El Socialismo moderno surge tras iniciarse la Revolución Industrial. La innovación tecnológica que encierra esa revolución, y sobre todo la máquina de vapor, permite grandes avances en productividad, pero con unos medios de producción complejos y costosos. Eso termina con la mayor parte del artesanado, que utilizaba unos medios de producción reducidos, y por ello asequibles de manera directa para un gran número de ciudadanos. Por tanto, desde que cambia la envergadura de los medios de producción, deja de ser posible que cualquier ciudadano inteligente y trabajador se haga con unos medios de producción asequibles, y asegure su subsistencia y la de su familia. Ahora quien decide el empleo son los propietarios y directivos de verdaderas empresas. Los ciudadanos que no tienen capital suficiente para participar de esas empresas, han de vender su fuerza de trabajo a los propietarios de las mismas. Al existir un gran ejército de personas que buscan trabajo, los salarios bajan, y hasta unos niveles que en muchos casos son de mera subsistencia.
En esa situación surge el Socialismo, impulsado por los trabajadores. La nueva doctrina afirma la necesidad de que la colectividad organizada intervenga para obligar a las empresas a unas condiciones justas de relación con los trabajadores, o incluso para socializar los medios de producción, con el fin de que el esfuerzo productivo y los rendimientos del mismo se distribuyan de manera justa.
En otros términos: se trata de conseguir una distribución esencialmente igualitaria de oportunidades y rentas. En cuanto a las oportunidades, una de las más importantes es la referente al trabajo: todo ciudadano debe tener derecho a ganarse la vida; es decir, a producir, y obtener a cambio un salario o renta suficientes. El ideal del socialismo es: “De cada uno según su productividad, y a cada uno según sus necesidades”. Durante mucho tiempo, en la mayor parte de las sociedades eso constituía un problema, pues lo que se producía no era suficiente para satisfacer las necesidades de todos. Afortunadamente, el desarrollo económico es ya tal que esencialmente existen los medios para dar efectividad a ese lema.
Hemos hablado de Socialismo en general. Los objetivos citados se pueden perseguir por distintos caminos, lo cual ha diferenciado las opciones socialistas. El Comunismo y el Anarquismo se orientaron a la conquista del poder a través de la violencia. Concretamente, el objetivo del Comunismo fue conseguir la dictadura del proletariado, y a partir de ahí colectivizar los medios de producción.
El Socialismo Democrático tomó otro camino. Durante un largo tiempo adoptó el Marxismo como un instrumento para conocer la realidad, pero al mismo tiempo optó por la democracia y la libertad. Esa doble adhesión entraña cierto antagonismo: el SD asumió el ideal de la socialización de los medios de producción, pero la renuncia a la violencia excluye prácticamente la posibilidad de dar efectividad a esa aspiración.
Por otra parte, la historia ha ido evolucionando de tal manera que, al menos en un país como España, la violencia ha ido perdiendo viabilidad. Además, el Socialismo democrático valora positivamente la libertad. Ahora bien, es necesario precisar ciertos criterios fundamentales: la libertad incluye el derecho de propiedad y de iniciativa económica. Ahora bien, el derecho de propiedad encierra una legitimidad individual y otra colectiva, y una u otra prevalecen según los distintos tipos de bienes. La propiedad individual es legítima en lo que respecta a los bienes de consumo necesarios, y a los convenientes para la vida. Pero la propiedad ha de ser compartida cuando se trata de bienes naturales, bienes de consumo superfluos o medios de producción. Eso afecta a la iniciativa económica, la cual ha de aceptar limitaciones y controles. Esas restricciones no se dirigen a limitar la libertad, sino precisamente a extenderla y hacerla efectiva para todos. El liberalismo tiende a idealizar la iniciativa empresarial; incluso sostiene la conveniencia de que los servicios públicos se gestionen por empresarios privados, y afirma que eso contribuye a la libertad económica. Pero el liberalismo sólo tiene en cuenta al empresario, y no a los trabajadores. Pensemos sobre un ejemplo: cuando un hospital se privatiza, a menudo sus trabajadores pierden libertad, y a menudo dignidad profesional, y la oportunidad de dar un buen servicio. Al mismo tiempo, el propietario de la empresa sanitaria es a menudo un fondo de inversión cuyo objetivo único es incrementar su beneficio. Además, la privatización de servicios sanitarios está conduciendo a una oligopolización del sector. Frente a eso, la gestión pública permite conseguir mejor la libertad de más individuos.
