ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 66, junio – agosto 2026
EL ESTADO ANTE EL PODER DE COMPRA DE LOS HOGARES
Los beneficios empresariales suben, y muy por encima de los salarios. Es cierto que se han promulgado reformas laborales que han sido muy beneficiosas para los trabajadores, y también para los salarios, pero los beneficios crecen más deprisa, y al mismo tiempo el poder adquisitivo de las rentas bajas desciende, debido al crecimiento desmesurado de los precios en alimentación y vivienda. La solución ha de venir en gran parte del Estado. Entre otras medidas, conviene informar de los márgenes empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos, e imponer un “gravamen inteligente” a las empresas que aprovechan incidencias inflacionistas en bienes y servicios que afecten de manera notable la cesta de la compra
En los últimos años España ha vivido una paradoja incómoda: la economía crece, el empleo aumenta y, sin embargo, la sensación mayoritaria es que “no se llega a fin de mes”. No es solo una percepción subjetiva, los beneficios empresariales han sido los grandes ganadores del ciclo, acumulando fuertes incrementos e impidiendo que los salarios recuperen su poder de compra.
La economía española llega a esta fase tras dos shocks recientes: la pandemia y la crisis energética ligada a la invasión de Ucrania, que generó un periodo de elevada inflación. Ahora se suma un nuevo foco de inestabilidad, el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, que vuelve a presionar al alza los precios de la energía y de materias primas estratégicas. Si se prolonga, podría provocar un nuevo episodio inflacionario en un momento en el que muchos hogares aún no se han recuperado del anterior.
Este shock se superpone a una tendencia de fondo: los salarios no ganan suficiente poder de compra durante las etapas expansivas, ni siquiera para recuperarse del perdido durante las crisis, mientras que las empresas registran récords históricos en sus beneficios. Tras la pandemia, los márgenes empresariales aumentaron con fuerza. En muchos sectores los costes se trasladaron íntegramente a los precios y, en algunos casos, el aumento fue más allá. En mercados con fuerte poder de concentración, la llamada “inflación de beneficios” ha dejado de ser una discusión académica para convertirse en una experiencia cotidiana en el supermercado o en el recibo de la luz.
Todo ello ocurre en un país que mantiene tasas elevadas de exclusión, y donde la infancia es el rostro más dramático de la pobreza. La crisis inflacionaria reciente no ha sido neutra: ha golpeado con más intensidad a los hogares con menos recursos, ampliando brechas que tienden a reproducirse de generación en generación.
Pero sería injusto ignorar los avances de los últimos años. La reforma laboral de 2021 redujo drásticamente la temporalidad, reforzó la negociación colectiva y generalizó el contrato indefinido. La tasa de paro se sitúa en niveles que no se veían desde antes de la crisis financiera —aunque, a diferencia de entonces, el crecimiento es ahora sólido—, y el empleo alcanza máximos históricos. Frente a la idea de que la única forma de crecer es precarizando el trabajo, se ha demostrado que es posible crear empleo reforzando derechos laborales.
En paralelo, la subida del salario mínimo ha sido una de las políticas más relevantes del periodo. Pasar de poco más de 735 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026 ha mejorado de forma directa los ingresos de millones de trabajadores con sueldos bajos. Junto con acuerdos salariales que incorporan incrementos relevantes y mecanismos de protección frente a la inflación, estas medidas han evitado una pérdida aún mayor de poder adquisitivo.
Sin embargo, estos avances chocan con dos límites claros. Los salarios no consiguen participar adecuadamente de la importante alza de los beneficios empresariales y del incremento de la productividad por hora que se ha observado tras la salida de la crisis postpandemia. El segundo es que gran parte de la mejora salarial se evapora en dos partidas sobre las que los hogares tienen poco margen de maniobra: alimentación y vivienda.
El caso de la alimentación es ilustrativo. Desde el inicio de la pandemia, los precios de los alimentos han aumentado muy por encima del índice general. Aunque los costes energéticos y de materias primas se han moderado, esa reducción apenas se ha trasladado al consumidor. A lo largo de la cadena alimentaria —desde la industria hasta la gran distribución— los márgenes sobre ventas han aumentado, y en algunos eslabones los beneficios se han disparado. El resultado es un nivel de gasto en alimentación que seguirá presionando durante años el presupuesto de los hogares.
