ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 60, enero-febrero 2025

ENTERRADOS EN UNA CUNETA…

Franco murió hace casi cincuenta años. Por tanto, hace ya casi ese tiempo que tenemos la oportunidad, la obligación social y moral, de revindicar la memoria y reconocer la dignidad de las víctimas del franquismo. El Alzamiento militar se dirigió contra la legalidad democrática, y sobre todo la justicia y los derechos humanos. En la preparación misma del golpe, se proponía la mayor violencia. Ya es hora de recuperar colectivamente la memoria de las víctimas de tanta injusticia. Ningún ser humano debería seguir enterrado en una cuneta

La eterna asignatura pendiente de la democracia española es la memoria histórica, la memoria democrática si utilizamos el término que se ha implantado ahora legalmente. Francisco Etxeberría es un reputadísimo antropólogo forense al que tuvimos la fortuna de entrevistar para nuestra película «15.613 días». Etxeberría nos dijo:

«No estamos hablando del pasado. Sorprendentemente estamos hablando del presente. La memoria histórica no es la historia. La memoria histórica es lo que hoy está pendiente de aquello que no se supo resolver antes y que nos alcanza como problema a la sociedad democrática actual, teniendo en cuenta que tenemos una serie de víctimas a nuestro alrededor que nunca fueron consideradas».

Etxeberría habla de víctimas que no se tomaron en consideración. Por ello es necesario saber por qué hubo víctimas y por qué no se las tomó en consideración. Es necesario conocer con la mayor precisión posible los acontecimientos para poder comprender las dinámicas, motivaciones y consecuencias de las decisiones que se tomaron y los hechos que se produjeron.

Fran y yo decidimos enfocar nuestra película, no en la guerra incivil y su devenir bélico, sino en otro aspecto que nos pareció que estaba menos tratado: el de la represión intencionada contra una parte de la población española por motivos políticos, por sus principios y convicciones ideológicas, una actuación criminal que es un genocidio según los criterios establecidos por la justicia internacional.

Es necesario explicar, aunque sea someramente, la situación que se vivía en España previamente a la rebelión militar. La CEDA de José María Gil-Robles ganó las elecciones de noviembre-diciembre de 1933. Fue el inicio del llamado «bienio conservador» de la II República gobernado por una coalición de derechas.

La «Revolución de Asturias» tuvo lugar en octubre de 1934, con el general Franco al mando de la represión obrera, unos hechos determinantes para todo lo que se vivió después en España.

El 12 de enero de 1936 Calvo Sotelo pronunció un discurso en Madrid del que voy a extractar unos párrafos:

«… para que la sociedad realice una defensa eficaz, necesita apelar también a la fuerza. ¿A cuál? A la orgánica; a la fuerza militar puesta al servicio del Estado…

Hoy el ejército es base de sustentación de la patria. Ha subido de la categoría de brazo ejecutor, ciego, sordo y mudo, a la de columna vertebral, sin la cual no se concibe la vida…

Me dirán algunos que soy militarista. No lo soy, pero no me importa que lo digan. Prefiero ser militarista a ser masón, a ser marxista, a ser separatista e incluso a ser progresista.

Dirán que hablo en pretoriano. Tampoco me importa… Cuando las hordas rojas del comunismo avanzan, sólo se concibe un freno: la fuerza del Ejército y la transfusión de las virtudes militares ―obediencia, disciplina y jerarquía― a la sociedad misma, para que ellas descasten los fermentos malsanos.

Por eso invoco al Ejército y pido patriotismo al impulsarlo».

El 15 de enero de 1936 se firmó el pacto electoral de izquierdas que dio lugar al Frente Popular, aunque nunca se llamó así oficialmente. Un mes después, el 16 de febrero, se celebraron las elecciones generales que ganó el Frente Popular por un escaso margen de votos, que, no obstante, le reportó una abultada ventaja en número de diputados, cosas de las leyes electorales.

El 8 de marzo de 1936 tuvo lugar en Madrid una reunión de varios generales (entre ellos Franco y Mola), un coronel y un teniente coronel, en la que acordaron organizar un «alzamiento militar» que derribara al Gobierno del Frente Popular recién constituido y «restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España». Ese día, no el 18 de julio al que me referiré más adelante, comenzó el horror español vivido en el siglo XX.

Parte de ese terror fue la represión franquista, que no fue una fatalidad del destino ni una consecuencia inesperada de la guerra fratricida que iniciaron los militares. La masacre fue planificada de antemano por el general Mola en sus «Instrucciones Reservadas», unas directrices redactadas previamente al golpe y la guerra, siendo gobernador militar en Pamplona. Mola diseñó minuciosamente el asalto al poder por la fuerza de las armas. También la represión política que debía materializarse de forma simultánea al levantamiento militar contra el gobierno legítimo de la República.

