ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 65, marzo – mayo 2026
DEFENDER LA DEMOCRACIA FRENTE A LA OLIGARQUÍA DIGITAL EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La oligarquía digital está dirigiendo a las sociedades hacia una peligrosa mezcla de tecno-populismo y autoritarismo. Para contrarrestar esta peligrosa tendencia, debemos evitar la captura de los procesos democráticos, poner coto al extractivismo de los datos y avanzar decididamente hacia el desarrollo de plataformas digitales públicas, que garanticen que el ecosistema de la información se ajusta a los valores democráticos y al interés público. En última instancia, necesitamos un nuevo constitucionalismo digital que devuelva a la ciudadanía la capacidad para redirigir democráticamente el curso y las consecuencias del desarrollo tecnológico
La democracia implica fundamentalmente la igualdad política entre los ciudadanos; es decir, la igualdad de oportunidades para todos de participar en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, cuando una élite ultra rica es capaz de traducir su poder económico en influencia política, sometiendo las instituciones del Estado a sus intereses, la igualdad política se ve profundamente socavada. En tales circunstancias, el sistema político ya no puede considerarse democrático y se transforma en una oligarquía.
En el siglo XXI, las grandes empresas tecnológicas se han convertido en actores de poder decisivos. Su dominio sobre la información, la comunicación y las infraestructuras digitales ha generado una concentración de poder sin precedentes, con profundas implicaciones para las instituciones democráticas. Lo que en su origen se presentó como una revolución liberadora y participativa —la digitalización, la interconexión global, el acceso abierto a la información— ha derivado en una estructura de poder que acumula riqueza, datos y capacidad de influencia en manos de unos pocos.
La presencia de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos en puestos de primera fila en la toma de posesión del Presidente Trump fue un poderoso símbolo del ascenso de esta nueva oligarquía: una nueva era en la que los magnates de la tecnología ejercen una influencia sin precedentes, asemejándose a modernos señores feudales que gobiernan vastos territorios digitales. Lo verdaderamente preocupante es que no sabemos hasta qué punto su poder va a seguir expandiéndose, especialmente con el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA), y también ignoramos si las instituciones democráticas serán capaces de reaccionar para limitarlo antes de que el daño resulte irreversible.
UN NUEVO TIPO DE OLIGARQUÍA
La concentración del poder económico y político no es un fenómeno nuevo. La oligarquía ha adoptado diversas formas a lo largo de la historia de la humanidad, adaptándose a diversos contextos políticos. Pero la oligarquía digital del momento presente posee rasgos inéditos que la convierten en un desafío sin precedentes. Tres características la distinguen de sus antecesoras: su naturaleza global, su dominio sobre la información y la comunicación, y la dependencia tecnológica que genera en individuos y Estados.
Su carácter global y el hecho de estar basadas en activos intangibles —propiedad intelectual y datos de usuario—, permite a las grandes compañías tecnológicas llegar a todos los mercados con una presencia física mínima y, sobre todo, navegar entre jurisdicciones, aprovechando vacíos legales, minimizando sus cargas fiscales y eludiendo controles. Este fenómeno, conocido como “arbitraje jurisdiccional” debilita el poder regulador de los Estados, que compiten entre sí para atraer inversiones ofreciendo entornos normativos más flexibles.
Al mismo tiempo, estas empresas controlan el flujo de información en la esfera pública. A través de algoritmos opacos y políticas de moderación orientadas al lucro, deciden qué voces se amplifican y cuáles se silencian. Los medios tradicionales, antaño garantes del pluralismo, se han vuelto dependientes de las plataformas que distribuyen su contenido. En consecuencia, la libertad de información y la calidad del debate público quedan subordinadas a criterios puramente comerciales.
Finalmente, los Estados mismos se han vuelto dependientes de las infraestructuras tecnológicas privadas. Desde la ciberseguridad hasta la administración digital o los servicios de inteligencia, los gobiernos dependen cada vez más de corporaciones privadas para el funcionamiento cotidiano de la esfera pública.