En esta coyuntura, los supermercados se han situado en el centro del problema. Varias grandes cadenas han recuperado e incluso ampliado márgenes en plena crisis inflacionaria y han presentado beneficios récord. Para muchas familias, en cambio, llenar el carro de la compra cada semana obliga a recortar otros gastos básicos o a reducir la capacidad de ahorro.
La otra gran fuga de renta es la vivienda. Aunque el empleo crece y el salario medio sube, el esfuerzo necesario para pagar un alquiler o una hipoteca en las grandes ciudades se ha disparado. Para muchos jóvenes emanciparse se ha convertido en una meta imposible: un salario medio difícilmente permite alquilar una vivienda completa sin dedicarle gran parte de los ingresos.
Esta situación responde en parte a un mercado inmobiliario privado que ha aprovechado una regulación deficiente que no ha impedido que la vivienda se convierta en un activo financiero y que ha permitido que fondos de inversión, bancos y grandes propietarios presionaran al alza su precio. Vehículos como las SOCIMIs han canalizado capital hacia el ladrillo con un tratamiento fiscal privilegiado, favoreciendo una transferencia de renta desde quienes pagan alquiler cada mes hacia quienes acumulan activos inmobiliarios.
En este contexto, el Estado se revela como el instrumento imprescindible para corregir estos desequilibrios, que un mercado mal regulado ha agravado. Solo una intervención pública decidida puede equilibrar el reparto de los beneficios empresariales, protegiendo el poder adquisitivo de la mayoría trabajadora. Dos medidas concretas posibilitan llevar esto a cabo.
La primera es facilitar desde las instituciones públicas información completa y de calidad a los negociadores de los convenios colectivos sobre lo que ocurre en las empresas cubiertas por su convenio. Hasta ahora, los convenios sectoriales se pactaban a partir de una información parcial y asimétrica, lo que ha permitido que las empresas oculten la realidad de sus beneficios y costes. El Observatorio de Márgenes Empresariales, con su información oficial, desagregada por sector y tamaño de empresa, puede cambiar las reglas del juego. Solo hay que enviar su rica información a las mesas de negociación.
Junto al refuerzo del poder negociador de los trabajadores, es necesario intervenir sobre comportamientos empresariales que contribuyen desproporcionadamente a la inflación y erosionan el poder adquisitivo de los hogares. El análisis del Observatorio de Márgenes Empresariales muestra cómo, en la cadena alimentaria, los márgenes sobre ventas han aumentado pese a la moderación de costes energéticos y de materias primas. En el comercio mayorista de materias primas agrarias, por ejemplo, el margen ha escalado hasta el 23,6% y los beneficios se han duplicado.
Desde Sumar proponemos un impuesto inteligente (smart tax) específico para sectores que producen bienes y servicios básicos en la cesta de la compra, empezando por la cadena de producción y distribución de alimentos. Este gravamen tiene un diseño gradual e inteligente: solo se aplica cuando el margen empresarial (beneficio bruto sobre ventas) supera el nivel de 2019, previo a la pandemia. No castiga a las empresas que mantienen prácticas competitivas, pero disuade la ampliación oportunista de márgenes en contextos inflacionarios. La finalidad del impuesto no es recaudar sino romper los “comportamientos de rebaño” que se producen tras alzas de precios con origen en la energía y materias primas. Cuando estos costes se relajan, las empresas se benefician de no bajar los precios si tampoco lo hace la competencia. El impuesto busca romper este comportamiento: el primero que baja los precios gana cuota de mercado, mantiene beneficios y márgenes, y no paga el impuesto.
El debate, en el fondo, no es técnico, sino político. Podemos resignarnos a que el crecimiento se traduzca en beneficios récord para una minoría y en facturas cada vez más abultadas para la mayoría, o podemos usar las herramientas del Estado para corregir un reparto de los beneficios generados por las empresas que hoy es claramente regresivo. Blindar los salarios en los convenios y gravar los márgenes abusivos en sectores básicos no resolverá todos nuestros problemas, pero enviaría por fin una señal inequívoca: la salida de esta crisis no puede construirse sobre la pérdida de poder adquisitivo de quienes ya viven permanentemente al límite.
