ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 56, abril-mayo 2024

¿QUÉ NO ES LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA? (II)

**Charo Quintana** (Ginecóloga, miembro del Observatorio de la Violencia Obstétrica de España y del Observatorio de Cantabria)

La OMS ha considerado que las experiencias de las mujeres en el embarazo y, en particular en el parto, revelan que muchas sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente, lo que supone un grave problema de derechos humanos y de salud pública. Un estudio empírico revela que, en España, casi el 40 % de las mujeres afirma haber recibido un trato inadecuado. De todos modos, se trata de una violencia más del sistema en su conjunto, que el de muchos sanitarios que la ejercen sin una verdadera conciencia de lo que tiene de agresión

La violencia obstétrica es un tema polémico. Tanto su realidad como la misma utilización del término, genera grandes controversias, al punto que su existencia y nombre siguen sin ser aceptados por la mayor parte de la comunidad médica. Se podría decir que levanta ampollas.

La OMS ha considerado que las experiencias de las mujeres en el embarazo y, en particular en el parto, revelan que muchas sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente, lo que supone un grave problema de derechos humanos y de salud pública, al que ha querido dar respuesta con su declaración de 2014 “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención al parto en los Centros de Salud”.

Sin embargo, la existencia de dicha violencia es vehemente negada por nuestros obstetras. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha llegado a calificar el término de “concepto legalmente delictivo, moralmente inadecuado y científicamente inaceptable”. En el mismo sentido, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha considerado que “no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país y criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica”.

Por su parte, las asociaciones de matronas tienen una opinión bien diferente. Así, la Federación de Asociaciones de Matronas de España, FAME, en su manifiesto contra la violencia obstétrica en España, expone: “Queda demostrado que en nuestro país se ha ejercido, se ejerce y se seguirá ejerciendo violencia obstétrica si no actuamos de forma contundente y firme. Es hora de dejar de mirar para otro lado y que todos los profesionales implicados en la obstetricia atajemos de raíz el problema, llamando a la violencia obstétrica por su nombre, sin eufemismos”.

Añadamos que un estudio reciente de Mena-Tudela y colaboradores, basado en 17.541 cuestionarios a mujeres que fueron atendidas en el periodo de 2009 a 2018, muestra que el 38,3% percibieron haber sufrido violencia obstétrica durante su embarazo, parto o puerperio.

Ante esta controversia, la posición de la Societat Catalana d´Obstetrícia i Ginecología y el Consell de Col-Legis de Metges de Catalunya es muy clara: “A pesar de la incomodidad que el término violencia obstétrica puede generar, está reconocido internacionalmente y adoptado por las Naciones Unidas y por la Comisión Europea, entre otras organizaciones e instituciones… Conviene, por tanto, superar el rechazo que el término provoca de inicio para entender su significado real y ser capaces de entrar en el debate de cuestiones de fondo”.

Sin duda es el término “violencia” el que genera ese rechazo. Es necesario, pues, aclarar qué se quiere decir con él cuando se utiliza en la expresión “violencia obstétrica”. Para superar ese rechazo y entender el significado real de lo que llamamos violencia obstétrica, nos será tan útil conocer los hechos que la constituyen –y que se expusieron en un primer artículo–, como clarificar lo que no es violencia obstétrica:

No es una violencia interpersonal, individual, sino una violencia sistémica, estructural, como reconocen la OMS y diferentes instituciones internacionales. Es una violencia que anida en la dinámica propia de las instituciones sanitarias, en el modelo biomédico imperante en la medicina occidental, con su mirada cargada de miedo al parto, de desconfianza en la fisiología de las mujeres y en sus capacidades y en un paternalismo sanitario que permanece enquistado en la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres e ignora su derecho a la autonomía. Esta aproximación médica basada en el riesgo y en la negación del derecho de las mujeres a tomar decisiones durante el embarazo y parto, cuenta con gran legitimidad social, a pesar de que el ejercicio de la Medicina está muy condicionado por el sistema económico, el género, la raza, la clase social y los valores e ideologías de las administraciones sanitarias y de los propios profesionales.
No es una violencia intencional, deliberada, consciente, voluntaria por parte de los profesionales. No es mala fe de los profesionales, que realizan su trabajo tal y como se les ha enseñado, tal y como siempre han visto hacer sin más reflexión y sin ser conscientes de la violencia que ejercen.

