ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 47, agosto-septiembre 2022

TRANSICIONES JUSTAS O… LOS LUNES AL SOL

España afronta varios desafíos de gran importancia para el futuro, y es necesario afrontarlos con éxito, pues la alternativa sería un agravamiento del desempleo y un deterioro de la situación social. Es necesaria una reindustrialización, y asimismo dar una respuesta eficaz al desafío climático, y también al digital, incluyendo la provisión de las cualificaciones que exige el cambio tecnológico. El gobierno español, con el apoyo y horizontes de la Unión Europea, está haciendo frente a esos desafíos

La economía mundial en los años ochenta del siglo pasado, intensificó su proceso de globalización, que provocó una gran reducción del peso en la economía de nuestro país del sector primario y de la industria. Este proceso de reconversión se aceleró para nuestro ingreso en la Comunidad Europea. Fue regulado por la Ley de reconversión Industrial (1984), que establecía los planes sociales ante los cierres y medidas de reindustrialización, y no estuvo exento de conflictos y movilizaciones sindicales. Con la película Los lunes al sol, (2002) del director de cine Fernando León de Aranoa, que está ambientada en la ciudad de Vigo durante la reconversión industrial, se popularizo la expresión “los lunes al sol” vinculada a las situaciones de paro de larga duración.

La crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer compromisos ante el cambio climático, la creciente digitalización o la falta de una gobernanza democrática de la globalización. La pandemia ha puesto al descubierto la verdadera cara de una globalización económica injusta que ha impedido una respuesta solidaria a la crisis, por las debilidades y carencias causadas por los procesos de deslocalización productiva, que han provocado el desabastecimiento de los mercados internacionales y la escasez de vacunas, equipos e instrumental sanitario vitales para la lucha contra el coronavirus. Situación que aún persiste en muchos países pobres junto con los problemas que arrastran las cadenas de suministros que afectan a la producción mundial.

Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ofrecen el panorama más sombrío de la historia respecto a la emergencia climática. Pues constatan que se ha desaprovechado el tiempo para tomar medidas, lo que conlleva pérdidas y daños irreversibles, aunque destacan que aún se puede actuar, pero advierten que la solución para el medio ambiente no se puede fiar solo a los avances tecnológicos. Esta no puede ser la excusa para no luchar drásticamente ante el cambio climático. Si queremos legar a las futuras generaciones un mundo sostenible y de progreso social, la respuesta global frente al cambio climático es determinante para el interés medioambiental, económico y social de toda la humanidad. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) propone un marco de trabajo que, bajo el concepto de Transición Justa, fue acordado en la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2013, entre gobiernos, empresarios y sindicatos. Posteriormente, en 2015, el Consejo de Gobierno de la OIT adoptó las Directrices sobre Transición Justa hacia Economías y Sociedades ambientalmente sostenibles.

Una transición justa requiere un importante despliegue de inversiones en sectores que contribuyan una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la industria, la agricultura y los servicios. Impulsar entre otras medidas: la rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, servicios ambientales, desarrollar políticas activas de empleo, políticas de protección social, y reforzar el diálogo social como elemento que garantice la transparencia, la corresponsabilidad y la participación de los agentes económicos y sociales en el diseño, implantación y gestión de las políticas de lucha contra el cambio climático, así como de las medidas socioeconómicas de acompañamiento que aseguren el desarrollo económico y la justicia social.

A su vez nos enfrentamos a un proceso de digitalización de la economía, donde el alcance y los efectos no son conocidos en su totalidad. En su desarrollo se producen pautas diferenciadas en la medida en que la implantación de los cambios tecnológicos no es homogénea. La extensión de los mismos registra variaciones significativas entre los diferentes países, sectores productivos y empresas, con resultados desiguales en los diferentes ámbitos de la sociedad. Las desigualdades y vulnerabilidad sociales tienden a incrementarse en el plano digital. Por ello se deben construir normas y definir reglas de conducta que deben acatar todas las partes interesadas en el ciberespacio. Las iniciativas deben centrarse en las tecnologías emergentes, como blockchain y la inteligencia artificial, así como los mundos de intercambio digital como el metaverso.

