AP4702 SOCIALDEMOCRACIA PARA CONTENER LA DESIGUALDAD
ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 47, agosto-septiembre 2022
SOCIALDEMOCRACIA PARA CONTENER LA DESIGUALDAD
Ante una desigualdad tan profunda como la existente, es necesaria la socialdemocracia y el compromiso hacia los derechos humanos, para asegurar las libertades individuales y colectivas y avanzar en igualdad, prosperidad y justicia social. Tradicionalmente el proyecto socialdemócrata se asienta en el keynesianismo económico, el Estado de Bienestar –el cual exige una fiscalidad redistributiva– y los derechos laborales. En España, en los últimos años se ha avanzado de manera considerable en esa dirección
EL incremento de la desigualdad está siendo motivo de preocupación e interés por Organismos Internacionales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional. Naciones Unidas lo incluyó en los ODS como un Objetivo específico: el ODS 10. La preocupación no se debe solo a la pobreza para las personas con ingresos más bajos. Los efectos de la desigualdad afectan a toda la sociedad, lastran el desarrollo social y económico y suponen un riesgo para la propia democracia.
La globalización de la economía favorece la concentración de la riqueza en pocas manos. La sustitución de empresas locales por grandes corporaciones multinacionales es un mecanismo que provoca el flujo de recursos económicos hacia los grupos inversores de las grandes compañías. La irrupción de estas empresas en el sector servicios ha propiciado la extensión de estas dinámicas a servicios locales, sanitarios, de cuidados… No solo supone un riesgo para calidad de los servicios, sino que prescinde de la misión de cohesión social y territorial intrínseca al servicio público, y sobre todo de la calidad del empleo y los derechos laborales. Lo mismo que la sustitución del pequeño comercio tiene consecuencias en el empleo y la estructura urbana.
Según Naciones Unidas, el 10% más rico de la población posee el 40% de los ingresos mundiales totales, y algunos informes sugieren que, por ejemplo, el 82% de toda la riqueza creada en 2017 fue al 1% de la población más privilegiada, mientras que el 50% más pobre no percibió ningún beneficio. Así, en el Objetivo 10 de los ODS de la Agenda 2030 se plantea reducir la desigualdad en y entre países, y establece como meta incrementar los ingresos de la población más pobre un 40% y favorecer la inclusión social, especialmente en situaciones de especial vulnerabilidad derivada de sus circunstancias personales: mujeres, discapacidad, origen.
Causa tristeza y desazón comprobar que una pandemia mundial de la dimensión de la COVID 19, lejos de favorecer la contención del acaparamiento de bienes esperado de una gestión inteligente de la pandemia que beneficiaría a todos, haya resultado un acelerador de la desigualdad. Una visión global ante una pandemia global exigía implantar medidas homogéneas en todos los países, incluida la vacunación, como la forma más eficaz de control del virus y la aparición de nuevas variantes. El acceso a las vacunas, por ejemplo, ha resultado una de las mayores desigualdades, a pesar de los esfuerzos de algunos países como España a través del mecanismo COVAX y de donaciones de país. Las diferencias en población inmunizada son clamorosas; mientras los países desarrollados alcanzan en torno al 80 % con dosis completa, países como Haití no llega al 2%, y la mayoría de países africanos no alcanza en 10%. Además, según OXFAM, durante la pandemia han surgido más de 500 personas milmillonarias, 40 de ellas en el sector farmacéutico: vacunas, antivirales y productos sanitarios. En España, los lamentables casos de las mascarillas en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son ejemplo del aprovechamiento oportunista y poco ético de las relaciones con el poder de decisión.
La responsabilidad de la desigualdad no se limita a la globalización económica. Las políticas públicas en cada país intervienen de forma decisiva en la distribución de las rentas primarias y en la redistribución a través de la fiscalidad y las prestaciones sociales.
Y es en ambos escenarios donde la socialdemocracia debe ejercer de contrapeso. Por eso es tan urgente la revitalización de la Internacional Socialista, heredera de la Segunda Internacional, renovando liderazgos como el que ejerció Willy Brandt, recordado recientemente en una exposición en Madrid con motivo de trigésimo aniversario de su fallecimiento. Ante realidades tan presentes en la vida de las personas como la globalización económica y las migraciones (sea por guerras o por miseria económica), requieren de una visión internacional contraria a la concentración de la riqueza. Los ODS de la Agenda 2030 son un ejemplo, y apostar por su cumplimiento una tarea difícil, pero apasionante, que no debería fracasar. Del mismo modo, amenazas como el calentamiento global reclaman un enfoque decidido a preservar el bien común y frenar el deterioro del planeta y la pérdida de biodiversidad, que constituyen severos riegos para la salud y bienestar humanos. Y retos como la inteligencia artificial y la digitalización de la economía no deben suponer una nueva fuente de desigualdad.