Es necesario reconocer que las libertades económicas son efectivamente libertades, y que el mercado aporta ciertos beneficios a la colectividad. Por poner un ejemplo concreto, ciertos trayectos aéreos se han abaratado de una manera asombrosa en poco tiempo. Ahora bien, hay que evitar que se ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros, o se presione de manera abusiva a ciertos aeropuertos. El Socialismo democrático acepta la libertad, y con ella el mercado y la propiedad privada, incluso de los medios de producción, pero con limitaciones.
Lo dicho hasta ahora plantea un problema terminológico. Si se entiende que la palabra “socialismo” incluye la colectivización de los medios de producción, la concepción que hemos citado se podría denominar “socialdemocracia avanzada”. Ahora bien, eso conduciría a un equívoco e impropiedad mayores que si hablamos de “socialismo democrático”. La concepción que defendemos se diferencia profundamente de la socialdemocracia en su modalidad ahora dominante, que es equivalente a “social-liberalismo”. Esa concepción viene a aceptar que el Estado un instrumento de explotación y de exclusión. Es cierto que aporta una suavización de éstas, pero con ello contribuye a darles efectividad. En cambio, la concepción que hemos defendido aspira a una nivelación de rentas y de oportunidades drástica, semejantes a las propugnadas y conseguidas por comunismo, pero en forma democrática y adecuada a la realización del hombre como individuo. Es cierto que, históricamente, el comunismo ha conseguido una nivelación muy notable de rentas, pero a costa de mucha sangre y pérdida de libertad. En paralelo, la Socialdemocracia avanzada ha conseguido una equiparación de rentas y oportunidades comparable, y lo ha hecho en libertad.
Parece que el liberalismo trata de buscar lo mejor para persona humana individual. Ahora bien, la veneración que profesa esa ideología por la propiedad sin restricciones y por el mercado, conduce a que la sociedad –y el hombre, en último término– termine en función de la economía. En cambio, el socialismo aspira a que la economía esté al servicio del hombre. Vivimos en un país que, a pesar de la crisis económica, ha llegado a una riqueza muy notable, en términos de Producto Interior Bruto. Sin embargo, está aquejado de una desigualdad inaudita: 200 personas tienen tanta renta y patrimonio como el 40 % de la población. Dentro de este segundo contingente, casi la mitad tiene carencias alimenticias, y algo más de la otra mitad sufre una angustia permanente para asegurar su subsistencia. El 25 % de los ciudadanos que desean trabajar se ven privados de esa posibilidad, y no de forma transitoria, sino en muchos casos de una manera indefinida.
Sin embargo, puede afirmarse que, esencialmente, el país en su conjunto nunca ha sido más rico. Produce lo suficiente como para asegurar a toda la población una vida digna, y esa suficiencia podría ser mucho mayor si de manera solidaria se fuese integrando en el esfuerzo productivo a tantos millones de compatriotas que actualmente son excluidos de esa posibilidad. Toda la población podría vivir dignamente, e incluso con unos niveles de desigualdad aceptables. Supongamos que una desigualdad aceptable se puede estimar de 1 a 8. Hoy día, aun en una misma empresa, hay abanicos de salarios que van de 1 a 1000. Ese tipo de desigualdades son inhumanas, y no sólo porque condenan a muchos a vivir como animales, sino porque las rentas y patrimonios superiores son también impropios de un ser humano, y descalifican a los seres que los persiguen y a la sociedad que los acepta. Recordemos en este punto al autor que posiblemente haya sido el mayor teórico del Liberalismo: John Stuart Mill. Ese economista y pensador distinguía entre el tratamiento que es debe darse a la producción y el que debe aplicarse a la distribución. Mill defendía el liberalismo para organizar la producción; ahora bien, estimaba que la distribución ha de regirse por criterios éticos, y que es necesario aproximar las rentas superiores y las inferiores a través de la ley, pues los dos extremos son impropios de la naturaleza humana.
