
La capacidad redistributiva fiscal suele atribuirse a la vertiente del ingreso, pero tanta o más importancia tiene la del gasto. Respecto a la primera, en España no existe progresividad, pues el 1% más rico sufre una presión tributaria total inferior incluso al estrato de más bajos ingresos. Convendría reducir los beneficios fiscales, incrementar los recursos humanos de inspección, dar más eficacia al régimen sancionador y combatir los paraísos fiscales

1. Por una fiscalidad radicalmente redistributiva
Cuando hablamos de redistribuir más equitativamente renta y riqueza, pensamos en la progresividad tributaria como uno de los más potentes instrumentos de redistribución. Y ello es cierto, pero solo en parte.
Los impuestos actúan sobre una distribución de renta y riqueza prexistentes, pero su potencial para reducir las desigualdades es más bien escaso. Lo que podemos exigir de los impuestos es que se repartan con equidad y progresividad y se recauden con suficiencia.
La auténtica capacidad redistributiva de la fiscalidad está en la utilización de esa recaudación impositiva. Es el gasto público el instrumento potente para redistribuir, con la posibilidad adicional de atacar auténticamente sobre las raíces de la desigualdad.
Esas políticas necesarias para ir corrigiendo las desigualdades que genera un mercado descontrolado, necesitan recursos con las que hacerlas frente. La ciudadanía española demanda políticas potentes y eficaces, al menos al nivel de los países europeos más avanzados. No podemos querer los servicios de los países nórdicos o de Francia con una presión fiscal notoriamente inferior con relación al PIB que esos países dedican (en torno a diez puntos en la comparación con Francia).

El discurso de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia a través del esfuerzo personal es una falacia absoluta. Garantizar condiciones de partida más igualitarias no solo es justo, también es eficiente. Por ello, sería deseable que hubiera menos necesidad de redistribución a posteriori y más predistribución de oportunidades.
2. La quiebra de la progresividad en los superricos
Conseguir un sistema tributario equitativo, progresivo y suficiente no implica subir impuestos, sino combatir los privilegios existentes. La progresividad tributaria se quiebra en la cima: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto socava la justicia fiscal, desmorona la conciencia social y repercute en el deterioro de los servicios públicos y el incremento de la desigualdad.
El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que las decilas novena y resto de la décima de ingresos elevados (38’9%).
Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando vienen mal dadas.
Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Por ello, pensemos en medidas específicas para avanzar hacia ese objetivo de justicia fiscal. No es ninguna cruzada contra un colectivo: se trata tan solo de conseguir que los ultrarricos paguen como si fueran trabajadores.
3. Combatir la evasión y el fraude
Un objetivo previo ha de ser combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal. No es sencillo, porque a cada avance normativo sigue alguna nueva escapatoria que encuentran los evasores.
Una primera medida es reducir al máximo los beneficios fiscales. Revisten formas muy diversas y suponen una merma importante de ingresos. Son con frecuencia regresivos, resultado de presiones de lobbies y tienen, en su mayoría, dudosa o escasa utilidad social.
Su simplificación permitiría reducir vías de elusión y facilitaría a la agencia tributaria centrarse en la vigilancia de los grandes nichos de evasión y no en la comprobación rutinaria de aspectos menores.
Además, deberían reforzarse los recursos humanos de la Agencia Tributaria (la dotación española es relativamente casi la mitad que en la Unión Europea) así como la eficacia, rapidez y proporcionalidad de las sanciones a los defraudadores. También, la penalización de quienes asesoren la evasión y las denominadas puertas giratorias.
Hay que insistir en el objetivo de combatir eficazmente los denominados paraísos fiscales. Las grandes corporaciones utilizan esas guaridas fiscales para desplazar de forma artificial los beneficios y eludir el pago de los impuestos debidos.
La UE debe imponer criterios más estrictos para ampliar la lista negra de esos “paraísos” y exigir transparencia. Debe incluirse la evasión fiscal de los particulares ricos e impedir que las administraciones públicas realicen contrataciones públicas u otorguen beneficios fiscales a quienes operen en guaridas fiscales.
4. ¿Es posible que paguen los ultrarricos?
El movimiento internacional en favor de un impuesto a los superricos podría entenderse alcanzado en España con el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, sin perjuicio de posibles mejoras en su regulación. Sin embargo, el gravamen que se piensa para los ultrarricos podría concebirse de forma excepcional y adicional para los patrimonios más elevados: más de 100 millones de euros en la propuesta Zuckman, quizás más de 30 para el caso español, que afectaría tan solo a 865 personas. Ganaría en eficacia sin el juego en este caso de la limitación del límite del 60% de la renta, dada la ocultación habitual detectada en el IRPF de los ultrarricos.
Solo los superricos del 1% tienen una parte sensible de su patrimonio en productos cotizados. Los españoles del centil 90-99 todavía tienen el doble de dinero en cuentas que en valores. Por ello, el trato beneficioso que reciben las rentas y patrimonios financieros es uno de los grandes privilegios que es necesario corregir.
El ámbito del impuesto sobre transacciones financieras debería ser más ambicioso y no limitarse a las de acciones de las grandes compañías.
Debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto sobre la renta, injustamente más baja para las rentas del capital que para las de trabajo.
Hay que conseguir que las grandes sociedades paguen no solo el 15% que se ha aprobado como mínimo, sino un porcentaje más acorde con su poder y privilegios y de acuerdo con sus auténticos beneficios.
Es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real y perseguir la utilización de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares.
Hay que avanzar en la adecuada tributación de las grandes empresas tecnológicas, que eluden sistemáticamente el pago de impuestos allá donde realmente se generan sus beneficios.
Debería aplicarse un impuesto sobre los beneficios extraordinarios con carácter permanente. Sería complementario al impuesto general de sociedades y recaería sobre los beneficios derivados del poder monopolístico (beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos), sin perjuicio de gravámenes específicos sobre los denominados beneficios “caídos del cielo”.
El 75% de los milmillonarios lo son por herencia. Los beneficiarios no pueden alegar que se penaliza un esfuerzo que, en realidad, no han realizado y que de forma manifiestamente injusta les sitúa en situación de ventaja desde el punto de salida.
Es imprescindible recuperar el impuesto de forma generalizada. Una solución como la aplicada para los grandes patrimonios debería extenderse también para las grandes herencias.
Los mínimos exentos deben llevarse a los niveles adecuados que dejen fuera de estos impuestos a la mayoría de la población. Por otro lado, hay que impedir las vías de evasión a través de sociedades de inversión y financieras que esconden transmisiones de propiedad.
Recuperar la idea del Impuesto al lujo puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto con tal denominación, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más decididamente acusada en otros tributos como en viviendas de lujo…
Otra vía interesante es gravar el lujo en un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… Es preciso vigilar que el impuesto recaiga sobre el consumo y no tanto sobre la propiedad. Es habitual que muchos de estos bienes figuren como propiedad de empresas, aunque el disfrute sea de particulares.
En suma: necesitamos una fiscalidad realmente redistributiva que (vía impuestos y vía políticas de gasto público social) reduzca privilegios, ataque la desigualdad no sólo a posteriori, sino también en sus raíces. Y puede hacerse.