Si la socialdemocracia es necesaria como contrapeso en los procesos globales, lo es en la misma medida en los Estados. La democracia y el marco de los Derechos Humanos son la referencia imprescindible para asegurar las libertades individuales y colectivas y avanzar en igualdad, prosperidad y justicia social. Tradicionalmente el proyecto socialdemócrata se asienta en tres grandes ejes: el Keynesianismo económico, el Estado de Bienestar y los derechos laborales. Ejes que intervienen en la distribución de rentas primarias y en la redistribución mediante la fiscalidad y el Estado de Bienestar. Para reducir las desigualdades, es necesario intervenir en los tres ejes. La redistribución por las políticas sociales es insuficiente para compensar la tendencia a la concentración de la riqueza. Los salarios y una fiscalidad redistributiva son imprescindibles. Por eso es tan dañina la reiterada insistencia de la derecha a la reducción de impuestos, singularmente los vinculados a la riqueza, como patrimonio y sucesiones/donaciones.
En España, en la década de los 80 se han puesto en marcha los tres ejes, logrando una reducción de la desigualdad sin precedentes: modernización del sistema productivo obsoleto, la creación del sistema fiscal y la implantación del Estado de Bienestar, junto a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Aunque esta reducción se ha visto detenida debido a que las sucesivas crisis se saldan con un incremento de la desigualdad y durante las etapas de crecimiento no se retornaba a la situación previa. Realidad que obliga a repensar algunas políticas y a construir las alianzas que aseguren el compromiso político para darles continuidad y asegurar su eficacia.
Un ejemplo clarificador es la gestión de la anterior crisis financiera. A pesar de que en los inicios de la crisis, en el ámbito internacional se apostó por políticas keynesianas, la principal solución en la UE fue lograr el equilibrio fiscal a base de recortes al gasto. En España, se limitó a subvenciones al sistema bancario. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy se impulsaron políticas regresivas en todos los frentes: se olvidó el impulso al sistema productivo en general, singularmente el industrial, al punto que desapareció el Ministerio de Industria de la propia estructura ministerial y se produjo un severo recorte de la inversión en ciencia e investigación, con lo que se lastró la capacidad de innovación industrial. La supresión de la negociación colectiva en una reforma laboral lesiva, unida a la congelación del salario mínimo interprofesional y la subida simbólica del 0,25% de las pensiones, incluidas las mínimas, afectaron de forma directa en las rentas del trabajo y por consiguiente en la predistribuición. Esta conjunción perjudicó de forma severa las rentas del trabajo, dando origen a la llamada pobreza laboral.
Los recortes en las Administraciones Públicas no solo afectaron a los servicios públicos y la congelación de la oferta pública de empleo. También redujo de forma drástica la contratación pública, y limitó la capacidad de las administraciones territoriales. El resultado final de todas estas medidas no solo perjudicó a la calidad, universalidad y equidad de los servicios públicos del Estado de Bienestar, sino que supusieron un hachazo a la clase media, sostenida en gran parte por un empleo público estable y de calidad y por empresas de servicios avanzados, muchos dependientes de las administraciones públicas. Lejos de apostar por una fiscalidad redistributiva, se adoptaron medidas como la amnistía fiscal y la campaña contra los impuestos, singularmente los impuestos a la riqueza: patrimonio y sucesiones. Estas políticas llevaron a una situación de desigualdad que nos situaron entre los más desiguales de la Zona Euro.
Tras la moción de censura en 2018, el nuevo Gobierno puso en marcha políticas públicas de orientación socialdemócrata, para revertir las medidas regresivas. La irrupción de la pandemia ha significado un nuevo revés para la reducción de la desigualdad, pero la aprobación en la UE del Plan Next Generation ha significado un cambio radical de paradigma en la superación de la crisis, y también de bases para superar la crisis provocada por la pandemia y afrontar los desafíos futuros: frenar el calentamiento global y una digitalización de la economía justa.
La implantación del Ingreso Mínimo Vital es la nueva medida estructural dirigida específicamente a reducir la desigualdad, colocando recursos en las decilas más bajas de la renta, asegurando garantía de ingresos ante situaciones de pobreza. El impulso del nuevo modelo productivo, con la innovación industrial de base y ligado a la transición ecológica y digital (coche eléctrico, hidrógeno verde, etc.), junto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la recuperación de la negociación colectiva y la derogación de los aspectos lesivos de la anterior reforma laboral, son imprescindibles para mejorar las rentas primarias (predistribución). Mientras que la reversión de los recortes y “recalibración” del Estado de Bienestar y la nueva fiscalidad aumentan la capacidad de la redistribución. Los paradigmas de la derecha en la gestión pública están basados en las teorías neoliberales, principal enemigo para el Estado de Bienestar y las medidas para reducir la desigualdad. Su tesis defiende que la desigualdad estimula el crecimiento y el empleo, a pesar de que las evidencias demuestran lo contrario.
Por eso la socialdemocracia es tan importante para revertir esta preocupante tendencia a la desigualdad y para avanzar en derechos individuales universales y justicia social.