Hay utopías que son de realización imposible, al menos durante un largo plazo. Hay otras que lo son en el presente, pero con mucho esfuerzo pueden irse haciendo alcanzables. Un Partido que aspira a la transformación social debe plantearse unos objetivos ambiciosos, siempre que sean viables.
Concretamente, para lograr una igualdad esencial de rentas y de oportunidades, es necesario afrontar tres objetivos que inicialmente pueden parecer utópicos, pero que han de hacerse viables. La primera de esas “utopías practicables” es una acción redistributiva drástica, a través de la palanca fiscal, en la vertiente del ingreso y en la del gasto. A través de la primera se trata de conseguir una aproximación en las rentas de los ciudadanos, y secundariamente en el patrimonio. Para conseguir eso, es necesario dar una progresividad intensa a la imposición sobre las rentas, sobre el patrimonio (principalmente el de consumo y el que tenga impacto negativo en el medio ambiente) y el de sucesiones. En la imposición sobre el consumo, es preciso desgravar de manera parcial o total los productos necesarios para la vida, y gravar intensamente el consumo suntuario, también de manera diferencial y teniendo también en cuenta el impacto negativo en el medio ambiente.
En la vertiente del gasto, se trata de fortalecer los servicios sociales (sobre todo, en Sanidad, Educación, Seguridad Social y atención a la dependencia), dotar al Estado de instrumentos eficaces para que controle los monopolios y oligopolios, y ejecutar grandes proyectos para absorber el desempleo residual. Todo ese gasto debe realizarse con una preocupación permanente por incrementar la productividad, y por extender la capacidad de iniciativa económica a más ciudadanos.
Para medir adecuadamente las exacciones y gastos mencionados, parece conveniente utilizar como referencia una escala de percepciones y prestaciones que se sitúe entre un suelo mínimo y un techo máximo. El mínimo sería la suma de percepciones y prestaciones necesarias para la subsistencia holgada de una persona. El máximo se obtendría multiplicando la cantidad anterior por una cifra tal como ocho. Una escala semejante se aplicaría a los patrimonios. La fiscalidad ha de graduarse en tal forma que presione de una manera muy intensa las rentas superiores, y sobre todo el patrimonio no productivo, a medida que va haciéndose mayor.
Junto a la palanca fiscal y en una relación intensa con ella, la segunda “utopía practicable” que es necesario abordar, consiste en dar efectividad al derecho al trabajo.
La tercera utopía que es necesario conseguir, consiste en disminuir drásticamente el coste del suelo para edificación, y secundariamente el coste de la construcción. A lo largo de la crisis económica se ha reducido el precio de la edificación, pero debido a un descenso de la demanda que ha sido transitorio.
Existe un liberalismo que, en vez de razones, utiliza sofismas. Por ejemplo, critica los tipos impositivos más altos con el argumento de que son confiscatorios. Con ello, consigue frenar la progresividad fiscal a partir de un cierto volumen de rentas y de patrimonio. Eso carece de sentido, pues la progresividad fiscal tiene su mayor interés precisamente para las rentas más altas, de modo que eliminarla a partir de una cierta cantidad es injusto, y además disfuncional.
Efectivamente la imposición actual es injusta y confiscatoria, pero para las bases imponibles más bajas, pues a menudo se trata de rentas insuficientes para satisfacer las necesidades de una familia, y sin embargo soportan un tipo impositivo bastante elevado. En España, hasta los más pobres pagan al fisco aproximadamente el 20 % de su renta, a través del IVA y otros impuestos sobre el consumo. A partir de ahí, las rentas del trabajo están gravadas de manera notable y con alguna progresividad. En cambio, el patrimonio soporta una fiscalidad muy desigual, y sobre todo el capital financiero goza de una libertad de circulación y unos refugios que le permiten soportar una imposición casi insignificante.
El Socialismo debe poner remedio a tanta injusticia. Cuando las rentas y los patrimonios van cubriendo las necesidades de los ciudadanos, y a partir de ahí un consumo suplementario razonable, los impuestos deben empezar a gravar con progresividad las rentas y patrimonios que se dedican a un consumo superfluo, el cual por otra parte suele generar economías externas negativas para la colectividad, por su impacto en el medio ambiente y en la inflación.
