ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 56, abril-mayo 2024

ECONOMÍA DIGITAL: NUEVAS FORMAS DE TRABAJO, VIEJAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN

Bernardo García Rodríguez (Abogado de UGT. Doctor en derecho y profesor asociado de la URJC)

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y algunas de sus aplicaciones (en muchos casos, a través de grandes plataformas digitales dirigidas al consumidor) han llevado a formas de trabajo pretendidas por los promotores como ajenas al ámbito del derecho del trabajo, negando la concurrencia de una relación laboral y teniendo como efecto inmediato una nueva precarización de las condiciones de trabajo. Eso ha sido contradicho por el Tribunal Constitucional, y en cuanto a las plataformas de reparto, por el Tribunal Supremo, varios Tribunales Superiores de Comunidades Autónomas y por una nueva normativa legal. También ha ido emanando normas al respecto la Unión Europea

“Dejemos algunas cosas claras desde el principio. Aquí no eres un contratado, te unes al equipo, tú eres un miembro más. No trabajas para nosotros, trabajas con nosotros. No repartes para nosotros, realizas servicios. No hay contrato como tal, hay objetivos de rendimiento. No hay sueldo, hay tarifas. ¿Está claro? No tienes que fichar, tienes que estar disponible. Si firmas con nosotros te conviertes en un transportista autónomo franquiciado. Serás dueño de tu destino, es la diferencia entre luchadores y perdedores”

(Comienzo de la película “Sorry, we missed you”. Kean Loach. 2019)

1.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (conocidas con el acrónimo TIC), y el uso generalizado por una inmensa mayoría de las personas de las sociedades actuales de dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ha llevado a que en la prestación de servicios en esta fase del capitalismo, las empresas aprovechen esos medios mediante el desarrollo de concretas aplicaciones informáticas y algorítmicas, que se identifican en principio como meras entidades intermediarias entre personas que ofrecen servicios y las que los demandan.

2.

Estas nuevas formas de trabajo son consideradas por las grandes plataformas digitales como ajenas al ámbito del derecho del trabajo, negando la concurrencia de una relación laboral, y teniendo como efecto inmediato una nueva precarización de las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a estas actividades y una nueva manifestación del fenómeno de huida del derecho del trabajo. En este sentido y al hilo de la previsión contenida en el artículo 3.g del Estatuto de los Trabajadores (ET), que establece la exclusión del ámbito regulado en esta ley de todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la prevista en su artículo 1.1 ET, el Tribunal Constitucional ha considerado que la calificación de una relación contractual como laboral, responde a los principios orientados a proteger a la parte más débil de la misma, de manera que la desigualdad en beneficio de la persona trabajadora aparece respaldada por el principio de igualdad real proclamado en el artículo 9.2 de la Constitución española (CE), igualdad a la que contribuyen tanto las normas sustantivas como las procesales del derecho laboral (SSTC 140/1999, de 22 de julio (fj 8); 168/1999, de 27 de septiembre (fj 1); y 191/1999, de 25 de octubre (fj 1); configurado como un ordenamiento compensador e igualador que corrige, al menos parcialmente, las desigualdades fundamentales existentes (STC 20/1984, de 13 de febrero (fj 2).

3.

En el ámbito de la Unión Europea fue elaborada en 2016 “Una Agenda Europea para la economía colaborativa”, mediante Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (SWD (2016) 184 final), que establece en su apartado 2.4, sobre el criterio de subordinación, en relación a la naturaleza de trabajo en estas actividades de la economía de las plataformas digitales y la remuneración, que debe partirse de la definición de persona trabajadora en la normativa de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (TJUE), para considerar en definitiva que la relación de trabajo, en tal realidad productiva, puede incardinarse dentro de la relación de trabajo por cuenta ajena.

Un instrumento jurídico relevante en el ámbito europeo hasta la fecha, es la Directiva (UE) 2019/1152, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea (DOUE 11-7-2019), con previsión expresa de “los trabajadores de las plataformas en línea”, aún pendiente de transposición en nuestro país a la fecha, pero sobre la que cabe invocar su aplicación o efecto directo al haber transcurrido el plazo correspondiente a tal efecto.

El pasado mes de diciembre de 2023 fracasa el proyecto de directiva que establecía las primeras normas de la Unión Europea sobre el uso de sistemas algorítmicos en el lugar de trabajo y la determinación de la situación laboral de las personas que trabajan para plataformas digitales, de forma que desaparezcan los falsos autónomos, ante el bloqueo por varios países liderados por Francia. De acuerdo con lo acordado inicialmente, si la relación de las personas empleadas con una plataforma digital cumplía con, al menos, dos de los cinco indicadores establecidos en la directiva, se considerará jurídicamente que son empleadas de una plataforma digital y no por cuenta propia. Esos indicadores incluían el establecimiento de límites máximos de la cantidad de dinero que pueden recibir las personas trabajadoras, la supervisión de la ejecución de su trabajo, también por medios electrónicos, así como el control de la distribución o la asignación de tareas, el control de las condiciones de trabajo, las restricciones a la elección del horario de trabajo, la libertad para organizar el trabajo y las normas de apariencia o comportamiento (www.ugt.es). Confiemos en que desde la Unión Europea se acuerde finalmente una regulación sobre esta materia, que tenga como referente las iniciativas ya adoptadas en España por el Gobierno progresista en la pasada legislatura.

