AP4812 TAXI PROJECT, LA LUCHA DEL SECTOR DEL TAXI CON UN ENFOQUE DIFERENTE

ARGUMENTOS PROGRESISTAS N.º 48 noviembre-diciembre 2022

TAXI PROJECT, LA LUCHA DEL SECTOR DEL TAXI CON UN ENFOQUE DIFERENTE

Taxi Project es una asociación, nacida en 2019 ante la necesidad de luchar por la profesionalidad del transporte de viajeros, y por tanto contra el intrusismo, tanto el anteriormente existente como, sobre todo, el inherente a la “uberización” o economía de plataforma. Para esa lucha se ha recurrido a profesionales competentes, y se lleva a cabo tanto a escala estatal como europea. Se ha conseguido un éxito considerable, pero se tropieza con esa mentalidad neoliberal tan extendida en la sociedad

Desde Taxi Project siempre hemos considerado que cuando hemos dado un paso tan importante como nuestras dos últimas acciones, es importante explicar quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestros objetivos, para poder entender cómo hemos conseguido seguir avanzando en nuestra lucha con éxito.

Taxi Project es una asociación que nace en el año 2019 ante la necesidad de actuar en la lucha a otro nivel, siendo los pilares más importantes en los que se ha sustentado nuestro proyecto, tanto la profesionalización de la lucha del sector, trabajando con varios equipos de expertos en ámbitos que afectan a la actividad del taxi pero donde nunca se había actuado por parte de otras organizaciones (informáticos, economistas, expertos en derecho laboral, mercantil, administrativo, en competencia o en derechos del consumidor), como poder trabajar en las instituciones europeas, donde sabemos que estas empresas llevan realizando una preocupante labor de lobby, presionando para poder conseguir sus objetivos, como se ha podido demostrar en las informaciones filtradas en los “Uber files”

Por último, nuestro objetivo también es ampliar la lucha del sector del taxi al resto de trabajadores y trabajadoras afectadas y afectados por este nuevo sistema denominado “uberización” o economía de plataforma, el cual entendemos que no es más que otra vuelta de tuerca más del neoliberalismo más salvaje, en el que los trabajadores y las trabajadoras y sus derechos simplemente son un factor a eliminar de la ecuación para poder seguir obteniendo beneficio por parte de todas estas empresas a costa de su trabajo, para lo que hemos creado varias asociaciones con el fin de trabajar en Bruselas o en el resto del mundo con otros sindicatos, asociaciones o colectivos en luchas como conductores, o riders.

En Taxi Project creemos que la lucha en las calles que desde años hemos ganado con Élite Taxi Barcelona debe verse llevada a efecto en los despachos, del mismo modo que para poder negociar y poder exigir a la Administración, con el fin de frenar los abusos de todas estas plataformas y reivindicar el papel del taxi en la movilidad del futuro, debemos justificar con argumentos sólidos nuestras exigencias.

Disponer de todos estos profesionales no da un rango más extenso de actuación contra Uber, Cabify, Bolt o Free Now, o contra las mismas administraciones que aún con argumentos, sigan actuando en contra del interés general, como nos ha sucedido recientemente en la Comunidad de Madrid.

En una breve pincelada, hoy en día Taxi Project tiene en marcha más de una decena de procedimientos tanto contra Uber, Cabify, Bolt, Free Now, como contra diferentes administraciones. Dentro de estos trámites, por ejemplo, cabe destacar la investigación que la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional ha abierto contra Uber por fraude fiscal y estafa documental por medio de una denuncia y un informe en el que nuestros equipos demuestran que el gigante de Silicon Valley lleva años evadiendo impuestos en España. También en este momento, la Subdirección de General de Inspección de Consumo y Control de Mercado de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente a Cabify a través de otra denuncia en la que demostramos que los contratos, tanto esta empresa como Uber, vulneran gravemente los derechos de los consumidores, incumpliendo un gran número de artículos tanto de la ley de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, así como de la ley de Consumidores y Usuarios o varias directivas europeas en materia de precios.

De igual manera, la Generalitat de Catalunya ha impuesto varias multas con un valor de casi 800.000 euros a Cabify por cesión ilegal de trabajadores, después de que presentáramos sendas denuncias en inspecciones de trabajo de todo el territorio nacional junto con varios sindicatos de clase, y recientemente, el juez nos dio la razón condenando en costas a la Comunidad de Madrid, en cuanto al recurso que presentamos contra modificación del Reglamento del taxi de la Comunidad de Madrid, procedimiento que claramente pretendía ajustar el servicio del taxi al modelo de negocio de Uber, Bolt, Free Now y Cabify.