La pertenencia a la Unión Europea y a otras organizaciones internacionales pone grandes dificultades a la realización de los ideales socialistas. Esas organizaciones se han creado ordinariamente bajo principios liberales, sobre todo de liberalización del comercio y del movimiento de capitales, y como resultado de su acción los capitales tienen posibilidades de una movilidad y una libertad de operaciones, que hace difícil que tributen de manera justa y en el país donde se han originado. Eso obliga a actuar sobre dichas organizaciones de manera muy intensa, para ir consiguiendo que el capital sea sometido a una fiscalidad justa, y también las transacciones financieras de carácter especulativo o evasivo.
En la Unión Europea también se ha homogeneizado bastante la fiscalidad sobre el consumo, pero de manera injusta. Es necesario crear uno o incluso dos tipos superiores en el IVA, de tal modo que se grave de manera adecuada el consumo suntuario, y en cambio en necesario desgravar total o parcialmente el consumo de los bienes y servicios necesarios para la vida. El objetivo final para el conjunto de la fiscalidad es dar una progresividad intensa a la imposición sobre las rentas, sobre el patrimonio (principalmente el de consumo y el que tenga impacto negativo en el medio ambiente) y sucesiones. En la imposición sobre el consumo, es preciso desgravar de manera parcial o total los productos necesarios para la vida, y gravar intensamente el consumo suntuario, también de manera diferencial y asimismo teniendo en cuenta el impacto negativo en el medio ambiente.
En cuanto a la vertiente del gasto público, éste descansa en cuatro razones, que son importantes para concretar dicho gasto: primario.
La intervención del Estado y otros entes públicos es necesaria para objetivos muy distintos. El más primario es satisfacer los derechos reconocidos en la Constitución; el medio esencial para ello son los servicios públicos. Otra finalidad es impedir los abusos que pueden proceder de monopolios, oligopolios u otras insuficiencias de competencia, sobre todo de los oligopolios naturales, tal como la energía; o de entidades con un gran poder económico (y desgraciadamente, político), como las entidades de crédito.
Por ejemplo, la Sanidad, la Educación, la Seguridad Social y la atención a la dependencia son servicios esenciales. Por ello debe garantizarse la cobertura pública de las necesidades primarias al efecto, y con semejante intensidad y calidad para toda la población.
Hay un tipo de satisfacción de necesidades que, más que servicios, constituyen intervenciones para facilitar el acceso a ciertos bienes. Tal sucede con la provisión de vivienda, crédito y energía. Requieren una intervención del Estado u otros entes públicos suficiente para satisfacer las necesidades correspondientes con un coste limitado, y con una eficacia y calidad de servicio elevadas.
Hay otros servicios en los que el Estado y otros entes públicos deben intervenir. Esencialmente se trata de los afectados por los fines que se expresaban al principio. Sobre todo hay necesidades sociales que no son tan primarias como las expresadas o aludidas, pero que es conveniente aportar a los ciudadanos en cantidad y calidad.
Es necesario velar por la mayor eficacia, eficiencia y buena atención en los servicios públicos. Es cierto que existen negligencias y abusos. Hay liberales que con base en esos actos afirman que el hombre es egoísta por naturaleza, y que por lo tanto hay que organizar la sociedad contando con eso, y el mecanismo mejor para hacerlo es el mercado. En el principio de ese razonamiento puede haber algo de verdad, pues resulta evidente que en la sociedad se observan muchos actos de egoísmo, y hay bastantes personas que parecen moverse buscando continuamente su interés. Es posible, incluso, que casi todos los seres humanos tengamos tendencias egoístas. Pero también es cierto que, al mismo tiempo, muchos tenemos tendencias altruistas. Por ello es de gran importancia la opción esencial a favor de unas o de otras. Esa elección suele ser también la respuesta esencial una concepción u otra de la vida social, y de la misma existencia humana. Los verdaderos socialistas hemos optado por la solidaridad, y tratamos de difundir una visión de la realidad que invita a ello. Por tanto, tratamos de vivir y propagar una concepción muy elevada del servicio público. En general, nos oponemos a la reducción de los servicios públicos y a privatizar su gestión. Entendemos que los servicios públicos deben gestionarse también de manera pública, pues de lo contrario suele perderse en calidad de servicio e igualdad de trato. Muchas de las externalizaciones que se han realizado en España han demostrado que, desgraciadamente, cuando un servicio público se privatiza en su gestión, va tomando progresivamente la forma de un negocio, y perdiendo la condición de servicio.
