
Desde hace años ha habido huelgas de médicos que reivindicaban condiciones propias, rehuyendo unirse con otros profesionales de la sanidad, como hacen los grandes sindicatos. Esas huelgas no suelen tener un gran seguimiento, pero dentro del colectivo total hay grupos más proclives a esos planteamientos porque tienen una gran presencia en el sector privado. Algunos son decisivos para paralizar un hospital, como es el caso de la cirugía. Esa paralización provoca un daño social —y más allá, humano— irreparable, y al mismo tiempo una afluencia mayor a la sanidad privada. Posiblemente, un instrumento valioso para mitigar esos perjuicios sería un Sistema de Arbitraje semejante al de Canadá o el Reino Unido

En febrero de 2026 ha habido una semana de huelga médica convocada por la CESM y otros sindicatos médicos regionales (que será seguida por otras cada mes hasta junio), para pedir, entre otras medidas, un estatuto propio. Insisten en decir que, dadas su responsabilidad y preparación, ningún sindicato que no sean los que representan sólo a médicos, está legitimado para negociar en su nombre. No les sirven los médicos que se sientan en la mesa negociadora por CCOO, UGT o CSIF; los únicos capacitados son ellos. Y llevan con esa misma idea años, lustros, convocando huelgas que sigue una parte minoritaria de trabajadores de la sanidad, e incluso de facultativos. Pero son fuertes en algunos grupos de profesionales con claros intereses en la privada, como anestesistas y cirujanos, que parando causan un gran quebranto en el sistema, aumentando las listas de espera y deteriorando, aún más, el ya dañado SNS. Tienen la ventaja de que lo que se les quita del sueldo al participar en la huelga, lo ganan multiplicado en su privada por partida doble; trabajando por las mañanas y beneficiándose de rebote del aumento de esas listas y del desprestigio de la pública, que también aumenta su clientela. Y, para más inri, muchas de sus peticiones no las puede conceder el Ministerio de Sanidad (que es con quien se negocia el nuevo Estatuto Marco), ya que son competencias cedidas a las autonomías, muchas gestionadas por el PP. Esa competencia se ha traducido en varias (Madrid, Valencia, Andalucía…) en traspasos a la empresa privada de la gestión o la prestación directa de servicios sanitarios públicos. Es una tormenta perfecta, frente a la que los defensores de lo público apenas pueden denunciar en unos pocos medios en que colaboran (que son contrarrestados por los muchos que lo hacen con huelguistas y autoridades simpatizantes).
El sindicato médico en Cantabria ha comparado a los médicos con los pilotos de Fórmula 1, situándolos en la cima de la organización que diseña, fabrica y pone en la pista esos prodigios mecánicos. Así que su huelga bien puede llamarse la huelga del piloto; toda una organización compleja y carísima de mantener depende, al final, de la voluntad de quienes pueden (si quieren) pararlo todo, siendo una exigua minoría. Nuestros cirujanos y anestesistas (entre otros) son esos pilotos. De poco sirve que el resto de trabajadores sanitarios siga en su puesto, un hospital con los quirófanos sólo para las urgencias no cumple con una función esencial: la quirúrgica; sus listas de espera califican al conjunto. Si nadie tuviera lista de espera, pero para operarse de (aquí poner la especialidad que se quiera) hubiera que esperar largos meses, el sistema quedaría desacreditado. Y es ahí donde los sindicatos médicos son fuertes; anestesistas, ORL, oftalmólogos, traumatólogos, ortopedas…con largas listas de espera e importantes intereses en la privada. Y la sociedad está hoy por hoy inerme frente a esta capacidad de presión de huelguistas investidos, además, de la respetabilidad de una profesión prestigiosa y con fácil verbo para defender que lo que hacen es “por el bien del sistema”, dado que si ellos están bien, los pacientes también lo estarán (lo que no puede discutirse, lo discutible es si para conseguirlo hay que generar daños que pueden ser irreparables). Hasta la fecha, que yo sepa, nadie se ha planteado en nuestro país qué se podría hacer para contrarrestar esa capacidad de controlar algo tan preciado como la salud colectiva. ¿No se puede hacer nada? ¿Sirven los servicios mínimos para resolver la distopía de la huelga del piloto? Si el atacado es el Sistema Nacional de Salud y lo que se busca es aumentar las listas de espera (la fuerza de la huelga reside en eso), con beneficios para terceros (hagan o no la huelga), ¿qué mecanismos hay para contrarrestar ese doble efecto devastador? Los servicios mínimos sólo sirven para garantizar la atención urgente, indispensable, durante la huelga (sobre todo, evitar muertes). Se han hecho diversos estudios que han investigado la mortalidad hospitalaria durante situaciones de huelgas sanitarias. Los resultados son variables, pues mientras en algunos estudios encuentran un ligero aumento en la mortalidad hospitalaria, en otros encuentran lo opuesto, que la mortalidad baja, atribuyéndose este hecho a la disminución de los actos programados —las cirugías electivas— y también a la disminución de ingresos.