En cuanto a Europa, también estamos trabajando junto con otros colectivos como los ya mencionados Riders y trabajadores y trabajadoras de Correos o Kellys en la nueva directiva de derechos de trabajadores y trabajadoras de plataforma.

Como indicaba, este es un pequeño resumen de algunas de las acciones que llevamos ejecutadas estos últimos meses.

Un trabajo que también nos ha llevado a ser denunciados por Uber ante la CNMC, junto con Élite Taxi Barcelona, y en la que la multinacional californiana nos acusa de realizar un supuesto boicot por expresar públicamente nuestro rechazo contra el hecho de que Uber pueda trabajar con taxis, algo que nos puede costar la existencia, porque va teledirigida directamente a nuestro punto más débil, los recursos económicos, y que servirá como prueba de fuego para demostrar si un organismo público como la CNMC, dirigida por la que hace años fue la abogada de Uber en Europa contra la misma Élite Taxi Barcelona, actúa por el interés general o como el brazo ejecutor de las multinacionales.

Para finalizar, y en relación a nuestras últimas dos acciones, en cuanto a Catalunya, desde Élite Taxi Barcelona, asociación con la que compartimos equipos de trabajo y desde la que nació Taxi Project, hemos conseguido que se apruebe una norma (Decreto ley 1/7/2022) por la cual, se regula a los vehículos VTC para puedan seguir prestando servicio en Catalunya a partir del 1 de octubre de este mismo año con la aplicación del “Decreto Ábalos”, pero en este caso de manera que los dos sectores queden bien diferenciados mediante una serie de preceptos que, si bien no suponen una limitación cuantitativa de estos vehículos “per se”, hemos conseguido implementar una serie condiciones de entrada para los vehículos VTC, que suponen que su número se reduzca de manera considerable, ayudando a que nuestras ciudades tengan una movilidad más sostenible, favoreciendo el interés general y evitando el intrusismo.

Medidas tales como que los vehículos VTC deben tener una autorización de, por lo menos, un año; que sea de Cataluña y no de otra comunidad; que los vehículos tengan una longitud mínima de 4,90 metros con distintivo cero o eco; y que tengan seguro profesional similar al del taxi. Cuestiones totalmente justificadas que ayudan a mejorar la sostenibilidad de nuestras ciudades, y que se unen a otras como la obligación de contratar el servicio con una antelación mínima de 15 minutos.

Del mismo modo, para poder asegurarnos del cumplimiento y del buen funcionamiento de las reglas por parte de las VTC, hemos conseguido que se endurezca el régimen sancionador. Por poner un ejemplo, ahora si cualquier vehículo VTC tiene tres faltas muy graves en menos de dos años, directamente se procedería a retirar su autorización (hoy en día, Cabify tiene más de 4.000 denuncias en Barcelona).

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, después de que el día 13 de junio el gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso aprobara la denominada “Ley Uber de Ayuso” (Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se modifica la Ley 20/1998) por la cual, va a permitir que a partir del 1 de octubre, más de 9000 vehículo que deberían ser retirados de la circulación por los municipios por cuestiones de movilidad y sostenibilidad, puedan seguir operando sin ningún tipo de control ni norma (a diferencia de lo que ha sucedido como explicábamos, en otras regiones), durante varios meses de trabajo con nuestros equipos, se determinó que la vía para denunciar este atropello tendría que ser un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Uber del gobierno de la CAM al considerar que este movimiento por parte de Ayuso pasa por encima de competencias tanto estatales como municipales, incurriendo de este modo en una vulneración de los artículos 14,137 y 140 y 149 de la Constitución Española.

Para poder conseguir este fin, hemos contado con el asesoramiento de Unidas Podemos, aportando para el recurso la totalidad de sus diputados, sumados a los apoyos de Más País, Junts, Bildu, Compromís, la CUP o ERC, hasta llegar a los más de 50 diputados necesarios para presentar el procedimiento, gracias al gran trabajo de nuestros equipos y a la colaboración con Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Esto sería, a grandes rasgos, el trabajo que llevamos haciendo desde que comenzamos nuestra andadura. Con los objetivos claros y otros que se nos ha ido presentando por el camino, hemos creado algo diferente gracias a la confianza y la implicación de un número de taxistas comprometidos con el sector, que crece de manera imparable día a día.