ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 60, enero-febrero 2025

ARCHIVÍSTICA, DEMOCRACIA E IGUALDAD. LAS MUJERES EN LOS ARCHIVOS

Los archivos están al servicio de todos los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, hay instituciones que tienden a controlarlos para dar un cierto enfoque al conocimiento del pasado. Es decir, ,os archivos pueden utilizarse como instrumentos de poder, y una muestra de ello es la escasez de información sobre las mujeres, y sobre todo, la existencia de dificultades para su localización y acceso. La ley obliga a una rectificación a ese respecto. En general, es necesario que el archivo sea custodio de una memoria compartida con su entorno, y no neutral, sino posicionada en la defensa de los derechos humanos

Los archivos se han entendido como un reflejo “auténtico” de una realidad que ha sido, y además como centros que tenían como fines la conservación y la puesta a disposición de todo el mundo de la información que custodiaban. Se ha asentado desde hace tiempo que son instituciones a las que, en una sociedad democrática, deben tener acceso todas las personas. De hecho, es un derecho garantizado en nuestra Constitución, en el art. 105 b, articulo que podría conectar con otro que reconoce el derecho a comunicar o recibir información (art. 20).

Desde mediados de los 90 se empieza a cuestionar esta forma de entenderlos, para pasar a considerar que han sido creados para conservar la memoria de unas instituciones públicas que tienen esa capacidad de preservar sus documentos porque detentan el poder, y desde esos espacios de poder pueden decidir en el presente lo que el futuro sabrá del pasado. Este enfoque conceptúa a los archivos como una construcción social, no neutral. Por lo tanto, sujetos a análisis críticos. Desde esta perspectiva se entenderá que unos archivos democráticos deben ir más allá de garantizar el acceso, porque tienen una dimensión social que está relacionada con otros derechos constitucionales: la gestión archivos también está directamente conectada con la eficacia de las administraciones públicas, (art. 103 CE) y con el derecho a la cultura y a la identidad de los pueblos (Art. 44 CE).

Además, los documentos de archivo son considerados patrimonio documental por la legislación estatal y autonómica. Por lo tanto, son patrimonio de la ciudadanía y son para todas las personas, lo que implica que los archivos han de reconocer: la interacción de la ciudadanía con el Estado en el proceso de gobernación; el impacto de la acción del Estado en la sociedad; y la acción de la propia sociedad.

Para que nuestra sociedad asuma a los archivos como instituciones fundamentales para las personas, ellas tendrán que tener una presencia sustancial en su construcción y en la archivística y eso afectará a su concepción, de tal manera que deberán superar la consideración instrumental que hemos heredado, ese carácter de auxiliares o subalternos de las administraciones en las que se integran o de las instituciones académicas que basan sus investigaciones en los documentos que custodian, y alcanzar una estructuración esencial que avance hacia una responsabilidad de custodia de una memoria comprometida y compartida con su entorno, no neutral, sino claramente posicionada en la defensa de los derechos humanos y de las huellas, de las marcas que dejan las mujeres y los hombres.

Pero si realmente queremos armar unos archivos democráticos, que defiendan los derechos fundamentales de las personas, nos surgen algunas preguntas.

Hemos afirmado que los archivos no son neutrales, sino un constructo social, Schwartz y Cook nos dicen que los archivos tienen el poder de privilegiar o de marginalizar, pueden ser herramienta de hegemonía o de resistencia, entonces ¿ese poder de los archivos ha dejado fuera de sus paredes los documentos de la parte de la sociedad que no ha merecido ser recordada? Y seguimos preguntando ¿qué sucede con las mujeres en los archivos? ¿nuestros archivos y el ejercicio de nuestra profesión están impregnados de un sistema de valores que invisibiliza a las mujeres?

A pesar de los avances en igualdad y su reconocimiento como un derecho, aún no es una realidad, y en lo que corresponde a nuestro ámbito, la archivística no ha modificado sus procesos respecto al tratamiento y al reconocimiento de las mujeres. Pareciera que, aunque las mujeres están cambiando su posición en el mundo, el mundo de los archivos no ha considerado que precisa también cambiar. Podría justificarse esa resistencia en las escasas referencias a documentos de mujeres, y/o sobre mujeres, en los archivos. Pero el problema no es tanto la falta de fuentes en los archivos públicos, sino la dificultad para su localización, y esta dificultad o casi ocultación de los documentos de o sobre las mujeres es el reflejo de la orientación androcéntrica a la que, por supuesto, no fue ni es ajeno el tratamiento archivístico. Las y los archivistas suelen reproducir esas deformaciones androcéntricas de la realidad y parecen no cuestionarlas y, de hacerlo, por lo general no incorporan propuestas que aumenten y agilicen las posibilidades de acceso y obtención de datos de/y sobre mujeres.

Sabemos, pues, que los archivos y la archivística no han podido escapar de una construcción patriarcal y que no han sabido desasirse de esa ordenación. Sin embargo, desde el año 2007 una obligación legal nos exige buscar métodos para el cambio: la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley, en su artículo 15 establece que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos, por lo que las políticas archivísticas estarán concernidas por ese principio, y los archivos públicos deberán buscar tesis y métodos para implementarlo.

Otro artículo que nos interpela directamente es el artículo 20 a), cuando dispone que se debe incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que se lleven a cabo (la descripción de documentos es una recogida de datos). Y no podemos olvidar el artículo 26 que regula la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual.

Estamos frente a unas exigencias legales que nos fuerzan a revisiones profundas, a la adopción de medidas, a transitar por caminos nuevos, y que requieren nuevos modos de pensar, puesto que la igualdad de género no debe considerarse sin más como igualdad de derechos y no discriminación, sino que tiene dimensiones estructurales y requieren la eliminación de desigualdades de poder, de asimetrías y jerarquías de sexo-género.

No es fácil, porque no disponemos de precedentes, ni de referentes para imaginar unos archivos y una archivística no patriarcal, aunque sabemos por las investigadoras feministas que tendremos que ir más allá de implementar medidas correctoras que solo añadan mujeres. Desmontar estructuras nos exigirá una recreación radical del pensamiento y del análisis.

Para encontrar nuestra memoria, necesitamos configurar una nueva archivística:

• que incorpore diagnósticos;
• que cuestione la formación de los archivos y los procedimientos archivísticos;
• y que diseñe modelos teóricos y prácticos que comiencen por analizar los procesos archivísticos y por posicionar a las mujeres como eje básico de conocimiento.

Porque conseguir hacer del archivo un espacio de diálogo y comunicación, que construya una memoria social participada y sustentada por la sociedad a la que sirve, donde tengan voz no solo las personas expertas, donde la comunidad sienta los archivos como propios; y diseñar unos archivos que basen su esencia en la formación de un patrimonio de y para las personas, abiertos, próximos, confiables, que superen dinámicas institucionales y que integren a la mitad del mundo, deberán ser unas aspiraciones, o mejor, unas ambiciones propias de nuestra profesión.

No olvidemos que la memoria, esa que custodian archivos, bibliotecas y museos, nos dice la escritora brasileña Nélida Piñón, «es como un conjunto político-social, un colectivo. La memoria es coral».