La Instrucción Reservada número uno, que los historiadores fechan en junio de 1936, dice en su punto quinto lo siguiente:

«… Desde luego serán encarcelados todos los Directivos de los partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas».

Aquí no estamos hablando de la guerra, no hablamos de operaciones tácticas ni de estrategias militares en un conflicto armado. Estamos hablando del exterminio de una parte de la población española por motivos ideológicos, una matanza planificada con premeditación y ejecutada con alevosía. Hablamos de una masacre ordenada, controlada y dirigida por los militares bajo el mando de Francisco Franco y el resto de los generales fascistas sublevados contra el gobierno legítimo de España. Hablamos de asesinatos perpetrados vil e impunemente por pistoleros falangistas.

El general Mola habló en sus instrucciones reservadas de encarcelamiento y castigos ejemplares para los no afectos al movimiento. Les condenaron no porque hubieran cometido ningún delito o falta. Lo hicieron por tener una ideología diferente a la de los militares. El glorioso movimiento nacional asaltó el poder ilegal y violentamente. También encargó a las milicias fascistas la ejecución de las órdenes de exterminio de la población civil, encargo que cumplieron rigurosamente, con vehemencia incluso. Es verdad que hubo encarcelamientos y castigos ejemplares. También muchos casos en los que se saltaron la reclusión entre rejas para ir directamente al correctivo ejemplar. El castigo elegido habitualmente fue el más dramático, el irreversible: el asesinato.

El 17 de julio de 1936 comenzó la rebelión militar en Melilla, tal y como planificó Mola. Siguiendo sus instrucciones, Franco se sublevó en Canarias el día 18, que es la fecha que ha quedado en la historia como el inicio de la gran cruzada para mayor gloria de Franco, pero es otra mentira más de ese régimen fascista. El 19 de julio, fecha prevista por Mola para la rebelión de los generales ubicados en la península, mantuvo una reunión en Pamplona con un grupo de alcaldes a los que dijo:

«Es necesario propagar una atmósfera de terror. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado».

La represión política en retaguardia, al margen de la guerra, segó la vida de miles y miles de personas. Según la investigación del juez Garzón, entre 138.000 y 150.000 víctimas inocentes. La mayor parte de esos asesinatos se produjeron en un periodo de tiempo muy corto, entre julio y diciembre de 1936, aunque la represión se mantuvo durante toda la dictadura, incluso después de la muerte del dictador. Fueron crímenes que jamás se esclarecieron, nunca se enjuició ni se condenó a nadie por ellos… ¡nunca! La justicia brilló por su ausencia, o la injusticia relumbró en todo su esplendor. Según la legislación internacional fueron desapariciones forzadas, mi más ni menos.

El general Mola dijo que había que fusilar a los disidentes y, efectivamente, les mataron a miles. La inmensa mayoría de los asesinatos no fueron fusilamientos en el paredón, sino disparos en la cabeza con armas cortas.

Lo que no especificó el general fue qué debía hacerse con los cadáveres de los asesinados.

Francisco Etxeberría nos explicó que al principio de la guerra interesó (a los militares, supongo) que los muertos se vieran por las calles. Lo hicieron para esparcir el terror del que habló Mola. No obstante, esa práctica se convirtió en un escándalo internacional; por ello «…empezaron a esconderlos. Y ahí viene esconder los cadáveres en pozos, minas, galerías etc. Si hablamos de lugares de costa, arrojarlos por los acantilados».

Acacio Puig, un torturado del tardofranquismo y miembro de la asociación memorialista «En Medio de Abril», nos aportó un testimonio escalofriante. Nos dijo: «En Burgos hay torcas, simas, en las que no se sabe cuánta gente hay enterrada, porque iban los camiones de la zona y les echaban vivos, a sesenta metros de profundidad».

El historiador Luis Castro destacó que hay muchos miles de personas asesinadas en ese primer verano, y hoy estamos todavía pendientes de que se rescaten sus cuerpos, «…lo cual, para una sociedad democrática y avanzada como se supone que es la nuestra, es una vergüenza».

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, dijo: «Un ser humano, en una democracia, no puede estar enterrado en una cuneta». Una afirmación rotunda y absolutamente verdadera, incuestionable.

Francisco Etxeberría puso el foco también en otro aspecto de esta realidad terrible. Dijo que cuando exponía estos hechos en los congresos los asistentes «se echan las manos a la cabeza», no entienden que todavía existan fosas clandestinas en las cunetas de España «que no están ni señalizadas, ni protegidas ni exhumadas».