Lo que si se constata de manera uniforme es un incremento en las listas de espera, tanto quirúrgica como de exploraciones complementarias y de consultas en atención primaria y especializada, que, como queda dicho, son el objetivo y la fuerza de los sindicatos convocantes. Son resultados que, con independencia del daño personal que producen en cada individuo pendiente de atención, tienen otras repercusiones importantes en términos económicos (bajas laborales prolongadas) y en el funcionamiento del propio sistema sanitario. Sus listas de espera son claves para la satisfacción ciudadana y de éstas deriva su adherencia a la sanidad pública o su desafección y búsqueda de soluciones en la sanidad privada.
En esa sanidad privada en la que, como se ha dicho, trabajan numerosos líderes y seguidores de las huelgas médicas, porque en nuestro país no existe la dedicación exclusiva de forma generalizada, ni obligatoria. De hecho, en el nuevo Estatuto Marco el Ministerio plantea que mandos intermedios y jefes de servicio tengan dedicación exclusiva a la sanidad pública, lo que rechazan los sindicatos médicos, siendo de hecho una de las razones por las que mantienen los paros. Si existiera dedicación exclusiva, de todo el personal médico, no sólo de mandos intermedios y jefes de servicio, es muy posible que estas huelgas tan reiteradas fueran menos frecuentes. Y no podría acusarse a los huelguistas de beneficiar sus intereses privados en cada conflicto.
Es posible que esta sea precisamente una de las debilidades de nuestro Sistema de Salud. El encono que contra tal dedicación exclusiva muestran los sindicatos médicos tal vez señale precisamente dónde están sus intereses y lo importante que para ellos es que no exista. Si la hubiera, el aumento en las listas de espera de la sanidad pública también beneficiaría de rebote a la sanidad privada, pero no directamente a quienes propugnan y hacen las huelgas.
Sin, o con, dedicación exclusiva no se puede poner en cuestión el derecho de huelga de ningún colectivo profesional (con las excepciones, comúnmente aceptadas, de servicios imprescindibles dentro y fuera del ámbito sanitario), de hacerlo no quedarían apenas herramientas para defender los derechos de sus trabajadores. No es esa la cuestión. Ese derecho está reconocido en nuestro país y es ejercido con (demasiada) frecuencia, sobre todo por “nuestros pilotos”, que en cada convocatoria se quejan de esos servicios mínimos que consideran “abusivos”. Quizás merezca la pena detenerse en este punto antes de seguir avanzando ¿Los servicios mínimos en la sanidad de nuestro país son abusivos?

Tomando como referencia la última huelga convocada por la CESM y otros sindicatos médicos regionales, podemos medir su impacto en una autonomía, Cantabria, donde el seguimiento ha sido irregular en atención primaria y en la hospitalaria según especialidades. También en ésta los representantes sindicales se han quejado del exceso en servicios mínimos que ha impedido ejercer su derecho a la huelga a un numeroso porcentaje de facultativos. Pues bien, según datos oficiales en cinco días de huelga en Cantabria se han suspendido 30.000 consultas (entre primaria y especializada) y 700 intervenciones quirúrgicas. Calculando sobre 251 días laborables que hay de media por año, y según datos de actividad asistencial de fuentes oficiales para Cantabria (2023-2024), se hacen anualmente 4.383.157 consultas (87.313 en 5 días) y 38.000 intervenciones (757 en 5 días) lo que significa que se ha dejado de atender al 34% de las consultas y a un 92% de las cirugías.