Al mismo tiempo, los socialistas hemos de velar de manera muy diligente por la productividad en los servicios públicos, y esto requiere que cada trabajador público ejerza un esfuerzo laboral orientado al óptimo. El Socialismo ha de luchar contra el parasitismo social. Es cierto que el principal parasitismo se da en las clases altas, y hay que neutralizarlo; pero hay otro que se da en las clases media y baja, y también es necesario eliminarlo.
Cuando se trata de determinar la Identidad de un Partido, se comienza por grandes criterios. Éstos se van descomponiendo en otros más concretos, y esos en otros. A partir de un cierto punto, se hacen concreciones que ya no corresponden a una clarificación de identidad, sino a un programa. Como se ha dicho más arriba, conviene distinguir entre el plano de la identidad y el del programa, pero si se mantiene esa intención no se incurre en un gran error si, al tratar de clarificar la primera, se entra en terrenos del segundo, pues se hace de una manera que facilita una delimitación posterior.
Por ejemplo, hemos hablado del derecho al trabajo. Para dar efectividad a ese derecho en una economía de mercado, se necesita un desarrollo jurídico y una gestión activa del mercado de trabajo. En cuanto al primero, como señaló Hugues Puel, cuando se pierde el trabajo o se tropieza con dificultades importantes para encontrarlo, el derecho al trabajo debe abrir paso a varios derechos subsidiarios: a una prestación de desempleo o equivalente, y a servicios eficaces de empleo y de capacitación profesional. Para dar efectividad a esos derechos, los entes públicos tienen que ofrecer servicios públicos eficaces en materia de información y orientación profesionales, colocación y cualificación. También deben crear grandes programas de empleo y formación, pues todo ciudadano que no puede conseguir empleo en un tiempo determinado debe obtener de la comunidad organizada alguna oportunidad de empleo con inclusión de cualificación. Puede tratarse de un gran plan de reforestación o de extensión cultural, o de creación de infraestructuras. En este tipo de programas debe perseguirse al máximo la mayor productividad y calidad.
Otra cuestión de gran importancia es el reparto del tiempo de trabajo. Se trata de algo que merece estudio, y un debate riguroso, pero es digno de reflexión que hace casi un siglo que en España se estableció la jornada máxima de ocho horas, y en estos cien años la productividad se ha multiplicado extraordinariamente. Parece, pues, que se requerirá menos trabajo en cuanto factor productivo. Al mismo tiempo, repetimos una vez más que el Socialismo debe perseguir el máximo de productividad, y en especial en el factor trabajo.
El mercado de suelo y vivienda ha venido siendo un cauce de obtención injusta de plusvalías, semejante en importancia a la explotación a través de los medios de producción, con la diferencia de que los propietarios y gerentes de empresas suelen realizar un esfuerzo productivo, y los tenedores de suelo no necesitan hacerlo.
El suelo es un bien natural, cuya propiedad corresponde primariamente a la comunidad social. De hecho, hay países en los cuales la propiedad del suelo corresponde en forma primaria al Estado, o bien a los municipios. Parece oportuno respetar la propiedad privada del suelo; ahora bien, en un grado y con unas cargas fiscales y condicionamientos públicos, ajustados a la utilización, extensión y situación de los inmuebles. Además, tanto respecto al suelo como a la vivienda, se ha de penalizar fiscalmente la tenencia de recursos ociosos, e incluso expropiar. También se puede recurrir a transferir la posesión y uso, de manera temporal o indefinida, si el propietario no utiliza esos recursos con una intensidad suficiente.
Asimismo, cuando el suelo y la vivienda son objeto de mercado, los entes públicos (y principalmente, el Estado y las corporaciones locales) han de actuar sobre el mismo para dar transparencia al mercado, fluidez y eliminar estrangulamientos.