Esta es, en mi opinión, la eterna asignatura pendiente de nuestra democracia. Es principalmente una cuestión de humanidad, o de falta de ella. Hoy mismo, ahora mismo, tenemos un número indeterminado de cadáveres esparcidos por todo el país, restos humanos que permanecen abandonados, no identificados y ocultos desde hace ya ochenta y ocho años. Continúan en el mismo lugar que eligieron sus asesinos para entregarles a la ignominia del olvido, ultrajándoles incluso después de haberles finiquitado. Les ultimaron con crueldad extrema, y, para mayor escarnio, negaron a las familias hasta el derecho de saber qué había pasado con ellos ni dónde estaban sus cuerpos.

Hubo represión republicana durante la guerra incivil española; es verdad. El ejemplo más sobresaliente, en mi opinión, es el de Paracuellos del Jarama. Es también el ejemplo más destacado de que la barbarie republicana ya fue depurada por el franquismo hace muchos años. A los pocos meses de finalizar la guerra, se ordenó la exhumación de los cadáveres y la construcción del cementerio que hoy se puede ver en el lugar en el que se produjeron los asesinatos. Por no hablar de esa megalómana construcción, esa aberración arquitectónica y memorística que Franco ordenó construir en el valle de Cuelgamuros. El franquismo ya se ocupó de construir su propia memoria histórica, como muy bien destacó el historiador Luis Castro Berrojo en nuestro documental.

Puedo incluso entender que la dinámica de los hechos en su momento, determinase que el franquismo recuperase los restos y la dignidad de las víctimas de su bando, olvidando y ninguneando a los que ellos asesinaron condenándoles además al ostracismo y la desmemoria. Así de cruel fue el destino de las víctimas del bando republicano. Que pueda entenderlo no quiere decir que lo asimile, lo justifique o equipare la represión de unos y otros, porque no fueron equiparables, ni mucho menos. Es necesario conocer y analizar la historia con rigor. Es imprescindible para no caer en el abismo del engaño interesado, que es lo que hizo el franquismo desde el primer momento con el relato de su propia historia.

Un ejemplo terrible del modo de actuar del franquismo en el poder fue la llamada «Causa General de la Revolución Marxista». Fue una investigación judicial retroactiva con el fin de determinar los delitos cometidos en todo el país durante la llamada «dominación roja», desde 1931. Como consecuencia de esa investigación se instruyeron miles de causas judiciales que terminaron en Consejos de Guerra o en vistas en los tribunales especiales. Ni uno solo de sus propios crímenes, claro está. La Causa General se abrió en 1940.

El 31 de marzo de 1969 se aprobó un decreto-ley por el que se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. Si tenemos en cuenta que la Causa General había investigado y enjuiciado durante treinta años los supuestos delitos de los «rojos», solo quedaban por esclarecer los propios que nunca se investigaron, o sea fue una autoamnistía encubierta, una sinvergonzada manifiesta disfrazada de prescripción comprensiva y caritativa para todos los españoles. Franco utilizó su habitual retorica retorcida para argumentar en el preámbulo del decreto lo siguiente:

«… quedando de esta forma jurídicamente inoperante cualquier consecuencia penal de lo que en su día fue una lucha entre hermanos, unidos hoy en la afirmación de una España común más representativa y, como nunca, más dispuesta a trabajar por los caminos de su grandeza futura».

Franco murió hace casi cincuenta años. Por tanto, hace ya casi cincuenta años que tenemos la oportunidad, la obligación social y moral diría yo, de revindicar la memoria y reconocer la dignidad de las víctimas del franquismo. El régimen ocultó sus crímenes impunes de muchas maneras, incluso disfrazándoles de legalidad con leyes como la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) o la Ley de Represión de los Delitos de Bandidaje y Terrorismo (1947), que fue la que utilizó el régimen para exterminar a los maquis españoles. Pero los primeros asesinatos, los de aquel aciago verano de 1936, ni siquiera recurrieron a disfrazarlos de actos legales, es más, ni siquiera dieron cuenta de ellos en ningún registro legal o alegal, les asesinaron y les abandonaron en fosas ocultas. Pero lo que no pudieron hacer fue borrarles de la historia y, sobre todo, de la memoria de sus familiares que son los que han mantenido siempre viva la llama de la afrenta y la injusticia.

