ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 62, junio-agosto 2025

AGRICULTURA EN LA ENCRUCIJADA:

CIENCIA, CRISPACIÓN POLÍTICA Y PERCEPCIÓN PÚBLICA

La efervescencia ideológica en la extrema derecha y otros factores, están llevando a unas coincidencias sorprendentes en posicionamientos concretos por parte de colectivos con ideologías muy distintas, cuando no enfrentadas. Por ejemplo, en la agricultura se ven coincidencias en las demandas de sectores ecologistas y de otros nacionalistas y de un liberalismo extremo. Algo semejante sucede en el comercio internacional, donde se perciben coincidencias en contra de la globalización, y en energía. Es necesario apelar a la razón y a los datos científicos y técnicos, pues son muchos los riesgos de ceder a la emocionalidad

Pocos ámbitos reflejan con tanta claridad la complejidad de nuestra época como la agricultura. No es solo un sector económico esencial, sino un espacio donde convergen ciencia, política, percepción pública y disputas ideológicas. La publicación en Estados Unidos del informe Make America Healthy Again (MAHA), el 22 de mayo de 2025, es un claro ejemplo de esta intersección. Presentado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, el documento propone una ambiciosa revisión de las políticas públicas en salud y medioambiente. Entre sus medidas destaca la drástica reducción del uso de productos químicos en agricultura y un endurecimiento de la evaluación de pesticidas por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Lo más sorprendente no es su contenido, sino su origen. Promovido por figuras republicanas tradicionalmente favorables a la desregulación y la libre empresa, el informe MAHA converge con demandas históricas de movimientos ecologistas y de izquierda europeas: mayor control sobre sustancias químicas, impulso a métodos alternativos y escepticismo ante los procesos de evaluación actuales. Esta confluencia, paradójica solo en apariencia, evidencia un fenómeno más profundo: la creciente superposición entre posturas políticas que se consideran opuestas.

Sin embargo, esta convergencia no implica consenso técnico ni político, sino una profundización de la desconfianza. Algunos denuncian el poder de las grandes multinacionales y el impacto ambiental de la agricultura intensiva. Otros, con la misma vehemencia, apelan a la soberanía del consumidor y la producción nacional. En todos los casos, se cuestiona la legitimidad de las autoridades científicas, percibidas como parte de una élite tecnocrática ajena al ciudadano medio, del mismo modo que se pone en duda la legitimidad de gobiernos electos o de decisiones judiciales, alimentando una desconfianza generalizada hacia las instituciones. Esta fragmentación ha alimentado una nueva forma de populismo: tecnófobo en ocasiones, emocional casi siempre y desconectado del análisis riguroso de problemas complejos.

Las diferencias regulatorias entre Estados Unidos y la Unión Europea ejemplifican esta tensión. La EPA evalúa los riesgos bajo condiciones de uso específicas, mientras que la UE aplica el principio de precaución y considera la peligrosidad intrínseca de las sustancias. Como resultado, muchos productos autorizados en EE.UU. están prohibidos en Europa. Durante décadas, esta divergencia reflejó modelos ideológicos distintos. Hoy, sin embargo, ambas regiones enfrentan discursos polarizados que, desde perspectivas opuestas, exigen menos químicos, más control y una transición hacia métodos sostenibles, sin que haya consenso técnico sobre cómo lograrlo sin comprometer la productividad agrícola necesaria para alimentar a una población en constante crecimiento.

Los agricultores quedan atrapados en esta dinámica, enfrentando cada vez más restricciones y menos herramientas. La eliminación de productos fitosanitarios sin alternativas viables los obliga a asumir mayores costos de producción, mientras que la presión de una opinión pública desconfiada y una legislación cambiante dificulta la planificación agronómica. Se les pide una transformación acelerada hacia modelos más sostenibles, pero sin suficientes medios técnicos, seguridad jurídica ni un horizonte claro. Esta desconexión entre discurso y realidad no solo agrava la incertidumbre del sector, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria.

