ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 60, enero-febrero 2025
DOS AÑOS DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
En los dos años que lleva de vigencia la Ley de Memoria Democrática, se ha avanzado de manera considerable en bastantes frentes: exhumaciones, identificación genética de restos, registro de víctimas, difusión de fondos documentales, Oficina de la Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática y designación de fiscales provinciales especializados; Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a Víctimas, y actos de homenaje y reconocimiento; puesta en marcha de las comisiones técnicas previstas en la Ley; inclusión de la Memoria Democrática en los planes de estudio, y preparación del profesorado para ello; cátedras de Memoria Democrática; actividades de divulgación, de formación y de reconocimiento. Y muchas otras acciones más
La aprobación de la Ley de Memoria Democrática por las Cortes Generales de España supuso un avance significativo en las políticas públicas de memoria y una respuesta definitiva a las justas reivindicaciones del movimiento memorialístico español. Desde ese momento, han sido dos años de avances en el desarrollo de todos y cada uno de los principios internacionales de los Derechos Humanos que vertebran la Ley: Verdad, Justicia, Reparación y Deber de Memoria como garantía de No Repetición.
La Ley de Memoria Democrática ha situado a las víctimas como centro de la acción pública, y su entrada en vigor trajo consigo la declaración de ilegitimidad e ilegalidad de los Tribunales de excepción franquistas y la nulidad de las sentencias que dictaron por motivos políticos o ideológicos, y asimismo ilegal la dictadura franquista. Se ha homenajeado a las víctimas en los actos de Estado anuales del Día de las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura (31 de octubre) y Día de homenaje a las Víctimas del Exilio (8 de mayo). Igualmente, se han realizado múltiples exposiciones, congresos y publicaciones en reconocimiento del papel activo de las mujeres españolas en la vida intelectual y política, y en la defensa y conquista de los valores democráticos y los derechos fundamentales.
En cumplimiento del derecho a la Verdad de las víctimas y la sociedad en general, se ha ejecutado el I Plan Cuatrienal de Exhumaciones, con el que se han movilizado más de 20 millones de euros y llevado a cabo más de 600 actuaciones. Hasta la fecha y aunque muchas actuaciones se están ejecutando aún y sus resultados por tanto están pendientes de concluir, los cuerpos exhumados ascienden a unos 5.600.
Por otra parte, el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura ya dispone el software de gestión que permite integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, y ayudar así en la identificación genética de los restos. Se está implantando el acceso de los laboratorios de ADN estatales y de las comunidades autónomas, una vez evaluados satisfactoriamente por la Comisión Nacional para el Uso Forense, de acuerdo con la norma ISO 17.025.
Así mismo, se lleva a cabo el proceso de migración de archivos para el Registro y Censo Estatal de Víctimas, y ya está disponible en la web del Ministerio de Cultura el Censo de fondos documentales para la Memoria Democrática.
Desde la perspectiva de la garantía del derecho a la investigación de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas con ocasión de la Guerra y la Dictadura hasta la entrada en vigor de la Constitución española, ya está en funcionamiento la Oficina de la Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática, para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. A este respecto, en gran parte de las provincias de España se ha designado fiscales provinciales de derechos humanos y memoria democrática.
Reconocido el derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado a las víctimas de la Guerra y la Dictadura definidas en esta ley, se han concedido y entregado 572 Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a Víctimas, que contienen tres elementos fundamentales: la consideración de “víctima”, la declaración en su caso del carácter ilegal e ilegítimo del tribunal que condenó y la radical nulidad e ilegalidad de la sentencia que impusieron. Asimismo, se han realizado innumerables actos de homenaje y/o reconocimiento.
En el ámbito internacional, se está desarrollando el proceso de solicitud para el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la ley, cuyo plazo de solicitud se ha prorrogado por un año más, hasta el 21 de octubre del 2025 y, hasta la fecha, se han concedido 210.124 nacionalidades, el 48,5% del total de solicitudes presentadas, mientras que solo se habían denegado un 1.2%, estando el resto aún en proceso de tramitación.
Igualmente, se han puesto en marcha las tres Comisiones técnicas que prevé la Ley de Memoria Democrática: Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España (disposición adicional 12ª), Comisión técnica para la elaboración de un estudio de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura (disposición adicional 15ª) y Comisión técnica para el estudio de supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, entre 1978 y 1983 (disposición adicional 16ª)
En el marco del Deber de Memoria Democrática, que persigue preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, y así evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse, se han llevado a cabo incontables iniciativas:
Así, ya se dispone de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas de la ESO y del Bachillerato, para la inclusión de la memoria democrática en el sistema educativo español; se ha acometido a través de un Convenio con la Fundación CIVES la actualización científica, didáctica y pedagógica en los planes de formación inicial y permanente del profesorado y se han publicado una serie de Guías didácticas que bajo el título “Hacer memoria” analizan biografías de personas, acontecimientos y efemérides significativas relacionadas con la memoria democrática.
