ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 62, junio-agosto 2025

CAMINANDO POR EL ALAMBRE: LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

La relación de los responsables públicos con los medios de comunicación es muy difícil, porque la intermediación en la información o la opinión conduce fácilmente a la imprecisión (o incluso al error craso) o al equívoco. Además, a menudo la actitud del periodista es crítica, lo cual incrementa los riesgos en la transmisión de los contenidos que expresa el político. Sin embargo, es necesario ver en el profesional de la información a un aliado potencial en la difusión de mensajes que se consideran útiles para la colectividad. En sentido inverso, los propaladores de desinformación no solo son un peligro para el político, sino también para la democracia y la colectividad

He tenido el privilegio de ocupar un cargo público en el ministerio de Trabajo, Seguridad Social y catorce años más tarde en el ministerio de Igualdad, por lo que estas líneas responden a la experiencia que cualquier cargo ha de afrontar al relacionarse con los medios de comunicación; es decir, las dificultades que entrañan los encuentros con los profesionales del periodismo. En principio, tenemos la necesidad de hacernos entender, a pesar de usar lenguajes diferentes. A las autoridades se les demanda que se remitan a lo concreto cada vez que se les pregunta en una rueda de prensa, y para los responsables políticos resulta una proeza reducir a lo específico la magnitud de las políticas públicas. Si para cualquier organización, pública o privada, encarna todo un reto mostrar los resultados de su gestión, este escenario se vuelve áspero y laberíntico cuando se trata de la relación entre los medios y los representantes de la esfera pública. Es cierto que nadie está obligado a saber cómo funcionan las administraciones, pero se echa de menos el interés de los medios por aproximarse a la complejidad de la función pública, no como una justificación, sino como comprensión de las barreras que han de superarse para aplicar cualquier iniciativa: desde una ley orgánica a una ordenanza municipal. Por ello, deben promoverse las reuniones con periodistas para hacerlos saber las dificultades que conlleva cualquier acción de gobierno.

Hoy en día, dedicarse al ámbito político es solo apto para funambulistas, una suerte de acróbatas del alambre por su necesidad de mantener el equilibrio entre su trabajo diario y su intención de comunicar lo más relevante del mismo. Somos testigos de las conocidas fake-news o noticias falsas, no siempre detectables y, menos aún fáciles de desactivar. Tienen una enorme influencia; por ello se le denomina el poder social de los algoritmos –operaciones matemáticas que repiten mensajes–. Muchos grupos son capaces de crear cuentas falsas en las redes, éstos son los bots, abreviaturas de robots pero con nombres propios que simulan usuarios. Gracias a sus múltiples likes un mensaje cobra la apariencia de verdad, o se convierten en tendencia (trending topic). ¿Quién es capaz de distinguir entre lo real y la ficción? Ante semejante ejército de bots es complicado desmentir toda noticia por parte de los gabinetes de comunicación de los cargos públicos. Recordemos el grado de incidencia de Luis “Alvise”, un hombre común que al frente de su grupo Se Acabó la Fiesta, recabó 800.763 votos, el 4,6% del total del electorado de las europeas en 2023. Todo ello, sin haber celebrado un solo mitin presencial. Ante semejante poder de persuasión, qué capacidad de maniobra tienen los gabinetes de comunicación de los cargos públicos, por muy cualificados que estén.

El filósofo americano Noam Chomsky ya contaba en sus clases de comunicación política, hace cuatro décadas, que los medios de comunicación no eran meros notarios de la realidad, sino que su libertad de expresión, es decir, su neutralidad, sería inversamente proporcional a su financiación; en otras palabras, a sus posibilidades de mantener una autonomía para no depender de la publicidad institucional. Todos sabemos cómo se administran, con la precisión de un bisturí, las noticias. Los grupos de comunicación son conscientes del grado de dependencia y adaptan sus editoriales a los intereses de sus “clientes” políticos. Los diarios provinciales o las televisiones autonómicas son un claro ejemplo de cómo se vuelven camaleónicas para difundir las agendas políticas de las autoridades. El poder corporativo no tiene fisuras; toda una estrategia destinada a derribar a los adversarios políticos, utilizando munición de todo tipo, desde lo personal hasta criticar cualquier detalle del ejercicio de su cargo.

A pesar de nombrarla, la denominada regeneración democrática –o, dicho en otras palabras, el empeño en asegurarnos una interlocución política entre poder y ciudadanía– debe mejorar, no solo en cuanto a su técnica, sino también en cuanto a sus formas de expresión. Aun siendo consciente de la enorme dificultad que entraña la relación con los medios de comunicación, es necesario garantizar que ésta se produzca. Por añadir una anécdota. Recuerdo cómo un periodista de la SER me preguntó cuándo iba a ser efectiva la Ley contra la Violencia de Género –era el año 2005–, en qué momento finalizarían los asesinatos. Era evidente que su pregunta nos imputaba, y a través de mi cargo, a todo el gobierno, de la responsabilidad de cada muerte. Tuvimos que desarrollar una calma inducida para recordar lo conseguido: juzgados especializados, datos estadísticos, formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. –Sí, muy bien, pero qué harán para reducir las víctimas, insistió. A pesar de ello, conceder una entrevista no debe ser concebida como un “trato de favor”, por muy venenosas que nos resulten. Estoy convencida que es un signo de debilidad organizar ruedas de prensa sin preguntas, o solo elegir las más favorables. Sé que, a pesar de tantos textos sobre comunicación política, ésta nunca pisa un terreno firme. Aun así, los medios de comunicación son nuestros intermediadores, nuestro mejor vínculo para mostrar cómo se desarrolla la acción de gobierno, con críticas incluidas. Cada día es más urgente la relevancia de diferenciar entre las políticas regresivas y las políticas progresistas. Porque a mayor explicación por parte de los poderes públicos, menor confusión ciudadana. De esta forma se evitará prolifere el cómodo: “todos son iguales” sin detectar a los depredadores antidemocráticos y, por supuesto, a quienes los eligen de socios.