La duda sobre si los servicios mínimos son excesivos queda claramente despejada; no lo son en absoluto, dado que con ellos prácticamente se paralizan los quirófanos.
Si el derecho efectivo de huelga está garantizado, según estos datos, la siguiente pregunta es: ¿está garantizado el funcionamiento del Servicio de Salud frente a quienes pueden paralizar un área esencial como es la quirúrgica? Si por funcionamiento se entiende que preste el servicio para el que fue concebido en tiempo y forma, es decir con una demora razonable para consultas, exploraciones complementarias e intervenciones quirúrgicas, la respuesta es que no lo está. Las huelgas que paralizan la actividad quirúrgica aumentan las listas de espera estructurales que nuestro sistema de salud arrastra desde la crisis de la Covid, y ya antes, desde la crisis económica de 2008 con falta de inversiones generalizadas que lo descapitalizaron.
¿Y esto qué consecuencias tiene individuales y sociales? La sanidad no es un servicio público más, no es comparable al transporte público ni a la enseñanza, por citar dos en el candelero en los últimos meses con crisis frecuentes y grave deterioro. La salud no es un tren que pueda cogerse más tarde. Si se pierde puede ser definitivo Y por ello no genera tampoco la misma intranquilidad personal, ni el mismo impacto social. Las listas de espera la forman personas sufrientes, enfermos, no números. Si no se controlan en cifras razonables, la razón de ser del servicio se difumina. Y la población buscará alternativas en la sanidad privada, que ni es alternativa, ni todo el mundo puede pagar.
Se puede concluir razonablemente que los servicios mínimos tal vez sirvan para evitar el mal mayor; la muerte durante las huelgas, pero en absoluto evitan ni los daños a la salud secundarios al aumento en las listas de espera, ni el grave deterioro del Sistema público de Salud. Por lo que se hace necesario pensar en algo parecido a un Sistema de Arbitraje que evite estos males.
Hay varios ejemplos de países occidentales con sistemas de arbitraje que podríamos estudiar para su implantación en el nuestro: en Canadá, el Hospital Labour Disputes Arbitration Act de Ontario; en el Reino Unido, el Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS); y en varios países de la OCDE existen “impasse procedures” para llegar a conciliaciones rápidas, y ocasionalmente arbitrajes obligatorios. El objetivo a conseguir es defender el derecho del ciudadano a tener un Servicio de Salud que responda a sus necesidades dentro de unos márgenes razonables, haya o no conflicto en uno u otro de los diferentes Servicios de Salud autonómicos con sus trabajadores, o, como en esta última huelga, entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos. De no hacerlo podemos estar cada poco, por una u otra razón, ya autonómica, ya central (ministerial), de un sindicato allá o de otro acullá, con un zarandeo continuo del sistema público que más hace por la igualdad, y que por ser uno de los pilares del estado de bienestar merece (y necesita) el máximo cuidado.
Apéndice
Como apéndice final, un breve recordatorio de huelgas médicas en lo que llevamos de siglo XXI; 2000-2010: huelgas en diferentes autonomías por diferentes motivos (final del INSALUD, primer Estatuto Marco (Ley 55/2003), Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad, Carrera Profesional -en Cantabria entre 2006-2007 duró meses-, inicio de privatizaciones -Madrid, Valencia-, recortes por la crisis de 2008). 2010-2020; 2018: huelga de MIR en Granada, 2019; médicos de A. Primaria en Madrid. 2023-2026; 2023: indefinida de A. Primaria en Madrid (desde nov. 2022), se prolongó hasta marzo del 2023. Médicos especialistas en Madrid (abril de 2023). 2024: indefinida en Navarra. 2025: Junio: Huelga nacional contra el Estatuto Marco. Octubre: nueva huelga contra el Estatuto. Diciembre 2025: huelga de cuatro días,100.000 médicos convocados. 2026; Enero: dos días de huelga. Febrero: semana de huelga (16-20, con datos de Cantabria analizados en este informe. Hay programadas una semana al mes hasta junio).