En los últimos años, esta dependencia se ha extendido a la IA, y los Estados dependen cada vez más de las soluciones de IA proporcionadas por empresas privadas. El avance de los sistemas de IA se ve impulsado fundamentalmente por dos recursos clave: grandes cantidades de datos e importantes inversiones financieras. Las grandes corporaciones tecnológicas, con sus amplias bases de usuarios y sus enormes reservas financieras, han creado un oligopolio natural y ello les está permitiendo orientar los programas de investigación e influir en la dirección del desarrollo futuro de la IA. En consecuencia, las empresas a la vanguardia de la IA desempeñan un papel cada vez más crucial en la gobernanza, la vigilancia, las operaciones militares y la toma de decisiones económicas.
La combinación de estos factores otorga a la oligarquía digital un poder político y estructural sin precedentes: puede influir en la opinión pública, condicionar políticas nacionales y moldear las bases mismas de la comunicación social.
LOS MECANISMOS DE LA INFLUENCIA
Las grandes corporaciones tecnológicas no solo ejercen influencia mediante su poder económico. Emplean también los mecanismos clásicos de las élites económicas: el lobbying intensivo, la financiación de campañas políticas, el patrocinio de think tanks y centros de investigación, los litigios estratégicos y las llamadas “puertas giratorias” entre la administración pública y el sector privado.
Sin embargo, lo que distingue al poder oligárquico de la mera capacidad de los grupos de interés para influir en las políticas públicas, es precisamente el poder cultural, es decir, la capacidad de remodelar los valores dominantes de la sociedad. Este fenómeno se hizo evidente a finales del siglo XX con el auge del neoliberalismo y ahora se está desplegando de forma más intensificada con el desarrollo de Internet 2.0 desde principios del siglo XXI. El dominio de las grandes corporaciones tecnológicas sobre la comunicación global les ha permitido imponer una visión del mundo que normaliza su posición de privilegio. Para entender cómo funciona este mecanismo, es útil recordar el concepto gramsciano de «hegemonía» que explica cómo la clase dominante impone su visión del mundo y la presenta como el “sentido común” indiscutible, estrechando el campo de lo posible para la acción política.
Durante décadas, las grandes compañías tecnológicas han promovido la idea de que Internet y la innovación tecnológica deben permanecer al margen de cualquier regulación democrática. Bajo esa premisa, se ha consolidado una cultura de la irresponsabilidad: un espacio digital regido por la lógica del beneficio, donde la autorregulación empresarial sustituye a la ley. El resultado es la construcción de un “sentido común” tecnológico que identifica regulación con censura, privacidad con obstáculo al desarrollo y transparencia con amenaza a la competitividad. Este relato, cuidadosamente cultivado, ha servido para desarmar a los poderes públicos y erosionar la legitimidad de cualquier intento de control democrático.
Lo más preocupante, sin embargo, es que los valores dominantes emergentes se apartan de los principios de la democracia liberal y social, y en algunos casos se oponen directamente a ellos, dirigiendo a la sociedad hacia una peligrosa mezcla de tecno-populismo y autoritarismo.
DESINFORMACIÓN, POLARIZACIÓN Y POPULISMO DIGITAL
El ecosistema digital, lejos de fomentar el pluralismo, ha potenciado la polarización y la manipulación emocional. Los algoritmos, diseñados para maximizar el tiempo de atención, privilegian los contenidos más extremos o sensacionalistas. Las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para el populismo y la desinformación, donde las emociones sustituyen a los argumentos y el grito a la deliberación, llevando a la degradación de la esfera pública.
Es discutible hasta qué punto el ecosistema de la información digital está contribuyendo a la «fatiga democrática», caracterizada por la disminución de la influencia de los partidos políticos tradicionales y el ascenso de líderes tecno-populistas que capitalizan el descontento público. Es evidente que existen causas más profundas y estructurales que han fomentado el desenganche político que sirve de caldo de cultivo al populismo. Sin embargo, no cabe duda de que las nuevas formas de comunicación digital proporcionan un canal perfecto para las apelaciones directas al pueblo y las narrativas antisistema características del discurso populista. A ello se ha sumado en los últimos años una alineación cada vez más abierta de la oligarquía de las grandes tecnológicas con la agenda política ultranacionalista y de extrema derecha. Una alineación que nos debe preocupar, y mucho.