No es una violencia aislada de determinados profesionales o que se produce en ciertas circunstancias. Es una violencia generalizada que se ejerce desde la aceptación de un paradigma compartido por mujeres y sociedad: el de la mayor seguridad del parto tecnológico, frente a un modelo de atención diferente que respeta el derecho al parto fisiológico, al acompañamiento también en las cesáreas, al nacimiento no traumático, al contacto piel con piel, al inicio inmediato de la lactancia, a la no separación, a la autonomía y capacidad de decisión de las mujeres y restringe el intervencionismo médico a los embarazos y partos que se complican. Y que se ejerce desde la visión patriarcal, androcéntrica que la Medicina tiene de las mujeres y que es particularmente dominante en la Obstetricia.
No es una violencia que se ejerza mediante la fuerza física. Es una violencia simbólica que, tal y como la definió Bourdieu, arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales y que se apoyan en expectativas colectivas, en creencias socialmente inculcadas.
No es una violencia que se perciba como tal. Está profundamente interiorizada y normalizada por todos los profesionales y por toda una sociedad que creen en el paradigma del parto tecnológico.
No es sinónimo de mala práctica o de error médico, aunque en la violencia obstétrica se dan actuaciones no avaladas por la evidencia científica y no se implementan otras que han demostrado ser buenas prácticas.
No es solamente un problema de “calidad de la atención”. Reducir el problema a una cuestión de calidad o de calidez de la atención, invisibiliza que se trata de un problema de violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres durante la atención obstétrica.
No es una violencia ejercida solo por profesionales hombres. Las obstetras, matronas, enfermeras y otro personal femenino, no por ser mujeres son inmunes a las creencias sociales, a la formación recibida y a las dinámicas asistenciales. El orden médico es masculino, independientemente del sexo de quién ejerza la medicina.
No es una forma de criminalizar o de cuestionar a los profesionales. Como dice Serena Brigidi, antropóloga y miembro del Observatorio de Violencia Obstétrica: “Cuando hablamos de violencia obstétrica no apuntamos con el dedo sobre un profesional, sino sobre el sistema y el mundo patriarcal…”. Es más, combatir la violencia obstétrica supone también combatir las consecuencias que para los profesionales tiene presenciarla o ejercerla: estrés traumático secundario, fatiga compasiva, síndrome del profesional quemado, abandono de la profesión, malestar, depresión, medicina defensiva, litigios… Porque, en definitiva y tal y como dice Juan Gérvas, médico de familia, escritor y activista sanitario: “La violencia obstétrica no solo daña a la mujer, pues también degrada a los profesionales que la ejercen, y va contra su propia ética y su dignidad”.

Y, finalmente, para ser capaces de entrar en el debate de fondo, tal y como proponen la Sociedad de Obstetricia y el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, podríamos empezar por tratar de responder a la pregunta que formuló en 2016 un informe del Observatorio español de la Violencia Obstétrica: “¿por qué cuando el derecho a la autonomía de las usuarias está claramente reconocido, cuando disponemos de más y mejores medios para evitar las complicaciones del parto, cuando las evidencias científicas demuestran la conveniencia de partos y nacimientos fisiológicos y cuando el componente psicoemocional de la atención sanitaria y el bienestar de las pacientes se considera clave, se han convertido nuestros paritorios y maternidades en espacios de paternalismo (cuando no de autoritarismo sanitario), en lugares hostiles y medicalizados donde el trato ofensivo es tan frecuente, donde se perpetúan prácticas desaconsejadas por la evidencia científica y donde se da la espalda a elementos tan importantes de la asistencia al parto y nacimiento como el respeto al protagonismo de las mujeres, a sus preferencias, a su privacidad, a no ser enjuiciadas, a disfrutar de un ambiente cálido y de apoyo, a su derecho a ser informadas y a consentir o no a las medidas que se les propongan?