, incrementada por la pandemia y por las medidas adoptadas para combatir los efectos de la crisis inflacionista derivada sobre todo de la invasión rusa de Ucrania, aunque ya antes a la salida del último gobierno del PP, esa deuda era muy elevada. En el primer trimestre de 2021, la deuda era del 125,3% del PIB, y ha bajado hasta el 107,7 a finales de 2023, una caída de cerca de 18 puntos porcentuales en menos de tres años, algo hasta ahora inédito.

Hay dos maneras “buenas” y una “mala” de corregir los elevados niveles de deuda pública respecto al PIB[3]. La primera es, como acabamos de señalar, aumentar el PIB lo suficiente y durante un largo periodo de años, para que se reduzca de forma continua esa deuda en relación con la capacidad de pago del país. Mantener en el tiempo el crecimiento real de la economía a niveles lo más altos posible y, en todo caso, superiores a los promedios europeos, resulta así esencial. Esto es, en parte (si obviamos la eventualidad de crisis externas), responsabilidad de la política económica, y dentro de ella, en buena medida de la política fiscal; es decir, del sostenimiento de la demanda efectiva a través de las políticas de gasto público.

Los contrarios al gasto y la inversión pública alegan que esto supondrá un mayor déficit, pero esto en realidad no tiene por qué ser así, dado que un mayor crecimiento de la economía supone un incremento de los ingresos vía impuestos (por el aumento de la producción, del empleo y de las rentas), y que además el multiplicador de la inversión pública hace que cada euro invertido se transforme en más de uno de mayor actividad y retornos. Sin contar con que una mayor inversión (mucho mayor) resulta esencial para atender las necesidades medioambientales, demográficas, tecnológicas, …que tiene que abordar necesariamente España durante los próximos años.

Por otro lado, la política económica no sólo puede actuar sobre el gasto público, sino también sobre la política de rentas, que permite elevar el crecimiento a través del consumo de las familias. Tampoco todo el gasto ha de ser financiado con impuestos: la promoción de viviendas públicas en alquiler, que tanta falta hace y que tanto impulsa la actividad económica, puede ser perfectamente financiado con créditos otorgados por un banco público y con compras de suelo de empresas públicas dedicadas a la vivienda. Tanto unos como otras pueden obtener sus fondos de los mercados financieros a través de bonos.

La segunda de las vías “buenas” son los impuestos. El sistema impositivo español es claramente mejorable, nada progresivo y, junto a una parte significativa de las prestaciones sociales, uno de los menos redistributivos de Europa. Aquí el margen de mejora es inmenso. Y el tiempo que lleva la sociedad española (que percibe muy bien que los impuestos no se recaudan con equidad) esperando la prometida reforma fiscal, es realmente irritante.

Introducir una mayor progresividad en los impuestos, especialmente –aunque no sólo– en el IRPF, mediante incrementos de los tramos más altos de la tarifa, reduciendo las deducciones que benefician a las rentas elevadas, equilibrando la menor tributación de las rentas de capital, y estableciendo mínimos de tributación para las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades, entre otras muchas medidas, permite rebajar impuestos a las rentas medias y bajas, hacer más progresivo el sistema y aumentar la recaudación total aproximándola al promedio de la zona euro, y más allá, a la mayoría de los países que disponen de mayores ingresos y mejores servicios públicos y prestaciones sociales. Y por supuesto acelerar la reducción de la deuda pública.

La “mala” vía, la peor, para reducir los niveles de deuda es la que impone recortes del gasto público, la ya bien conocida política de austeridad. Primero, contrae la actividad económica, y con ello, los ingresos, por lo que resulta contraproducente porque reduce el PIB y aumenta el porcentaje de la deuda sobre el mismo, y porque al reducir los ingresos ocasiona una merma en la reducción del déficit público que pretende conseguir. Segundo, deprime los servicios públicos y los niveles de vida de la población, especialmente de las capas menos favorecidas: es regresiva.

En suma, ante las distintas opciones disponibles, por eficacia y por preferencias sociales las dos opciones primeras, bien instrumentadas y combinadas, elevan el bienestar de la población, ofrecen un mayor progreso al país, aumentan la redistribución y reducen la desigualdad, y permiten una superior y más rápida corrección de los niveles de endeudamiento público. Seguramente contarán con un mayor apoyo político de las mayorías sociales, y por supuesto son compatibles con las exigencias que, con las nuevas reglas fiscales, va a plantear para los próximos cinco-siete años la Unión Europea. Hagámoslo.


  1. Director de Bruegel, uno de los principales think tank europeos, especializado en economía.

  2. Es decir, descontando el pago de los intereses de la deuda pública.

  3. La deuda pública no se mide en valor absoluto, sino en proporción del PIB, porque de esta forma se refleja el aspecto más importante: la capacidad de pago de cada país, que es lo que determina si un determinado volumen de deuda se puede gestionar con mayor o menor solvencia, comparando esa deuda con la generación anual de recursos de la economía (el PIB). Sobre esa base, los prestamistas que “compran” los títulos de la deuda valoran el riesgo de hacerlo.

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