Se ha mostrado el bloque de temas más prioritario en el ideario socialista democrático: el centrado en una distribución justa de rentas y oportunidades. Hay otro conjunto de principios de identidad que es complementario del anterior, pues constituye otra dimensión de la solidaridad. Son objetivos que a menudo se enuncian de manera dispersa, pero tienen algo importante en común: son fundamentales para la conformación de la comunidad social. También contribuyen a la realización humana de los ciudadanos en cuanto individuos, pero teniendo en cuenta que esa dimensión individual es indisoluble de la colectiva.
La economía puede ponerse al servicio del hombre, pero también existe la posibilidad inversa, y es la que parece prevalecer en nuestra sociedad. El ser humano parece cada vez más subordinado al mecanismo del mercado. Una prueba de ello puede encontrarse en la situación de nuestra juventud. Hace varias décadas nuestro país estaba menos desarrollado, pero una gran proporción de jóvenes conseguían una inserción laboral y autonomía familiar hacia los 20 años. Hoy día tenemos una sociedad desarrollada, pero muchos jóvenes de más de 30 años están afectados por una inestabilidad y dependencia similar a los adolescentes de hace medio siglo. Muchas parejas crean familias cuando ya la mujer está cercana a la menopausia.
Por otra parte, ese desarraigo tiene una cierta correspondencia con la maduración mental y existencial. Muchos jóvenes que han ocupado más de 20 años de su vida en progresar en el estudio de las ciencias o la tecnología, carecen de una madurez intelectual y, por decirlo así, existencial, mínimas; esencialmente siguen siendo adolescentes. Probablemente esta inmadurez deriva de la inseguridad económica más que a la inversa: muchos de esos jóvenes no tienen la oportunidad de realizarse desde el punto de vista existencial porque su sociedad se lo impide. Muchos de ellos han crecido en familias dotadas de una renta holgada, con muy pocos hijos. Han disfrutado de medios sobrados hasta que llega el momento de su inserción profesional. En ese punto, la sociedad que les ha mantenido en una situación cómoda y sin exigencia de responsabilidades, de repente los obliga a elegir entre la exclusión, la aceptación de ser explotados de manera degradante, o emigrar.
Es necesario ser más justos con los jóvenes, y eso requiere un debate colectivo. En cualquier caso, los socialistas no podemos ver cómo generaciones enteras de jóvenes se malogran en una gran proporción.
Hay otro deber de justicia hacia las generaciones que nos siguen. Se trata del medio ambiente. No solo debemos aspirar a su sostenimiento, sino en lo posible a su regeneración. Por ejemplo, hay regiones españolas que son semidesérticas. Algunas de ellas poseen cada vez más campos de golf, pero en cambio tienen cada vez menos vegetación. Las previsiones de cambio climático prevén que en las próximas décadas puede aumentar intensamente el calor y disminuir las lluvias en España. Por lo tanto, parece prudente crear un gran plan estatal de reforestación, pues la vegetación sostiene y atrae la humedad.
Si aspiramos a una economía que esté al servicio del hombre, es preciso hacer frente a varios principios de ese capitalismo que subordina el hombre al mercado. Por ejemplo, el capitalismo estimula de manera continua, profunda y eficaz el consumismo, con el fin de dar salida a la producción y generar beneficios. Varios de los medios que emplea al efecto son la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito al consumo.
Pues bien, si aspiramos a una economía al servicio del hombre, debemos cultivar la austeridad, pero de ese tipo que hace más feliz al ser humano, en vez de resultar a la inversa. Es lógico apreciar el consumo, pero el necesario o conveniente, no ese consumismo que se convierte en inhumano, y que deja de producir placer porque es superfluo.
Eso está ligado a la sostenibilidad, porque ésta es imposible si se da una sobreexplotación de los recursos naturales, y una contaminación que degrada la vida humana.
Empecemos por la República y el espíritu republicano. El SD aspira a una sociedad igualitaria y solidaria, y eso conduce a la preferencia por la República, y la difusión del espíritu republicano. Si se consigue que este segundo se vaya haciendo conciencia colectiva, parece casi seguro que eso conducirá a que se instaure la forma de Estado republicana. Si, por el contrario, el espíritu republicano no se hace realidad en la conciencia y en los comportamientos, de poco servirá que formalmente se proclame la República.