La creciente implantación de la digitalización en los ámbitos laborales está generando importantes preguntas sobre sus posibles efectos, en materias centrales para el mercado de trabajo y las relaciones laborales, como las siguientes: la creación o destrucción de empleo, los cambios en los contenidos del trabajo y en los requerimientos de cualificaciones y competencias profesionales, la situación profesional de las personas trabajadoras, la calidad del empleo y las condiciones de trabajo, el acceso a la protección social. A esto se suma, además, el debate abierto sobre el papel determinante que deben jugar la legislación y la negociación colectiva en la regulación de estos procesos. La ley sobre los “riders”, de nuestro país, es una referencia a nivel internacional en la regulación de los derechos laborales en las plataformas digitales.

El desarrollo tecnológico genera nuevos puestos de trabajo, pero las personas que van a perder sus empleos en esta transición podrían ser las menos preparadas para aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias actuales serán obsoletas para los trabajos futuros y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar rápidamente desfasadas. Por eso el proceso de digitalización debe estar vinculado permanentemente con la formación, pero el objetivo central de esta nueva revolución tecnológica debería ser la promoción de una mejora sustancial del empleo y de la calidad de vida del conjunto de la sociedad.

Las políticas progresistas deben dotar de herramientas para la transformación del modelo productivo, con el objetivo de avanzar hacia un desarrollo medioambiental, social y económicamente sostenible. Por eso el Gobierno PSOE-UP ha puesto en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para recuperar la economía y la sociedad de la crisis y afrontar los retos de la próxima década, y producir una segunda modernización de nuestra economía.

Las medidas previstas en el PRTR se enmarcan en el acuerdo que alcanzaron los dirigentes de la Unión Europea (UE) sobre el marco financiero plurianual 2021- 2027, que suponen más de 1,07 billones de euros; y las medidas extraordinarias del fondo de recuperación (Next Generation EU), otros 750.000 millones de euros, y que para nuestro país representan unos 140.000 millones de euros. También se cuenta con el instrumento europeo de protección por el desempleo (SURE), para hacer frente a los costes de las medidas de protección del tejido productivo y del empleo, como son los ERTE.

El PRTR está en línea con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship Initiatives) presentadas por la Comisión Europea en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Las siete iniciativas son los siguientes: el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el hidrógeno renovable; la rehabilitación energética de edificios; el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; el aumento de la cobertura 5G por todo el territorio; la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas; la mejora de la eficiencia energética de los procesadores y el crecimiento del Big Data y de los servicios avanzados en la nube; y la mejora de las cualificaciones profesionales, en particular de las competencias digitales y de la formación profesional.

Según determinan las prioridades fijadas por la UE, los fondos europeos, vinculados a la ejecución de las reformas comprometidas en el PRTR, tendrán por destino proyectos de inversión vinculados: a la transición ecológica; al desarrollo de la agenda digital; a los objetivos de reducción de las desigualdades de género y a los cuidados, y a lograr una mayor cohesión social y territorial. Estos cuatro ejes se van a implementar a través de diez políticas tractoras en las que deberán quedar incardinados los Proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (PERTE), con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico y el empleo, y sustentados en la inversión de todos los niveles de las administraciones públicas y de las iniciativas privadas.

El Consejo de Ministros ya ha aprobado once proyectos estratégicos: PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado; PERTE para la salud de vanguardia; PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento; PERTE Agroalimentario; PERTE Nueva economía de la lengua; PERTE Economía circular; PERTE para la industria naval; PERTE Aeroespacial; PERTE de la digitalización del ciclo del agua; PERTE de la microelectrónica y semiconductores y PERTE de economía social y de los cuidados.

La política industrial debe ser el eje central de la transición a una economía digital y baja en carbono, como plantea la UE en el Green New Deal, para la mejora de la sostenibilidad, la productividad y la eficiencia de nuestra economía. Las estrategias industriales deben desarrollar medidas específicas de apoyo sectorial y empresarial, invertir y financiar los procesos de transición, y proteger la economía social, el trabajo autónomo y a las pymes. Los principios del Trabajo Decente de la OIT –empleo, protección social, derechos laborales, igualdad y diálogo social–, junto los objetivos permanentes de la inclusión social y la erradicación de la pobreza, recogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son las referencias para desarrollar las transiciones justas.