PROTEGER EL PROCESO DEMOCRÁTICO
Ante el ascenso de la oligarquía digital, la prioridad debe ser impedir la captura de los procesos democráticos. Es necesario poner freno a la manipulación algorítmica, al uso de técnicas invasivas como la microsegmentación o la difusión automatizada de mensajes mediante IA, que amenazan la transparencia y la equidad de los procesos electorales.
Europa ha comenzado a reaccionar, aunque muy tímidamente. El Reglamento sobre Transparencia y Segmentación de la Publicidad Política (TTPA), aplicable desde octubre de 2025, impone obligaciones de transparencia y limita el uso de técnicas de segmentación y amplificación. Es un avance importante, aunque insuficiente: la norma se centra en los actores políticos directos, dejando fuera a terceros y sin prohibir por completo las técnicas más agresivas de personalización.
El Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) también representa un paso adelante, al considerar de alto riesgo los sistemas destinados a influir en procesos electorales. Exige transparencia en los contenidos generados por IA, etiquetado obligatorio y prohibición de prácticas subliminales o manipuladoras. Pero su eficacia dependerá de su aplicación rigurosa y de la voluntad política de los Estados.
A ello se suma el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que obliga a las grandes plataformas a evaluar y mitigar los riesgos sistémicos que generan, incluidos los relativos al discurso cívico y a los procesos electorales. Aun así, deja amplios márgenes de autorregulación, lo que mantiene la puerta abierta a interpretaciones flexibles por parte de las propias corporaciones.
Quisiera llamar la atención sobre la reciente Declaración interpretativa del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral en lo relativo a las tecnologías digitales y la IA, aprobada por la Comisión de Venecia, donde, entre otras recomendaciones, se insta a los Estados a regular la publicidad electoral online y su financiación, y a supervisar los algoritmos de IA para garantizar la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Se admite, además, que prohibir ciertas formas de publicidad política de pago en las redes sociales durante los periodos electorales, puede ser una opción, sobre todo cuando se emplean técnicas automatizadas de difusión masiva o de microsegmentación basadas en IA.
FOMENTAR LA COMPETENCIA Y DESMONTAR EL MODELO EXTRACTIVISTA
Otra importante vía de actuación de los Estados y de organizaciones como la UE, es el refuerzo del Derecho de la competencia, que puede contribuir a limitar el poder de las grandes plataformas. El Derecho de la competencia, desde sus orígenes, ha tenido siempre una importante dimensión constitucional, pues cuando se plantea poner freno a las tendencias monopolísiticas, lo que está en juego no es solo el mercado, sino la integridad del espacio público democrático.
Medidas como la interoperabilidad entre plataformas y la portabilidad de datos pueden abrir el ecosistema digital y devolver cierto poder a los ciudadanos. Sin embargo, estas medidas no resolverán por sí solas la raíz del problema: un modelo económico basado en la explotación masiva de datos personales. Este modelo de negocio extractivista constituye el pilar de la oligarquía digital. Su lógica convierte cada interacción humana en un producto comercializable. Romper esa dinámica implica redefinir la propiedad y el uso de los datos.
Es necesario avanzar hacia un régimen de datos como bien común, donde la información generada por la sociedad se gestione colectivamente y bajo criterios de interés público. Proyectos como las infraestructuras de datos públicos, los data trusts o las plataformas cooperativas abren caminos prometedores hacia una economía digital más democrática.
En este contexto, aunque el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE pretende proteger la privacidad individual, se queda corto a la hora de hacer frente al extractivismo de datos. Al seguir poniendo el énfasis en el consentimiento informado, da por sentado que las personas pueden gestionar eficazmente su privacidad, cuando en realidad los usuarios carecen a menudo de los recursos o la comprensión necesarios para navegar por las complejas y opacas prácticas de recopilación de datos, lo que les hace vulnerables a la explotación.
IMAGINAR UNA CONFIGURACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA ESFERA DIGITAL: ¿POR QUÉ NO PLATAFORMAS PÚBLICAS?