Eso que suele denominarse “espíritu republicano” es una conciencia y, a la vez, una opción. Consiste sencillamente en que los sujetos que constituimos la comunidad política somos iguales en derechos y deberes, y protagonistas de una vida en solidaridad.
El Socialismo asume esa solidaridad, y luego va más allá, pues sobrepasa la esfera civil y política, y persigue una igualdad esencial en oportunidades y rentas para todos los ciudadanos. Ya no se trata de convivir los unos con los otros, sino de actuar los unos por los otros.
El espíritu republicano parte de que todos los ciudadanos son iguales en derechos y en deberes. Eso los capacita, y al mismo tiempo los compromete, para participar en los asuntos comunes. La pasividad que se ha ido extendiendo respecto a los asuntos públicos, constituye una falta de solidaridad, pero además encierra un empobrecimiento humano, pues significa la mutilación de una dimensión importante de nuestra naturaleza: la política.
Esa autolimitación no parece totalmente consciente y voluntaria en la mayor parte de nuestros conciudadanos, probablemente debido en parte a una apropiación abusiva y egoísta por parte de muchos de los profesionales de la política. Esa oligarquización ha sido facilitada y en parte provocada, por la Constitución de 1978 y algunas de sus normas de desarrollo. Cuando se elaboró el texto constitucional, España salía de un régimen autoritario, y era necesario organizar la democracia de manera rápida y segura. Por ello la Constitución favoreció a los partidos; sus normas de desarrollo simplificaron el proceso electoral con el establecimiento de listas cerradas y bloqueadas; se hizo posible que los partidos impusieran una disciplina de voto muy rígida a sus parlamentarios, y que adoptasen un funcionamiento interno poco democrático. Todo eso ha conducido a una partitocracia y a una oligarquización interna de los partidos, que ha degradado la democracia.
Eso hace difícil la regeneración y profundización de dicha democracia, incluyendo la participación. Hay muchos puntos del mecanismo institucional que es preciso reformar, y la mayor parte de ellos han de concretarse en programas políticos. Ahora bien, lo más decisivo es la voluntad de realizar esa regeneración, y de impulsar la participación.
El espíritu republicano tiene otra prolongación en la Laicidad. Se aspira a constituir una comunidad de convivencia a pesar de las diferencias religiosas e ideológicas existentes entre sus miembros. Por tanto, es necesario evitar lo que pueda crear discriminación en la organización política y el Derecho, tal como los privilegios para unos u otros colectivos.
Eso no significa que la comunidad política deba favorecer el vacío de convicciones en sus miembros. Por el contrario, la colectividad debe tratar de favorecer la realización humana de sus componentes, y por tanto que asuman sus convicciones de manera libre e informada, y puedan vivir de acuerdo con los principios que adopten. Ahora bien, todo ello en condiciones de igualdad, y sin introducir en la organización política o en sus actividades criterios, opciones o comportamientos que violen la igualdad de trato. También se debe ayudar a los ciudadanos, y sobre todo a los que se encuentren en formación, a discernir por sí mismos la verdad, y a tomar las opciones de tipo ético que estimen correctas, favoreciendo sobre todo las que contribuyan al bien común.
En España, el Socialismo impulsó mucho la igualdad de trato ante la Ley en relación con el género. La derecha introdujo posteriormente un retroceso, y además hay áreas de la sociedad que están todavía atrasadas en el reconocimiento de la igualdad ante la ley, y sobre todo de la igualdad en dignidad y derechos por parte de cualquier individuo, cualquiera que sea su género y su inclinación sexual. El Socialismo defiende esa dignidad e igualdad de derechos, y lucha por darle efectividad en la vida social, y sobre todo por parte del Derecho y en la organización política.
Hay una distinción muy importante para el Socialismo. Se trata de discernir entre lo que son opciones y criterios de los socialistas, y los criterios que se propugna introducir en la organización política y el Derecho, porque a veces son diferentes. A veces los primeros son más claros que los segundos, y el Partido debe abstenerse de adoptar un criterio determinado, y debe dejar a los militantes que de manera responsable adopten la opción que estimen más conveniente. Veamos dos terrenos en los que conviene hacer esa distinción, y reconocer un margen importante de discernimiento personal a los militantes.