Finalmente, al sumarse Estonia y Grecia al consenso, con la abstención de Alemania y el voto contrario de Francia, el pasado 11 de marzo se adopta un acuerdo de propuesta de directiva que se basa casi en su totalidad en el proyecto de diciembre de 2023. Aunque desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha criticado la falta de contundencia a la hora de establecer la presunción de laboralidad; no obstante, sí contempla la protección en materia de acceso a la información de la gestión algorítmica que regula y determina esas relaciones labores (www.lamoncloa.gob.es).

4.

En nuestro país y en otros de nuestro entorno europeo, el trabajo a través de plataformas digitales ha tenido como expresión más característica y visible la prestación de servicios de reparto (los conocidos con el neologismo de “riders”, que ha dado lugar a una conflictividad conocida, señaladamente respecto a las plataformas de reparto Glovo, Deliveroo, Amazon, etc., y resuelto por los órganos judiciales a partir del año 2018, dando lugar a pronunciamientos de distintos Tribunales Superiores de Justicia y de la propia Sala IV del Tribunal Supremo, que reconocieron la naturaleza de la relación laboral entre la plataforma de reparto Glovo y las personas dedicadas al reparto por cuenta de la misma (STS Pleno de 25 de septiembre de 2020, rcud 4746/2019 – ES:TS:2020:2924), que tiene presente la nueva realidad de trabajo productivo con presencia de plataformas digitales que exige la adaptación de las notas de dependencia y ajenidad de la relación laboral a la realidad social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código civil.

5.

La norma legal española aprobada en 2021, producto del consenso alcanzado en el diálogo social (UGT, CCOO y CEOE), mediante el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, incorporó al Estatuto de los Trabajadores una nueva disposición adicional vigesimotercera, de presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto, tramitada posteriormente por vía parlamentaria a través de la Ley 21/2021, de 28 de septiembre, aunque no extiende la presunción a estas formas de trabajo a través de plataformas digitales diferentes a la actividad de reparto. El Tribunal Constitucional rechazó los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los grupos parlamentarios de Vox y del Partido Popular contra el real decreto-ley referido (SSTC 144 y 147/2023, de 25 de octubre y 6 de noviembre, respectivamente), lo que deja en evidencia la resistencia de estos grupos políticos a la extensión de la protección laboral y social a los colectivos explotados por las plataformas digitales de reparto.

6.

Pero existe otra realidad de trabajo que no ha dado lugar a la litigiosidad en sede judicial que ha venido presentando la actividad del reparto a través de plataformas digitales, a través de la realización de microtrabajos prestados digitalmente a través de una plataforma de oferta de servicios, desde completar encuestas, traducciones, jurídicos y financieros, y de revisión de páginas de internet o videos de la red, de análisis de la actualidad política y social.

En Alemania se ha producido un pronunciamiento judicial relevante, en la sentencia del Tribunal Federal Laboral (BAG) de 1º de diciembre de 2020 (9 AZR 102/20, DE:BAG:2020:011220.U.9AZR102.20.0), que resuelve el asunto de una trabajadora que realiza microtareas a través de una página de internet de una plataforma digital, en concreto fotografiando productos y resolviendo cuestiones sobre su publicidad, llegando a realizar más de tres mil microtrabajos durante once meses. El órgano judicial alemán resuelve que vincula a la prestadora del servicio con la plataforma digital una relación laboral, teniendo en cuenta la circunstancia de que estaba instaurado un sistema de puntuación que permitía recibir más ofertas y tendía a favorecer relaciones duraderas con las personas mejor evaluadas.

7.

En la actualidad, desde los servicios jurídicos de UGT se ha instado procedimiento judicial de despido de un creador de contenidos, que presta sus servicios para la plataforma digital Google, organizadora de su instrumento de publicación de contenidos YouTube, cuando los mismos se realizan de forma profesional, que se presume por la gran difusión de los mismos, como la propia Google determina con los dos exigentes requisitos de contar con más de mil suscripciones y con más de cuatro mil horas de visualización.

Este debate en sede judicial, que será resuelto en instancia por el Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid el próximo mes de junio de 2024, podría suponer la aplicación del derecho del trabajo, su objeto y finalidad, a estas nuevas formas de trabajo. En este sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a la prestación de servicios de reparto a través de plataformas digitales es un paso en tal sentido, y su evolución debe suponer el alcance de la protección del derecho laboral a estas nuevas realidades de producción, ante la integración del youtuber en la esfera organicista de la empresa, se concluye que concurre la nota de dependencia entre el demandante y Google, que determina la calificación de laboral de su relación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 ET.

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