De hecho, fueron los familiares de las víctimas los que promovieron y realizaron las primeras exhumaciones que se hicieron en el país. Fue poco tiempo después de la muerte del dictador, lo antes que pudieron; concretamente, entre 1978 y 1980 en Navarra, La Rioja o Extremadura. Experiencias pioneras conocidas como «Exhumaciones tempranas» que son el precedente del movimiento memorialista que conocemos hoy en día. Siempre iniciativas particulares protagonizadas por los familiares. Ninguna ayuda, ningún planteamiento oficial o legal por parte del gobierno del Estado. Fueron los años de la transición española que muchos dicen que fue ejemplar y no seré yo quien lo niegue, no tengo ni la capacidad ni los conocimientos necesarios para hacer una evaluación al respecto, pero sí sé que no fue en absoluto ejemplar para las víctimas del franquismo, cuyos restos siguieron (en demasiados casos aún siguen) en fosas clandestinas.

En 1982 el PSOE obtuvo la mayoría absoluta más abultada que ha habido en el actual periodo democrático: 202 diputados de los 350 escaños del parlamento, más de diez millones de votos. Fueron los mejores resultados electorales que ha tenido un partido en estos 45 años. Esos comicios también fueron la debacle del Partido Comunista; solo conservó 4 de los 23 diputados que consiguió en las anteriores elecciones. Socialistas y comunistas fueron dos de los colectivos más castigados por la represión franquista, y es cierto que el debate sobre la memoria histórica no fue una de las preocupaciones políticas de aquellos años a pesar de que ya se habían producido las exhumaciones tempranas, las que abrieron el proceso.

Fran y yo hemos hablado varias veces sobre la injusticia y la oportunidad perdida de aquel PSOE de Felipe González. que no movió un dedo para dignificar el recuerdo y revindicar la labor de todos aquellos socialistas, y de otras sensibilidades políticas, que murieron por defender la democracia que tantos años tardó en recuperarse. Las víctimas tuvieron que seguir esperando en 1982. Pero lo más terrible es que todavía siguen esperando en 2025, 88 años después de asesinarles.

La historia del movimiento memorístico en España tuvo un importantísimo punto de inflexión en octubre de 2000: la exhumación de trece republicanos asesinados por pistoleros falangistas en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo. Esa exhumación fue de las primeras (si no la primera) que se hizo con criterios científicos, y fue el origen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una iniciativa ciudadana que ha sido, y sigue siendo, el puntal más importante y significativo del movimiento memorístico en España. También es necesario destacar que es imposible hablar de la ARMH sin ensalzar y reconocer la figura de su presidente: Emilio Silva, un luchador incansable en defensa de los derechos humanos.

Los gobiernos de Felipe González y José María Aznar nunca se preocuparon de la memoria histórica ni de las víctimas del franquismo. Hubo que esperar hasta finales del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero para que se aprobara la primera ley de memoria histórica, que fue principalmente, al menos para mí, un motivo de esperanza, pero no sirvió para solucionar el problema. De hecho dejó en manos de los familiares y la sociedad civil la búsqueda y exhumación de los cadáveres de la represión franquista.

Mariano Rajoy no derogó la ley, pero la vació de contenido al no dotarla presupuestariamente. Tampoco mostró ningún interés ni se produjo ningún avance en la recuperación de la memoria histórica en sus seis años y medio de gobierno.

Hubo que esperar hasta octubre de 2022 para que se aprobara la actual Ley de Memoria Democrática, una ley que sí contempla como una obligación del Estado la búsqueda y exhumación de los cadáveres. La ley lleva en vigor más de dos años, pero la información sobre los avances en la búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas brilla por su ausencia. Al menos yo he sido incapaz de encontrarla. Me gustaría creer que el Estado está cumpliendo con sus obligaciones legales en esta materia, pero debo admitir que soy muy pesimista al respecto. Es por ello que sostengo rotundamente que esta sigue siendo la eterna asignatura pendiente de nuestra democracia, incluso a pesar de las leyes.

Eso sí, es infinitamente mejor tener una ley que no tenerla. Es imprescindible, al margen de las bondades y/o las deficiencias que tenga la ley. Todo es debatible, criticable y mejorable, pero lo primero que tiene que haber es la voluntad política de poner en el foco y la acción pública en las víctimas del franquismo, víctimas y familiares que no han recibido el mismo trato que otras. Hablo de las víctimas del terrorismo concretamente. Que nadie me entienda mal, por favor; todo respeto y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, faltaría más. Solo pido el mismo respeto y reconocimiento para las del franquismo, que son las que, además, llevan ochenta y ocho años esperando.

Insisto en destacar las palabras de Emilio Silva: «Un ser humano, en una democracia, no puede estar enterrado en una cuneta».