En España se debate el reconocimiento que haya de darse a las nacionalidades y regiones que componen el Estado. Los socialistas suelen amar su tierra, como cualquier ser humano, y a las gentes que la habitan. Al mismo tiempo hay otro tipo de afinidad humana, que es la que deriva del trabajo compartido y la clase social. Hay trabajadores de otras regiones y aun de otros países que sentimos como cercanos, y tenemos conciencia de que compartimos la condición de ser explotados, y a menudo excluidos. Esos trabajadores, aunque sean extranjeros, son más cercanos a nosotros que quienes nos explotan y excluyen a ambos. Por ello un trabajador no siente la nación de la misma forma que un burgués. De hecho, los mitos nacionalistas suelen ser creados y manejados de manera distinta por burgueses y trabajadores. A menudo los primeros instrumentalizan, de manera directa o indirecta, los mitos nacionalistas para poner en un segundo plano el conflicto social. Cuanto más reducido es el ámbito de organización política, la burguesía suele tener más facilidad para manejarla y controlarla. Los partidos nacionalistas más poderosos suelen estar protagonizados por una burguesía con poder en el territorio.
Por otra parte, hay razones funcionales a favor de la amplitud territorial en la organización política. Para los trabajadores hay bastantes objetivos que solo pueden conseguirse con eficacia a una escala bastante amplia. Por ejemplo: para optimizar el empleo y la calidad en las condiciones de trabajo, es de gran importancia que el mercado de trabajo sea lo más amplio posible, y asimismo los marcos de negociación colectiva. Al mismo tiempo, la existencia de un mercado amplio sigue siendo de gran importancia para la productividad, y por tanto para la competitividad y el desarrollo. También es conveniente un ámbito amplio para optimizar la eficacia y eficiencia en muchas actividades, tales como una ordenación del territorio eficaz, o una política científica eficiente.
Sin embargo, todas esas preferencias no pueden llevar a los socialistas a ignorar la voluntad de quienes piensan de manera diferente, y en este caso de los nacionalistas. Afortunadamente, en este caso parece haber una fórmula que parece bastante adecuada para integrar unas y otras preferencias. Se trata del Federalismo. Probablemente se trata de una solución más programática que propia de la identidad socialista, pero parece la más adecuada para la organización política en su conjunto. En cambio, lo que suele llamarse “internacionalismo proletario” es más propio de la identidad socialista, pero en este caso de un estrato de la identidad que probablemente no debe imponerse al conjunto de los ciudadanos.
Veamos otro terreno de distinción necesaria entre los criterios personales y de partido, y los que han de dirigirse a la organización política o jurídica. Si hay algo especialmente decisivo en el Socialismo, es la solidaridad. Se trata de algo difícil de precisar, y tiene unos contornos distintos en unas personas y otras. A menudo incluye una cierta sensibilidad, pero sobre todo es una opción, y suele apoyarse en razones. En todo caso, los socialistas suelen optar por la solidaridad, y dirigida a todos, y sobre todo hacia los más necesitados o desprotegidos, incluyendo los niños, los aún no nacidos e incluso los animales. Por ello, parece consecuente que un verdadero socialista, a igualdad de recursos económicos y otras posibilidades, tienda a valorar más la transmisión de la vida que uno no socialista. Por lo mismo, en sus comportamientos personales y de pareja parece lógico que un socialista propenda menos al aborto que otra persona de recursos semejantes.
Eso no significa que el socialista haya de imponer esa opción por la solidaridad en la elaboración del Derecho. En este terreno, lo necesario es identificar las relaciones de alteridad, y en ellas reconocer a cada sujeto su ámbito de derechos. Por tanto, los criterios que se apliquen al respecto pueden no coincidir del todo con las opciones morales personales.
Hay una cuestión que incrementa la complejidad de esta problemática. La igualdad de trato en relación con el género forma parte de la Identidad de un Partido. Hay quien opina que ese principio obliga a reconocer el aborto como un derecho. Otros estiman que no, y mantienen que en ese tema el feminismo llamado liberal ha influido poderosamente sobre el socialista.