Este fenómeno de convergencias ideológicas no se limita a la agricultura, sino que se extiende al comercio internacional y la energía. La globalización, antes símbolo de progreso, se ha convertido en un blanco común. La izquierda la critica por sus efectos sociales y ambientales, obviando sus innumerables efectos positivos sobre el desarrollo mundial, mientras que la derecha la cuestiona por socavar la soberanía nacional y beneficiar a una élite global. En ambos casos, el resultado es un proteccionismo renovado, disfrazado de justicia social o defensa patriótica, que obstaculiza acuerdos internacionales como MERCOSUR y CETA con barreras comerciales camufladas bajo criterios sanitarios y ambientales, o por las llamadas cláusulas espejo.

El debate energético sigue esta misma lógica. El reciente apagón en España ha sido interpretado políticamente desde todas las perspectivas. Algunos lo ven como prueba de una transición ecológica mal planificada y una dependencia excesiva de las energías renovables. Otros lo presentan como consecuencia de un atraso tecnológico y una persistente dependencia de los combustibles fósiles. Mientras todos denuncian la desinformación de sus oponentes, amplifican datos sesgados que refuerzan su propia narrativa. La batalla simbólica prevalece sobre el análisis técnico, subordinando los hechos a la emoción.

Las instituciones supranacionales también quedan atrapadas en esta dinámica. Naciones Unidas, la OMS, la OMC o la propia Comisión Europea son criticadas o elogiadas según la conveniencia del discurso político del momento. Un mismo informe puede ser calificado de injerencia tecnocrática o presentado como prueba irrefutable, según quién lo utilice. Esta instrumentalización erosiona su credibilidad y debilita el principio de marcos comunes y reglas compartidas.

Paradójicamente, cuanto más intrincado es el problema, más se reduce a interpretaciones simplistas basadas en la emoción. En lugar de comparar riesgos con rigor, se invocan amenazas inminentes. En vez de evaluar con criterio técnico el mix energético y sus implicaciones geopolíticas, predomina una retórica polarizada que enfrenta la supuesta traición a la soberanía con promesas de autosuficiencia poco realistas. Así, la tecnificación del debate ha cedido paso a una ideologización rígida y excluyente.

Las preocupaciones por la salud, el medioambiente y la equidad son legítimas y, en muchos casos, bien fundamentadas. Pero abordarlas requiere más que indignación moral. Exige deliberación, rigor, responsabilidad institucional y confianza pública en los datos y en quienes los producen. Sin estos pilares, cualquier transición no solo será más lenta, sino también más costosa, injusta y frágil.

La polarización política basada en emociones no es un accidente, sino una estrategia: cuando los problemas son demasiado complejos y las soluciones demasiado inciertas, los responsables políticos, desarmados ante la falta de propuestas técnicas viables, recurren al enfrentamiento emocional para desviar la atención. En lugar de abordar los desafíos con datos y análisis, alimentan la división para evitar rendir cuentas sobre su incapacidad de resolver lo esencial.

En tiempos de polarización creciente, necesitamos más política con cerebro y menos política guiada solo por el corazón. La sensibilidad social es clave, pero sin datos y análisis, las decisiones pueden volverse reactivas en lugar de efectivas, dejándose arrastrar por la pasión y el discurso fácil. Cuando la emoción sustituye la razón y los impulsos desplazan el análisis, las decisiones dejan de construir soluciones y empiezan a alimentar conflictos. Necesitamos políticas públicas que sepan integrar ciencia, sensibilidad social y visión a largo plazo: una alternativa a la crispación permanente, donde cada decisión técnica se convierte en un campo de batalla ideológico, y cada propuesta de cambio es descalificada por principio. Reivindicar una política progresista no pasa por simplificar los problemas ni alimentar relatos emocionales, sino por sostener con valentía debates difíciles, aceptar los límites técnicos y apostar por una transición realista y basada en evidencias.