Se ha impulsado, igualmente, la creación de Cátedras de Memoria Democrática en varias universidades y se han desarrollado innumerables acciones para el conocimiento y la divulgación de la Memoria Democrática: Exposiciones, Congresos internacionales, cursos y jornadas sobre memoria democrática, etc. Asimismo, se han suscrito Convenios de colaboración con instituciones y entidades nacionales y extranjeras (Agencia EFE, RTVE, Instituto Cervantes, Acción Cultural Española, Museo de la Memoria de Chile…), e impulsado además una serie de publicaciones a través de la Colección de Memoria Democrática del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales o a través de la Colección de Fosas y Exhumaciones del Departamento, así como los Catálogos de las Exposiciones celebradas como el de Azaña, Clara Campoamor, La Desbandá, Sender o la Cartilla escolar antifascista
Por otra parte, se ha continuado con las convocatorias de subvenciones en régimen de libre concurrencia a entidades sin ánimo de lucro destinadas a actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra de España y de la Dictadura, dirigido a entidades sin ánimo de lucro, universidades y equipos de investigación, que se venían realizando desde 2020. Así, el total acumulado en los ejercicios 2020-2023 es de 406 subvenciones con un importe total de 3.197.261,48 euros, distribuidas en las líneas de i) estudios e investigación, ii) publicaciones, organización de cursos, jornadas, conferencias y exposiciones, y iii) conservación y difusión del patrimonio documental escrito, oral o audiovisual. En la convocatoria correspondiente a 2024, actualmente en fase de análisis y valoración, se han recibido 357 solicitudes.
Igualmente, y en aplicación de la LMD, que mandata a todas las administraciones a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en el ejercicio de sus competencias y territorio, se han llevado a cabo en el ámbito de la AGE algunas actuaciones emblemáticas respecto a la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática por suponer exaltación de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes u organizaciones que la sustentaron, como por ejemplo el cambio de nombre de la estación de cercanías ubicada en el Distrito de Latina que pasa a denominarse «Maestra Justa Freire-Polideportivo Aluche, retirada el retrato de Queipo de Llano de la Capitanía General de Sevilla, o su despacho que figuraba en el Museo Histórico Militar de Sevilla. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha cambiado la denominación de la ‘Bandera Comandante Franco’ de la Legión por el de ‘Bandera España’, y el CSIC ha llevado a cabo el cambio de nombre de institutos, retirada de bustos y retratos, resignificación de la simbología material, etc.
También fueron exhumados los restos de Queipo de Llano y el auditor de guerra Bohórquez Vecina de la basílica de la Macarena en Sevilla, y el 24-04-2023 los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros; se ha resuelto expediente sancionador contra Falange Española por infracción muy grave, con la imposición de multa de 10.001 euros; se ha modificado la Ley de Fundaciones, para regular el procedimiento por el que el Protectorado pueda instar la extinción judicial de la fundación de que se trate en determinados supuestos de ensalzamiento del golpe de Estado y la dictadura o enaltecimiento de sus dirigentes, quedaron suprimidos 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978 y de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas; y se han retirado las respectivas Medallas al Mérito en el Trabajo concedidas a personas que participaron activa y destacadamente de la represión tras el Golpe de Estado de 1936.
De otro lado, ya es accesible el Inventario de Lugares de Memoria Democrática en la página web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, donde ya están inscritos el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, el Valle de Cuelgamuros y el Panteón de España, así como el Casco urbano de Gernika-Lumo y diez inmuebles emblemáticos vinculados al liberalismo español en el siglo XIX, que representan la lucha por los valores democráticos), y están en tramitación, entre otros, La Desbandá, la Antigua Prisión Provincial de Murcia, la Antigua Cárcel de Carabanchel, la Antigua Dirección General de Seguridad en Madrid o el Cementerio de la Almudena. Además, se han establecido en el extranjero dos lugares de memoria: el Ateneo Español de México y el Jardín de la NUEVE en Paris y otros están en tramitación.
En cuanto al proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros, el impulso definitivo se ha dado con la creación de la Comisión Interministerial para el impulso y coordinación de las medidas que hayan de adoptarse por la Administración General del Estado con el fin de llevar a cabo la resignificación del Valle de Cuelgamuros.
Todo ello sin olvidar que se han llevado a cabo importantes actuaciones de carácter institucional imprescindibles para una adecuada articulación de las políticas públicas de memoria democrática. Por ejemplo, se ha creado el Consejo Territorial de Memoria Democrática, como órgano de cooperación de las Administraciones Públicas para la articulación de la política de memoria democrática y se ha impulsado y reconocido el papel del movimiento memorialista, no sólo con un sostenido programa de ayudas para favorecer sus aportaciones mediante actividades de memoria democrática, sino con la próxima puesta en marcha del Consejo de Memoria Democrática, órgano de participación del movimiento memorialista, cuyo Real Decreto está en un avanzado estado de tramitación.
Con independencia de todo lo anterior, hay que destacar que la Ley de Memoria Democrática se ha constituido en estos momentos en una garantía de aplicación de las políticas de memoria democrática, como hemos podido observar con la estrategia puesta en marcha por el Partido Popular de impulso de iniciativas legislativas en distintas comunidades autónomas para la derogación de la normativa propia de recuperación de la memoria democrática en sus respectivos ámbitos territoriales.
Efectivamente, Aragón y Comunitat Valenciana ya aprobaron leyes en ese sentido, otras tienen iniciativas en trámite parlamentario (como Islas Baleares y Cantabria), y en Castilla y León se tramitó y debatió en las Cortes, pero no superó el trámite de toma en consideración.
En todos los casos, estas iniciativas tienen una finalidad análoga, que no es otra que el aniquilamiento de las políticas de memoria democrática, la desprotección a las víctimas en sus derechos de verdad, justicia y reparación enraizados en las normas internacionales de derechos humanos, el blanqueamiento del franquismo equiparando regímenes totalitarios con los democráticos y, en suma, el olvido de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista, todo ello con la excusa de una pretendida y mal entendida concordia.
El Gobierno de España va a defender la memoria democrática frente a cualquier amenaza como las descritas, como ya ha hecho recurriendo la ley aragonesa ante el Tribunal Constitucional, y lo hará con la valenciana si el preceptivo trámite previo de negociación con la Generalitat no alcanza los frutos deseados.
