ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 66, junio – agosto 2026

SALARIOS INSUFICIENTES

En España los salarios son más reducidos que en la media de la Unión Europea, y eso no solo en términos absolutos, sino en relación al PIB. En los últimos cinco años, la proporción de esas dos variables ha ascendido en la Unión Europea, mientras que en España ha descendido. Ese comportamiento es inverso al de los márgenes empresariales, y se agrava debido a la inflación. Es necesario incrementar la competencia, en especial en ciertos sectores, y sobre todo incrementar la negociación colectiva

España es una de las economías avanzadas de mayor crecimiento por segundo año consecutivo. En los últimos años su crecimiento anual triplica la media de la zona euro, principalmente porque nos hemos beneficiado de los bajos precios de la energía, del aumento de la demanda interna y del auge del turismo.

Ese mayor crecimiento de la economía española, unido a la reforma laboral de 2021 han facilitado que, pese a las incertidumbres, la evolución del empleo haya sido muy positiva, con un máximo histórico actual de casi 22,5 millones de ocupados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025. Y a la vez, con una mayor estabilidad contractual gracias al récord de empleo indefinido y a la reducida tasa de temporalidad, que se sitúa en el mínimo histórico de un 15,1%.

A pesar de estas mejoras del mercado laboral, según esos datos agregados, la calidad del empleo en España está todavía un 26% por debajo de la media de la UE, siendo el peor país en ingresos laborales. De hecho, según los datos de Eurostat, la participación de las rentas salariales en el PIB ha pasado del 65% en el año 2000 al 62%, mientras que en la media de los países de la zona euro ha crecido —del 63,7% al 64,9%— en el mismo periodo (gráfico 1).

Además, el repunte de la inflación está erosionando los salarios. Desde la pasada primavera se observa un repunte de los precios con tasas cercanas al 3%, aproximadamente un punto por encima de la media de la eurozona. Esta brecha de inflación con Europa se explica principalmente por el encarecimiento de los alimentos, los servicios y la energía en nuestro país.

Los consumidores somos los que más lo notamos, pues vemos mermado nuestro poder de compra, lo que sin duda repercutirá en el consumo y, en consecuencia, en la demanda agregada y el crecimiento. También tiene consecuencias para las empresas españolas, que ven aumentados sus costes de producción en relación con sus competidoras, lo que perjudica su competitividad.

Durante los últimos años, los salarios reales no crecen al mismo ritmo que la inflación (gráfico 2). En 2021 y 2022 incluso decrecieron frente a tasas de inflación del 3,1 y 8,4% respectivamente. En 2023 experimentaron un casi nulo crecimiento del 0,1% con un aumento de los precios del 3,6%, y en 2024 y lo que llevamos de 2025 han crecido un 0,6 y un 1% respectivamente, con inflaciones del 2,8 y del 2,5%. A lo que se añade una mayor carga fiscal por no ajustar la tarifa del IRPF a la inflación, redundando en un aumento de la presión fiscal. El resultado: una pérdida acumulada de poder adquisitivo que en muchas ocasiones hace difícil afrontar gastos básicos como la vivienda, la energía o la cesta de la compra. No sorprende que cerca de 600.000 personas necesiten más de un trabajo para llegar a fin de mes, según la EPA del último trimestre de 2025.

El comportamiento de los salarios amparados por la negociación colectiva, que afecta a 9,4 millones de trabajadores en España, ha sido más favorable, con crecimientos ligeramente superiores a la inflación media. Por lo que, al menos, estos trabajadores apenas han sufrido pérdida de poder adquisitivo.

Mejor suerte ha experimentado la evolución de los márgenes empresariales. Posiblemente las empresas tratan de mantener su cuota de mercado comprimiendo los costes laborales, mientras los beneficios empresariales siguen una tendencia más expansiva. Según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, la ganancia generada por las ventas totales de las empresas en 2024 superó en un 30,4% a la obtenida en 2019, justo antes del estallido de la pandemia. Ese porcentaje es aún mayor en el caso de los beneficios empresariales. Así, los márgenes empresariales —esto es, beneficios sobre ventas— están alcanzando niveles récord: el 13,1% en 2024, 2 puntos más que en 2019, a pesar del incremento de los costes energéticos, de transporte y de materias primas que se ha experimentado en este periodo de crisis inflacionaria.

Los salarios y los márgenes se convierten en fuerzas antagónicas al competir por recuperar terreno. Y a la vista de su evolución durante la reciente espiral inflacionaria, se justifica la necesidad de incrementar la competitividad en algunos sectores, limitando los márgenes desorbitados e injustificados de algunas empresas. Y al propio tiempo, la obligación de reforzar la negociación colectiva para garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo y que el crecimiento económico se sustente sobre un reparto más equitativo y justo entre la remuneración del trabajo y del capital.

Porque en España tenemos un problema por los reducidos salarios, que terminan expulsando al capital humano mejor cualificado y más competitivo a otros países, y a la postre merman la productividad de nuestra economía. En 2024, mientras que el salario medio anual en la UE era de 39.800 euros, un 5,2% superior al del 2023; en España era de 33.700 euros, un 18% inferior a la media europea y casi una tercera parte de lo que se gana en Luxemburgo (83.000 €).

La pobreza laboral en España, entendida como la situación de aquellos hogares que, pese a tener sus miembros ocupados, permanecen por debajo del umbral de pobreza, persiste a pesar del crecimiento económico. Son los niños quienes más sufren sus efectos, porque ven mermada la inversión en su educación, y se reducen sus oportunidades y sus posibilidades de movilidad social. La Comisión Europea señala que éste es uno de los principales retos de nuestro país, sobre todo porque, además, esa tasa de pobreza infantil lleva aumentado de manera sostenida desde 2019, hasta alcanzar en 2025 un 33,9% (3,8 puntos más que antes de la pandemia). Combatir la precariedad laboral no es solo una prioridad para garantizar la igualdad de oportunidades y proteger a las nuevas generaciones. También determina nuestra capacidad para elevar la productividad y el potencial productivo de nuestra economía.