Durante años, la narrativa cultural hegemónica promovida por las grandes corporaciones tecnológicas ha presentado la apropiación privada de la esfera pública a través de las redes sociales y las plataformas de intercambio de contenidos como un proceso natural e incuestionable. Sin embargo, dadas la amenaza sustancial que supone para la democracia la concentración de tanto poder en manos de un pequeño número de actores, el debate sobre la necesidad de plataformas digitales gobernadas públicamente —una idea a menudo tachada de demasiado radical o ingenua— no sólo es pertinente, sino que se ha vuelto ineludible. Frente a la distopía de la oligarquía digital, la utopía de una esfera pública digital abierta y libre de distorsiones y manipulaciones algorítmicas se ve cada vez más como la única opción realista para proteger la democracia.
No se trata de estatizar Internet, sino de garantizar un espacio donde la libertad de expresión y el pluralismo no dependan del modelo de negocio de unas pocas corporaciones. Europa debería liderar este proceso. La creación de redes sociales públicas, motores de búsqueda con algoritmos abiertos o plataformas descentralizadas puede convertirse en el núcleo de una esfera pública digital democrática. Proyectos piloto como EU Voice o EU Video, impulsados por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, han mostrado que estas alternativas son viables. Ahora es necesario darles continuidad y escala.
La soberanía tecnológica no es un capricho proteccionista: es una condición para la supervivencia de la democracia. Sin control sobre sus infraestructuras digitales, ningún Estado puede garantizar plenamente los derechos de sus ciudadanos ni la transparencia del debate público.
HACIA UN NUEVO CONSTITUCIONALISMO DIGITAL
El poder evoluciona, y el Derecho constitucional debe hacerlo con él. Su función histórica ha sido limitar el poder para proteger la libertad. Hoy, esa tarea exige un nuevo constitucionalismo digital, capaz de reafirmar los principios del Estado de Derecho en el entorno tecnológico.
La arquitectura institucional del siglo XX no basta para controlar el poder global, deslocalizado y automatizado del siglo XXI. Es necesario ampliar los mecanismos de rendición de cuentas, establecer normas vinculantes y garantizar que el desarrollo tecnológico se mantenga dentro del marco democrático. Como ha dicho Marietje Schaake, «el ámbito digital debe vivir dentro de la casa de la democracia»; es decir, las tecnologías deben desarrollarse en el marco de la democracia, y no al revés. Por lo tanto, necesitamos una nueva narrativa para el constitucionalismo que permita reafirmar los principios y valores constitucionales ante los retos del mundo digital.
La Unión Europea tiene que desempeñar un papel crucial en la configuración del constitucionalismo digital. Como señala Habermas, la respuesta para contrarrestar los intereses económicos altamente concentrados y abordar las deficiencias de la tecnocracia reside en la democracia transnacional a nivel de la UE. Pero, ¿está Europa preparada para asumir esta responsabilidad? Las nuevas dinámicas de poder multipolar sitúan a la UE en una posición difícil, con el riesgo de ser relegada a un papel de mera observación. Como consecuencia, el modelo regulador de la UE, relativamente exitoso, parece debilitado en las actuales condiciones geopolíticas.
Acemoglu y Johnson sostienen que las sociedades deben tener la capacidad de moldear el desarrollo tecnológico a través de decisiones políticas y diseños institucionales. Los avances tecnológicos no llevan intrínsecamente a beneficios sociales generalizados. Esto sólo ocurre cuando se crean instituciones políticas inclusivas —aquellas que permiten una amplia participación en las actividades económicas y políticas—. Por el contrario, las instituciones extractivas tienden a concentrar el poder y la riqueza en unos pocos elegidos, exacerbando así la desigualdad.
En última instancia, defender la democracia en la era digital significa defender el principio de igualdad frente al poder concentrado, sea este político, económico o tecnológico. Solo una ciudadanía vigilante, instituciones fuertes y un marco normativo transnacional en constante actualización podrán evitar que la revolución tecnológica nos conduzca a una nueva forma de servidumbre.
