
José Ramón Rebollada
CASAS DE CARTÓN / Marco Antonio Solís

En diciembre del año pasado se publicó un informe realizado por una entidad llamada World Inequality Lab (Laboratorio de Desigualdad Mundial), de la Escuela de Economía de París. En él se concluye que el 0,001% más rico (56.000 personas) posee un patrimonio que triplica la suma de los bienes de los 2.800 millones de adultos más desfavorecidos. Cada una de esas 56.000 personas posee una riqueza personal de, al menos, 254 millones de euros, pero una pequeña porción de ese grupo posee mucho más. Esas personas controlan un volumen de recursos superior al doble de lo registrado 30 años atrás, cuando el 0,001% más rico concentraba “solo” dos veces la riqueza de la mitad más pobre del mundo. Estamos viviendo el tiempo en el que mayor cantidad de riqueza está en manos de menos multimillonarios.
Insisto: la concentración de la riqueza es la que propicia la concentración del poder. La consecuencia inmediata, e inevitable, es que quienes poseen la riqueza le hurtan la soberanía al pueblo. Es otro axioma.
Juan Torres López, catedrático jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, dice que: «La democracia corre peligro porque un capitalismo con la concentración de la riqueza que tenemos hoy en día es materialmente incompatible con la democracia. Los grandes grupos tecnológicos, estos nuevos señores feudales que operan en el mundo, necesitan mucha libertad de acción, y esa libertad que reclaman es incompatible con un sistema democrático. La democracia implica contrapesos, cesiones y equilibrio. No es que esté en peligro, es que la democracia está en estado de demolición».
El capitalismo fomenta, intencionadamente, la concentración de capitales, y eso tiene consecuencias ya muy estudiadas: exclusión, pobreza, desposesión. Retomo al catedrático Juan Torres: «La ciencia social nos ha enseñado que la desigualdad exagerada lleva al colapso de las sociedades, y hoy tenemos la desigualdad más grande de la historia».
El artículo 128 de nuestra Constitución dice esto:
Nuestra Carta Magna, la ley de leyes refrendada por una mayoría aplastante de los ciudadanos españoles en su momento, supedita la totalidad de la riqueza al interés general. ¿Esto es una realidad en España? Evidentemente no.
La Constitución, la ley de leyes, reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Pero claro, una cosa es que se reconozca y otra lo que se sucede o se materializa obligatoriamente. ¿Es la iniciativa pública la que marca la actividad económica? Tampoco, evidentemente.
No sé nada de economía, por tanto no me sorprendería que incurriese en algún sacrilegio económico. Aun así, me voy a atrever a exponer un ejemplo que me parece muy ilustrativo.
En España estamos prácticamente obligados a utilizar los servicios bancarios para operar en nuestro sistema económico. Es ilegal hacer pagos en metálico por un valor superior a 1.000€; todo lo demás tiene que hacerse a través del sistema bancario. A ello hay que añadir que en España no hay un banco público, por tanto todos los beneficios que genera la banca (34.000 millones en 2025) van directamente a los bolsillos de los banqueros privados, que son los únicos que existen y tenemos la obligación legal de utilizar. Ni un solo euro de esos beneficios se destina al interés general, que es lo que exige nuestra carta magna.
No hablo de intervenir la economía ni la banca privada, que deberíamos. Solo hablo de que exista un banco público, promovido y gestionado por el Estado. Un banco sin ánimo de lucro y con la obligación de destinar sus beneficios (si los hubiere) a planes de desarrollo económico, tal y como defiende José Luis Martín Palacín. Esto no es solo legalmente posible; es lo adecuado y necesario. Es lo decente y obligatorio, si tenemos en cuenta el mandato constitucional de que toda la riqueza, provenga de donde provenga, está supeditada al interés general.
¿Por qué no se hace? Porque los banqueros no quieren, porque al capitalismo no le interesa. Los políticos no mueven un dedo para cumplir con un precepto del pueblo soberano. Lo que sí hacen es obedecer sumisamente las órdenes de los multimillonarios que son los que mandan en realidad, sean países democráticos o no; eso les da igual. De hecho, la democracia vigente más antigua y poderosa del planeta, Estados Unidos, está presidida por un empresario multimillonario, y yo no creo que eso sea una casualidad.
No tengo duda alguna de que el capitalismo le ha robado su soberanía a los ciudadanos, al pueblo. 56.000 superricos imponen su tiranía a los 8.200 millones de seres humanos que habitamos en el planeta, y junto a nosotros el resto de las especies animales y vegetales contra las que también atenta el sistema capitalista. El capitalismo lo devora todo.
Lo que me parece sorprendente es que todavía no se haya producido el colapso social del que habla Juan Torres.
Voy a ilustrar musicalmente este artículo con una canción que he descubierto hace poco. Más que la música, que se aleja de mis gustos, me ha interesado la letra, unos versos que rebosan verdad y una filosofía muy profunda, en mi opinión. Se titula «Casas de cartón», y es de Marco Antonio Solís.